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La Comisión de Biodiversidad iniciará las gestiones para proceder al juicio político contra el Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, por incumplimiento en la entrega de información sobre las acciones emprendidas en la Amazonía por la pandemia, más aún cuando se asignó 7 millones 250 mil dólares provenientes del Fondo Común, para este fin. Los parlamentarios tomaron esta postura en razón de que es la segunda ocasión que el titular de Salud no acude al llamado de control político.
El asambleísta Henry Moreno, quien propuso la comparecencia del Ministro de Salud y mocionó el pedido de juicio político, indicó que es deber primordial de un funcionario de Estado, asistir y comparecer a la Asamblea Nacional para atender los requerimientos, en este caso, de la Comisión de Biodiversidad, sobre un tema de vital importancia para toda la sociedad y específicamente para la Amazonía.
En este marco, con 7 votos, los parlamentarios rechazaron la actitud del ministro de Salud al no asistir de manera reiterada a las comparecencias establecidas por la Comisión de Biodiversidad, razón por la cual el organismo legislativo iniciará el proceso de juicio político.
En esta reunión de trabajo, el funcionario debía responder sobre las acciones emprendidas para cumplir con lo que determina la Ley de Apoyo Humanitario, respecto de la estabilidad de los trabajadores de salud; establecer el estado de los concursos públicos para nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria de la Red Integral Pública de Salud; así como los sobreprecios detectados en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza.
Así mismo, las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza y el resto del país y el correspondiente plan para mantener una adecuada atención de salud acorde a las condiciones que demanda la pandemia por el Covid-19 y otras enfermedades; la falta de pago de las remuneraciones y derechos laborales de profesionales y trabajadores del sector de la salud; el estado del proceso precontractual y contractual y la entrega-recepción del Hospital General Puyo.
Comparecencia Ministro Ambiente
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad, con 9 votos, resolvió convocar para la próxima semana al ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, a fin de fiscalizar el proceso de estudios de factibilidad, socialización, licencia ambiental del relleno sanitario que pretende desarrollar el Municipio de La Concordia en el sector Santa Martha 2 y Agromache.
En la sesión se dio a conocer el oficio dirigido al presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, por parte de los habitantes de los dos sectores en mención, quienes manifiestan que existen irregularidades y errores que inician desde la selección del lugar. Se señala que en la comunidad nacen y circunvalan esteros (riachuelos) importantes que permiten que 96 familias se abastezcan directamente del agua y el mayor temor es que esta sea contaminada.
Además, cuestionan la decisión de realizar un relleno sanitario en el sector, porque existen fincas de palma africana, ganadería, cacao, pimienta, maracuyá, plátano, cítricos, una granja avícola e incluso una extractora de aceite certificada como orgánica. Según los ciudadanos, muchos productores tienen excelentes proyectos de reforestación, zonas de conservación y manejan cultivos 100 % orgánicos certificados.
Pedido de información
A fin de ejercer el control político sobre los montos adeudados correspondientes al periodo enero - agosto de 2020, por concepto de las asignaciones del Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, a los municipios de la región oriental, la Comisión de Biodiversidad enviará un oficio al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, a fin de que envíe información sobre este particular.
Cabe indicar que en carta dirigida a los miembros de la Comisión, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), precisa que no es constitucional ni legal que se quiera rebajar los valores que corresponden a los barriles comercializados y utilizados para consumo interno ya que la ley determina que son beneficiarios del 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Amazonía y que se comercialice en los mercados interno y externo; es decir, la ley prevé que se asigne los valores por el precio de venta, más no únicamente de lo que se venda al exterior.
Bonilla recuerda que dichos valores, una vez comercializados, deben ser transferidos de forma directa por el Banco Central a quienes son beneficiarios.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, adelantó que el lunes 12 de octubre, desde las 09h00, comparecerá el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, quien deberá explicar la utilización de recursos del Fondo Común, para dar atención a los habitantes de la Amazonía, por la emergencia sanitaria Covid 19.
Con este tema, también fueron convocados Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria, respectivamente, de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, quienes indicarán sobre la inversión de fondos de la Ley Amazónica, transferidos al Ministerio de Salud.
