Organizaciones campesinas, indígenas, juntas de regantes y los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema, demandaron de la Comisión de Soberanía Alimentaria que previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se resuelvan los nudos críticos, para lo cual presentaron en el seno de este organismo cuatro propuestas para que sean estudiadas y tomadas en cuenta.
Los temas están relacionados con la institucionalidad del agua y participación; tarifas diferenciadas y gratuidad del riego para la soberanía alimentaria; aprovechamiento productivo, contaminación y protección de zonas de recarga hídrica; desprivatización y desconcentración, fondo del agua para la vida.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, señaló que las organizaciones se han unido para defender el derecho al agua por lo que planteó que la Autoridad Única del Agua esté constituida por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, el que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional del Agua en todo el territorio nacional. Este consejo será un órgano colegiado, entre delegados de los niveles del gobierno central y descentralizado y con representación y participación plena intercultural y plurinacional de las organizaciones nacionales legalmente reconocidas de los usuarios del agua, de los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y de los consumidores.
De su lado, el coordinador de la JAPRE, Rafael Gualichico, subrayó la necesidad de respetar lo que establece la Constitución en lo referente a la no privatización del agua. Solicitó que el Estado invierta en infraestructura de los sistemas comunitarios tanto para consumo humano como para riego, con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria; que la tarifa por el permiso de uso del agua para el consumo humano sea gratuito, por tanto, el servicio que incluye la captación, conducción, operación y mantenimiento será cobrado por las organizaciones que gestionan los sistemas comunitarios de consumo y riego que garantiza la soberanía alimentaria.
Entre tanto, Wilmer González Sánchez, presidente nacional de la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador, manifestó que en la nueva Ley del Agua se debe insertar un articulado que permita la creación del fondo del agua para la vida, que debe ser parte de la Autoridad Única del Agua, controlado y vigilado por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que servirá para viabilizar el manejo sustentable del ecosistema que tengan que ver con el recurso hídrico (páramos, bosques húmedos, humedales) a fin de construir y rehabilitar los canales de riego para los pequeños y medianos productores, como también para las construcciones de rehabilitación de los sistemas comunitarios de agua potable, para las comunidades.
Este fondo debe crearse por asignaciones directas del Estado, por las tarifas que generen la comercialización de la energía hidroeléctrica y las ganancias del sector agroindustrial.
Carlos Pérez, presidente de los sistemas comunitarios de agua del Azuay, exigió que en la Ley de Recursos Hídricos se incluya un artículo que en forma explícita prohíba toda actividad extractiva en nacimientos y fuentes de agua, es decir, que el Ecuador sea declarado libre de actividad minera metálica a gran escala.
De su lado, los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema indicaron que pedirán a miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual son parte, que estudien las propuestas de estos sectores en virtud de que se constituyen en puntos críticos que deben ser resueltos. Si no se toman en cuenta estos aspectos, precisaron que presentarán un informe de minoría que recoja esta aspiración de los pueblos y nacionalidades.
JLVN/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que ampliará hasta el 5 de mayo el plazo para que la Comisión Ocasional de Comunicación entregue el correspondiente informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el asambleísta Jaime Abril, con el aporte de la mayoría de los miembros del organismo, avanza en el proceso de aprobación del texto de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de emitir el informe previo al segundo debate en el Pleno de la Asamblea.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea notificó al Fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz el inicio del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político para que en el plazo de quince días presente sus pruebas de descargo.
En el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, presentado por los asambleístas Línder Altafuya y Jorge Escala, se dispone que las pensiones de invalidez, vejez, incapacidad permanente total o absoluta, de riesgos del trabajo y las de montepío serán revalorizadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primero de enero de cada año, con la finalidad de compensar el deterioro del poder adquisitivo.
Durante cuatro días se debatió en la Asamblea Nacional sobre la creación de la Oficina Técnica de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria en Ecuador, en el foro parlamentario, organizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario con el apoyo del Banco Interamericano de Desarollo (BID) y la Unicef.
Mañana, a las 15h00, se reunirá el Pleno de la Asamblea Nacional, con el fin de conocer y resolver el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene como objetivo enunciar las obligaciones y compromisos concretos para los Estados partes de él, en relación con la observancia, promoción y aplicación de tales derechos.
Ante la denuncia de los jubilados de Autoridad Portuaria de Guayaquil, sobre las supuestas irregularidades en el pago de sus pensiones a 300 ex empleados, la subsecretaria del Trabajo, Margarita de la Cueva, explicó que el informe de la Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil, en su parte medular, señala que esa estima que sí hubo incremento de la pensión jubilar y, en consecuencia, existiría el derecho a recibir el pago en forma retroactiva desde la suspensión.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, al señalar que el tratamiento del veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana se realizó al amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con pleno conocimiento de las diversas bancadas, destacó que con la rendición de cuentas de los medios a la ciudadanía se trata de incrementar la transparencia y no limitar ningún derecho.
Para que informe sobre los problemas limítrofes existentes entre las provincias de Cañar y Chimborazo; los cantones Salcedo y Pujilí; y, entre las provincias de Chimborazo, Guayas y Bolívar, con referencia al cantón Cumandá, la Comisión de Derechos Colectivos citó para el lunes 29 de marzo, a las 15h00, al ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Especial de Límites Internos de la República (CELIR), Gustavo Jalkh.
