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La Comisión de Biodiversidad oficiará a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a la Secretaría Nacional de Control de Gestión de Riesgos, con alcance al Gobierno Autónomo de Chunchi, sobre la contratación de obras para mitigar las consecuencias del deslizamiento de tierra que provocó desastres en los sectores de La Armenia y Chanchán, pertenecientes al cantón Chunchi, de la provincia de Chimborazo.
Esta resolución la tomó luego de conocer los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2021, que provocaron la desaparición casi total del poblado de Chanchán, así como incalculables pérdidas de bienes muebles e inmuebles, animales de corral, la destrucción de la línea férrea y puentes de la zona, generando incertidumbre en sus pobladores.
En el marco, de la fiscalización los parlamentarios escucharon a Romel Salazar, director Nacional de Control de Gestión de Riesgos, quien indicó que de forma inmediata procedieron a la evacuación de las familias a centros de acogida, evitando de esta manera pérdida de vidas humanas.
Dijo que el evento provocó el deslizamiento de 115 hectáreas de tierra, afectando a 30 viviendas, dos puentes y el sistema de riego. Frente a ello, se establecieron cuatro albergues para alojar a 42 familias afectadas. Se establecieron estrategais para la recuperación y reconstrucción con la coordinación de instituciones competentes.
La legisladora Liliana Durán solicitó se indique cuál ha sido la ayuda emitida a las familias de Chanchán y si cuentan con el listado de personas afectadas.
Yessenia Díaz, coordinadora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, indicó que luego del aluvión se identificó en Chanchán 12 viviendas afectadas, de las cuales 5 fueron totalmente destruidas. Aclaró que las 30 viviendas afectadas constituye la totalidad de afectaciones en el cantón Chunchi.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, precisó que solicitó al GAD municipal de Chunchi la donación de terrenos para la construcción de viviendas, razón por la cual se realizó el fraccionamiento de 30 lotes que fueron protocolizados e inscritos en el Registro de la Propiedad. Esta semana se realizarán las escrituras individuales para iniciar el proceso contractual de construcción de viviendas dentro del Plan Casa para Todos, para ubicar a los afectados.
El ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano Gonzaléz, indicó que se entregó bonos emergentes en las parroquias del cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, sobre todo a las personas adultas mayores. En total, 364 usuarios recibiron 120 dólares por una sola vez. Actualmente, brindan asistencia técnica permanente a las personas que se encuentran en los albergues, a través de los equipos de la misión Mis Mejores Años y Misión Ternura.
En cambio, la gobernadora de Chimborazo, Luisa Loza, señaló que las acciones se ejecutaron de forma coordinada con las instituciones competentes para dar respuesta inmedita a los afectados. Consideró importante que comparezca el Ministro de Agricultura en la Comisión de Biodiversidad para que indique las aciones para ayudar al sector agricultor.
El alcalde de Chunchi, Walter Narváez, mencionó que gracias a la articulación de gestiones entre los diferentes niveles de Estado, no hubo un solo muerto por efecto del aluvión. Se evacuó a alrededor de 200 personas. Pidió a los parlamentarios convoquen al Ministro de Transporte y Obras Públicas, para que asuma compromisos respecto de la vialidad (puentes) y un nuevo sistema de alcantarillado.
A su turno, el ministro de Ambiente y Agua, Marcelo Mata, relató las acciones inmediatas por efecto del deslizamineto de tierra e indicó que el 13 de abril realizó un recorrido para determinar las condiciones del sistema de agua potable de los sectores afectados. Así, dispuso el apoyo con soporte técnico para garantizar agua en cantidad, calidad y continuidad con planes de reconstrucción. Además dispuso la realización de un Plan agresivo de reforestación y se comprometió a conseguir recursos para dar atención a proyectos de riego rural.
Los parlamentarios también escucharon a Segundo y Bayron Peliza, Walter y Wilson Becerra, quienes explicaron la situación que atraviesan los pobladores de los sectores La Armenia y Chanchán. Señaron que hay poblados aledaños que fueron afectados pero no constan para darles la atención que corresponde por este desastre. Solicitaron el apoyo de las autoridades.
