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El ingreso de madereros, supuestamente de nacionalidad peruana, para realizar tala ilegal en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y en el Parque Nacional Yasuní, convocó la comparecencia de varias autoridades, de forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad.
En su turno, cada funcionario indicó las acciones emprendidas, en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, la fiscal General, Diana Salazar, señaló que a penas el viernes, 11 de diciembre de 2020, le llegó la denuncia para iniciar procesos de investigación, por parte del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Derechos Humanos.
“No solo se debe informar a la Asamblea Nacional y justificar su accionar ante una problemática”, dijo Diana Salazar. Al tiempo, pidió que las instituciones se comprometan a cumplir con sus obligaciones para poner fin a la tala ilegal en las zonas mencionadas.
La titular de la Fiscalía indicó que ante la denuncia presentada por la Fundación Alejandro Labaka y por el Fondo Ecuatoriano Populorum, se han mantenido reuniones con varias autoriddes. Respecto a las denuncias de ingreso ilegal de madereros peruanos a las zonas de aislamiento voluntario, se han realizado actuaciones preprocesales para recabar información, toma de versiones, seguimiento de los hechos y se aplicará la sanción respectiva, añadió.
Dijo que no basta con la acción aislada de la Fiscalía, es necesaria una acción conjunta de todas la instituciones del Estado para exigir que se respete nuestra frontera, para lo cual es imperativa la colaboración de las Fuerzas Armadas para que el delito flagrante entre en proceso penal. Precisó que la Fiscalía luchará contra este delito para que no quede en la impunidad.
Previamente, Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), denunció que hay personas invasoras que establecen campamentos temporales en nuestro territorio, se dedican a la extracción ilegal de las maderas más finas: cedro, caoba, chuncho, y se los llevan a través de los ríos hacia el Perú. Esta acción afecta igualmente a la fauna local y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Dijo que es preocupante que las autoridades competentes, especialmente las encargadas de salvaguardar nuestras fronteras y el área protegida, no hayan puesto cartas en el asunto para impedir que se sigan produciendo estas incursiones ilegales. No se puede permitir la afectación a nuestra biodiversidad en zonas que deben gozar de la máxima protección ambiental y tienen el carácter de intangibles; además, preocupa que estos actores pongan en muy grave riesgo las vidas de personas y comunidades amazónicas, más concretamente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Hinojosa sugirió detener estas incursiones ilegales, que las autoridades de Gobierno destinen los recursos económicos, materiales y de talento humano para poner fin a esta situación de forma inmediata; la urgente intervención de la fuerza pública; que la Fiscalía realice las investigaciones del caso y oficie, inmediatamente, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los ministerios involucrados; y se informe a la ciudadanía sobre las acciones que actualmente se están realizando en este aspecto
Entre tanto, Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka, exhortó la intervención de las autoridades para que actúen y tomen acciones para ptoreger las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Yasuní.
De su lado, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que desde febrero de 2019 hasta la actualidad, en reuniones bilaterales, se ha puesto en conocimiento de las autoridades peruanas las incursiones ilegales de madereros de este país. Dado que continúa este problema, en el primer trimestre de 2021 se insistirá sobre este particular en una nueva reunión bilateral.
Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, señaló que realizan monitoreos permanentes a la tala ilegal por parte de madereros peruanos. Dijo que el 11 de diciembre se realizó la denuncia ante la Fiscalía de Orellana, por etnocidio, invasión de áreas protegidas, delitos contra flora y fauna silvestre, marina o acuática y se solicita se sanciones con la máxima pena, además de la reparación integral a pueblos en aislamiento voluntario.
El ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, dio a conocer las acciones emprendidas para la protección de pueblos, nacionalidades y áreas protegidas. Señaló que existen 12 puntos de control. En este año se realizaron 1083 patrullajes terrestres, 449 patrullajes fluviales y 185 operativos. Se presume que las personas que realizan este ilícito portan armas por lo que el operativo debe realizarse con mucha reserva, enfatizó. Dijo que se ha interpuesto ante la Fiscalía dos denuncias: una en contra del ataque a los guardaparques y otro por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.
Los comisionados, luego de escuchar a todas las autoridades, señalaron que concuerdan con el pronunciamiento de la fiscal General de Estado, en el sentido de que no solo se debe informar para salir de paso en la Comisión, sino que deben trabajar coordinadamente para enfrentar la problemática y hacer respetar los derechos de pueblos en aislamiento voluntario, así como de la naturaleza.
