La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional desarrolló una sesión territorial en la provincia de Esmeraldas con el propósito de recoger aportes y observaciones a los proyectos de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y de Educación Financiera, además de fiscalizar la situación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT) y abordar el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, con seis votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado en razón de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno, por el cual recomienda impulsar una plataforma única de inteligencia de seguridad, que incorpore datos -en tiempo real-, sobre aprehensiones, partes policiales, medidas cautelares, sumarios disciplinarios y auditorías patrimoniales, entre otros aspectos, para garantizar una adecuada administración de justicia.
“Esta ley nos permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operativas tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, a través de la canalización adecuada, transparente y coordinada de los recursos, como complemento a la inversión pública”, señaló, ante la Comisión de Desarrollo Económico, el subcomandante de la Policía Nacional, general Fausto Íñiguez, delegado del ministro del Interior.
En sesión ordinaria, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció y resolvió varios temas relacionados con el trámite de quejas presentadas entre legisladores, la calificación y asignación de proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a las comisiones competentes, así como requerimientos de información formulados por asambleístas a distintas entidades del Estado. Además, se resolvió el archivo de una denuncia ciudadana, en cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El endeudamiento público, la transparencia de las operaciones de crédito y la protección de los recursos destinados a la Amazonía fueron los principales temas expuestos por los exlegisladores Marcelo Simbaña, Gabriela Larreátegui y Jaime Guevara, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y de las Finanzas Públicas, que impulsa la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
La Comisión de Desarrollo Económico, continúa con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate. En esta jornada, la mesa legislativa recibió las comparecencias de Patricia Miño, delegada del Ministerio de Ambiente y Energía; Gonzalo López, gerente general de Multicines; y Nora Salgado, presidenta de la Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador.
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral presidida por el asambleísta Andrés Castillo (encargado), desarrolló la sesión virtual N.° 036-06-2025-2027 para analizar el Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución de la República.
Adriana Vásquez Garrido, jefa de División para América del Sur del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), participó en la sesión del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y la Unión Europea, junto con la embajadora Jekaterina Doródnova. En el encuentro, ambas reafirmaron el compromiso de cooperación entre ambas partes.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 16 de octubre, con el voto unánime de sus 10 integrantes, resolvió incluir las iniciativas de los asambleístas Ferdinan Álvarez y Edwin Jarrín, que fueron debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), a la matriz unificada de reformas al Código Orgánico Integral Penal.
La asambleísta Graciela Ramírez, representante de la jurisdicción de Europa, Asia y Oceanía, presentó un proyecto de reformas a la Ley Notarial para permitir a los migrantes ecuatorianos realizar trámites notariales desde el extranjero, a través de medios electrónicos, sin necesidad de viajar a Ecuador, ni depender exclusivamente de los consulados.