Fondó Común
La Comisión de Biodviersidad recibió a Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA). Hurtado precisó que las inversiones llegan del sector público, privado y cooperación internacional. Recordó que en la Amazonía hay necesidades básicas insatisfechas por la falta de acceso al servicio de agua tratada, alcantarillado, servicio eléctrico, telefonía fija y móvil, etc.
Precisó que a fines de este mes tendrán el Plan Integral Amazónico actualizado. Señaló que dentro de las líneas de inversión, se creó el fondo indígena para pueblos y nacionalidades con un porentaje del 10 %. Dijo que está por definirse el modelo de desarrollo para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Julia Landázui recordó que su labor se centra en lo que determinan los artículos 64, 65 y 66 de la Ley Amazónica, donde se decribe los parámetros de asignación para el Fondo Común. Indicó que en el 2020 ingresó al Fondo para el Desarrollo Sostenible el valor de 500 millones de dólares y al Fondo Común 500 millones de dólares.
El asambleísta Henry Moreno manifestó su descontento porque los funcionarios de la CTEA no explicaron nada sobre el Fondó Común, donde debían especificar quiénes son los beneficiarios, más aún cuando conoce de algunos GAD no han recibido recursos.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Alberto Zambrano, en sesión virtual, este miércoles, 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanos.
René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos. La diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).
Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.
En su turno, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), indicó que hay nueve comecializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 dólares.
En la normativa que rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el diector de la ARCH. Así mismo, aseveró que continuamente se hacen controles en Sucumbíos, el cuanto al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.
De su lado, el asambleísta Juan Cárdenas solicitó se responda sobre los hechos concretos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.
Mientras, Alaberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares. Por ello, exigió se hagan controles más rigurosos.
Entre tanto, Fredy Alarcón reiteró que este no es un problema de hoy y que se da a nivel nacional. Dijo que conoce que el Estado, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el legislador.
De otro lado, Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseverló que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.
Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, mencionó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. Dicen que se permite solo lo que está escrito en la ley, pero se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple, advirtió.
Jorge Elizalde, presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, denunció que los distribuidores, sin razón alguna, elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.
Al respecto, el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. Recordó que el incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores. Hay que entender el esfuerzo grande que hace el Estado para subsidiar el gas, dijo. Consideró que no s fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.
Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que, debido a las dencunias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, a fin de establecer las sanciones correspondientes y, si es necesario, clausurarlas. Indicó que se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando se cumplan los requisitos.
El asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, firmar un acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo con lo que manda la norma. Estarían presentes en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas.
Las partes estuvieron de acuerdo, para lo cual se establecerán las coordinaciones necesarias, a fin de que, en los próximos días, se realice la firma de la mencionada acta de compromiso.
La Comisión de Biodiversidad analizó varias sugerencias planteadas por los asambleístas durante el primer debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Minería, que se realizó el 20 de octubre de 2020, por el cual se propone la incorporación de algunos artículos. La mesa legislativa resolvió insistir al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, envié sus observaciones para estructurar una normativa que beneficie al país.
Hoy, los parlamentarios revisaron la inclusión de atribuciones a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y aceptaron que la institución deberá emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras; de autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, tratamiento, fundición y refinación; de la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial; y de la suscripción de contratos de operación entre los titulares de concesiones mineras y mineros artesanales, de conformidad con la regulación efectuada por el Ministerio rector.
También, debatieron ampliamente el pedido de incorporar que en los proyectos de minería a gran escala se realice la medición total, tipos, cantidad y calidad de los recursos mineros metálicos y no metálicos extraídos, y que serán procesados en las plantas de beneficio, fundición y refinación ubicadas dentro del territorio nacional.
