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Representantes y voceros de organizaciones de protección al medio ambiente y del movimiento animalista del Ecuador realizaron observaciones al proyecto de reformas al Código de Ambiente, en el marco del tratamiento del informe para primer debate preparado por la Comisión de Biodiversidad. Las intervenciones se realizaron en la sesión 695 del Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 9 de marzo.
El primero en intervenir fue Hugo Echeverría, representante de la organización de protección al medio ambiente CDER. Resaltó la importancia de la reformas legales ya que estas garantizan los derechos de la naturaleza, enmarcados en los preceptos constitucionales. Dijo que los cambios a la norma representan derechos a la seguridad jurídica porque establecen aspectos que no están legislados.
Señaló que las modificaciones dotan de contenido esencial a un derecho que consta en la Constitución como es el respeto integral de la naturaleza. Así mismo, resaltó que se definen requisitos claros para el ejercicio de los derechos constitucionales de la naturaleza, además de que la reforma abarca los componentes de ambiente, agua y minería. Indicó que la misma tiene un enfoque de derechos ya que esta incluye sectores estratégicos.
Estuvo también Cristina Cely, representante de One Health en Ecuador, quien se refirió al problema generado por la pesca incidental en el mar territorial. Habló sobre la vigencia de la Ley de Pesca e hizo alusión a que la misma presenta inconvenientes por la falta de reglamentación. Dijo que la pesca incidental genera millones de pérdidas económicas en todo el mundo y es un grave perjuicio para la fauna marina, especialmente de Ecuador.
Hizo un recuento del caso de las 26 toneladas de aletas de tiburón que fueron incautadas y las enormes pérdidas que generan esos actos ilegales. Enfatizó que dentro del marco legal se establezcan mecanismos de prohibición sobre la comercialización de pesca incidental y conminó a que esta debe tener un reglamento que permita la sanción a quien efectúe ese tipo de captura marina.
Por su parte, Cristina Alarcón, del Movimiento Animalista Nacional (MAN), se refirió a la fauna urbana y exótica. Dijo que los animales de estas características deben ser considerados como animales que sienten, por lo que precisó tomar en cuenta temas sobre maltrato y tener como referencia los elementos de la Declaración de Cambridge sobre conciencia animal.
Finalmente estuvo Shady Heredia, de Protección Animal Ecuador (PAE), que respaldó el trabajo de reformas al Código de Ambiente. Manifestó que con las reformas se amplía y mejora el marco legal que busca dotar de mayor protección a la fauna silvestre y exótica. Añadió que dentro de la norma no se puede establecer a los animales como seres inmuebles o semovientes, pues en la actualidad, los conceptos como el bienestar animal garantizan marcos legales para su protección y cuidado, dijo.
Una vez concluidas las intervenciones, el presidente encargado de la sesión del Pleno, César Solórzano, clausuró las comisiones generales dentro de la sesión 695.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 695, tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código de Ambiente que tiene como ejes, la conservación y remediación de la contaminación de ríos; mejores estándares de defensa de áreas protegidas; protección de fauna urbana, marina y exótica; el reconocimiento de los animales como seres sintientes; la inclusión del modelo de gestión de geoparques de la Unesco; y la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos, según indicó Alberto Zambrano, presidente de la Comisión de Biodiversidad.
El parlamentario señaló la necesidad de establecer un equilibrio ambiental para proteger la naturaleza. Dijo que en Ecuador apenas el 12 % del agua que se usa para consumo humano recibe el tratamiento adecuado previo a su descarga en ríos y quebradas. Por ello, en la reforma se determina las obligaciones de los GAD municipales y provinciales para la remediación de los ríos por contaminación; y a los GAD municipales y metropolitanos la prohibición de efectuar descardas de aguas residuales en estos cuerpos de agua.