Resolvieron convocar, por segunda ocasión, al Ministro de Defensa para que informe las acciones que se realizan y se ejecutarán para detener la tala ilegal por parte de madereros peruanos, tomando en cuenta que hasta que avancen los procesos de investigación el problema sigue latente. Además, cada institución deberá remitir a la mesa legislativa informes de las acciones realizadas para poner fin a esta situación. La Comisión hará un seguimiento permanente a esta problemática.
Contaminación petrolera
La Comisión, además, escuchó del ministro de Ambiente las acciones emprendidas para enfrentar la contaminación de los ríos Itaya y Napo, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, debido a la rotura de la tubería que transporta el crudo. Paulo Proaño señaló que se realizaron 14 inspecciones de control, supervisó los trabajos y monitorea procesos correctivos, de ser el caso. Una vez concluidos los procesos, Petroamazonas deberá presentar un informe que será verificado por el Ministerio de Ambiente.
El legislador Fredy Alarcón señaló que la subcomisión integrada por los asambleístas Alberto Zambrano y Edy Peñafiel constató que la contaminación es latente, por lo que solicitó al ministro Proaño, autorice la realización de nuevas pruebas de agua para verificar quesea apta para consumo humano. Paulo Proaño se comprometió a realizar un nuevo análisis, en esta semana, y poner en conocimiento de los resultados a la mesa legislativa.
La Comisión de Biodiversidad se reunirá el lunes 14 de diciembre, a las 09h00, con el fin fiscalizar temas relacionados con la explotación ilegal de madera en áreas protegidas de la Amazonía; la contaminación petrolera en Sucumbíos y Napo; la minería ilegal en Zaruma y Portovelo, con la presencia virtual de autoridades de Estado y sectores ciudadanos afectados.
Tala de árboles
En este marco, los parlamentarios escucharán a Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka (FAL), denunciantes del ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) y del Parque Nacional Yasuní (PNY), territorios destinados a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, con la finalidad de talar árboles de maderas finas que son extraídos a través de los esteros y ríos con destino al Perú.
Por este tema, la mesa legislativa invitó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores; Diana Salazar, fiscal General del Estado; Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, para que informen sobre las acciones realizadas y por ejecutar, para evitar la permanente violación a la soberanía territorial, induciendo al genocidio y/o etnocidio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuyos territorios están protegidos por la Constitución.
Contaminación petrolera
La Comisión avanzará con el proceso de fiscalización a la contaminación ambiental por derrame de petróleo. El ministro del Ambiente y Agua indicará las acciones y los planes de remediación y reparación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana, para contrarrestar la contaminación producida, el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia por la rotura de la tubería que transporta el crudo.
Minería ilegal
Por tercera ocasión, la mesa de Biodiversidad insistirá en la comparecencia de los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, así como de funcionaros que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma. Los comparecientes señalarán las acciones cumplidas y que se cumplirán para dar acatamiento a cada una de las disposiciones previstas en los decretos Ejecutivos 158 y 169, de 2017.
Limpieza y remediación
Los comisionados analizarán los Informes de fiscalización a los trabajos de limpieza y remediación realizados por las operadoras petroleras por la contaminación de los ríos Quijos, Coca y Napo, emitidos por las subcomisiones de la Comisión de la Biodiversidad, en inspecciones realizadas el 19 y 20 de noviembre de 2020, entre otros temas a ser tratados en la mesa parlamentaria.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, recordó que la actividad minera en Zaruma-Portovelo se realiza desde hace más de un siglo. La actividad dejó abierta múltiples galerías, chimeneas y cámaras, cambiando sustancialmente las propiedades físicomecánicas del sustrato rocoso. Posterior a ello se desarrolló un sinnúmero de galerías excavadas sin ningún ordenamiento minero de carácter técnico, agravándose con la intervención de mineros informales e ilegales.
Precisó que se requiere un control integral de toda la cadena de valor de oro, en cuanto a producción, transporte y comercio de minería legal, pero a su vez, promover un desarrollo productivo con miras a fomentar, por ejemplo, el turismo.
Pazmiño dijo que, en el ámbito de seguridad, en Zaruma se ejecutaron dos ejes. Por un lado, el preventivo, con 693 operaciones, dando como resultado 75 detenidos. De otro lado, el investigativo con un total de 10 detenidos. Dijo que desde el Gobierno se propone la ampliación de la zona de exclusión minera a 370 hectáreas (antes 215), a fin de disminuir riesgos a la estabilidad de la zona, debido a nuevas concesiones.