Sobre este particular, los comisionados señalaron que es interesante la propuesta en la necesidad de transparentar, cuantificar la cantidad exacta de los tipos de minerales explotados y exportados de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, de lo cual deviene el cálculo de regalías para garantizar al país un ingreso. Sin embargo, habría que analizar cuánto le significaría al país, en materia presupuestaria, establecer las plantas de beneficio, fundición y refinación que deben estar ubicados en el territorio nacional.
En el debate, se indicó que para tomar una decisión, al ser un tema complejo, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables debe pronunciarse, más aún cuando esto podría significar un riesgo ambiental mucho más alto que el propio proyecto minero.
Así mismo, analizaron la incorporación del registro y catastro minero; así como el Sistema Único de Registro y Catastro Minero. Sobre este particular, la propuesta permitirá centralizar la información referente al registro de datos mineros como del catastro, aunque, no se incluye bajo qué formato o plataforma se implementará el Sistema Único de Registro, hecho que es importante, a pesar de que actualmente existe un sistema que abarca todo el catastro minero.
Precisaron que en la actualidad el catastro y el registro minero se encuentran regulados en el Reglamento General a la Ley de Minería, pero, sería conveniente definirlos en el texto de la Ley. Para evitar la duplicidad de norma, los parlamentarios solicitaron que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables se pronuncie. Quedó pendiente este articulado.
Los comisionados revisaron la prohibición de toda actividad minera metálica y no metálica en cualquiera de sus fases dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos y poblados, en zonas declaradas como áreas intangibles, tierras y territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Sobre este particular señalaron que ya consta en la Constitución, por tanto, acogieron la misma.
Sobre las concesiones mineras otorgadas a empresas subsidiarias o filiales de otras empresas domiciliadas en el Ecuador, se entenderá que han sido otorgadas a la empresa matriz, de la cual dependen administrativa y económicamente. Los parlamentarios creen que en las reformas a la Ley debe constar este particular, lo confirmarán mediante una consulta al Procurador de la Asamblea para no contradecir la normativa.
En otro orden, la Comisión acogió la propuesta planteada por el legislador Absalón Campoverde, en el sentido de que el Estado, a través del Ministerio rector, con el fin de generar fuentes de empleo, fomentar la producción y la reactivación económica, determinará zonas o áreas a ser destinadas exclusivamente a la realización de actividades de minería artesanal, en las cuales se otorgarán los permisos correspondientes, luego de cumplir con los requisitos técnicos, legales y ambientales, determinados en la ley y reglamentos correspondientes.
Campoverde explicó que la propuesta a más de fomentar trabajo y producción, busca generar una obligación al Estado, a fin de delimitar zonas para minería artesanal, con lo que se podrá mejorar el control de dicha actividad, evitando así la dispersión y los consecuentes impactos ambientales.
Entre otros aspectos, sobre los residuos mineros metalúrgicos, los parlamentarios determinaron que, en los proyectos de minería a gran escala, los relaves donde existan metales que pueden ser aprovechados serán procesados dentro del territorio nacional, cumpliendo con todos los requisitos ambientales de acuerdo a la normativa aplicable, así como el pago de regalías de conformidad con la Constitución y la ley. La autoridad minera expedirá el reglamento respectivo para estos aprovechamientos. En los casos de pequeña minería y minería artesanal los desechos y relaves serán aprovechados únicamente por el concesionario.
Analizaron las sanciones a la actividad minera ilegal. Según la reforma a la Ley de Minería, la maquinaria, equipos o vehículos utilizados en minería ilegal serán donados a los GAD que se encuentren en la zona donde se realice esa actividad. Los asambleístas consideraron que la propuesta beneficiará a la ciudadanía. Debatieron respecto de las inspecciones de las instalaciones y el plan de acción y medidas correctivas para subsanar los incumplimienos que se identifiquen. La mesa legislativa sugirió visitas sorpresivas a las instalaciones para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
Este 9 de abril, la comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Alberto Zambrano, recibió información de las autoridades, sobre la utilización de recursos del Fondo Común para la Circunscripción Amazónica; y de presuntos delitos contra la flora y fauna silvestre.