Los parlamentarios, igualmente iniciarán un proceso de fiscalización por la afectación ocasionada por la construcción de un relleno sanitario en La Concordia, según comunicación enviada por los habitantes de los sectores de Santa Martha 2 y Agromache. Los parlamentarios tomarán una resolución al respecto.
En la agenda de trabajo se registra el análisis y resolución del oficio remitido por el presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, referente a la necesidad de que se determine los montos adecuados correspondientes a los meses de enero a agosto de 2020, por concepto de asignaciones del Fondo de Desarrollo Sostenible, para que estos valores sean transferidos de conformidad con la ley.
La Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, con el establece lineamientos sobre la conservación, prevención y remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y humedales; recuperar los espacios naturales actualmente degradados y mayor protección en áreas protegidas; inclusión del modelo de gestión de geobiodiversidad de los Geoparques de la Unesco; fauna urbana y exótica; y, reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos.
Los parlamentarios destacaron la inclusión de estos temas en el Código de Ambiente que sin duda constituyen un avance sustancial en materia de defensa de los derechos del medio ambiente, naturaleza, seres vivos y humanos, que va a la par con otras normativas a nivel mundial.
Prevé que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales, coordinen planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas o humadales. Les queda prohibido efectuar descargas de aguas residuales en estos cuerpos de agua.
En el informe se incluye normativa referente a los Geoparques Mundiales, por tanto, se determina que el Gobierno Central deberá incluir en la planificación territorial nacional a los geoparques mundiales de la UNESCO, orientando dicha planificación a desarrollar: los derechos de la naturaleza, la conservación de la geología, los ecosistemas, la integridad del patrimonio genético, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, fomentando la investigación, educación, el turismo garantizando la realización del buen vivir, con responsabilidad intergeneracional en los territorios.
En materia de protección animal, se especifica que no se permitirá la introducción al territorio nacional de fauna silvestre exótica, a excepción de un pedido expreso de la Autoridad Ambiental Nacional; está prohibida la posesión de animales a través de métodos de caza o pesca crueles. Se precisa que se respetarán los métodos ancestrales practicados por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, en sus territorios. Se prohíbe la venta de animales domésticos de compañía con fines de reproducción para su comercialización, sin la licencia correspondiente.
Mientras que, los animales domésticos de compañía sujetos a compraventa deberán estar vacunados, saludables, esterilizados y deberán cumplir las demás normas que el reglamento a esta ley establezca.
En cuanto a la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos, el objetivo es reemplazar el uso de bolsas plásticas no biodegradables por bolsas de plástico biodegradable, y eliminar el uso de sorbetes plásticos en todo el territorio nacional, con la finalidad de proteger el medio ambiente y contribuir a la minimización en la generación de residuos plásticos.
En este marco, prevé que en el plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se prohíba la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no biodegradables y sorbetes plásticos en todo el territorio nacional, conforme las especificaciones técnicas emitidas para el efecto por la Autoridad Ambiental, por tanto, será responsabilidad del Ministerio del ramo, formular, implementar y ejecutar programas de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía, que formen el uso racional de bolsas biodegradables, así como políticas que incentiven el reciclaje.
Las gestiones realizadas por la Comisión de Biodiversidad para dar solución a la obtención de escrituras a los posesionarios de predios rústicos ubicados en el área de influencia de la Reserva Cayambe Coca, llegó a acuerdos puntuales por parte del ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien se comprometió a realizar mesas técnicas con el Ministerio de Agricultura, GAD de la Amazonía, tomando en cuenta que desde hace 60 años los ciudadanos están asentados en esos territorios.
El ministro de Ambiente y Agua, en su comparecencia virtual, indicó que el Código de Ambiente no establece cómo proceder para la adjudicación de tierras en los casos como el de los posesionarios de El Chaco, que tienen este derecho, razón por la cual la Cartera de Estado trabaja en una norma técnica y su respectivo instructivo donde se establece el procedimiento para la adjudicación, que entre otros aspectos debe constar el valor de tierra que debe ser cancelado, subsanar límites de áreas protegidas, es decir, buscar alternativas en beneficio de la naturaleza y derechos humanos.