De inmediato, Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, dijo que hay actividades que se desarrollan por parte del Ministerio de Gobierno, pero sigue habiendo mineros ilegales y es difícil el control en algunas zonas de la parte periférica. En cuanto a la ampliación de la zona de exclusión minera, indicó que tiene que ser en base a un análisis técnico y socializado con la población y el sector.
Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo, insistió en la devolución de las regalías mineras, coincidió con el alcalde de Zaruma en que los operativos no son suficiente para controlar la minería ilegal.
El ministro Pazmiño dijo que la ampliación de la zona de exclusión minera está en trámite y se comprometió a realizar intervenciones de forma periódica, con el concurso de los gobiernos autónomos descentralizados de Zaruma y Portovelo, para combatir la minería ilegal que requiere de un control integral.
Contaminación petrolera
La Comisión de Biodiversidad también fiscalizó la contaminación por derrame de petróleo en las provincias de Sucumbíos y Napo, especialmente, la afectación a la comunidad 18 de noviembre. Su representante, Fernando Ajila, a través de un video demostró la afectación por la contaminación petrolera, ocasionada el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia. Aseguró que son 470 familias las afectadas.
El asambleísta Fredy Alarcón recordó que este miércoles, 9 de diciembre, junto con los legisladores Eddy Pañafiel y Alberto Zambrano realizarán una visita in situ para verificar el grado de afectación por la rotura de la tubería por donde se transporta el crudo hacia la estación de Petroamazonas.
Entre tanto, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, indicó que los hechos no generaron afectaciones a terceros. Los dos casos están relacionados a emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos.
Autoridades y personal técnico de Petroamazonas detallaron el seguimiento y control en casos de emergencias ambientales. Explicaron los procesos de compensación social, la infraestructura de reparación, cambios de tramos de tubería y demás acciones ejecutadas tras los eventos ocurridos en Shushufindi.
Los funcionarios concluyeron que las actividades de la industria hidrocarburífera pueden generar impactos que se encuentran identificados en los planes de manejo ambiental y mediante su ampliación se genera la acción inmediata. A la fecha, la limpieza de los eventos ocurridos en noviembre se encuentra 100 % concluida, además existe la presencia de técnicos del Ministerio de Ambiente para el muestreo final con un laboratorio acreditado, señalaron.
Según las explicaciones generadas, los dos eventos no generaron afectación a cuerpos hídricos. El uno ocurrió a 283 metros respecto del río Itaya; el segundo, a 17 kilómetros del río Napo.
Los parlamentarios dijeron que hay dos versiones que se han presentado en la mesa legislativa, de los representantes de la comunidad 18 de noviembre y las autoridades de Recursos Naturales no Renovables y Petroamazonas. La visita al territorio será fundamental para verificar quién tiene la razón, pero lo más importante es llegar a acuerdos para encontrar soluciones, coincidieron.
Ecu 911
Juan Zapata, director de Ecu 911, compareció en la Comisión de Biodiversidad para explicar los servicios integrados de seguridad en las provincias de la Amazonía, detalló el modelo nacional, estructura operativa, mecanismos de alerta y distribución de centros zonales. Informó que, de conformidad con los registros, el 51 % de alertas corresponden a la Costa; el 44 %, a la Sierra; y el 4.6 % a la Amazonía.
Dijo que el Ecu 911 es el responsable del protocolo para servicios de emergencia y seguridad, en coordinación y colaboración de los servicios del sistema en el que participan el Ministerio de Salud y el IESS. Dijo que está en proceso las acciones para que todos los Cuerpos de Bomberos se incorporen a la red. Mencionó que es necesaria la compra de más ambulancias y exhortó a las unidades locales para la suscripción de convenios.
Comparecencias
La mesa de Biodiversidad resolvió citar a los ministros de Ambiente y Agua, Relaciones Exteriores, Defensa, a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, para que informen sobre el ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Nacional Yasuní
La Comisión de Biodiversidad realizará la fiscalización a la contaminación producida el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya y Napo y sus áreas de influencia, esto por la rotura de tubería que transporta el crudo. Por este tema convocará a los ministros de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz; y al gerente general de Petroamazonas, Franklin Paredes, quienes informarán las acciones y los planes de remediación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
La mesa legislativa también realizará el control político del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, por tanto, invitará a Juan Zapata, director general de esta institución, para que explique sobre los mecanismos y formas de brindar los servicios en las provincias de la Amazonía, en virtud de las constantes quejas y denuncias acerca de la ineficacia del citado servicio.
Así mismo, proseguirán con la fiscalización a la problemática que enfrentan los cantones Zaruma y Portovelo por efecto de la minería ilegal, y la contaminación de ríos en Santa Rosa, provincia de El Oro.