Precisó que para generar mayores estándares de protección en manglares y áreas protegidas, se prevé que el Estado recuperará los espacios naturales degradados; lo mismo harán los ciudadanos, dentro de los predios de su propiedad, cuando es su responsabilidad directa. Además, no se autorizarán ni ejecutarán obras, proyectos o actividades en zonas en las que existan ecosistemas frágiles, sitios críticos o estratégicos de importancia biológica para la conservación de especies de vida silvestre, endémicas o migratorias amenazadas de extinción.
Sobre fauna urbana, marina y exótica, Alberto Zambrano subrayó que se prohibe introducir al territorio nacional fauna silvestre exótica; además, se regula el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción y la adopción de animales de compañía por parte de los municipios; permite la reproducción de animales de compañía y venta de estos a través de licencias o permisos para evitar la reproducción en condiciones insalubres y de maltrato animal.
Además, se prohibe de manera temporal la comercialización de la pesca incidental hasta que se mejoren las normas de inferior jerarquía sobre artes de pesca y pesca incidental que consta en el propio Código Orgánico del Ambiente y la vigente Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca que aún no cuenta con su reglamento.
Explicó que en el informe se agrega un Libro Tercero sobre la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos; así como la inclusión del modelo de gestión de Geoparques de la Unesco, orientado a la conservación del patrimonio geológico, biológico y cultura; la sostenibilidad ambiental, social y económica; la investigación y divulgación científica, así como el conocimiento del territorio.
Alberto Zambrano destacó la participación de diferentes sectores que contribuyeron a estructurar el informe para primer debate y pidió a los legisladores pronunciarse sobre el articulado del mismo, lo cual permitirá mejorar el texto para segundo debate.
Debate
En el debate, el asambleísta Tito Puarchir resaltó la inclusión de artículos sobre la conservación y protección de la fuentes de agua y ríos. Pidió incluir en la normativa la opinión de la población en la determinación de los geoparques.
Por su parte, el parlamentario Juan Cárdenas indicó el interés de varios actores por los avances de la reforma al Código de Ambiente; sin embargo, afirmó que no está clara la sanción para las “mafias” autoras y beneficiarias del contrabano de aletas de tiburón.
Mientras que, el legislador César Rohón dijo que existe una confusión en la reforma al Código de Ambiente, en lo que respecta a los conceptos de trazabilidad de productos y pesca incidental. Indicó que no se puede judicializar todo, por tanto pidió revisar los textos sobre este tema.
El asambleísta Fafo Gavilanez señaló que es necesario identificar geográficamente las extensiones de los páramos para que de manera equitativa se asignen recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados muncipales, para que puedan ejecutar un plan permanente de conservación de las fuentes de agua. Pidió que la Comisión realice una mesa técnica con los estamentos correspondientes para identificar los páramos y que se les dé la compensación respectiva.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, dio por terminado el debate de este tema, tras agotarse todas las solicitudes de palabra por parte de los legisladores.
La Comisión de Biodiversidad fiscaliza la denuncia sobre vulneración de derechos humanos y ambitentales con la posible construcción del relleno sanitario en Santa Martha 2 y Agromache del cantón la Concordia. Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, afirmó que presuntamente se estaría inobservando las normas de calidad ambiental. El ministro de Ambiente, Paulo Proaño, se comprometió a realizar una inspección técnica, la próxima semana, a fin de verificar que no se violente los derechos de los pobladores, así como el cumplimiento de normativa ambiental.
Neira dijo que, luego de varias inspecciones, se concluye que la zona debe ser protegida por ser agrícola y productiva; que se estaría inobservando las normas de calidad ambiental. Sugirió que el GAD municipal debería realizar una nueva inspección, a fin de evitar una infracción por mal uso y gestión de suelo. Por otra parte, recomendó la socialización de todo el proceso con los pobladores inmersos en estos temas y precisó que, luego de la inspección técnica, la zona no es compatible para hacer la construcción del relleno sanitario.