En el debate de este tema los comisionados defendieron el derecho que tienen los posesionarios de El Chaco para acceder a la titulación de tierras por derecho de concesión ancestral. Además, dijeron que existen otros casos similares a nivel nacional a los que debería darse atención. En esta misma línea se pronunciaron el alcalde subrogante de El Chaco, Fredy Larrea y el concejal rural, Gildo Velasco, quienes mencionaron que son 300 finqueros que están afectados por la falta de titulación de tierras.
Salud
A la Comisión de Biodiversidad debía comparecer Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, quien debía informar sobre la remuneración a los posgradistas autofinanciados y becados, así como los resultados de los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar nombramientos definitivos a trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del Covid 19, así como el sobreprecio en las fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza. El funcionario presentó su excusa por tener compromisos adquiridos con anticipación.
Este pronunciamiento generó el rechazo de los parlamentarios, quienes con 8 votos resolvieron volver a citar al Ministro de Salud para la próxima sesión, a fin de que informe los temas antes expuestos, así como las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza, el resto del país y el correspondiente plan para mantener la atención de salud bajo las condiciones de la pandemia y otras enfermedades, entre otros aspectos.
Los comisionados también escucharon a Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) y a Julia Landázuri, secretaría técnica, quienes indicaron que por la emergencia sanitaria se transfirieron del Fondo Común al Ministerio Salud Pública 7 millones 250 mil dólares para atender la pandemia en la Amazonía, para talento humano, equipos de bioseguridad, salas de aislamiento, etc.
Hurtado dijo que es penoso que algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no invirtieron los recursos y tendrán que ser devueltos al Consejo de Planificación y Desarrollo para ser utilizados en proyectos de desarrollo. Este particular provocó malestar en los parlamentarios y anunciaron un proceso de fiscalización a los representantes de cada GAD, quienes no ejecutaron la gestión de salud en cada territorio.
De su lado, Julia Landázuri mencionó que se suscribió 22 convenios con los GAD, por efecto de la emergencia sanitaria, razón por la cual debían presentar su respectivo plan de emergencia, cuyos procesos no fueron ágiles. De un total de 2 millones 894 mil dólares, se devengó un millón 328 mil dólares, es decir, el 48, 83 %; mientras que, del valor entregado al Ministerio de Salud para contratación de personal médico, equipamiento para adecuación de zonas de aislamiento, equipos de bioseguridad, medicamentos y dispositivos médicos, insumos de desinfección, pruebas rápidas de Covid 19, por un total de 4 millones 350 mil dólares, se devengó 2 millones 182 mil dólares, es decir, apenas el 50.2 %.
Creación universidades
Otro tema abordado por los parlamentarios con los representantes de la CTEA fue la entrega de recursos para la creación de las cuatro universidades en la Amazonía, así como de los Institutos Tecnológicos. El legislador Edy Peñafiel cuestionó la gestión realizada por los funcionarios por la falta de entrega de recursos del Fondo Común a la Senescyt, para avanzar con los procesos para la creación de los centros de estudio superior.
Alex Hurtado indicó que la Senescyt en el 2019 no presentó a tiempo los justificativos, razón por la cual se generó cuentas de arrastre, lo cual impide al CTEA. Sin embargo, dijo que hará gestiones para transferir los valores correspondientes hasta este fin de semana.
Visita in situ
La Comisión de Biodiversidad debía realizar una visita y recorrido a las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo, para verificar la remediación efectuada por el derrame petrolero del pasado 7 de abril de 2020, este 8 de octubre. Con 8 votos, los comisionados resolvieron hacerlo el 15 y 16 de octubre, tomando en cuenta las consideraciones enviadas por escrito por el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, quien señala que los procesos ambientales de limpieza y remediación, contemplan varias fases y esferas de acción que deben ser observadas, previo a la realización de una inspección in situ.
