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En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal (Cecmi), Patricio Pazmiño, señaló la necesidad de un trabajo coordinado con todas las instituciones relacionadas con la minería en el país. Dijo que el combate a la minería ilegal no solo requiere de acciones de seguridad, sino también de un nuevo marco normativo fuerte que permita realizar mayor control con acciones intregrales para debilitar la operación ilegal.
Pazmiño se pronunció, en el marco del control político que lleva adelante la mesa de Biodiversidad, respecto de la actividad minera ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro que afecta al medio ambiente del Bosque del Chocó, así como de las afectaciones en la salud sus pobladores.
El funcionario mencionó que la actividad minera ilegal en estos cantones se realiza en zonas de dificil acceso, lo cual dificulta las acciones de control por parte de las entidades competentes, además que el proceso de exploración por parte de empresas mineras ilegales cuenta con información privilegiada, además de la manipulación de trámites administrativos que comprende etapas de explotación, construcción y montaje, distribución y comercialización. Esto no solo se da en estos sectores sino a nivel nacional, agregó.
Señaló que la complejidad de la minería ilegal requiere de una actuación conjunta institucional en seis aspectos: identificación de coordenadas, planificación operativa, acto urgente, intervención integrada, evacuación y continuación del proceso de investigación.
Los comisionados también escucharon a Fredy Carrión, defensor del Pueblo, quien precisó que hay incumplimiento de las medidas cautelares, emitidas hace más de 9 años, en defensa de los derechos del medio ambiente, naturaleza y de los pobladores, razón por la cual la Defensoría del Pueblo presentó una acción de incumplimiento de la sentencia y actualmente se encuentra en la Corte Constitucional.
Indicó que el incumplimiento de la resolución judicial daría como resultado la destitución de las autoridades encargadas de su ejecución.
Igualmente, la Comisión recibió a Maria del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura y a Pedro Crespo, director jurídico de esa institución, quienes recordaron los mandatos consitucionales y disposiciones legales relacionados con las facultades para disponer las medidas cautelares por parte de los jueces. Crespo enfatizó que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para intervenir en las actuaciones jurisdiccionales de los jueces y demás operadores de justicia.
Por su parte, el legislador Juan Cárdenas propuso se convoque al juez que emitió las medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, respecto a la mineria ilegal que afecta al Bosque del Chocó. Moción que recibió el apoyo de 10 votos.
En su turno, Jaime Benavides, de la Red de Organizaciones sociales del norte de Esmeraldas, exhortó a que se cumpla con las disposiciones legales. Mientras, Inés Morales, de la Comarca Afroecuatoriana del norte de Esmeraldas, destacó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los problemas que atraviesa la población del territorio fronterizo, especialmente 82 comunidades negras e indígenas.
Morales pidió a la Comisión crear una mesa interinstitucional para trabajar una hoja de ruta con las autoridades del Estado y la participación de todos los sectores afectados, para alcanzar la reparación del medio ambiente, así como de pueblos y nacionalidades.
Reformas Ley Minería
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad resolvió recibir a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador para que entregue sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Minería que tramita la Comisión, en el marco de la elaboración del informe para segundo debate.
Sobre las reformas a la Ley de Minería, el equipo asesor señaló que existen tres proyectos que fueron unificados. Actualmente, se ordenan las observaciones que se recogieron en el primer debate en el Pleno, en octubre de 2020, y las que enviaron otros asambleístas por escrito. En los próximos días se presentará el texto para el análisis.
Los legisladores señalaron la necesidad de realizar un proceso de socialización amplio, democrático e inclusivo. Por tanto, decidieron convocar a todos los actores relacionados con el tema minero, en el marco de la participación ciudadana en la construcción de las leyes.
Consulta prelegislativa
Con 10 votos, la Comisión de Biodiversidad solicitará a la Unidad de Técnica Legislativa y al Departamento Jurídico de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la pertinencia de la realización de la consulta prelegislativa de la reforma a la Ley de Minería.