De su lado, Ana María Andrade, representente del sector Agomache, considera que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial debe intervenir y detener el avance del proyecto de construccuón del relleno sanitario en el cantón La Concordia que tiene un registro ambiental de 2018.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, informó sobre la visita realizada al sector de Santa Martha 2 y Agromache, sugerida por la Subcomisión de Biodiversidad. Dijo que se evidencia que hay empresas privadas que demuestran el permiso con las debidas licencias, pero que hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo. Manifestó la necesidad de un relleno sanitario tomando en cuenta que están por colapsar las celdas emergentes de relleno. Para no afectar los derechos de las personas, planteó que se realice una consulta ambiental, en el marco de los derechos de la naturaleza.
Entre tanto, Paulo Proaño recordó que la competencia para desarrollar este proyecto le corresponde al GAD municipal de la Concordia, conforme las competencias establecidas en la Constitución. La autoridad aseguró que el Ministerio de Ambiente velará porque se cumpla la normativa actual vigente para alcanzar la calidad ambiental requerida.
El presidente de la mesa legislativa, Alberto Zambrano, solicitó al ministro entregue copia certificada de todo el proceso de inspecciones sobre el relleno sanitario. Recordó que muchos pobladores denuncian que no es factible realizar dicho por ser zonas eminentemente agrícolas y se estaría violentando sus derechos humanos. El ministro Proaño se comprometió a verificar, medir y realizar una inspección técnica, personalmente, con el acompañamiento de los pobladores, para emitir un informe.
El ciudadano Luis Felipe Buenaño, de la Comisión Anticorrupción local, solicitó una inspección personal de las autoridades de Ambiente y Defensoría del Pueblo para que verifiquen la cercanía de los asentamientos humanos y las lagunas y vertientes que serían afectados si se permite la construcción del relleno sanitario en Agromache y Santa Martha 2.
Por este tema, también debía comparecer el contralor, Pablo Celi, quien presentó su excusa por tener compromisos adquiridos con anterioridad. La mesa legislativa resolvió citarle nuevamente para la próxima sesión.
Reglamento Ley Amazónica
Johanna Pensántez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, de forma virtual, señaló que el borrador del Reglamento de la Ley Amazónica fue enviado por el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), y luego de realizar algunos ajustes al documento, por reiteradas ocasiones, solicitó al Ministerio de Finanzas envié el informe del dictamen presupuestario para su expedición, pero que hasta el momento no cuenta con el mismo.
Los parlamentarios recordaron que en el 2018 se aprobó la Ley Amazónica y hasta el momento no se cuenta con el Reglamento. Además, el Ejecutivo se comprometió a su expedición hasta septiembre de 2020, lo cual evidencia su negligencia con la consecuencia de perjuicio a los ciudadanos. Pidieron que en la presente administración se expida el Reglamento, porque a falta del mismo no se puede aplicar parte de la Ley.
Alex Hurtado, presidente del CTEA, recordó el borrador del Reglamento se socializó en los cuatro gabinetes sectoriales y por reiteradas ocasiones ha insistido sobre la necesidad de su expedición.
Resolución
Con 7 votos, la Comisión de Biodiversidad acogió el pedido del legislador Henry Moreno, a fin de exigir el Presidente de la República la expedición del Reglamento a la Ley Amazónica, e iniciar el proceso de juicio político contra el Ministro de Finanzas, por incumplimiento de funciones al no emitir el dictamen correspondiente; así como del Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA que, administrativamente, tiene rango de ministro.
Transferencia GAD Amazónicos
Por tercera ocasión, la Comisión de Biodiversidad convocó al Ministro de Finanzas para que explique sobre el retraso de entrega de recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible a los GAD amazónicos; sin embargo, envío su excusa. La mesa legislativa resolvió enviar un comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional, indicando la inobservancia a los procesos de control político, a fin de que inicie las acciones pertinentes.
Reformas Ley Minería
Los asambleístas Gabriela Larreátegui y Elio Peña explicaron el alcance de sus propuestas de reformas a la Ley de Minería. Larreátegui dijo que es necesario realizar esfuerzos para reducir el impacto ambiental de la minería y minimizar la huella de sus actividades a lo largo del ciclo minero.
