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Las gestiones realizadas por la Comisión de Biodiversidad para dar solución a la obtención de escrituras a los posesionarios de predios rústicos ubicados en el área de influencia de la Reserva Cayambe Coca, llegó a acuerdos puntuales por parte del ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien se comprometió a realizar mesas técnicas con el Ministerio de Agricultura, GAD de la Amazonía, tomando en cuenta que desde hace 60 años los ciudadanos están asentados en esos territorios.
El ministro de Ambiente y Agua, en su comparecencia virtual, indicó que el Código de Ambiente no establece cómo proceder para la adjudicación de tierras en los casos como el de los posesionarios de El Chaco, que tienen este derecho, razón por la cual la Cartera de Estado trabaja en una norma técnica y su respectivo instructivo donde se establece el procedimiento para la adjudicación, que entre otros aspectos debe constar el valor de tierra que debe ser cancelado, subsanar límites de áreas protegidas, es decir, buscar alternativas en beneficio de la naturaleza y derechos humanos.
En el debate de este tema los comisionados defendieron el derecho que tienen los posesionarios de El Chaco para acceder a la titulación de tierras por derecho de concesión ancestral. Además, dijeron que existen otros casos similares a nivel nacional a los que debería darse atención. En esta misma línea se pronunciaron el alcalde subrogante de El Chaco, Fredy Larrea y el concejal rural, Gildo Velasco, quienes mencionaron que son 300 finqueros que están afectados por la falta de titulación de tierras.
Salud
A la Comisión de Biodiversidad debía comparecer Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, quien debía informar sobre la remuneración a los posgradistas autofinanciados y becados, así como los resultados de los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar nombramientos definitivos a trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del Covid 19, así como el sobreprecio en las fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza. El funcionario presentó su excusa por tener compromisos adquiridos con anticipación.
Este pronunciamiento generó el rechazo de los parlamentarios, quienes con 8 votos resolvieron volver a citar al Ministro de Salud para la próxima sesión, a fin de que informe los temas antes expuestos, así como las razones técnicas de la desvinculación de los servidores de la salud en la provincia de Pastaza, el resto del país y el correspondiente plan para mantener la atención de salud bajo las condiciones de la pandemia y otras enfermedades, entre otros aspectos.
Los comisionados también escucharon a Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) y a Julia Landázuri, secretaría técnica, quienes indicaron que por la emergencia sanitaria se transfirieron del Fondo Común al Ministerio Salud Pública 7 millones 250 mil dólares para atender la pandemia en la Amazonía, para talento humano, equipos de bioseguridad, salas de aislamiento, etc.
Hurtado dijo que es penoso que algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no invirtieron los recursos y tendrán que ser devueltos al Consejo de Planificación y Desarrollo para ser utilizados en proyectos de desarrollo. Este particular provocó malestar en los parlamentarios y anunciaron un proceso de fiscalización a los representantes de cada GAD, quienes no ejecutaron la gestión de salud en cada territorio.
De su lado, Julia Landázuri mencionó que se suscribió 22 convenios con los GAD, por efecto de la emergencia sanitaria, razón por la cual debían presentar su respectivo plan de emergencia, cuyos procesos no fueron ágiles. De un total de 2 millones 894 mil dólares, se devengó un millón 328 mil dólares, es decir, el 48, 83 %; mientras que, del valor entregado al Ministerio de Salud para contratación de personal médico, equipamiento para adecuación de zonas de aislamiento, equipos de bioseguridad, medicamentos y dispositivos médicos, insumos de desinfección, pruebas rápidas de Covid 19, por un total de 4 millones 350 mil dólares, se devengó 2 millones 182 mil dólares, es decir, apenas el 50.2 %.
Creación universidades
Otro tema abordado por los parlamentarios con los representantes de la CTEA fue la entrega de recursos para la creación de las cuatro universidades en la Amazonía, así como de los Institutos Tecnológicos. El legislador Edy Peñafiel cuestionó la gestión realizada por los funcionarios por la falta de entrega de recursos del Fondo Común a la Senescyt, para avanzar con los procesos para la creación de los centros de estudio superior.
Alex Hurtado indicó que la Senescyt en el 2019 no presentó a tiempo los justificativos, razón por la cual se generó cuentas de arrastre, lo cual impide al CTEA. Sin embargo, dijo que hará gestiones para transferir los valores correspondientes hasta este fin de semana.