Contaminación petrolera
Finalmente, la mesa legislativa conoció el informe presentado por el asambleísta Fredy Alarcon, de recorrido de verificación y fiscalización in situ de los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación producida, el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia en las provincias de Sucumbíos y Orellana, por la rotura de una tubería que transporta el crudo.
Alarcón recomendó se realice un muestreo del suelo para verificar la existencia de residuos de hidrocarburos, así como en la captación del agua potable para los moradores del sector. Recordó que el ministro de Ambiente, Paulo Proaño, indicó que ya se realizó el muestreo del agua, por tanto, solicitará que entregue los resultados del mismo para ser analizado en la mesa legislativa.
En la agenda de trabajo a desarrollar la Comisión de Biodiversidad, el lunes 1 de febrero, a las 09h00, consta el seguimiento de procesos de control político a temas relacionados con la contaminación ambiental por minería en la provincia de Esmeraldas, y respecto del cumplimiento de los convenios interinstitucionales del programa de profesionalización docente de la Universidad Nacional de Educación.
Por el primer tema, la mesa legisaltiva convocó a Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo; al General Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para Control de la Minería Ilegal (Cecmi); y María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura.
Los funcionarios, en el ámbito de sus competencias informarán sobre las acciones tomadas y por tomar para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, en el año 2011, a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en procura de detener el daño que la minería está causando a la biodiversidad del Bosque del Chocó.
También, está prevista la comparecencia de Monserrat Creamer, ministra de Educación, para que informe respecto del cumplimiento de los convenios interinstitucionales del programa de profesionalización docente de la Universidad Nacional de Educación. Es el segundo llamado que se hace a esta autoridad.
Los parlamentarios también conocerán, analizarán y tomarán una resolución sobre el Informe presentado por el asambleísta Fredy Alarcón, referente al recorrido de verificación y fiscalización in situ de los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación producida el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya y Napo y sus áreas de influencia, de las provincias de Sucumbíos y Orellana, por la rotura de la tubería que transporta el crudo.
Igualmente, debatirán el pedido realizado por María Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, por el cual solicita ser recibida por la Comisión, a fin de presentar observaciones del sector minero al informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Luego de informar sobre las intervenciones y posteriores acciones administrativas, respecto de la situación ambiental en el Bosque del Chocó, en donde se detectaron actividades de minería ilegal, el ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, se comprometió a acompañar a los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad a una visita a los sitios contaminados; y anunció que una vez que se obtenga el presupuesto necesario, la misión inmediata será la recuperación de la diversidad biológica del sector.
Paulo Proaño informó que el Ministerio emprendió actividades dirigidas a la restauración de los ecosistemas en todo el país. Así mismo, impulsa el proyecto de control forestal, huertos y viveros comunitarios, entre otras iniciativas. Dijo que la institución destinó 385 millones de dólares para restauración de ecosistemas.
Los comisionados también escucharon a Nathalia Bonilla, quien afirmó que no se han cumplido las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo en el año 2011, respecto a la situación ambiental en el bosque del Chocó.
Comparecencia
Con 8 votos, la Comisión de Biodiversidad resolvió convocar, de forma virtual, al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para que informe sobre el cumplimiento de la resolución judicial del cantón San Lorenzo, en el año 2011, y las acciones emprendidas en defensa de los derechos humanos de los habitanes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, que han sido afectados directamente por la minería aurífera ilegal.
Catastro minero
Los parlamentarios de Biodiversidad escucharon, de forma virutal, a René Ortiz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, quien explicó los procesos relacionados con la actividad minera y la planificación para el levantamiento digital del catastro minero.
En otro orden, Ortiz precisó que desvincularon a personal involucrado en actos de corrupción minera, según la denuncia manifiesta por el asambleísta Absalón Campoverde. En lo delincuencial se debe hacer una denuncia escrita ante la Fiscalía para que sean castigados con la ley, añadió.
De su lado, Juan Carlos Ochoa, viceministro de Recursos Naturales no Renovables, aseguró que se debe actualizar la base de datos para la reapertura digital del catastro minero, mientras continúan los procesos para lograr el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y acompañamiento del Banco Mundial. Precisó que en enero de 2021 se inició los procesos para cumplir con los requisitos previos y lograr los desembolsos del crédito BID.