Por su parte, el parlamentario Elio Peña explicó la necesidad de incluir en la Ley el registro minero y el silencio administrativo positivo.
Nuevas Comparecencias
Por pedido del asambleísta Fredy Alarcón, con 10 votos, la Comisión de Biodiversidad citará, la próxima semana, al Presidente del Directorio y Gerente de BanEcuador B.P, para que informen sobre las líneas de crédito para productores agropecuarios, ganaderos y acuicultores, en particular para los psicultores de la Región Amazónica.
En la agenda de la Comisión de Biodiversidad a realizare el lunes 8 de marzo, a las 09h00, se registran varios temas para ser tratados con distintas autoridades del Gobierno Central y de organismos seccionales. Esta prevista la comparecencia de Johana Pesantez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para que indiquen las acciones tomadas para la expedición del Reglamento de la Ley Amazónica.
La mesa legislativa también convocó a Freddy Carrión, defensor del Pueblo; Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, quienes informarán las acciones que, en el ámbito de sus competencias, han realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta 2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Como se recuerda, en estos sitios se pretende realizar la construcción de un relleno sanitario y recientemente el gobierno autónomo municipal dio la autorización para iniciar la obra. Los pobladores de la zona explicaron que los habitantes se dedican a la agricultura siendo esta la forma de subsistencia, tomando en cuenta que las tierras son aptas para este trabajo.
En otro orden, la Comisión citó, por tercera ocasión, al Ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI), para que informe sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó. Así mismo, al Ministro de Economía y Finanzas, para que explique las razones del retraso de un año de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible.
Por último, está prevista la presencia virtual de los asambleístas Gabriela Larreátegui y Elio Peña, quienes sustentarán sus observaciones respecto de las reformas a la Ley de Minería que fueron incorporadas en el articulado del informe para segundo debate de este proyecto de ley.
En la Comisión de Biodiversidad, Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, debía informar la situación de contaminación que afecta al bosque del Chocó; y, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, le correspondía indicar las razones del retraso de transferencias de recursos a los GAD Amazónicos. Por segunda ocasión presentaron sus excusas, hecho que generó malestar de los parlamentarios porque constituye un agravio que afecta la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
Los asambleístas resolvieron citar por tercera ocasión a los dos funcionarios de las Carteras de Gobierno y Finanzas, con la condición de que si no asisten al llamado de control político, iniciarían un proceso de juicio político por desacato a la Constitución e incumplimiento de funciones.
Además, la mesa legislativa comunicará a la Presidencia de la Asamblea Nacional las reiteradas inasistencias de los funcionarios en los procesos de fiscalización, así como el irrespeto a la Función Legislativa, a fin de que proceda como corresponda.
Relleno Sanitario
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad, con 10 votos, resolvió citar al Ministro de Ambiente; al Defensor del Pueblo; y al Contralor General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, señalen las acciones emprendidas para garantizar y proteger los derechos humanos de los pobladores de Santa Martha y Agromache del cantón La Concordia, donde se pretende construir un relleno sanitario.
Los parlamentarios recordaron la visita in situ que realizó la subcomisión integrada por los legisladores Liliana Durán y Xavier Casanova, quienes en su informe realizaron algunas recomendaciones y sugerencias a esas instituciones, además la preocupación de las comunidades porque se estaría violentando sus derechos humanos.
Por su parte, Ana Andrade, representante del recinto Santa Martha 2 y Agromache, recordó que estos sectores son eminentemente agrícolas. Pidió se investigue lo relacionado al nuevo contrato para la construcción del relleno sanitario porque existen inconsistencias, además por qué el Ministerio de Ambiente entregó las licencias ambientales y el GAD los permisos respectivos.
Sobre este particular, los parlamentarios consideraron oportuno que los funcionarios expliquen los fundamentos para entregar licencias ambientales y las acciones que está realizando la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los pobladores.
