Este domingo, 3 de abril, la Comisión del Derecho a la Salud, con siete votos a favor y dos abstenciones, aprobó el informe no vinculante por el cual sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a las 12 observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria, tomando en cuenta que se enmarca en los preceptos constitucionales y legales que mejoran el espíritu de la ley.
La Comisión de Desarrollo Económico, luego de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de calificar a trámite el proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandema Covid 19, escuchó a la legisladora Viviana Veloz, quien explicó el alcance de su propuesta legal. Fundamentó que la ley en vigencia establece graves perjuicios económicos a la clase media y sectores populares.
La Comisión de Desarrollo Económico se reunió en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial José Luis Tamayo, ubicado en el Barrio Centenario, en la provincia de Santa Elena, para escuchar a más de una docena de representantes de los sectores turístico y pesquero artesanal, quienes demandaron incentivos, créditos a largo plazo y bajo interés, control a la inseguridad, mantener las 8 millas náuticas y establecer zonas de desarrollo para reactivar el turismo de la península.
En la semana del 4 al 8 de abril, las comisiones legislativas avanzarán con el tratamiento de proyectos de ley de iniciativa legislativa y en procesos de fiscalización y control político, entre ellos la situación del Banco del Pacífico
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite 8 nuevos proyectos de ley y direccionó a las diversas comisiones especializadas para que inicien el tratamiento respectivo. Entre las propuestas que fueron calificadas constan las reformas al Código de la Democracia, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; Código Administrativo, COIP y a las Leyes de Servicio Público y de Empresas Públicas. También calificó proyectos sobre resolución de controversias societarias, crédito educativo sin intereses para estudiantes de tercer nivel, seguridad ciudadana y seguridad social.
La situación de los estudiantes retornados desde Ucrania y la aplicación del examen Transformar para el ingreso a las instituciones de educación superior, fueron los temas que abordó la Comisión de Educación junto al titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Alejandro Ribadeniera.
En diálogo con los medios de comunicación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, anunció que convocará para el próximo martes 5 de abril, a una nueva sesión del Pleno, a fin de conocer la petición sobre la conformación de la Comisión Pluripartidista, además de los pedidos de cambios de orden del día que estén en los términos legales correspondientes.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero escuchó este viernes 1 de abril, el criterio del abogado Marcelo Riofrío, experto en temas aduaneros, en torno al proyecto de reforma al Código Orgánico de la Producción, Inversión y Comercio Exterior; a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria; y, al Código Integral Penal, que tiene por objetivo evitar el desperdicio de alimentos perecibles incautados en operativos de control del contrabando.
El asambleísta Bruno Segovia presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que pretende recuperar el dinero de ahorristas de cooperativas que resultaron perjudicados en el feriado bancario de 1999.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social concluyó el proceso de control político a siete casos de incumplimiento en la entrega de información. De conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, resolvió con 7 votos afirmativos archivar estos pedidos, una vez que se determinó que la información proporcionada por las entidades públicas es completa y satisfactoria.