Ochoa señaló que aún no se culmina con el análisis de peticiones de otorgamiento ingresadas antes del cierre del catastro, se espera contar con el mismo para marzo y abril de 2021. Por derecho de petición estos procesos deberán ser ingresados inmediatamente luego de abierto el catastro.
Enfermedades catastróficas
En otro tema, la Comisión de Biodiversidad realizó el control político al convenio de fortalecimiento de la cobertura logística para atención a pacientes con enfermedades catastróficas en la región Amazónica; por tanto, las autoridades del CTEA explicaron el estado del proyecto a ejecutarse hasta el 2022, con un presupuesto de 6 millones 964 mil dólares.
Alex Hutado señaló que el Ministerio de Salud no quizo asumir este convenio y en época de pandemia por COVID-19 significaba mayor riesgo. Julia Landázuri, secretaria técnica de la CTEA, mencionó que hay dificultades de ejecución en la provincia de Orellana, razón por la cual se tuvo que firmar un convenio con el Bicariato Apostólico, que muestra interés por atender a las personas con enfermedades catastróficas; mientras en Morona Santiago se firmó un convenio de cooperación municipal.
Se suscribieron convenios con el Patronato provincial de Acción Social de Sucumbíos; con el Instituto de Atención prioritara Sumak Kausay del GAD de Napo; con el Patronato de Amparo Social del cantón Mera, provincia de Pastaza; y con el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de Zamora Chinchipe.
La Comisión de Biodiversidad, el lunes 25 de enero, a las 09h00, citará a varias autoridades con el fin de tratar temas relacionados con la problemática que enfrentan los transportadores aéreos en la Amazonía; el incumplimiento de los convenios institucionales firmados en el marco del Programa de Profesionalización UNAE; y sobre las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, en el año 2011, a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en procura de detener el daño que la minería aurífera está causando a la biodiversidad del Bosque de El Chocó.
UNAE
El legislador Fredy Alarcón solicitó la comparecencia virtual de Rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación (UNAE); Monserrat Creamer, ministra de Educación; Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, quienes en el marco de sus competencias, explicarán las causas de la suspensión del Programa de Profesionalización Docente; la fecha en la cual se retomarán las actividades; sobre el retraso en el cronograma de graduaciones y entrega de títulos.
Por este tema, la mesa legislativa también escuchará a profesores y estudiantes: Lenin Salinas y Graciela Zambrano, representantes de los maestros que estudian en la UNAE, quienes indicarán la problemática que enfrentan en esta Institución de Educación Superior.
El Chocó
La Comisión lleva adelante el control político a la situación que enfrentan habitantes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, producto de la explotación minera aurífera que provoca daños a la biodiversidad del bosque El Chocó, razón por la cual, en esta oportunidad, citará a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; y Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua.
Los funcionarios de Estado deberán informar las acciones que se implementan y se tomarán a futuro para solucionar la problemática de contaminación por la explotación aurífera que afecta al bosque de El Chocó.
Transportadores aéreos
La mesa de Biodiversidad, por pedido del asambleísta Henry Moreno, convocó al Capitán Galo Ortiz y Naiz Molina, representantes del Gremio de Transporte Aéreo Amazónico, para que expongan la situación por la que atraviesan los transportadores aéreos en la Amazonía.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, se comprometió con la ejecución y entrega de obras relacionadas con la vialidad de la Amazonía. Aseguró que se buscarán mayores recursos para garantizar el desarrollo de la zona, aún finalizado el período de gobierno. Enfatizó que, al momento, las obras se realizan con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Destacó que el mantenimiento por resultados del tramo la “Y” de Baeza – Narupa – Tena – Puente Huataraco cursa la etapa preparatoria, complementándose técnicamente el alcance de la intervención y el presupuesto referencial definitivo, lo que permitirá publicar el proceso de contratación e iniciar la obra en el primer trimestre de 2021.