En este marco, los parlamentarios citaron por segunda ocasión, a los ministros de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Salud, Juan Carlos Zevallos; de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, quienes, en el ámbito de sus competencias, informarán las acciones cumplidas y que se cumplirán para dar acatamiento a cada una de las disposiciones previstas en los Decretos Ejecutivo No. 158 y 169 de 2017.
Igualmente, la mesa legislativa, recibirá a Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, a Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo; y a Larry Vite, alcalde del cantón Santa Rosa, para que según corresponda, expresen sus inquietudes y demandas respecto de las acciones cumplidas por el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo- Zaruma. Así mismo, sobre la situación de contaminación en la que se encuentran los ríos Calagura, Santa Rosa y Estero Medina, por efectos de la minería ilegal.
En esta reunión virtual, también estarán presentes funcionarios que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma, a quienes se les convoca por segunda ocasión.
La Comisión de Biodiversidad retomó el control político a la problemática que enfrentan los cantones de Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro, por efecto de la minería ilegal que afectó a la zona urbana, así como la contaminación de los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina. Varias autoridades vinculadas con el tema comparecieon y explicaron las acciones emprendidas. En esta reunión también estuvieron presentes alcaldes de los dos cantones quienes solicitaron del Estado la devolución de regalías mineras para obras del sector.
En la sesión virtual, Franco Fernández, vicepresidente de la Comunidad Zarumeña, solicitó a la Comisión realizar una visita in situ a la zona de Portovelo-Zaruma, con la presencia de todas las autoridades de Estado, a fin de verificar los daños que ha generado la minería ilegal en el caso urbano. El objetivo es llegar a soluciones y consensos en conjunto. Únanse a la causa común para luchar por Zaruma, dijo.
Por su parte, Jhansy López, alcalde de Zaruma, informó los proyectos que ejecutan en el marco de sus competencias, como el proyecto de agua potable y alcantarillado. Demandó acciones sobre la zona de exclusión minera y zonas de protección, además de atención en seguridad y salud.
Mientras que, Paulina López, vicealcaldesa de Portovelo, informó sobre los casos de minería ilegal que a la vez generan problemas de inseguridad. Aclaró que los recursos de la remediación del área minera fueron manejados por el Comité de Remediación y Fomento Productivo. Exigió la devolución de regalía mineras.
Entre tanto, la legisladora Rosa Orellana detalló las actividades gestionadas por la contaminación que afecta a los ríos del cantón Santa Rosa, a consecuencia de la actividad minera. Recordó las atribuciones del gobierno autónomo municipal. En cambio, Miguel Torres, presidente de las Fuerzas Aliadas, solicitó continuar las acciones establecidas en la hoja de ruta con la participación de varias autoridades, a fin de que se logre la descontaminación de los ríos.
Fredy Orellana, activista social, fue enfático al señalar que la gente está tomando arsénico en Santa Rosa debido a la minería ilegal que afecta a los ríos de este cantón. Dijo que es necesario declarar área de protección a la cuenca alta del río. La asambleísta Liliana Durán, recordó el contenido de los decretos ejecutivos referentes al área minera de Portovelo – Zaruma e indicó que lamentablemente la subcomisión que se conformó en el Pleno para dar seguimiento de la situación no realizó su función de acompañamiento para dar solución a esta problemática. Hoy la Comisión de Biodiversidad retorma el control político y de fiscalización de este tema, precisó.
Sandra Argoty, titular de Planifica Ecuador, explicó los tres ejes de acción para la remediación, recuperación y fomento productivo de la mencionada área minera, además que se creó dos subcomités con un plan estratégico emergente con enfoque en gestión de riesgos y fomento productivo de los GAD de Portovelo y Zaruma. A futuro se debe revisar planes de desarrollo de ordenamiento territorial alineados al Plan Nacional de Desarrollo Sostenible.
El ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, recordó que el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera ilegal de Portovelo-Zaruma lo preside el Ministerio de Gobierno que es el que se encarga de combatir este delito. Mencionó que muchos proyectos asignados a esta Cartera de Estado no se concretaron por que los recursos se reasignaron para otras obras, debido a la pandemia Covid 19. Dentro de la competencia exclusiva de esta Cartera de Estado, con el fin de proteger a la ciudad, se propuso una nueva zona de exclusión minera, con 373 hectáreas, que incluye la planta de potabilización de agua.