Visita in situ
La Comisión de Biodiversidad debía realizar una visita y recorrido a las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo, para verificar la remediación efectuada por el derrame petrolero del pasado 7 de abril de 2020, este 8 de octubre. Con 8 votos, los comisionados resolvieron hacerlo el 15 y 16 de octubre, tomando en cuenta las consideraciones enviadas por escrito por el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, quien señala que los procesos ambientales de limpieza y remediación, contemplan varias fases y esferas de acción que deben ser observadas, previo a la realización de una inspección in situ.
En este contexto, precisa que para realizar la visita propuesta en compañía de la subcomisión de asambleístas es necesario que la Cartera de Estado coordine con los operadores los asuntos inherentes de observación obligatoria que se suscita en los ríos Quijos, Coca y Napo, esto con la finalidad de que la visita se desarrolle sin ningún inconveniente que pueda entorpecer la misma. Aspecto que fue acogido por los parlamentarios y resolvieron postergar la visita.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó para el lunes 5 de octubre, a las 09h00, a los Ministros de Ambiente, de Salud Pública, así como, a representantes del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y sectores ciudadanos, con quienes se tratará sobre la obtención de escrituras de predios rústicos, la entrega de recursos para atención médica para enfermos por Covid 19; sobreprecios en fundas para cadáveres en el Hospital Puyo, entre otros temas.
En la sesión virtual, los comisionados recibirán a Paulo Proaño Andrade, ministro de Ambiente y Agua, para que informe por qué no se ha dado atención a los requerimientos realizados por los posesionarios de los predios rústicos ubicados en el área de influencia de la Reserva Cayambe Coca, en el cantón El Chaco, de la provincia de Napo, quienes están impedidos de obtener las escrituras de propiedad de sus tierras, muy a pesar de que entraron en posesión de sus fincas, antes de la fecha en que se instituyó la creación de la citada reserva natural. Se busca establecer plazos para dar solución a esta problemática.
Cuando se trate este tema, se dará la palabra a Fredy Lema Oña, alcalde del cantón El Chaco (subrogante); a Jaime Coro, presidente de los posesionarios afectados de esta circunscripción y a Gildo Velasco Alulema, concejal rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, quienes expondrán la situación que atraviesan.
De inmediato, Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, en el ámbito de sus competencias, deberá explicar respecto del Plan Integral para la Amazonía sobre el acceso al servicio de salud, y lo que dispone la Disposición Transitoria Octava y Novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, sobre la remuneración a los posgradistas autofinanciados y becados.
Igualmente, informará los resultados de los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus. También, los sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo, y el uso de los recursos generados por la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica asignados al Ministerio de Salud Pública para ser invertidos en el tratamiento de pacientes afectados por Covid-19, en las provincias Amazónicas.
Con este tema, comparecerán también, Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; y, Julia Landázuri, secretaría técnica de la CTEA, quienes, en el ámbito de sus competencias, indicarán la situación actual de las inversiones de los fondos provenientes de la Ley Amazónica, que por la emergencia sanitaria fueron transferidos al Ministerio de Salud Pública.
Seguidamente, los parlamentarios resolverán sobre la visita y recorrido a las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo, para verificar la remediación efectuada por el derrame petrolero del pasado 7 de abril de 2020, que podría realizarse este 8 de octubre; y finalmente, revisarán el borrador del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ambiente.
La Comisión de Biodiversidad lleva adelante el tratamiento el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de estructurar el informe para segundo debate. Los parlamentarios escucharon a la asambleísta Gloria Astudillo, quien pidió se incluya en las reformas a esta normativa la figura de impacto a perpetuidad que está orientado a proteger los páramos, humedales y ríos que son afectados por el impacto de los proyectos mineros.
La parlamentaria señaló que la Autoridad Única del Agua y el ente rector de Ambiente deberán otorgar las licencias y permisos correspondientes para realizar actividades de minería, cuando la persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto demuestre de forma razonable, suficiente que la actividad que se pretende ejecutar no va a generar impactos a perpetuidad que afecten la calidad del agua.
Aclaró que el impacto a perpetuidad son todos los daños ambientales que comprende persistencia indefinida e incertidumbre irresoluble, por tanto, la persona natural o jurídica interesada en realizar actividad minera, deberá acreditar con evidencia científica suficiente, un estudio de hidrogeoquímica que incluya calidad y cantidad de agua, aguas superficiales y subterráneas, así como del sistema de agua que se vea afectado.