Sobre el primer caso, el contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, informó que para el control del buen uso de los fondos hacen seguimiento continúo en Pastaza, Napo, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago con exámenes especiales, considerando los elementos de calidad en el gasto, en función a la planificación integral que proteja los derechos de las pueblos, la naturaleza, los ecosistema y la biodiversidad como un derecho concurrente.
Explicó que han realizado cinco exámenes generales que tienen que ver con recursos. Los exámenes se realizan al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico y otros más amplios a los fondos de los organismos que son auditados. En Sucumbíos se realizaron dos exámenes al GAD municipal y provincial.
En la ejecución, durante el primer trimestre, se encuentran 11 exámenes, en donde se considera el análisis del uso y destino de dichos fondos a las provincias de Morona Santiago, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. El estudio del uso de los fondos se está realizando en relación a un conjunto de operaciones administrativas, financieras, contractuales y anticipo de fondos realizados por las entidades parroquiales y municipales. Espera en los próximos 30 días concluir los exámenes.
En cuanto a la planificación para el resto del 2021, están considerados el análisis de los fondos en 25 exámenes. De forma general, dijo, han encontrado algunas responsabilidades de tipo administrativo, que están en procesamiento y por ello no las detalla.
El asambleísta Henry Romero, tras mencionar que los recursos del fondo común capitalizan 55 millones anuales, planteó ampliar el abanico de auditorias que se realizan a aquellos recursos provenientes de este fondo, su uso y distribución. El parlamentario Freddy Alarcón se refirió al Fondo para el Desarrollo Sostenible y al fondo común. Señaló la importancia de determinar si estos recursos se utilizaron únicamente para lo que dictamina la Ley Amazónica.
Se excusaron de asistir a esta reunión el presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Alex Cristóbal Hurtado Borbúa; y la secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Julia Landázuri, a quienes se les volverá fijar nueva fecha y hora para su comparecencia.
Frente a los pedidos justos, legítimos y legales, Marcelo Mata, ministro de Ambiente y Agua, en la Comisión de Biodiversidad, se comprometió a iniciar el régimen sancionatorio a los responsables del daño ambiental en El Dorado, activará el proceso de remediación ambiental, las respectivas compensaciones a los habitantes de las comunidades y el cierre inmediato del botadero de basura a cielo abierto de la provincia de Orellana. Esta decisión, a consecuencia de las acciones de fiscalización que lleva adelante la mesa legislativa.
Además, el ministro de Ambiente acogió el pedido del asambleísta Alberto Zambrano, presidente de la mesa legislativa, y se comprometió a visitar personalmente las comunidades para enfrentar este problema ambiental ocasionado por el botadero de basura.
Mata recordó que, el 16 de abril de 2019, el Ministerio dispuso el cierre técnico del botadero de basura por incumplimiento de la normativa ambiental de parte del GAD municipal. En el análisis técnico se encontró sedimentos en la aguas naturales, residuos sólidos al descubierto y se determinó un plazo de 24 meses para cumplir la disposición que se cumple el 16 de abril de 2021.
El 25 de marzo de 2021 se realizó una nueva inspección, determinando que no hay celdas para el tratamiento de lixiviados. A partir del 17 de abril de 2021 se aplicará las sanciones administrativas y se notificará a la Fiscalía para que actúe desde la via penal.
Por su parte, Marco Dávila, coordinador general Defensorial Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo, señaló que la institución hizo seguimiento a la denuncia de los pobladores. Verificó que existe contaminación por efecto del botadero de basura a cielo abierto, generando afectación a cuatro comunidades, razón por la cual se exigió las debidas compensaciones, la remediación ambiental de esteros y fuentes de agua.
Dijo que se presentó una acción jurisdiccional de protección a las cuatro comunidades, en virtud de que el GAD municipal de Orellana ha incumplido con la respectiva compensación y remediación correspondiente.