César Vásquez, funcionario de este Ministerio, subrayó que en este mes estaría concluida la propuesta de la nueva zona de exclusión, cuya normativa será expedida mediante acuerdo. Señaló que, actualmente, un equipo técnico se encuentra realizando el inventario de pasivos ambientales mineros en el sector. Al referirse a los operativos de control, seguimiento e intervención a la minería ilegal, precisó que desde el 2017 se realizan inspecciones; en el 2020, se efectuaron 30 operaciones, hay 18 personas detenidas y se decomisaron 150 bultos.
En su momento, Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, informó que desde el 2017 hasta la presente fecha se han realizado 349 inspecciones, operativos, notificaciones, solicitud de planes y expedición de acciones administrativas y legales para combatir la minería ilegal en Zaruma-Portovelo. Indicó que de las inspecciones técnicas a los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina, se determinó el incumplimiento de 49 concesiones mineras. Dijo que es necesario generar acciones conjuntas en la lucha por la minería ilegal.
El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, informó que, tras la expedición de los decretos 158 y 169 sobre el área minera en Portovelo-Zaruma, se trabajó en la Agenda Habitat y Saneamiento, así como el emprendimiento de acciones en el marco del Plan de Recuperación y Fomento Productivo. En Zaruma se constituyó 71 viviendas en terreno propio; en Porovelo se ejecutó 19 viviendas y dentro del programa Casa para Todos está prevista la construcción de 100 viviendas. Indicó que esta cartera de Estado elaborará una norma específica para resolver la afectación puntual a los dos cantones.
Vicente Taiano González, ministro de Inclusión Económica y Social, mencionó que a noviembre de 2020, en Zaruma y Portovelo, se encuentran habilitados 3148 usuarios en transferencias monetarias no contributivas del Sistema de Protección Social Integral; se cuenta con una inversión acumulada de 3 264 261 dólares, desde octubre de 2017 a octubre de 2020. Señaló que el bono emergente es una de las acciones de su gestión, a raíz del decreto 169 respecto al área minera. También explicó sobre los bonos de desarrollo humano, protección familiar por el Covid-19 y el apoyo nutricional.
De su lado, Romel Salazar, director General de Gestión de Riesgos, recordó que con el Decreto Ejecutivo 158 se estableció el estado de excepción, el 15 de septiembre de 2017, a partir del cual se toma acciones por parte de las instituciones públicas y privadas. Dijo que desde el 2018 hasta la presente fecha se realiza el Plan para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área, por parte del Comité creado para ese objetivo. Informó que se ejecutó el proyecto de generación de información geoespacial en el área minera para reducir los riegos naturales y antrópicos y se preparó un plan de rehabilitación en la zona.
Insistencia de comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió citar por segunda ocasión al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Salud, Juan Carlos Zevallos; y ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, para que, en el ámbito de sus competencias, expliquen las acciones generadas para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones previstas en los decretos ejecutivos 158 y 169. Luego de estas comparecencias, los comisionados establecerán acciones inmediatas a seguir.
En otro orden, debido al pedido de los alcaldes de los cantones de Zaruma y Portovelo, los comisionados resolvieron exigir al Ministerio de Finanzas la entrega puntual de recursos por regalías que produce la actividad minera para obras en estos sectores.
Con ocho votos a favor, la Comisión de Biodiversidad resolvió retomar el proceso de fiscalización a la problemática que enfrenta el cantón Zaruma, debido al hundimiento del subsuelo provocado por la minería clandestina, así como la contaminación ambiental ocasionada en varias fuentes hídricas del cantón Santa Rosa, de la provincia de El Oro. Para conocer las acciones emprendidas para dar soluciones integrales serán citados, la próxima semana, el Ministro de Ambiente y Agua y el titular de la Agencia Nacional de Control Minero (Arcom).
Previo a tomar esta resolución, los comisionados expresaron su rechazo por la inacción de la comisión ocasional que se conformó en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 6 de febrero de 2020, encargada de dar seguimiento a lo dispuesto en los decretos ejecutivos con los que se ordena la creación del Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera, así como de los acuerdos ministeriales que dispusieron la intervención y remediación de las zonas de exclusión de Zaruma.
Dicha Comisión Ocasional, de acuerdo a la voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional, tenía el plazo de 45 días para el cumplimiento de este fin específico y estaba conformada por siete asambleístas, quienes inobservaron dicho proceso de control político. Este particular, motivó a la legisladora Rosa Orellana solicitar a la Comisión de Biodiversidad retome este caso, hasta encontrar soluciones reales.