Informó que el contrato de obra del tramo “Y” Baeza - Nueva Loja, se suscribió el 31 de diciembre de 2020 y en este mes de enero se suscribirá el contrato. Señaló que en esta clase de contratos se desarrollará y establecerá la propuesta técnica definitiva entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la contratista , fiscalización, previo al inicio de las obras.
Sobre la ampliación del aeropuerto deFrancisco de Orellana mencionó que se terminó su construcción; sin embargo, recibieron un reporte de problemas con las cubiertas por fallas de instalado, razón por la cual la contratista se comprometió a realizar los arregos necesarios y en este mes concluirán las obras.
De inmediato, Henry Mejía, alcalde del cantón Sucumbíos, afirmó que en la vía que une la zona con el Carchi se han realizado trabajos mínimos. Aseguró que desde el inicio de su funcionamiento, la vía ha sido mantenida únicamente por las municipalidades.
El asambleísta Edy Peñafiel criticó la falta de atención, especialmente, de las vías de Orellana. Informó las condiciones de los puentes de la muerte, zona en la que se han perdido muchas vidas y es la vía principal para la salida del petróleo al resto del país.
Minería aurífera
La Comisión de Biodiversidad, luego de escuchar a representantes de distintatas comunidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, así como el pronunciamiento del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, con 8 votos, conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Jorge Miño e Irina Torres, quienes realizarán una visita in situ al sector de El Chocó, para constatar la problemática que enfrentan varias comunidades producto de la actividad minera aurífera ilegal.
Además, los comisionados resolvieron citar al Ministro de Gobierno, a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, al Ministro de Ambiente, al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, para que informen sobre las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, en el año 2011, por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en procura de detener el daño que la minería está causando a la biodiversidad del bosque El Chocó.
En la sesión virrual de hoy, Santiago de la Cuz, presidente de la nacionalidad Chachi, afirmó que la actividad minera y su impacto ambiental repercute directamente en la cultura de las comunidades de Esmeraldas. Agregó que los ríos han sido contaminados, obligando a los habitantes a usar agua embotellada.
Mientras, Salvador Chirimia, presidente de la nacionalidad Épera, manifestó la necesidad de atención de las zonas afectadas por la actividad minera. Agregó que la contaminación, violencia y falta de recursos afecta de forma importante a las comunidades del norte del país.
Por su parte, Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, formuló un llamado a la acción de la Asamblea Nacional, frente a la situación de abandono que viven. Dijo que la minería les afecta directamente, pues contamina las fuentes de agua, así como la vida de los habitantes del sector.
En su turno, Rene Ortiz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, detalló la información relacionada con la actividad minera legal en Esmeraldas y las acciones ambientales para cotrarrestrar sus efectos. Dijo que la minería ilegal es un delito. Aclaró que no es su competencia la minería ilegal, por lo que les corresponde a otras instituciones tomar cartas en este asunto para dar solución a la problemática que enfrentan varias comunidades por la contaminación aurífera.
Precisó que existe una comisión especial para el control de la minería ilegal que está integrada por los ministerios de Gobierno, Defensa Nacional, Minería, Ambiente, Justicia; Derechos Humanos y Cultos, Agencia de regulación y Control Minero, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Inteligencia y Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; por tanto, la mesa legislativa debería pedir información de cómo se está controlando la minería ilegal y las acciones para evitar la contaminación.
Dijo que el Ministerio a su cargo ha dado cumplimiento a las disposiciones dispuestas en acción constitucional y a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables continúa realizando controles, a fin de detener la minería ilegal que es la causante de la contaminación y afectación ambiental en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El asambleísta Juan Cárdenas rechazó las declaraciones relacionadas con la responsabilidad de atención a la minería ilegal expresada por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables, tomando en cuenta que la resolución del juez tiene carácter vinculante donde se establece que queda prohibida toda actividad minera, no dice legal o ilegal. Sin embargo, de la declaración de René Ortiz se desprende que se entregó 12 derechos mineros en San Lorenzo y 14 en Eloy Alfaro, como minería legal.