Luego, los comisionados escucharon a Enrique Serrano, representante del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca; y, a Andrés Eduardo Ángel, delegado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quienes señalaron que en normativa de algunos países de América ya se toma en cuenta el manejo a perpetuidad, tras el cierre de una mina, por la amenaza inminente sobre las fuentes de agua. Ecuador debe tomar en cuenta en su legislación este particular. Por ello dijeron que se debería prohibir la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos y fuentes de agua.
El legislador Juán Cárdenas señaló la importancia de tomar en cuenta estos temas en las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, el tema del impacto a perpetuidad que es un elemento no solo que genera conciencia sino un desafío para cuidar nuestra casa.
Erosión regresiva río Coca
En la Comisión de Biodiversidad, Boris Ochoa Tocachi, máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, y Carolina Bernal, docente Investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, abordaron la problemática que representa la erosión regresiva del cauce del río Coca, un fenómeno natural que pone en riesgo la infraestructura energética del país.
Dijeron que el problema se suscita el 2 de febrero cuando colapsó la cascada San Rafael y se debió tomar las precauciones del caso que luego derivaron en la rotura de las tuberías del OCP, Sote y poliducto Shushifundi; y, ahora generan alerta naranja en la infraestructura del proyecto Coca Codo Sinclair.
Los especialistas sugirieron como visión a futuro la planificación en base a marcos de referencias sociales que remplazan modelos y teorías de poca efectividad que impulsa acciones inmediatas para alcanzar metas a largo plazo, para lo cual se necesita coordinación y liderazgo institucional desde las competencias vinculadas; la necesidad de obras civiles de contención, monitoreo activo de condiciones climatológicas e hidrológicas de la cuenca.
Comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió citar al Ministro de Ambiente y Agua, a fin de tratar el pedido del Alcalde del cantón El Chaco en la provincia de Napo y los posesionarios de predios rurales ubicados en esa circunscripción, afectados por la delimitación del Parque Nacional Cayambe Coca, quienes piden solución para la titulación de sus fincas.
En otro orden, los parlamentarios también decidieron citar al Ministro de Salud, al Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica; y, a la Secretaria Ejecutiva de la CTA, para que expliquen, en el ámbito de sus competencias, sobre las acciones ministeriales y el estado del cumplimiento para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid 19; también, respecto de los sobreprecios detectados en la compra de fundas para cadáveres en el Hospital Puyo de la provincia de Pastaza; y, señalen sobre el uso de los recursos públicos provenientes del Fondo Común.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó a una sesión virtual, para el lunes 28 de septiembre, a las 09h00, con el fin se hacer seguimiento y fiscalización al pedido de los posesionarios de predios rurales ubicados en el cantón El Chaco, de la provincia de Napo, afectados por la delimitación del Parque Cayambe-Coca, quienes expondrán la problemática que enfrentan por la falta de titulación de sus predios.
Luego los parlamentarios recibirán a Boris Ochoa Tocachi, PhD en Ingeniería Civil y Ambiental y máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos; y, a Carlina Bernal, docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, quienes abordarán la problemática que enfrenta el país por la erosión regresiva del cauce del río Coca, un fenómeno natural que pone en riesgo la infraestructura energética del país.
También, los comisionados avanzarán con el análisis y aprobación de las observaciones y propuestas planteadas por el Ministerio del Ambiente y Agua, y la asambleísta Mercedes Serrano, para ser incluidas en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
René Ortíz, ministro de Recursos Naturales no Renovables, luego de tomar nota de las observaciones y reclamos de las comunidades, producto del derrame de petróleo por la rotura del sistema de oleoducto SOTE, OCP y Poliducto SSF, se comprometió a atender, en lo que falta, la remediación ambiental y dotación de agua a los sectores que aún no han sido atendidos.
Este pronunciamiento lo formuló en la Comisión de Biodiversidad que, además, resolvió, realizar una visita al lugar, el 8 de octubre, para constatar la efectiva remediación ambiental, la compensación a las comunidades afectadas, conforme los datos expuestos tanto, por las autoridades de los ministerios de Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, gerentes de Petroecuador, Petroamazonas; y, el presidente de OCP, quienes señalaron que se efectuó 189 puntos de limpieza y remediación en las zonas norte (río Machacuyacu), centro (Puerto Madero) y sur (Providencia), con una inversión de 20 millones de dólares.