Pesca pequeña escala
En otro orden, por unanimidad, la Comisión de Biodiversidad citará, de forma virtual, a Melisa Verpile, asesora de Parlamentarios por la Acción Global – PGA; y, a los técnicos Teddy Escarabay y Enrique Alonso para que den sus aportes sobre la capacidad para crear conciencia sobre el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala durante el Covid-19.
Además, los especialistas informarán la problemática que este sector enfrenta por la presencia de la pesca comercial, cuyos cambios tecnológicos y sociales perjudican la manera tradicional de pesca, afectando la sostenibilidad del medio marino y amenazado los ecosistemas tradicionalmente utilizados por la pesca en pequeña escala.
El pedido lo formuló la asambleísta Liliana Durán, quien señaló que los Parlamentarios por la Acción Global es una red internacional sin fines de lucro y no partidista que informa y moviliza a los parlamentarios en todas las regiones del mundo para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, discriminación e igualdad de género. En esta ocasión, solicitan a través de la Comisión de Biodiversidad crear conciencia sobre el desarrollo y crecimiento de la pesca artesanal.
Derechos Humanos
La Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, debía comparecer ante la Comisión de Biodiversidad, para indicar las razones por las cuáles no acata las resoluciones establecidas por la mesa legislativa que constan en el informe semestral No. 13 de la Declaratoria de Interés Nacional sobre la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. La funcionaria envió una excusa a la mesa legislativa indicando que por compromisos adquiridos con anterioridad no puede asistir a este llamado. Los parlamentarios resolvieron no volver a citar a la funcionaria.
Los legisladores recordaron que todas las instituciones inmersas en la Declaratoria de Interés Nacional, entre ellos: Derechos Humanos, tienen que informar a la Asamblea Nacional sobre las posibles afectaciones en el área intangible, razón por la cual esta institución deberá complementar la información solicitada por los parlamentarios y solo allí, la Comisión podrá volver a tratar el informe semestral No. 13.
Zambrano recordó que, el 14 de septiembre de 2020, la Comisión de Biodiversidad negó el informe enviado por las instituciones del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional y solicitó que los ministerios respectivos remitan información completa; sin embargo, la Secretaria de Derechos Humanos, en comunicación dirigida al presidente de la mesa legislativa, pide que se apruebe o rechace el informe No. 13.
La Comisión de Biodiversidad, que preside el asambleísta Alberto Zambrano, convocará de forma virtual, a la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, para que indique las razones por las cuáles no acata las resoluciones establecidas por la mesa legislativa que constan en el informe semestral No. 13 de la Declaratoria de Interés Nacional sobre la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. La sesión se realizará el lunes 23 de noviembre, a las 14h00.
Zambrano recordó que el 14 de septiembre de 2020, la Comisión de Biodiversidad negó el informe enviado por las instituciones del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional y solicitó que los ministerios respectivos remitan información completa; sin embargo, la Secretaria de Derechos Humanos, en comunicación dirigida al presidente de la mesa legislativa, pide que se apruebe o rechace el informe No. 13.
En este marco, para que explique los argumento previstos en el oficio SDH-20-1028-OF, de fecha 21 de octubre de 2020, la Comisión resolvió citar a la funcionaria.
Otro de los temas a ser tratado en la Comisión es el pedido de resolución planteada por la asambleísta Liliana Durán, para que comparezcan Melisa Verpile, asesora de Parlamentarios por la Acción Global (PGA); así como, los técnicos Teddy Escarabay y Enrique Alonso, representantes de la Asociación de Pesca Sostenible, para que den sus aportes sobre la capacidad para crear conciencia sobre el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala, durante el COVID-19.
También, darán a conocer la problemática que este sector enfrenta por la presencia de la pesca comercial, cuyos cambios tecnológicos y sociales perjudican la manera tradicional de pesca, afectando la sostenibilidad del medio marino y amenazando los ecosistemas utilizados por la pesca en pequeña escala.
En la Comisión de Biodiversidad, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia organizada, es necesario establecer en el Código Integral Penal (COIP), un procedimiento diferenciado para el juzgamiento en ausencia, punto importante para evitar la impunidad en el país.