De inmediato, los parlamentarios escucharon a Manuel Méndez, presidente y Franklin Flores de Participación Ciudadana y Control Social del GAD Parroquial de El Dorado; Alonso Jaramillo, María Robles y María Ogoña, representantes de las comunidades afectadas, quienes mostraron su indignación por la falta de sensibilidad de las autoridades del Gobierno Municipal de Orellana al no cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Ambiente ni de la Defensoría del Pueblo Zonal 2. Pidieron al ministro Mata inicie las acciones legales correspondientes.
Luego, la Comisión conoció el informe de la visita in situ que realizaron los legisladores Alberto Zambrano, Fredy Alarcón y Eddy Peñafiel, que concluye con 13 recomendaciones. Entre otras, piden que la Fiscalía inice un proceso investigativo de los proyectos botadero a cielo abierto de desechos sólidos y relleno sanitario de desechos sólidos del GAD municipal de Orellana, con el fin de determinar los responsables de la contaminación ambiental y la vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano de los habitantes de las comunidades El Oro, Los Laureles, 6 de Octubre y la Paz. El documento fue aprobado con 10 votos.
Relleno sanitario La Concordía
En su segunda intervención, Marcelo Mata, al referirse a la posible contrucción del relleno sanitario en Santa Martha 2 y Agromache, del cantón la Concordía, precisó que se abrió un proceso investigativo sobre la base de las denuncias de los habitantes de los sectores que podrían ser afectados y por efecto del control político que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad.
Alcaró que hasta el momento no existe ninguna construcción del relleno sanitario; sin embargo, como acción inmediata, la Cartera de Ambiente dispuso la comparecencia del alcalde de la Concordía para que expllique sobre el proceso y dónde se va a ubicar el nuevo relleno sanitario. Acción que se realizará esta semana.
Por su parte, el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias, dijo que la institución inició el seguimiento de este caso por efecto de la deuncia de los pobladores. Se comprometió a reformar los procesos internos para lograr mayor eficiencia de investigación de estos hechos que podrían incurrir en acciones de violación de uso de suelo; conformar mesas de diálogo con los pobladores y evaluar su situación para iniciar acciones inmediatas.
La mesa legislativa escuchó a Ana María Andrade y Luis Felipe Buenaño, representantes de los sectores afectados, quienes señalaron que no es conveniente construir un relleno sanitario donde hay afluentes de agua, tierras agrícolas y pobladores en sus alrededores, por ello solicitaron al Ministro de Ambiente que retire la licencia otorgada al GAD de la Concordia.
Marcelo Mata se comprometió a revocar la licencia ambiental porque el sector donde se pretende construir el relleno sanitario es una zona agrícola y exigirá la búsqueda de un nuevo sitio para la construcción del botadero de basura. Además, dijo que hará una visita al lugar para constatar la denuncia de los habitantes de esos cantones.
Declaratoria de Interés Nacional
La Comisión de Biodiversidad conoció el informe No. 14 de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, preparado por el equipo asesor, por el cual recomienda aprobar el informe y solicitar al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, contrate un equipo técnico para la actualización oportuna del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní en el que se incluya la sostenibilidad financiera, un adecuado modelo de gestión y coordinación interinstitucional.
Comparecencias
La próxima semana la mesa legisaltiva convocará a Presidente y Secretaria de la Circunscripción Amazónica para que informen sobre temas relacionados con los ingresos al Fondo Común, desde la creación de la Ley Amazónica hasta la fecha.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zabrano, señaló que el lunes 29 de marzo, a las 09h00, la mesa legislativa recibirá de forma virtual a Marcelo Mata, ministro del Ambiente y Agua; Marco Dávila, coordinador general de la Defensoría del Pueblo, Zonal 2, quienes explicarán las implicaciones de contaminación del botadero de basura a cielo abierto y del relleno sanitario para la gestión de desechos sólidos de la parroquia El Dorado, responsabilidad del gobierno municipal del cantón Francisco de Orellana, en la provincia de Orellana.