De su lado, Roberto Semalate, viceministro de Hidrocarburos (s), indicó que el 80 % de la mano de obra contratada corresponde a personal de las comunidades, más de 1200 personas trabajaron, simultáneamente, en los distintos frentes de trabajo; y se realizaron 8 mil pruebas Covid para salvaguardar la salud comunitaria.
Mientras que, Andrés Merizalde, presidente ejecutivo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), señaló que en las inspecciones de la fase de verificación de remediación ambiental participaron los propietarios afectados, se efectuaron muestras de verificación con un laboratorio acreditado, cuyos resultados indican que los parámetros físico-químicos no presentan valores superiores a los establecidos en la norma.
Entre tanto, Ricardo Merino, gerente general de Petroecuador, indicó que en el proceso de remediación se realizó monitoreo interno y sistemático en agua y suelos. Actualmente se está preparando un cronograma de toma de muestras finales que se realizará en presencia de dirigentes, autoridades locales, autoridad ambiental, con un laboratorio acreditado, así como con representantes de las operadoras. Se estima concluir en octubre, añadió.
Igualmente, Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas, sostuvo que apenas se conoció de la situación fortuita por la rotura del sistema de oleoducto, se desplazó equipo técnico necesario para atender esta situación, con un plan emergente que incluye actividades de reparación integral socio ambiental, así como dotación de agua a la población de la rivera de los ríos Quijo, Coca y Napo.
Steven Petersen, viceministro de Ambiente, mencionó que el 8 de abril, cuando se produjo este hecho, solicitó a Petroecuador y OCP los planes emergentes para limpieza y remediación ambiental. Esta institución efectuó el control debido a su cumplimiento, con 56 inspecciones en Napo y Sucumbíos, así como 82 inspecciones en Orellana, a fin de que se ejecuten las acciones inmediatas de carácter social y ambiental.
Darwin Camacho, presidente del GAD parroquial de San José de Guayusa; y, Jaime Bedón, director de Riesgos del cantón Orellana, precisaron que la rotura del sistema de oleoducto no fue fortuito, ya que en febrero, tras el hundimiento de la cascada de San Rafael, las entidades correspondientes debieron prevenir lo que iba a pasar y evitar el derrame. Dijeron que no hubo la atención oportuna porque el hecho sucedió el 7 de abril y recién el 8 de abril a las 16h00 se realizaron las primeras acciones, cuando ya el cauce de los ríos Quijos, Coca y Napo, estaban totalmente contaminados.
Desvirtuaron las aseveraciones de los funcionarios de gobierno y del OCP, porque a las comunidades afectadas solo les entregaban 4 botellones de 6 litros de agua para ocho días, lo cual no les alcanzaba para sus necesidades básicas porque las familias son extensas. Para la entrega de kits de alimentos les hacían firman un documento por el cual renunciaban a cualquier demanda o denuncia.
En cuanto a salud, solo acudió un médico general y un ayudante y lo único que les entregaban era un paracetamol, solo para justificar que han atendido a la población. Además, dijeron que, si bien es cierto que en parte se contrató mano de obra local, pero que hasta el momento no se cancela a todos los proveedores y a quienes realizaron distintos trabajos.
Los legisladores Edy Peñafiel, Juan Cárdenas, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano señalaron que la denuncia expuesta por las autoridades locales es clara, concisa y precisa, lo cual se ajusta a la realidad de lo que viven los pobladores de los sectores afectados.
Dijeron que técnicamente la presentación que hace el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y de Ambiente, está bien concebida, pero cuando se contrasta con la voz del pueblo y la realidad del dolor, marginación, enfermedades, dista mucho. Coincidieron que no fue un hecho fortuito.
En este marco, el parlamentario Edy Peñafiel propuso la visita in situ a los lugares afectados para contrastar los datos expuestos por los funcionarios de Estado. Además, porque existe incumplimiento de compromisos con las localidades.
El Ministro René Ortiz indicó que los temas de agua no se resuelven en la coyuntura, sino a mediano y largo plazo y se buscará un mecanismo para dar solución a esta problemática. Enfatizó que lo que resta por hacer se hará, y destacó el trabajo cumplido hasta el momento para la remediación ambiental y social.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, convocó vía Zoom, a José Ramírez, alcalde y presidente del COE cantonal de Orellana; Mónica Andi, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Sebastián; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua; Ricardo Merino, gerente (s) de Petroecuador; Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas; y, Andrés Merizábal, presidente ejecutivo de OCP, para este lunes 21 de septiembre de 2020, a las 09h00.