Además, indicó que hace falta el incremento presupuestario para lograr una mejor especialidad por tipo penal, fortalecer la cooperación interinstitucional para lograr operativos conjuntos y oportunos, a fin de tener una misma línea de acción entre el Ministerio del Ambiente, secretarías de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Policía Nacional, Fuerzas Armadas; así como alianzas de cooperación internacional con países fronterizos en ciencias especializadas en la persecución de esta clase de delitos ambientales.Diana Salazar, informó que esta institución no cuenta con fiscalías especializadas para conocer delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad. Precisó que son las unidades de Personas y Garantías las que conocen este tipo de delitos conforme lo determina el Código Integral Penal. Para mejorar los procesos de investigación de los delitos contra la biodiversidad y la naturaleza, especialmente en los delitos contra la fauna y flora silvestre, destacó la capacitación de 57 servidores de las fiscalías del Azuay, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Sobre la investigación de delitos ambientales, la titular de la Fiscalía, señaló que la Dirección de Investigación Civil realizó un análisis de georreferenciación del delito mediante la herramienta tecnológica “Server” donde se identifica la ubicación geográfica de los presuntos delitos contra el ambiente y la naturaleza. Este mecanismo permite el levantamiento de información en espacios acuáticos y terrestres para conocer si el delito se ejecuta en zonas determinadas como reservas y genera así un análisis multitemporal mediante sistemas de información geográfica, cartografía delictual y procesal en línea que facilita en entendimiento de la dinámica del cometimiento de los delitos en el territorio.
Ante las inquietudes de los Comisionado, sobre la pesca ilegal en Galápagos, Diana Salazar, mencionó que la Fiscalía inició las indagaciones sobre posibles delitos contra la flora y fauna. En este marco, se han dispuestos varias diligencias, aseguró la autoridad. Se trata de un hecho delictivo que se ubica dentro del crimen organizado transnacional, que son complejas estructuras delictivas que se asocian para cometer este tipo de actos y para ello, necesariamente hay que recurrir a instancias a nivel internacional para solicitar información de los nombres de las personas que están detrás de estas estructuras para realizar la investigación, indicó.
De inmediato, los legisladores recibieron de manera virtual a Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, quien en representación del Ministerio de Ambiente, explicó sobre la protección de los recursos marinos. Precisó que tienen regulación propia sobre las 40 millas de reserva marina. Este se efectúa con un registro pesquero en el cual se define en número de pescadores y embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos, informó. Dijo que de las 366 embarcaciones, 250 están activas; de los 1.100 pescadores, participan 460, es decir, el 65% no ejerce la actividad pesquera.
Señaló que desde el 2018 hasta la fecha existen 136 embarcaciones pesqueras industriales con bandera ecuatoriana que han ingresado a la reserva marina de Galápagos que fueron detectadas por el sistema de control y vigilancia satelital, a quienes se les realiza procesos administrativos por incumplimiento de la Ley Especial de Galápagos.
Rueda planteó reformas al COIP a fin de sancionar por acciones u omisiones, en casos de pesca ilegal en el área de reserva marina, así mismo la necesidad de endurecer las penas por delitos ambientales que deberían ser imprescriptibles. Respecto al monitoreo realizado durante el presente año a la pesca ilegal, informó que cuentan con las embarcaciones y personal para el trabajo que se comparte con la Armada del Ecuador.
Al ser consultado sobre la ampliación de la reserva marina de Galápagos, precisó que la posición del Ministerio de Ambiente, depende del informe que levanta un equipo científico. Cuando contemos con el informe técnico completo, que podría estar listo antes del cierre de este año, tomaremos una decisión que podría enmarcarse en la definición de una nueva área marina protegida, explicó el delegado de la autoridad de Ambiente.
Manifestó que Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) donde se establece el marco jurídico de cooperación para proteger especies amenazadas en peligro de extinción.
En cambio, Bernardo Hidalgo, subsecretario de Acuacultura y Pesca, explicó que el Reglamento de la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, se encuentra en proceso de elaboración con la ayuda de una consultoría y comité revisor del contenido. Adelantó que hasta finales de noviembre se realizará la socialización del documento con los actores involucrados y que en la tercera semana de diciembre se estaría entregando al Ejecutivo el documento borrador del reglamento.
Dijo que en el documento además se establecerán medidas ejemplificadoras tanto en las sanciones para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en zonas no permitidas, así como, castigar de manera categórica la reincidencia cuando existen comercialización de pesca incidental no justificada.
Subrayó que en el caso de personas que están comercializando cualquier tipo de recursos de manera no justificada, producto de una pesca incidental, serán sancionados con lo máximo que determina la normativa, por tanto, en el Reglamento se trabaja para aplicar la reincidencia de este caso con la revocatoria del permiso otorgado por la autoridad pesquera.
Visitas a territorio
Los asambleístas Javier Casanova y Liliana Durán, conjuntamente con los representantes del Ministerio del Ambiente, serán los encargados de realizar la visita al cantón la Concordia, específicamente a los lugares de Santa Martha 2 y Agromache, para verificar las denuncias de los pobladores sobre la posible construcción del relleno sanitario, que estaría afectando a este poblado.