Por su parte, Ricardo Ramírez, alcalde del cantón Francisco de Orellana, informará sobre el funcionamiento del actual botadero de basura a cielo abierto y del relleno sanitario que el gobierno autónomo municipal de este cantón prevé ubicar en la parroquia El Dorado.
Mientras, Manuel Méndez, presidente y Franklin Flores, de Participación Ciudadana y Control Social del GAD parroquial El Dorado; y Liber Cobos, María Robles y María Ogoña, representantes de las comunidades explicarán la problemática que enfrentan.
Seguidamente, los parlamentarios tomarán una resolución respecto del informe emitido por la subcomisión integrada por los asambleístas Alberto Zambrano, Eddy Peñafiel y Fredy Alarcón, quienes realizaron la inspección in situ el 24 de marzo de 2021.
Por otra parte, el ministro del Ambiente y Agua, Marcelo Mata y el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias, indicarán las acciones, en el ámbito de sus competencias, para defender los derechos de los habitantes y de la naturaleza de los sectores Santa Martha 2, Agromache y San Daniel, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en riesgo de ser afectados ante la inminente construcción de un relleno sanitario, en tierras agrícolas.
Por este tema, Ana María Andrade y Luis Felipe Buenaño, representantes de los sectores Santa Martha 2, Agromache y San Daniel, presentarán sus inquietudes a las autoridades.
Finalmente, la Comisión revisará el Informe semestral 14 emitido por el Ejecutivo para la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní.
En el marco del tratamiento del segundo debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, en la Comisión de Biodiversidad, Franklin Rivera, director técnico de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los cantones de Cañar, Biblian, El Tambo y Suscal de la provinia del Cañar, señaló que se debe emprender un manejo adecuado de los desechos peligrosos por parte de quienes lo generan, conforme lo determina el Covenio de Basilea al cual Ecuador está adscrito, pero no le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados hacerse cargo de su tratamiento.
Rivera expuso el modelo mancomunado de gestión integral de residuos y desechos sólidos del pueblo Cañari, a considerarse en la reforma del Código de Ambiente. Recordó que en el CODA y su Reglamento se establecen las atribuciones a los Gobiernos Autónomos Descentalizados sobre los desechos sanitarios, lo cual contraviene el Covenio de Basilea, por tanto, sugirió eliminar del artículo 231 de la ley la frase: desechos sanitarios.
En otro orden, con 9 votos a favor, la mesa legislativa resolvió unificar el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ambiente y al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de iniciativa de la asambleísta Liliana Durán, proyecto que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a trámite.
Comparecencias
Con nueve votos a favor, la Comisión de Biodiversidad acogió el pedido de los moradores de Santa Martha 2 y Agromache del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que comparezcan, en la próxima sesión, el ministro actual de Ambiente y Agua, Marcelo Mata; y, el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), Pablo Iglesias. El objetivo es que se comprometan a dar solución a la problemática que enfrentan los habitanes de esos sectores por la construcción de un relleno santirrio en tierra agrícolas.
Así mismo, con nueve votos a favor, los parlamentarios conformaron una subcomisión integrada por los legisladores Eddy Peñafiel, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano, quienes verificarán el estado actual del botadero a cielo abierto y relleno sanitario para la gestión de desechos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, ubicado en la parroquia El Dorado, provincia de Orellana.
Por este tema, la Comisión resolvió citar, en 15 días, al Ministro de Ambiente y Agua, al Alcalde del GAD municipal del cantón Francisco de Orellana y al Coordinador General de la Defensoría Zonal 2, con quienes se analizará la investigación realizada por los parlamentarios y denunciada en la Comisión por Manuel Méndez, presidente de la parroquia El Dorado, quien señaló que existen varias comunidades afectadas.
Méndez dijo que la mayoría de pobladores tienen enfermedades respiratorias y gastrointestinales, sufren dolores de cabeza debido al mal olor que emana el botadero.