Las autoridades y funcionarios que representan al Estado y las empresas petroleras operadoras del transporte de los hidrocarburos derramados por la rotura de los oleoductos SOTE, OCP y el Poliducto, el 7 de abril de 2020, en el ámbito de sus competencias, deberán indicar el grado de cumplimiento para remediar la contaminación de los ríos Coca, Quijos y Napo.
Como se recuerda, la semana pasada la mesa legislativa revisó el oficio dirigido a los parlamentarios donde se indicaba la problemática que enfrentan comunidades indígenas y mestizas afectados por el derrame de petróleo. En la misiva, las autoridades de los gobiernos seccionales indican que no se está cumpliendo con los compromisos asumidos en relación a las demandas de los habitantes aledaños a los ríos Coca, Quijos y Napo.
En este marco, los comisionados resolvieron realizar un proceso de fiscalización y seguimiento a esta problemática para encontrar soluciones en beneficio de los pobladores.
La Comisión de Biodiversidad, revisó minuciosamente los informes remitidos por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y elaborados por los Ministerios de Ambiente y Agua, Economía y Finanzas, Petroeamazonas EP y la Secretaría de Derechos Humanos, correspondiente al período octubre de 2019 abril 2020. Dicha información sobre la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, fue devuelta por la mesa de Biodiversidad por no estar completa.
Según los comisionados, el informe es amplio y lo que se requiere son datos contundentes que permitan corroborar el cumplimiento estricto de la Declaratoria de Interés Nacional. Por ello, señalaron la necesidad de que realicen actividades coordinadas entre las instituciones involucradas, así como el envío oportuno de los informes.
En el debate de este tema, el legislador Juan Cárdenas mencionó que, en los informes remitidos a la Comisión de Biodiversidad, no se hace referencia al despido de los Guardaparques. De su parte, el parlamentario Fredy Alarcón, dijo que tampoco se hace mención a la construcción del sendero o carretera que estaría afectando a la zona, según denuncia de la organización Yasunidos.
Entre tanto el asambleísta Eddy Peñafiel, indicó que cada institución del Ejecutivo lo que hace es justificar su accionar. Recordó que no se está cumpliendo con la Ley Amazónica de contratar mano de obra local. Indicó que no se da cumplimiento a la resolución de la Comisión de suspender las actividades hidrocarburíferas hasta que se supere la emergencia sanitaria producto del covid-19. Al momento existen 200 casos de contagios en Aguarico y recordó que el representante del pueblo Huaorani advirtió de la problemática de salud que enfrenten por la pandemia.
En este marco, los comisionados con 5 votos afirmativos, 3 en contra y una abstención, no aprobaron el informe semestral No. 13.
Derrame petrolero
En otro, orden la mesa resolvió convocar a los Ministros de Ambiente y Agua, de Recursos Naturales no Renovables, a los gerentes de Petroecuador, así como a los representantes de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador, al representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquial rural de Orellana y al presidente de la Junta Parroquial de Orellana, para conocer las acciones realizadas frente al derrame petrolero producto de la caída de la cascada de San Rafael, que provocó la rotura del OCP, del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi, provocando derrame de miles de barriles de crudo en los ríos Coca, Quijos y Napo, que afectan a comunas y comunidades.
La mesa legislativa conoció el documento enviado por los representantes de San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, Guayusa, San Carlos, Taracoa y El Dorado, quienes solicitan la mediación de la Comisión de Biodiversidad ya que los habitantes de estos poblados se ven afectadas por la contaminación ambiental, fruto del derrame de hidrocarburos producido el pasado 7 de abril, razón por la cual piden se concrete acciones encaminadas a resarcir los daños.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, indicó que el lunes 14 de septiembre, a las 09h00, de manera virtual, sesionará con el fin de analizar y tomar una resolución respecto del informe semestral No. 13 emitido por el Ejecutivo, en torno a la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera en los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní; así mismo, debatirá el pedido expuesto por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales Rurales de la provincia de Orellana, sobre la afectación que ocasiona a comunas y comunidades la contaminación hidrocarburífera.