Cárdenas coindició en la necesidad de conformar una subcomisión que acuda a El Chocó de Esmeraldas para conocer cuál es la realidad de la zona. El asambleísta Absalón Campoverde afirmó que los actores de la minería considerada ilegal si están dispuestos a ejercer la actividad legalmente, pero aclaró que ello se imposibilita tomando en cuenta que el catastro minero ya está cerrado.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad, con 8 votos afirmativos, resolvió convocar de forma virtual a Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; a Monserrat Creamer, ministra de Educación; a rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación (Unae) para que informen sobre el cumplimiento de los convenios institucionales del programa de profesionalización docente UNAE 2020, así como del estado del proyecto para la elaboración de planes de vida para los pueblos de la Amazonía, entre otros temas.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, se comprometió con la ejecución y entrega de obras relacionadas con la vialidad de la Amazonía. Aseguró que se buscarán mayores recursos para garantizar el desarrollo de la zona, aún finalizado el período de gobierno. Enfatizó que, al momento, las obras se realizan con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Destacó que el mantenimiento por resultados del tramo la “Y” de Baeza – Narupa – Tena – Puente Huataraco cursa la etapa preparatoria, complementándose técnicamente el alcance de la intervención y el presupuesto referencial definitivo, lo que permitirá publicar el proceso de contratación e iniciar la obra en el primer trimestre de 2021.
Informó que el contrato de obra del tramo “Y” Baeza - Nueva Loja, se suscribió el 31 de diciembre de 2020 y en este mes de enero se suscribirá el contrato. Señaló que en esta clase de contratos se desarrollará y establecerá la propuesta técnica definitiva entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la contratista , fiscalización, previo al inicio de las obras.
Sobre la ampliación del aeropuerto deFrancisco de Orellana mencionó que se terminó su construcción; sin embargo, recibieron un reporte de problemas con las cubiertas por fallas de instalado, razón por la cual la contratista se comprometió a realizar los arregos necesarios y en este mes concluirán las obras.
De inmediato, Henry Mejía, alcalde del cantón Sucumbíos, afirmó que en la vía que une la zona con el Carchi se han realizado trabajos mínimos. Aseguró que desde el inicio de su funcionamiento, la vía ha sido mantenida únicamente por las municipalidades.
El asambleísta Edy Peñafiel criticó la falta de atención, especialmente, de las vías de Orellana. Informó las condiciones de los puentes de la muerte, zona en la que se han perdido muchas vidas y es la vía principal para la salida del petróleo al resto del país.
Minería aurífera
La Comisión de Biodiversidad, luego de escuchar a representantes de distintatas comunidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, así como el pronunciamiento del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, con 8 votos, conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Jorge Miño e Irina Torres, quienes realizarán una visita in situ al sector de El Chocó, para constatar la problemática que enfrentan varias comunidades producto de la actividad minera aurífera ilegal.
Además, los comisionados resolvieron citar al Ministro de Gobierno, a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, al Ministro de Ambiente, al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, para que informen sobre las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas, en el año 2011, por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo, a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en procura de detener el daño que la minería está causando a la biodiversidad del bosque El Chocó.
En la sesión virrual de hoy, Santiago de la Cuz, presidente de la nacionalidad Chachi, afirmó que la actividad minera y su impacto ambiental repercute directamente en la cultura de las comunidades de Esmeraldas. Agregó que los ríos han sido contaminados, obligando a los habitantes a usar agua embotellada.
Mientras, Salvador Chirimia, presidente de la nacionalidad Épera, manifestó la necesidad de atención de las zonas afectadas por la actividad minera. Agregó que la contaminación, violencia y falta de recursos afecta de forma importante a las comunidades del norte del país.
Por su parte, Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, formuló un llamado a la acción de la Asamblea Nacional, frente a la situación de abandono que viven. Dijo que la minería les afecta directamente, pues contamina las fuentes de agua, así como la vida de los habitantes del sector.
En su turno, Rene Ortiz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, detalló la información relacionada con la actividad minera legal en Esmeraldas y las acciones ambientales para cotrarrestrar sus efectos. Dijo que la minería ilegal es un delito. Aclaró que no es su competencia la minería ilegal, por lo que les corresponde a otras instituciones tomar cartas en este asunto para dar solución a la problemática que enfrentan varias comunidades por la contaminación aurífera.