En este contexto, precisa que para realizar la visita propuesta en compañía de la subcomisión de asambleístas es necesario que la Cartera de Estado coordine con los operadores los asuntos inherentes de observación obligatoria que se suscita en los ríos Quijos, Coca y Napo, esto con la finalidad de que la visita se desarrolle sin ningún inconveniente que pueda entorpecer la misma. Aspecto que fue acogido por los parlamentarios y resolvieron postergar la visita.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó para el lunes 5 de octubre, a las 09h00, a los Ministros de Ambiente, de Salud Pública, así como, a representantes del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y sectores ciudadanos, con quienes se tratará sobre la obtención de escrituras de predios rústicos, la entrega de recursos para atención médica para enfermos por Covid 19; sobreprecios en fundas para cadáveres en el Hospital Puyo, entre otros temas.
En la sesión virtual, los comisionados recibirán a Paulo Proaño Andrade, ministro de Ambiente y Agua, para que informe por qué no se ha dado atención a los requerimientos realizados por los posesionarios de los predios rústicos ubicados en el área de influencia de la Reserva Cayambe Coca, en el cantón El Chaco, de la provincia de Napo, quienes están impedidos de obtener las escrituras de propiedad de sus tierras, muy a pesar de que entraron en posesión de sus fincas, antes de la fecha en que se instituyó la creación de la citada reserva natural. Se busca establecer plazos para dar solución a esta problemática.
Cuando se trate este tema, se dará la palabra a Fredy Lema Oña, alcalde del cantón El Chaco (subrogante); a Jaime Coro, presidente de los posesionarios afectados de esta circunscripción y a Gildo Velasco Alulema, concejal rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, quienes expondrán la situación que atraviesan.
De inmediato, Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, deberá explicar respecto del Plan Integral para la Amazonía sobre el acceso al servicio de salud, y lo que dispone la Disposición Transitoria Octava y Novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, sobre la remuneración a los posgradistas autofinanciados y becados.
Igualmente, informará los resultados de los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus. También, los sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo, y el uso de los recursos generados por la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica asignados al Ministerio de Salud Pública para ser invertidos en el tratamiento de pacientes afectados por Covid-19, en las provincias Amazónicas.
Con este tema, comparecerán también, Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; y, Julia Landázuri, secretaría técnica de la CTEA, quienes, en el ámbito de sus competencias, indicarán la situación actual de las inversiones de los fondos provenientes de la Ley Amazónica, que por la emergencia sanitaria fueron transferidos al Ministerio de Salud Pública.
Seguidamente, los parlamentarios resolverán sobre la visita y recorrido a las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo, para verificar la remediación efectuada por el derrame petrolero del pasado 7 de abril de 2020, que podría realizarse este 8 de octubre; y finalmente, revisarán el borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ambiente.
La Comisión de Biodiversidad lleva adelante el tratamiento el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de estructurar el informe para segundo debate. Los parlamentarios escucharon a la asambleísta Gloria Astudillo, quien pidió se incluya en las reformas a esta normativa la figura de impacto a perpetuidad que está orientado a proteger los páramos, humedales y ríos que son afectados por el impacto de los proyectos mineros.
La parlamentaria señaló que la Autoridad Única del Agua y el ente rector de Ambiente deberán otorgar las licencias y permisos correspondientes para realizar actividades de minería, cuando la persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto demuestre de forma razonable, suficiente que la actividad que se pretende ejecutar no va a generar impactos a perpetuidad que afecten la calidad del agua.
Aclaró que el impacto a perpetuidad son todos los daños ambientales que comprende persistencia indefinida e incertidumbre irresoluble, por tanto, la persona natural o jurídica interesada en realizar actividad minera, deberá acreditar con evidencia científica suficiente, un estudio de hidrogeoquímica que incluya calidad y cantidad de agua, aguas superficiales y subterráneas, así como del sistema de agua que se vea afectado.
Luego, los comisionados escucharon a Enrique Serrano, representante del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca; y, a Andrés Eduardo Ángel, delegado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes señalaron que en normativa de algunos países de América ya se toma en cuenta el manejo a perpetuidad, tras el cierre de una mina, por la amenaza inminente sobre las fuentes de agua. Ecuador debe tomar en cuenta en su legislación este particular. Por ello dijeron que se debería prohibir la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos y fuentes de agua.