Reglamento Ley Amazónica
Ante la preocupación por la falta de promulgación del Reglamento a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Comisión de Biodiversidad, con 10 votos, resolvió insistir, por segunda ocasión, al Presidente de la República que lo promulgue antes de la culminación de su mandato presidencial. Los comisionados recordaron que hubo un compromiso del Gobierno Central de hacerlo hasta septiembre de 2020.
El pedido lo formuló el legislador Henry Moreno, quien a su vez pidió la comparecencia de Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica, para que indique las acciones ejecutadas para conseguir dicha promulgación. Así mismo, de la secretaria general de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, quien informará las acciones tomadas y el estado actual de construcción del Reglamento referido. Los comparecientes serán citados en la próxima sesión de la Comisión.
Reformas Ley Minería
La Comisión inició el estudio de las observaciones entregadas por varios asambleístas durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los comisionados resolvieron revisar artículo por artículo las sugerencias planteadas.
En el artículo 9, por el cual se propone que la Agencia de Regulación y Control Minero realice la inscripción o emita informes de otras modalidades de contratación minera, distintas a las permitidas y determinadas, tanto en la ley como en su Reglamento. El parlamentario Absalón Campoverde señaló que se dejaría la puerta abierta a que se creen modalidades de contratación minera por cualquier vía e incluso dejando a los operadores mineros en libertad para, a su criterio, suscribir instrumentos jurídicos que sean contrarios a la norma.
Además, indicó que esta entidad deberá contar con personal técnico necesario para los proyectos a gran escala, lo que desembocaría en incremento de personal y presupuesto. Por su parte, el legislador Eddy Peñafiel mencionó la necesidad de actualizar la información y escuchar a los representantes de los ministerios encargados y a los actores de la cadena de minería.
El asambleísta Fredy Alarcón, vicepresidente de la Comisión, indicó que es necesaria una Ley de Minería que beneficie al país, por tanto, es importante la participación de diferentes actores como el Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales no renovables, Academia, Agencia de Regulación y Control Minero, para que den sus criterios sobre las reformas.
Los parlamentarios acogieron la sugerencia y resolvieron que los representantes de las instituciones mencionadas envién a la Comisión, por escrito, sus observaciones y solicitarán su comparecencia para que las expliquen. Igualmente, invitarán a los asambleístas que propusieron algunas reformas a la Ley de Minería.
Otro tema analizado fue la incorporación del Registro, Catastro Minero y del Sistema Único de Registro y Castastro Minero. El parlamentario Absalón Campoverde señaló que la propuesta es viable porque permitirá centralizar la información referente al registro de actos mineros como del catastro; sin embargo, no se incluye bajo qué formato o plataforma se implementaria este Sistema Único de Registro.
Fredy Alarcón, encargado de la conducción de este tema, suspendió la sesión con el fin de convocar a los titulares de las instituciones mencionadas para que expongan sus observaciones que servirán de base para construir una normativa que beneficie al país.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, informará sobre el retraso de un año en las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible, previsto en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La mesa legislativa sesionará, el miércoles 3 de marzo, a las 09h00.
En el oficio dirigido a la Comisión, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), menciona que el monto que adeuda el Gobierno Central es de alrededor de 221 millones de dólares, valor que corresponde al periodo enero- noviembre de 2020, según el reporte de la Dirección Económica y Comercio Internacional de Petróleo del Viceministerio de Hidrocarburos.
En otro orden, la mesa legislativa citó por tercera ocasión, al general Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, para que exponga los últimos datos sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó y aportará en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de Biodiversidad que visitará los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. En ocasiones anteriores, el funcionario de Gobierno se excusó por tener que cumplir funciones inherentes a su cargo.
Por otra parte, los parlamentarios analizarán y resolverán sobre el pedido realizado por los moradores de los sectores Santa Martha 2 y Agromache del cantón La Concordia, respecto del contrato que el Municipio de esta circunscripción ha firmado recientemente para la construcción del relleno sanitario en los terrenos ubicados en los antes citados sectores.
De allí, los comisionados revisarán y aprobarán el articulado incluido en la matriz de trabajo del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Minería.