Precisó que existe una comisión especial para el control de la minería ilegal que está integrada por los ministerios de Gobierno, Defensa Nacional, Minería, Ambiente, Justicia; Derechos Humanos y Cultos, Agencia de regulación y Control Minero, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Inteligencia y Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; por tanto, la mesa legislativa debería pedir información de cómo se está controlando la minería ilegal y las acciones para evitar la contaminación.
Dijo que el Ministerio a su cargo ha dado cumplimiento a las disposiciones dispuestas en acción constitucional y a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables continúa realizando controles, a fin de detener la minería ilegal que es la causante de la contaminación y afectación ambiental en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El asambleísta Juan Cárdenas rechazó las declaraciones relacionadas con la responsabilidad de atención a la minería ilegal expresada por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables, tomando en cuenta que la resolución del juez tiene carácter vinculante donde se establece que queda prohibida toda actividad minera, no dice legal o ilegal. Sin embargo, de la declaración de René Ortiz se desprende que se entregó 12 derechos mineros en San Lorenzo y 14 en Eloy Alfaro, como minería legal.
Cárdenas coindició en la necesidad de conformar una subcomisión que acuda a El Chocó de Esmeraldas para conocer cuál es la realidad de la zona. El asambleísta Absalón Campoverde afirmó que los actores de la minería considerada ilegal si están dispuestos a ejercer la actividad legalmente, pero aclaró que ello se imposibilita tomando en cuenta que el catastro minero ya está cerrado.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad, con 8 votos afirmativos, resolvió convocar de forma virtual a Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; a Monserrat Creamer, ministra de Educación; a rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación (Unae) para que informen sobre el cumplimiento de los convenios institucionales del programa de profesionalización docente UNAE 2020, así como del estado del proyecto para la elaboración de planes de vida para los pueblos de la Amazonía, entre otros temas.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, indicó que el lunes 18 de enero, a las 09h00, de forma virtual, los comisionados realizarán cinco procesos de control político, entre ellos se encuentra temas sobre vialidad en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, y la explotación aurífera que afecta al bosque de El Chocó en la provincia de Esmeraldas.
En este marco, la mesa legislativa invitó a José Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas para que informe sobre las acciones, políticas, gestiones, financiamiento, presupuesto, cronogramas y demás aspectos del proyecto de mantenimiento por resultados de los tramos comprendidos entre la “Y” de Baeza - Tena, Narupa - Huataraco, perteneciente a la Red Vial Estatal Napo E45; del tramo vial Reventador - Lago Agrio y Lago Agrio – Putumayo; el contrato para la culminación de la ampliación de la Terminal Aérea Francisco de Orellana y su estado actual.
Los parlamentarios escucharán a Henry Mejía, alcalde del cantón Sucumbíos, quien indicará las condiciones en las que se encuentra la carretera Julio Andrade – Lumbaqui. También, recibirán en comisión general a Santiago De La Cruz, presidente de la nacionalidad Chachi; a Salvador Shirimia, presidente de la Nacionalidad Épera; Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas; Natalia Bonilla, de Acción Ecológica; e Isabel Padilla de la Pastoral Social de Esmeraldas, quienes denuncian que a pesar de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, la actividad minera está asolando el bosque del Chocó en esta provincia.
Por este tema, comparecerán los ministros de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz para que informen las acciones para solucionar la problemática de contaminación por la explotación aurífera, en la mencionada zona.
Para fiscalizar la presencia ilegal de madereros peruanos en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y al territorio del Parque Nacional Yasuní, la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, escuchó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien fue enfático al señalar que la infiltración de delincuencia transnacional tiene apoyo de la delincuencia nacional en la tala de bosques. Las medidas para prevenir estos actos delictivos los debe determinar la Asamblea Nacional, señaló.