El legislador Juán Cárdenas señaló la importancia de tomar en cuenta estos temas en las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, el tema del impacto a perpetuidad que es un elemento no solo que genera conciencia sino un desafío para cuidar nuestra casa.
Erosión regresiva río Coca
En la Comisión de Biodiversidad, Boris Ochoa Tocachi, máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, y Carolina Bernal, docente Investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, abordaron la problemática que representa la erosión regresiva del cauce del río Coca, un fenómeno natural que pone en riesgo la infraestructura energética del país.
Dijeron que el problema se suscita el 2 de febrero cuando colapsó la cascada San Rafael y se debió tomar las precauciones del caso que luego derivaron en la rotura de las tuberías del OCP, Sote y poliducto Shushifundi; y, ahora generan alerta naranja en la infraestructura del proyecto Coca Codo Sinclair.
Los especialistas sugirieron como visión a futuro la planificación en base a marcos de referencias sociales que remplazan modelos y teorías de poca efectividad que impulsa acciones inmediatas para alcanzar metas a largo plazo, para lo cual se necesita coordinación y liderazgo institucional desde las competencias vinculadas; la necesidad de obras civiles de contención, monitoreo activo de condiciones climatológicas e hidrológicas de la cuenca.
Comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió citar al Ministro de Ambiente y Agua, a fin de tratar el pedido del Alcalde del cantón El Chaco en la provincia de Napo y los posesionarios de predios rurales ubicados en esa circunscripción, afectados por la delimitación del Parque Nacional Cayambe Coca, quienes piden solución para la titulación de sus fincas.
En otro orden, los parlamentarios también decidieron citar al Ministro de Salud, al Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica; y, a la Secretaria Ejecutiva de la CTA, para que expliquen, en el ámbito de sus competencias, sobre las acciones ministeriales y el estado del cumplimiento para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid 19; también, respecto de los sobreprecios detectados en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza; y, señalen sobre el uso de los recursos públicos provenientes del Fondo Común.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó a una sesión virtual, para el lunes 28 de septiembre, a las 09h00, con el fin se hacer seguimiento y fiscalización al pedido de los posesionarios de predios rurales ubicados en el cantón El Chaco, de la provincia de Napo, afectados por la delimitación del Parque Cayambe-Coca, quienes expondrán la problemática que enfrentan por la falta de titulación de sus predios.
Luego los parlamentarios recibirán a Boris Ochoa Tocachi, PhD en Ingeniería Civil y Ambiental y máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos; y, a Carlina Bernal, docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, quienes abordarán la problemática que enfrenta el país por la erosión regresiva del cauce del río Coca, un fenómeno natural que pone en riesgo la infraestructura energética del país.
También, los comisionados avanzarán con el análisis y aprobación de las observaciones y propuestas planteadas por el Ministerio del Ambiente y Agua, y la asambleísta Mercedes Serrano, para ser incluidas en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
René Ortíz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, luego de tomar nota de las observaciones y reclamos de las comunidades, producto del derrame de petróleo por la rotura del sistema de oleoducto SOTE, OCP y Poliducto SSF, se comprometió a atender, en lo que falta, la remediación ambiental y dotación de agua a los sectores que aún no han sido atendidos.
Este pronunciamiento lo formuló en la Comisión de Biodiversidad que, además, resolvió, realizar una visita al lugar, el 8 de octubre, para constatar la efectiva remediación ambiental, la compensación a las comunidades afectadas, conforme los datos expuestos tanto, por las autoridades de los ministerios de Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, gerentes de Petroecuador, Petroamazonas; y, el presidente de OCP, quienes señalaron que se efectuó 189 puntos de limpieza y remediación en las zonas norte (río Machacuyacu), centro (Puerto Madero) y sur (Providencia), con una inversión de 20 millones de dólares.