En otro orden, los parlamentarios establecieron un recorrido de verificación de los trabajos de remediación en los ríos Quijos, Coca y Napo, en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana por el derrame petrolero del 7 de abril de 2020. Para el efecto, se establecieron subcomisiones de legisladores para hacer el recorrido a estos lugares los días 19 y 20 de noviembre.
Dirigentes de la Cooperativa de Minería Artesanal Cerro Rico de Zaruma, en la sesión 58 de la Comisión de Biodiversidad, pidieron que el Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), regularice la actividad de pequeños mineros y mineros artesanales en la zonas de Zaruma y Portovelo. Esto, en el marco de la definición del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Simón Castro y Mirelis Tituaña, presidente del gremio y asesor jurídico, respectivamente, destacaron la necesidad de que la reforma garantice la regularización de la labor de este grupo poblacional, el cual ha sido constantemente maltratado. Hemos realizado fuertes inversiones en equipos, instalación e infraestructura, lo que significa deudas con el sistema financiero, pero hoy estamos paralizados y sin una respuesta clara, señalaron.
Destacaron que el titular del Parlamento, César Litardo, en días pasados, verificó in situ la situación del sector y que la legisladora Rosa Orellana, de El Oro, acogió esta inquietud. Requerimos contratos dignos e incluso estamos dispuestos a contribuir con el Estado, con el pago directo del 3 % de regalías, respetando la naturaleza, los ríos y quebradas, sostuvieron.
Compromiso
Los mineros artesanales son los que descubrieron los yacimientos, hace muchos años. Sin embargo, de a poco, han sido desplazados de los sitios de trabajo, coincidieron en manifestar los parlamentarios Freddy Alarcón, Liliana Durán y Absalón Campoverde. Es fundamental que se reconozca y respete oficialmente su labor, en igualdad de oportunidades que las grandes compañías nacionales e internacionales, así como las concecionarias.
Freddy Alarcón, encargado de conducir la reunión como vicepresidente de la mesa, anunció que se pedirá una información sobre la acción de la Comisión Ocasional que debía tratar la problemática minera en El Oro, según lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 06 de febrero de 2020.
Resolución caso aletas de tiburón incautadas
En otro ámbito, el organismo conoció las comunicaciones enviadas por la Organización no Gubernamental “One Health”, que pide hacer seguimiento al caso de 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas por las autoridades de Hong Kong, meses atrás, cuyo petitorio es respaldado por más de 40 organizaciones internacionales y ciudadanas del país.
Al respecto, la mesa aprobó una resolución, con nueve votos afirmativos, por medio de la cual se dispone las comparecencias, en los proximos días, de las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado, Viceministerio de Acuacultura y del Ministerio del Ambiente. Los temas se refieren a la investigación de los delitos contra el ambiente; las correspondientes sanciones contra la flora y fauna silvestre; los reportes de pesca incidental y reportes de tiburones capturados (2013 – 2020), además, la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados, entre otros puntos.
El legislador Juan Cárdenas comentó que el caso de aletas de tiburón se ha convertido en un gran negocio, sin importar que son especies en peligro de extinción. Señaló que es urgente enfrentar una actividad depredadora, haciendo respetar el patrimonio marítimo del país y la soberanía de la zona exclusiva.
En el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, la Comisión de Biodiversidad sesionará el lunes 9 de noviembre, a las 09h00, para recibir de forma virtual las observaciones de parte de Simón Castro, presidente de la Cooperativa de Minería Artesanal Cerro Rico de Zaruma.
Entre otros aspectos, el proyecto busca apoyar y regular la minería artesanal y pequeña minería, con el otorgamiento de los respectivos permisos para ejecutar esta actividad; se prohíbe toda actividad minera, metálica y no metálica, en cualquiera de sus fases, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos y poblados y en zonas declaradas como áreas intangibles. Las restricciones a las actividades mineras en fuentes de agua serán las que se encuentran ya establecidas en la Constitución y la ley.
Los Comisionados, también, conocerán, analizarán y resolverán sobre las observaciones realizadas por Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, respecto de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, que no fue aprobado por la Comisión en sesión No. 50 realizada en modalidad virtual el 14 de septiembre de 2020.
De inmediato, los parlamentarios conocerán las comunicaciones enviadas por la Organización no Gubernamental “One Health”, por la cual piden hacer seguimiento al caso de 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas por las autoridades de Hong Kong meses atrás, petitorio que es respaldado por más de 40 organizaciones internacionales.