Explicó las acciones que realiza Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía del país y aclaró que coopera permanentemente con otras instituciones para, por ejemplo, proteger la biodiversidad, el medio ambiente, etc. Ecuador no tiene guardia nacional, gendarmería, guardia civil, guardabosques, guardias rurales como tienen algunos países, indicó Jarrín, al destacar que FFAA cuentan con 27 destacamentos en frontera para dar protección a la integridad territorial.
Informó que desde el 2016 realizaron cuatro sobrevuelos en las rutas donde se ha detectado tala selectiva de árboles maderables. El el 2017 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para ejecutar seguimiento, monitoreo y reconocimiento, patrullaje para identificar los lugares donde se realizan actividades ilícitas; así, se desmanteló ocho campamentos madereros. En 2018 se realizó 802 controles efectivos; en el 2019, 120 operaciones de reconocimiento, control y protección. En el 2020 se realizó 2794 controles militares y se decomisó 154 metros cúbicos de madera.
En el debate, el asambleísta Alberto Zambrano recordó que la lata ilegal es un problema de años atrás. El parlamentario Juan Cárdenas señaló que el tema de las infiltraciones es una prioridad que debe atender el Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas; mientras que el legislador Edy Peñafiel preguntó cuáles son las acciones concretas que el Ministerio de Defensa está realizando para resolver la intromisión de madereros peruanos en los territorios de la zona intangible Tagaeri y Taromenane. Fredy Alarcón destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, cuestionó la labor en cuanto a la incursión de madereros en zonas intangibles.
Creación Unversidaes Amazónicas
Por otra parte, Agustín Albán, secretario de Educación Superior, reconoció que hay retrasos en el cumplimiento de la construcción de las cuatro universidades Amazónicas, pero que existe la predisposición para seguir adelante con los procesos de ejecución. Dijo que la Senescyt trabaja para dejar listos los expedientes completos, pero que no será en esta gestión que se aprueben los proyectos en la Asamblea Nacional, porque se deben cumplir los plazos de los procesos contractuales que deben ir acompañados de los respectivos recursos económicos, mismos que no pueden acelerarse.
Señaló que en el 2020 su accionar se enfocó en los ejes de infraestructura para la construcción de las universidades, como la identificación de terrenos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; así como, de carreras por campo y provincia.
Dijo que es necesario la entrega de presupuesto para el 2021 por parte de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) para determinar el diagnóstico y estudio de pertinencia para los expedientes de creación de universidades en la región, por 795 604 dólares; mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores, ubicados en la región, por un millón de dólares; y para otorgar becas para la formación técnica y tecnlógica superior por 5 millones 577 mil dólares, es decir, un total de 7 millones 411 mil dólares.
Además, indicó que en junio de 2021 está prevista la reapertura del Instituto General Eloy Alfaro que se reubicará en la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, y que contará con carreras en desarrollo infantil integral, administración y mecánica industrial.
Entre tanto, Julia Landázuri, secretaria técnica de la CTEA expuso los detalles del proyecto para el fortalecimiento de la Educación Superior Universitaria, Técnica, Tecnológica en la Región Amazónica, cuya entidad ejecutora es la Senescyt, por un valor de 16 millones 726 mil dólares, con aprobación del Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de 20 de junio de 2019, y las transferencias que se han ido realizando.
Mientras, Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, expuso sobre la planificación integral y la institucionalidad en los plazos establecidos en la Ley Amazónica. Dijo que el convenio suscrito con la Senescyt es por cuatro años.
Los legisladores, Edy Peñafiel, Alberto Zambrano, Fredy Alarcón, Gabriela Cerda, Juan Pablo Velín, Henry Moreno, Irina Torres, Absalón Campoverde, manifestaron su malestar por el incumplimiento, en el tiempo planteado, de la creación de las universidades amazónicas, que establecía como plazo hasta el 2020. Señalaron que ha existido negligencia en su accionar y falta de compromiso. Esperan que por lo menos, hasta el fin de su periodo se cumpla con la entrega de expedientes completos de las cuatro universidades.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió convocar por segunda ocasión al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, para el próximo lunes 18 de enero, con el fin de que explique sobre el sistema vial en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
Así mismo, los comisionados determinaron convocar, de forma virtual, a los representantes de las nacionalidades Chachi y Épera, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas; así como, a los ministros de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Energía y Recrusos Naturales no Renovables, René Ortiz, con quienes abordarán la problemática que está ocasionando la actividad minera en el bosque del Chocó donde habitan comunidades.
