La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación del Protocolo que modifica la Convención relativa a la Organización Hidrográfica Internacional.
La inasistencia de los gobernadores a la Comisión de Seguridad Integral preocupa a los legisladores, puesto que son los llamados a informar las acciones que toman para enfrentar los crecientes niveles de inseguridad que preocupan a la ciudadanía.
El asambleísta Luis Almeida solicitó que en la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se ponga en consideración la objeción total que impuso el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, el 2 de junio del año pasado, al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social que norma la conformación del Consejo Directivo del IESS y el procedimiento para la designación de los integrantes.
En la jornada de este jueves, 27 de octubre, la Comisión de Fiscalización continuó la recepción de los argumentos de descargo. Esta vez de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira defendieron sus actuaciones y solicitaron a la mesa legislativa el archivo de las solicitudes de juicio político propuestas en su contra, puesto que no ha existido incumplimiento de funciones.
El Pleno de la Asamblea, con 96 votos afirmativos, dispuso que la Comisión de Biodiversidad realice un análisis técnico de los contratos de prestación de servicios, de participación y de la migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación, en razón de la derogatoria del decreto 095, de 7 de julio del 2021, que normaba y establecía las condiciones de dicha transición.
El proyecto tiene como objetivo viabilizar la norma constitucional que obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad y sancionar la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
Las asambleístas Gissela Garzón y Jahiren Noriega presentaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la Instigación al Suicidio y el Feminicidio, que tiene como objetivo tipificar el feminicidio y que el Estado asuma por acción o omisión sus responsabilidades.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 101 votos a favor, el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que tiene por objeto regular el régimen de carrera profesional militar, la selección y formación de los aspirantes a oficiales o tropa, los regímenes disciplinarios del personal militar, su perfeccionamiento, especialización y capacitación, garantizando la estabilidad profesional y carrera militar.
El asambleísta Guido Chiriboga presentó un proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que tiene como finalidad corregir problemas detectados en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno y viabilizar una mejor atención a la ciudadanía.
La Subcomisión de Garantías Constitucionales encargada de buscar salidas a la problemática del femicidio recibió a los familiares de varias víctimas de violencia extrema, con la finalidad de evidenciar las deficiencias y errores cometidos por las instituciones del Estado en los procesos de investigación y promover soluciones.