Con 10 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad resolvió que el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, en la próxima sesión virtual, entregue cifras de la producción diaria de petróleo que se extrae de la Amazonía; además de un cuadro comparativo del cálculo de pago de la asignación diaria del mercado interno y externo entre el 2019 y 2020 que ingresa al Fondo de Desarrollo Sostenible.
También, conformarán una mesa de trabajo interinstitucional en la que participarán los asambleístas de la mesa legislativa, el presidente del Comaga, Andrés Bonilla, y el ministro de Recursos Naturales no Renovables. El objetivo es esclarecer las dudas generadas por las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la región, del Fondo de Desarrollo Sostenible previsto en la Ley Amazónica.
El ministro René Ortiz aceptó el pedido formulado por los asambleístas Eddy Peñafiel y Gabriela Cerda, y fue él quien planteó realizar la mesa de trabajo para esclarecer datos. Por reiteradas ocasiones indicó que, en el marco de sus competencias, se ha cumplido con lo que establece el artículo 60 de la Ley Amazónica.
Indicó que en todo el 2020, excepto enero, el petróleo se vendió en menos de 50 dólares, razón por la cual se aplicó lo que determina la ley, la entrega de mínimo de 2 dólares por cada barril de petróleo y solo en enero se aplicó el 4 % porque el precio del barril de petróleo fue de 52 dólares. Valores que entraron al Fondo de Desarrollo Sostenible.
En el detalle de la información, Rene Ortiz precisó que la empresa Petroamazonas (extinta) generó un total de 93,03 millones de barriles en el 2020; mientras que las operadoras Crudo Oriente y Napo un total de 33,36 millones de barriles, es decir, un total de 126,39 millones de barriles, lo cual generó un total de 254,09 millones de dólares que fueron transferidos al Fondo de Desarrollo Sostenible, por aplicación de la Ley Amazónica.
Amplio debate generó los datos expuestos por el ministro Ortiz, por parte de los parlamentarios y del presidente del Comaga, quienes discreparon con la información ya que existe una deuda al Fondo de Desarrollo Sostenible. Manifestaron su preocupación al no tener la liquidación interna, lo que genera un retraso y perjudica al progreso de la Amazonía ecuatoriana, dijeron.
De su lado, Jhon Arroyo, delegado del Banco Central, expuso el monto del Fondo de Desarrollo Sostenible, distribuido en los años 2019, 2020 y 2021. Precisó que en el 2019 se entregó 251 677 679 21 dólares; en el 2020 un total de 173 663 491 50 dólares; y en enero de 2021 el monto es de 16 213 771 12 dólares. Dijo que los valores distribuidos se encuentran en las cuentas de los GAD, hasta el 10 de cada mes.
El legislador Eddy Peñafiel indicó que las cifras expuestas por el representante del Banco Central no concuerdan con los datos proporcionados por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables. Solicitó, se convoque a la gerente del Banco Central para que absuelva algunas dudas.
Por su parte, Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador, dio a conocer el esquema de comercialización, procesos y la línea de tiempo estimado de recepción y distribución de recursos, que se lo hace en los primeros 10 días de cada mes, de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley Amazónica.
En su turno, Alex Hutado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Amazónica, indicaron que su labor es evaluar y transparentar el destino de los recursos económicos del Fondo. Mencionaron que la inversión de los GAD deben ir en función del cierre de las brechas insatisfehas en la región.
Julia Landázuri enfatizó que no todos los GAD entregan información de los gastos que realizan con los recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible. Alex Hurtado sostuvo que, debido a esta situación, el Consejo de la CTEA notificó a la Contraloría para que inicie las investigaciones del caso. Los comisionados cuestionaron el incumplimiento de entrega de información de ciertos GAD.
Entre tanto, Andrés Bonilla, presidente del Comaga, destacó la importancia de la resolución tomada por la Comisión de Biodiversidad. Pidió que nuevamente se convoque al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que informe sobre el retraso de un año de entrega de recursos a los GAD de la Amazonía.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, indicó que para la próxima sesión será nuevamente convocado el Ministro de Finanzas.