De su lado, Roberto Semalate, viceministro de Hidrocarburos (s), indicó que el 80 % de la mano de obra contratada corresponde a personal de las comunidades, más de 1200 personas trabajaron, simultáneamente, en los distintos frentes de trabajo; y se realizaron 8 mil pruebas Covid para salvaguardar la salud comunitaria.
Mientras que, Andrés Merizalde, presidente ejecutivo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), señaló que en las inspecciones de la fase de verificación de remediación ambiental participaron los propietarios afectados, se efectuaron muestras de verificación con un laboratorio acreditado, cuyos resultados indican que los parámetros físico-químicos no presentan valores superiores a los establecidos en la norma.
Entre tanto, Ricardo Merino, gerente general de Petroecuador, indicó que en el proceso de remediación se realizó monitoreo interno y sistemático en agua y suelos. Actualmente se está preparando un cronograma de toma de muestras finales que se realizará en presencia de dirigentes, autoridades locales, autoridad ambiental, con un laboratorio acreditado, así como con representantes de las operadoras. Se estima concluir en octubre, añadió.
Igualmente, Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas, sostuvo que apenas se conoció de la situación fortuita por la rotura del sistema de oleoducto, se desplazó equipo técnico necesario para atender esta situación, con un plan emergente que incluye actividades de reparación integral socio ambiental, así como dotación de agua a la población de la rivera de los ríos Quijo, Coca y Napo.
Steven Petersen, viceministro de Ambiente, mencionó que el 8 de abril, cuando se produjo este hecho, solicitó a Petroecuador y OCP los planes emergentes para limpieza y remediación ambiental. Esta institución efectuó el control debido a su cumplimiento, con 56 inspecciones en Napo y Sucumbíos, así como 82 inspecciones en Orellana, a fin de que se ejecuten las acciones inmediatas de carácter social y ambiental.
Darwin Camacho, presidente del GAD parroquial de San José de Guayusa; y, Jaime Bedón, director de Riesgos del cantón Orellana, precisaron que la rotura del sistema de oleoducto no fue fortuito, ya que en febrero, tras el hundimiento de la cascada de San Rafael, las entidades correspondientes debieron prevenir lo que iba a pasar y evitar el derrame. Dijeron que no hubo la atención oportuna porque el hecho sucedió el 7 de abril y recién el 8 de abril a las 16h00 se realizaron las primeras acciones, cuando ya el cauce de los ríos Quijos, Coca y Napo, estaban totalmente contaminados.
Desvirtuaron las aseveraciones de los funcionarios de gobierno y del OCP, porque a las comunidades afectadas solo les entregaban 4 botellones de 6 litros de agua para ocho días, lo cual no les alcanzaba para sus necesidades básicas porque las familias son extensas. Para la entrega de kits de alimentos les hacían firman un documento por el cual renunciaban a cualquier demanda o denuncia.
En cuanto a salud, solo acudió un médico general y un ayudante y lo único que les entregaban era un paracetamol, solo para justificar que han atendido a la población. Además, dijeron que, si bien es cierto que en parte se contrató mano de obra local, pero que hasta el momento no se cancela a todos los proveedores y a quienes realizaron distintos trabajos.
Los legisladores Edy Peñafiel, Juan Cárdenas, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano señalaron que la denuncia expuesta por las autoridades locales es clara, concisa y precisa, lo cual se ajusta a la realidad de lo que viven los pobladores de los sectores afectados.
Dijeron que técnicamente la presentación que hace el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y de Ambiente, está bien concebida, pero cuando se contrasta con la voz del pueblo y la realidad del dolor, marginación, enfermedades, dista mucho. Coincidieron que no fue un hecho fortuito.
En este marco, el parlamentario Edy Peñafiel propuso la visita in situ a los lugares afectados para contrastar los datos expuestos por los funcionarios de Estado. Además, porque existe incumplimiento de compromisos con las localidades.