Reglamento Ley Amazónica
Los parlamentarios conocieron el informe del equipo asesor sobre el Reglamento de la Ley Orgánica de la Amazónica que contiene la sugerencia de comparecencias de varias autoridades; así como, el sustento del pedido al Presidente de la República de reformas a dicho Reglamento, tomando en cuenta que no se recoge el espíritu del contenido de la ley.
En el marco del tratamiento y construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, la Comisión de Biodiversidad invitó de forma virtual, a Franklin Rivera, director técnico de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral, de los cantones de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal de la provincia del Cañar, para que exponga sus comentarios al proyecto, el lunes 22 de marzo, a las 09h00.
Luego los parlamentarios analizarán y tomarán una resolución acerca del pedido formulado por las comunidades de Santa Marta 2, Agromache y San Daniel, del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que comparezcan el nuevo ministro del Ambiente y Agua, Marcelo Mata Guerrero y el recientemente posesionado Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias Paladines.
El objetivo es exponerles la problemática suscitada en cantón La Concordia respecto de la construcción de un relleno sanitario recientemente contrado por el Gobiero Autónomo Descentralizado de esta circunscripción, e informen cuáles van a ser las acciones que, en el ámbito de sus competencias, prevén realizar a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza de esos cantones que están en riesgo de ser afectados, ante la inminente construcción en las tierras agrícolas en las que desempeñan sus actividades de subsistencia.
Por otra parte, la mesa legislativa conocerá el informe preparado por el nivel asesor respecto del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) y al Código Orgánico del Ambiente (Coda), presentado por la asambleísta Liliana Durán, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, a trámite en la Comisión de Biodiversidad.
Por último, los comisionados aprobarán una resolución sobre el contenido del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, cuyo Decreto Ejecutivo N° 1264 fue publicado en el Registro Oficial, el 12 de marzo de 2021.
Para recibir información sobre la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza de los sectores Santa Martha 2 y Agromache, del cantón La Concordia, la Comisión de Biodiversidad convocó al Contralor, Pablo Celi de la Torre, quien informó que la institución realiza un examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Concordia respecto a la planta de reciclaje y otro al relleno sanitario que cuenta con financiamiento del Banco del Desarrollo, cuyo trabajo concluirá el 20 de abril de 2021.
Precisó que el examen especial obedece al pedido planteado por la Comisión de Biodiversidad. Se realiza una aduditoría a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría por el período comprendido ente el 13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, respecto del relleno sanitario en los sectores mencionados.
Líneas de crédito
Lupe Velasco, gerente General de BanEcuador, detalló las operaciones de crédito entre mayo de 2017 al 10 de marzo de 2021, a nivel nacional. Al hacer una descripción de los valores entregados a cada sector productivo, por destino, precisó que el 58 % de la colocación ha sido destinada al sector agropecuario, acuícola, pscícola y pesquero artesanal. Más de 41 millones de dólares se han entregado a alrededor de 4000 beneficiarios a nivel nacional; y más de nueve millones de dólares a 1100 beneficiarios de las provincias de la Amazonía, agregó.
Los parlamentarios, Fredy Alarcón, Eddy Peñafiel y Juan Pablo Velín, solicitaron a la gerente de BanEcuador amplié la información de lo solicitado por los sectores productivos de la Región Oriental y lo entregado por BanEcuador, así como los montos de mora y cartera vencida. Recordaron que en la Ley Amazónica se establece la generación de líneas de crédito especiales y preferenciales que no se cumplen.
Así mismo, expresaron su preocupación por la situación porque los créditos del Banco del Pacífico nunca llegaron a la provincia. Existen proyectos pero no hay recursos y los trámites se demoran para su aprobación, precisaron.
Por otra parte, la mesa legislativa escuchó a Fausto Rayo, representante de los gremios piscicultores de la Amazonía, quien indicó que los créditos se aprueban conforme a las políticas de los bancos y no a las necesidades de los productores.
Natacha Benítez aseguró que en la sucursal de BanEcuador, en Lago Agrio, le indicaron que no hay líneas de crédito para un proyecto piscícola. David Balcazar, productor de maíz, de la provincia de Orellana, dijo que tiene un crédito, pero se enteró que debe pagar más por beneficiarse del período de moratoria por la pandemia.