Visita in situ
Por otra parte, la Comisión de Biodiversidad resolvió suspender la visita in situ, hasta que existan las condiciones, garantías y facilidades de viaje, a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, prevista de 26 al 28 de febrero, a fin de fiscalizar las denuncias presentadas por los habitantes de esos catones, por la contaminación del bosque del Chocó, producto de la minería ilegal y legal. Particular que será puesto a conocimiento de los habitantes de los sectores indicados.
En la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador; Roque Bustamente y Andrés Ycaza, del comité legal de esta institución, sugirieron la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, previo a la aprobación de las refermas a la Ley de Minería. Además, consideran que es necesaria una ley específica en materia de consulta previa, donde se determine con claridad a quién se le consulta, cuándo y quién debe desarrollar este proceso.
Este pronunciamiento lo formularon en el marco de la recepción de observaciones para la construcción del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Minería, que lleva adelante la mesa legislativa. Los representantes de la Cámara de Minería dijeron no estar de acuerdo con algunas reformas que se plantea en el informe para primer debate.
Señalaron su desacuerdo en cuanto a la prohibición adicional de realizar actividad minera responsable en las áreas que tienen como objetivo conservar el agua, el suelo, la flora, la fauna silverstre, que consta en el artículo 16 del proyecto de reformas. Roque Bustamente mencionó que la propuesta es demasiado genérica y difícil de saber cuáles van a ser esas áreas protegidas, por lo que sugirió eliminarla. Pidió que no se creen zonas intangibles en donde ya se otorgaron concesiones mineras.
Así mismo, mencionó que no se debería obligar a los concesionarios mineros a conceder un área en beneficio de la pequeña minería o minería artesanal. Igualmente, dijo no estar de acuerdo con la reparación del daño ambiental a perpetuidad. Planteó que en las reformas se establezca que las patentes de conservación minera se paguen directamente a los gobiernos autónomos descentralizados en donde se encuentren las concesiones mineras, con la finalidad de que su población tengan un beneficio real.
Los parlamentarios también recibieron, a la bióloga Eliza Levy y al investigador de la Universidad Andina, William Sacher, quienes apoyaron las reformas a la Ley de Minería, tomando en cuenta que Ecuador es megadiverso, tiene ecosistemas frágiles muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico.
Dijeron que hay que proteger la calidad del agua, los páramos, la biodiversidad para garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos y las futuras generaciones. Sacher señaló que en el país hay 30 megaproyectos mineros que generan impactos por la exploración minera, pues se produce la contaminación por descarga de productos tóxicos, drenaje de ácido de mina, movilización de metales pesados, liberación de sedimentos, además de contaminación por fugas o descargas repentinas de grandes cantidades de contaminantes.
Informes
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad conoció el informe de la Unidad de Técnica Legislativa y de la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, respecto de la pertinencia de la consulta prelegislativa del proyecto de reformas a la Ley de Minería, en el que concluyen que es pertinente, a fin de no afectar los derechos colectivos que constan en el artículo 57, numerales 4 al 11 de la Constitución.
Sobre este particular, el asambleísta Eddy Peñafiel, al referirse a la magnitud de los impactos que causa la minería a nivel mundial, adviritó que con esta reforma se afectaría el contenido de la Ley Amazónica, especialmente, en lo económico.
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, dispuso continuar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Minería hasta elaborar el informe para segundo debate y preparar la consulta prelegislativa, en caso de que el Pleno resuelva llevarla adelante.
Fondo de Desarrollo Sostenible
La Comisión de Biodiversidad conoció la comunicación enviada por el presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), Andrés Bonilla, referente al retraso de pago de las transferencias del Fondo de Desarrollo Sostenible, previsto en la ley Amazónica, que asciende a 221.190.170,90 dólares.