El Ministro René Ortiz indicó que los temas de agua no se resuelven en la coyuntura, sino a mediano y largo plazo y se buscará un mecanismo para dar solución a esta problemática. Enfatizó que lo que resta por hacer se hará, y destacó el trabajo cumplido hasta el momento para la remediación ambiental y social.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó vía Zoom, a José Ramírez, alcalde y presidente del COE cantonal de Orellana; Mónica Andi, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Sebastián; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua; Ricardo Merino, gerente (s) de Petroecuador; Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas; y, Andrés Merizábal, presidente ejecutivo de OCP, para este lunes 21 de septiembre de 2020, a las 09h00.
Las autoridades y funcionarios que representan al Estado y las empresas petroleras operadoras del transporte de los hidrocarburos derramados por la rotura de los oleoductos SOTE, OCP y el Poliducto, el 7 de abril de 2020, en el ámbito de sus competencias, deberán indicar el grado de cumplimiento para remediar la contaminación de los ríos Coca, Quijos y Napo.
Como se recuerda, la semana pasada la mesa legislativa revisó el oficio dirigido a los parlamentarios donde se indicaba la problemática que enfrentan comunidades indígenas y mestizas afectados por el derrame de petróleo. En la misiva, las autoridades de los gobiernos seccionales indican que no se está cumpliendo con los compromisos asumidos en relación a las demandas de los habitantes aledaños a los ríos Coca, Quijos y Napo.
En este marco, los comisionados resolvieron realizar un proceso de fiscalización y seguimiento a esta problemática para encontrar soluciones en beneficio de los pobladores.
La Comisión de Biodiversidad, revisó minuciosamente los informes remitidos por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y elaborados por los Ministerios de Ambiente y Agua, Economía y Finanzas, Petroeamazonas EP y la Secretaría de Derechos Humanos, correspondiente al período octubre de 2019 abril 2020. Dicha información sobre la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, fue devuelta por la mesa de Biodiversidad por no estar completa.
Según los comisionados, el informe es amplio y lo que se requiere son datos contundentes que permitan corroborar el cumplimiento estricto de la Declaratoria de Interés Nacional. Por ello, señalaron la necesidad de que realicen actividades coordinadas entre las instituciones involucradas, así como el envío oportuno de los informes.
En el debate de este tema, el legislador Juan Cárdenas mencionó que, en los informes remitidos a la Comisión de Biodiversidad, no se hace referencia al despido de los Guardaparques. De su parte, el parlamentario Fredy Alarcón, dijo que tampoco se hace mención a la construcción del sendero o carretera que estaría afectando a la zona, según denuncia de la organización Yasunidos.
Entre tanto el asambleísta Eddy Peñafiel, indicó que cada institución del Ejecutivo lo que hace es justificar su accionar. Recordó que no se está cumpliendo con la Ley Amazónica de contratar mano de obra local. Indicó que no se da cumplimiento a la resolución de la Comisión de suspender las actividades hidrocarburíferas hasta que se supere la emergencia sanitaria producto del covid-19. Al momento existen 200 casos de contagios en Aguarico y recordó que el representante del pueblo Huaorani advirtió de la problemática de salud que enfrenten por la pandemia.
En este marco, los comisionados con 5 votos afirmativos, 3 en contra y una abstención, no aprobaron el informe semestral No. 13.
Derrame petrolero
En otro, orden la mesa resolvió convocar a los Ministros de Ambiente y Agua, de Recursos Naturales no Renovables, a los gerentes de Petroecuador, así como a los representantes de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador, al representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquial rural de Orellana y al presidente de la Junta Parroquial de Orellana, para conocer las acciones realizadas frente al derrame petrolero producto de la caída de la cascada de San Rafael, que provocó la rotura del OCP, del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi, provocando derrame de miles de barriles de crudo en los ríos Coca, Quijos y Napo, que afectan a comunas y comunidades.
La mesa legislativa conoció el documento enviado por los representantes de San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, Guayusa, San Carlos, Taracoa y El Dorado, quienes solicitan la mediación de la Comisión de Biodiversidad ya que los habitantes de estos poblados se ven afectadas por la contaminación ambiental, fruto del derrame de hidrocarburos producido el pasado 7 de abril, razón por la cual piden se concrete acciones encaminadas a resarcir los daños.