Entre tanto, Ángel Pazmiño, integrante del Consejo Consultivo del Maíz, de Sucumbíos, recordó que en los bancos exigen garantes y patrimonio de parte del peticionario, razón por la cual no se pudo culminar el trámite de crédito de una mujer emprendedora para un sembrío de ciclo corto.
La gerente General de BanEcuador, luego de escuchar los plantemientos tanto de los parlamentarios como de los sectores productivos de la Amazonía, se comprometió a realizar las investigaciones del caso, tomando en cuenta que esta institución está dirigida a generar créditos oportunos, con servicio de calidad, descentralización y posibilidades de pago de acuerdo a los ciclos productivos.
Reformas Código Ambiente
La Comisión inició el tratamiento del proyecto de reformas al Código de Ambiente, de iniciativa de la asambleísta Liliana Durán, calificado por el Consejo de Administración Legislativa. La propuesta está orientada a establecer planes, programas y proyectos sobre el reciclaje, desechos sólidos y atribuciones en esta materia, por parte de los gobiernos municipales y provinciales que tendrán la facultad de crear ordenanzas con incentivos a quienes intervienen en la gestión integral de los desechos sólidos.
Liliana Durán señaló que el reciclaje de desechos desde el hogar, así como la actuación de las industrias permitirá generar acciones que contribuirán a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Dijo que su propuesta reforma el Cootad y el Código de Ambiente.
El presidente de la mesa legislativa, Alberto Zambrano, resaltó la importancia de la propuesta de la parlamentaria Durán e indicó que la próxima semana iniciarán con el tratamiento del articulado.
Reglamento Ley Amazónica
Finalmente, la Comisión de Biodiversidad rechazó el contenido y alcance del Reglamento de la Ley Amazónica, publicada el 12 de mazo de 2021. Los parlamentarios argumentaron que el documento fue publicado al apuro, sin un estudio técnico jurídico. Dijeron que se incumple con la Disposición Transitoria Séptima que determina que, en un plazo de 120 días, las entidades financieras deben establecer líneas de crédito preferente para los sectores productivos de la Amazonía
Tampoco se regula las tarifas eléctricas con políticas de promoción; no se establece las sanciones para quienes contaminen la naturaleza y el ambiente; ni se toma en cuenta el trato preferencial para la contratación de servicios, entre otros aspectos.
En este marco, la mesa legislativa exigirá al Ejecutivo una reforma al Reglamento. Para el efecto, la Comisión conformará un equipo técnico jurídico para revisar que el contenido del Reglamento de la Ley Amazónica estén en concordancia con la normativa.
Para que informen sobre las líneas de crédito para productores agropecuarios, ganaderos y acuicultores, en particular para los piscicultores de la Región Amazónica, la Comisión de Biodiversidad convocará a Xavier Lazo, ministro de Agricultura y presidente del Directorio de BanEcuador; y a Lupe Velasco, gerente general de BanEcuador B.P. La cita será el lunes 15 de marzo, a las 09h00.
Por este tema, también están citados los representantes de los gremios piscicultores, ganaderos y productores de maíz amarillo, de las provincias de Sucumbíos y Orellana, quienes informarán la situación en la que se encuentran estos sectores productivos por el azote de la pandemia del COVID-19 y la falta de incentivos para su sostenimiento y desarrollo.
También está prevista la comparecencia de Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado, quien indicará las acciones que ha realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta 2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ante la inminente construcción de un relleno sanitario recientemente contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a ser ubicado en las tierras agrícolas donde desempeñan sus actividades de subsistencia.
Luego, los comisionados iniciarán el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) y al Código Orgánico del Ambiente (Coda), presentado por la asambleísta Liliana Durán, calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Finalmente, se realizará la lectura, análisis y resolución sobre el contenido del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicado con fecha 9 de marzo de 2021 y que entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.