El vicepresidente de la Comisión, Fredy Alarcón, dijo que hay que conocer los motivos de la demora en la transferencia de recursos, tomando en cuenta que afecta a los ciudadanos que esperan se cumplan con los planes, programas y proyectos públicos.
En este marco, la Comisión de Biodiversidad, con 11 votos, resolvió convocar a los ministros de Finanzas, de Recursos Naturales no Renovables, a la Gerente del Banco Central del Ecuador; al gerente de Petroecuador, a los presidentes del Comaga; del Consorcio de Gobiernos Provinciales; del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, así como de los representantes de la Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Los comparecientes deberán explicar sobre el incumplimiento de las transferencias previstas en la Ley Amazónica. La actividad se desarrollará el miércoles 24 de febrero.
La Comisión de Biodiversidad, en el marco del control político y de fiscalización, resolvió insistir en la comparecencia del ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (Cecmi), Patricio Pazmiño, para que actualice la información sobre la problemática de contaminación que afecta al Bosque del Chocó.
En la sesión virtual, los parlamentarios destacaron que el propio funcionario de Estado fue quien solicitó ser recibido en la mesa legislativa, además, para aportar en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de legisladores que visitarán los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, tomando en cuenta que varias comunidades denunciaron impactos negativos producto de la actividad minera legal e ilegal.
Patricio Pazmiño, a través de una misiva dirigida al presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, se excusó de asistir a la sesión virtual de hoy por tener que cumplir actividades inherentes a su cargo, en cuanto a la seguridad ciudadana y de orden público. Los comisionados aceptaron su inasistencia y coincidieron en la necesidad de su comparecencia, la próxima semana, para concretar el traslado a los cantones afectados por la contaminación minera.
Cabe recordar, que la mesa legislativa, luego de escuchar a representantes de comunidades de pueblos y nacionalidades afectados, resolvió que los legisladores: Xavier Casanova, Liliana Durán, Fredy Alarcón y Gabriela Larreátegui realicen una visita in situ para hacer un recorrido de constatación de la afectación al medio ambiente, naturaleza y salud de los pobladores que habitan en ese territorio donde se realiza minería.
Los parlamentarios adoptaron esta resolución debido a las denuncias de afectación del ecosistema del Bosque del Chocó que se está destruyendo progresivamente por la minería que se ejecuta en el lecho de los ríos. Además, del incumplimiento de las medidas cautelares establecidas desde el 2011, por el Juzgado Muticompetente de San Lorenzo.
La Comisión, el lunes 22 de febrero, aprobará el cronograma de trabajo en territorio para la visita a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la que se espera el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.
La Comisión de Biodiversidad, tiene previsto sesionar de manera virtual el miércoles 17 de febrero desde las 09h00, con el fin de recibir a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, quien dará observaciones al proyecto de reformatoria a la Ley de Minería, en el marco de la construcción del informe para segundo debate.
Por este mismo tema, los comisionados recibirán a delegados de la Organización Red Antiminera “Caminantes”, también a la bióloga Elisa Levy, coordinadora de Investigación de la Estación Científica “Los Cedros” y experta en áreas prioritarias para la conservación de ecosistemas frágiles, además de William Sacher, profesor e Investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar del área de Ambiente y Sustentabilidad.
De inmediato, los parlamentarios analizarán la resolución sobre los informes emitidos por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) y la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, respecto de la pertinencia o no de la realización de la consulta prelegislativa del proyecto de reformas a la Ley de minería.
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad recibirá al general Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI). La autoridad brindará información actualizada sobre la problemática de contaminación que afecta al Bosque del Chocó y aportará en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de asambleístas que visitará los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas, en razón de que varias comunidades denunciaron impactos negativos de las actividades de minería legal e ilegal.
Por otra parte, la mesa legislativa analizará y resolverá el pedido suscrito por Andrés Bonilla Abril, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), referente al retraso de un año que el Gobierno Nacional mantiene respecto de las transferencias del Fondo de Desarrollo Sostenible previsto en la Ley Amazónica.