Mediante oficio dirigido al titular de la mesa legislativa, los representantes de San Sebastián del Coca, Nuevo Paraíso, Guayusa, San Carlos, Taracoa y El Dorado, solicitaron la mediación de la Comisión de Biodiversidad ya que los habitantes de estos poblados se ven afectadas por la contaminación ambiental, fruto del derrame de hidrocarburos producido el pasado 7 de abril.
En el documento manifestaron que han sido vulnerados los derechos de la naturaleza, así como los derechos humanos, por la tragedia ambiental producto del socavamiento de tierra y caída de la cascada de San Rafael, que provocó la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados OCP; del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE; y, del Poliducto Shushufindi, provocando derrame de miles de barriles de crudo en los ríos Coca, Quijos y Napo, razón por la cual piden la intervención de la mesa legislativa para que se concreten acciones encaminadas a resarcir los daños.
La Comisión de Biodiversidad debate, analiza y consensúa textos de reforma los Códigos de Ambiente y de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para el cuidado del medio ambiente y naturaleza. Los parlamentarios precisaron que el Estado debe recuperar los espacios naturales actualmente degradados, por ello los ciudadanos recuperarán los espacios naturales dentro de los predios de su propiedad cuando es su responsabilidad directa.
Los comisionados consideraron de vital importancia establecer con claridad normativa para garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía del derecho a la salud, al bienestar colectivo y al buen vivir; y, a la naturaleza el goce del derecho al respeto integral a su existencia, mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos y su restauración.
En el artículo 27 del COA, numeral 17, se establecerá la coordinación de ser necesario, con el GAD provincial de su respectiva circunscripción, la realización de planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención y/o remediación de la contaminación de los ríos.
Un tema ampliamente debatido en la mesa legislativa fue sobre el mantenimiento de las mejores condiciones de la naturaleza, la recuperación de espacios y las condiciones adicionales en los planes de manejo ambiental. Los legisladores precisaron que para garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza, la Autoridad Nacional de Ambiente será la responsable de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y por el mantenimiento de las mejores condiciones de la naturaleza, así como la recuperación de los espacios naturales degradados. En este marco, se podrá establecer obligaciones y condiciones adicionales o complementarias en los planes de manejo.
El legislador Fredy Alarcón, al frente de la mesa legislativa, consideró de vital importancia que el Ministerio del Ambiente establezca una nueva delimitación de las áreas protegidas, a fin de cuidar fauna, flora y bosques primarios, tomando en cuenta qué pueblos y nacionalidades habitan en esas zonas. Por su parte, la asambleísta Brenda Flor, manifestó la necesidad de un estudio de impacto ambiental.
La Comisión también consideró esencial agregar un inciso para garantizar los derechos de la naturaleza en esta áreas, las autorizaciones expedidas de manera excepcional que deben incluir condiciones, obligaciones, requisitos técnicos adicionales o complementarios, por tanto, señalaron que no se autorizarán ni ejecutarán obras, proyectos o actividades en zonas en las que existan ecosistemas frágiles; sitios críticos o estratégicos de importancia biológica para la conservación de especies de vida silvestres y zonas que constituyan el hábitat de especies silvestres amenazadas, endémicas o migratorias amenazadas de extinción.
En cuanto a la normativa referente a los Geoparques Mundiales de la Unesco, determinaron que tenga un enfoque de gestión participativa local, de conformidad con lo que determina la Constitución.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, citó a los parlamentarios de forma virtual, para avanzar con el tratamiento de las reformas al Código de Ambiente y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que recoge iniciativas de los asambleístas Fernando Ugarte, Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, José Chalá Cruz y el exasambleísta Jorge Yunda. La sesión se realizará, el miércoles 9 de septiembre, a las 09h00.
En la matriz que analizan los parlamentarios, entre otros aspectos, se determina que los ciudadanos recuperarán los espacios naturales actualmente degradados dentro de los predios de su propiedad cuando es su responsabilidad directa, a fin de garantizar los derechos ambientales y de la naturaleza.
Así mismo, que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de la respectiva circunscripción, realice planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención y/o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y/o humedales. A los GAD municipales y metropolitanos les queda prohibido efectuar descargas de aguas residuales en estos cuerpos de hidrícos.
Igualmente, se incluye la normativa de los Geoparques Mundiales de la Unesco en el Ecuador; reformas para regular el bienestar animal en tenencia, crianza, comercialización, reproducción; y, la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos.