Cinco puntos constan en la agenda de sesión del lunes 11 de enero de 2021 que realizará la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, a las 09h00. En primera instancia, está prevista la comparecencia de Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien contestará los requerimientos relacionados con la intromisión de madereros peruanos a la Zona Intangible Tagaeri Taromenane y al territorio del Parque Nacional Yasuní.
Luego, los comisionados escucharán a Agustín Albán Maldonado, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Alex Hurtado Borbúa y Julia Landázuri, presidente y secretaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, quienes entregarán información actualizada respecto de la creación de las Universidades en las provincias amazónicas, de conformidad con la Disposición Transitoria Decima Primera de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Otro tema a ser abordado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, es sobre el sistema vial de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
En otro orden, los parlamentarios tomarán una resolución respecto del pedido solicitado por los representantes de las nacionalidades indígenas Chachi y Épera, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, la Red Coordinadora de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, la Pastoral Social de Esmeraldas y Acción Ecológica, quienes denuncian que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, la actividad minera está asolando el bosque del Chocó en el que habitan.
La Comisión de Biodiversidad, en el 2021, continuará su trabajo en la aprobación de dos informes para segundo debate de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos y de las reformas a la Ley de Minería, para el efecto, recogió observaciones de parlamentarios y de la ciudadanía.
Además, una vez que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional los informes para primer debate de las reformas a Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como de las reformas al Código Orgánico de Ambiente, la mesa legislativa elaborará los informes para segundo debate.
Fiscalización
En la primera semana de enero de 2021, la Comisión insistirá en la comparecencia virtual, del general Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien deberá informar las acciones que ha realizado. También informará sobre la planificación para evitar la incursión a nuestros territorios madereros de nacionalidad peruana, dedicados a la explotación ilegal de madera, en las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y del Parque Nacional Yasuní.
Así mismo, será convocado Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt); Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretario del Consejo de Planificación y Desarrollo de la (CTEA), respectivamente; así como, José Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para que informe el avance de la construcción de carreteras.
Seguimiento de casos
Entre otros aspectos, la Comisión de Biodiversidad hará seguimiento a temas relacionados con la remediación de la contaminación provocada por el derrame hidrocarburífero registrado el pasado 7 de abril de 2020 en las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo. También brindará seguimiento al trabajo que realiza el Estado para controlar y evitar que continúe el proceso de erosión regresiva del río Coca, además de las acciones para evitar que en el futuro continúe la intromisión ilegal que realizan ciudadanos de nacionalidad peruana.
Así mismo, a la reubicación del relleno sanitario del cantón La Concordia en el áreas de influencia de las comunidades Santa Martha 2 y Agromache en la provincia de Santo Domingo de la Tsáchilas. La mesa hará seguimiento además de las labores de remediación de la contaminación producida en los esteros y ríos Itaya y Napo, afectando a los habitantes de la precooperativa 18 de Noviembre del cantón Shushufindi en la provincia de Sucumbíos.
Igualmente, a las actividades cumplidas y a cumplir los Ministros y demás funcionarios de Estado que integran el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo – Zaruma (provincia de El Oro), así como para remediar la contaminación de los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina, por la minería ilegal.
También al mantenimiento de los tramos comprendidos entre la “Y” de Baeza - Tena, Narupa - Huataraco, perteneciente a la Red Vial Estatal Napo; el tramo vial Reventador - Lago Agrio y Lago Agrio – Putumayo; la culminación de la ampliación de la terminal aérea Francisco de Orellana. Asi támbién, a las acciones cumplidas para implementar la creación y funcionamiento de las Universidades Públicas en las provincias amazónicas, priorizando las de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Finalmente, continuará indagando sobre los delitos contra la naturaleza, biodiversidad y la pesca ilegal de tiburones.
