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En la Comisión de Biodiversidad, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia organizada, es necesario establecer en el Código Integral Penal (COIP), un procedimiento diferenciado para el juzgamiento en ausencia, punto importante para evitar la impunidad en el país.
Además, indicó que hace falta el incremento presupuestario para lograr una mejor especialidad por tipo penal, fortalecer la cooperación interinstitucional para lograr operativos conjuntos y oportunos, a fin de tener una misma línea de acción entre el Ministerio del Ambiente, secretarías de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Policía Nacional, Fuerzas Armadas; así como alianzas de cooperación internacional con países fronterizos en ciencias especializadas en la persecución de esta clase de delitos ambientales.Diana Salazar, informó que esta institución no cuenta con fiscalías especializadas para conocer delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad. Precisó que son las unidades de Personas y Garantías las que conocen este tipo de delitos conforme lo determina el Código Integral Penal. Para mejorar los procesos de investigación de los delitos contra la biodiversidad y la naturaleza, especialmente en los delitos contra la fauna y flora silvestre, destacó la capacitación de 57 servidores de las fiscalías del Azuay, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Sobre la investigación de delitos ambientales, la titular de la Fiscalía, señaló que la Dirección de Investigación Civil realizó un análisis de georreferenciación del delito mediante la herramienta tecnológica “Server” donde se identifica la ubicación geográfica de los presuntos delitos contra el ambiente y la naturaleza. Este mecanismo permite el levantamiento de información en espacios acuáticos y terrestres para conocer si el delito se ejecuta en zonas determinadas como reservas y genera así un análisis multitemporal mediante sistemas de información geográfica, cartografía delictual y procesal en línea que facilita en entendimiento de la dinámica del cometimiento de los delitos en el territorio.
Ante las inquietudes de los Comisionado, sobre la pesca ilegal en Galápagos, Diana Salazar, mencionó que la Fiscalía inició las indagaciones sobre posibles delitos contra la flora y fauna. En este marco, se han dispuestos varias diligencias, aseguró la autoridad. Se trata de un hecho delictivo que se ubica dentro del crimen organizado transnacional, que son complejas estructuras delictivas que se asocian para cometer este tipo de actos y para ello, necesariamente hay que recurrir a instancias a nivel internacional para solicitar información de los nombres de las personas que están detrás de estas estructuras para realizar la investigación, indicó.
De inmediato, los legisladores recibieron de manera virtual a Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, quien en representación del Ministerio de Ambiente, explicó sobre la protección de los recursos marinos. Precisó que tienen regulación propia sobre las 40 millas de reserva marina. Este se efectúa con un registro pesquero en el cual se define en número de pescadores y embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos, informó. Dijo que de las 366 embarcaciones, 250 están activas; de los 1.100 pescadores, participan 460, es decir, el 65% no ejerce la actividad pesquera.
Señaló que desde el 2018 hasta la fecha existen 136 embarcaciones pesqueras industriales con bandera ecuatoriana que han ingresado a la reserva marina de Galápagos que fueron detectadas por el sistema de control y vigilancia satelital, a quienes se les realiza procesos administrativos por incumplimiento de la Ley Especial de Galápagos.
Rueda planteó reformas al COIP a fin de sancionar por acciones u omisiones, en casos de pesca ilegal en el área de reserva marina, así mismo la necesidad de endurecer las penas por delitos ambientales que deberían ser imprescriptibles. Respecto al monitoreo realizado durante el presente año a la pesca ilegal, informó que cuentan con las embarcaciones y personal para el trabajo que se comparte con la Armada del Ecuador.
Al ser consultado sobre la ampliación de la reserva marina de Galápagos, precisó que la posición del Ministerio de Ambiente, depende del informe que levanta un equipo científico. Cuando contemos con el informe técnico completo, que podría estar listo antes del cierre de este año, tomaremos una decisión que podría enmarcarse en la definición de una nueva área marina protegida, explicó el delegado de la autoridad de Ambiente.
Manifestó que Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) donde se establece el marco jurídico de cooperación para proteger especies amenazadas en peligro de extinción.
En cambio, Bernardo Hidalgo, subsecretario de Acuacultura y Pesca, explicó que el Reglamento de la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, se encuentra en proceso de elaboración con la ayuda de una consultoría y comité revisor del contenido. Adelantó que hasta finales de noviembre se realizará la socialización del documento con los actores involucrados y que en la tercera semana de diciembre se estaría entregando al Ejecutivo el documento borrador del reglamento.
Dijo que en el documento además se establecerán medidas ejemplificadoras tanto en las sanciones para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en zonas no permitidas, así como, castigar de manera categórica la reincidencia cuando existen comercialización de pesca incidental no justificada.
Subrayó que en el caso de personas que están comercializando cualquier tipo de recursos de manera no justificada, producto de una pesca incidental, serán sancionados con lo máximo que determina la normativa, por tanto, en el Reglamento se trabaja para aplicar la reincidencia de este caso con la revocatoria del permiso otorgado por la autoridad pesquera.
Visitas a territorio
Los asambleístas Javier Casanova y Liliana Durán, conjuntamente con los representantes del Ministerio del Ambiente, serán los encargados de realizar la visita al cantón la Concordia, específicamente a los lugares de Santa Martha 2 y Agromache, para verificar las denuncias de los pobladores sobre la posible construcción del relleno sanitario, que estaría afectando a este poblado.
En otro orden, los parlamentarios establecieron un recorrido de verificación de los trabajos de remediación en los ríos Quijos, Coca y Napo, en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana por el derrame petrolero del 7 de abril de 2020. Para el efecto, se establecieron subcomisiones de legisladores para hacer el recorrido a estos lugares los días 19 y 20 de noviembre.
Dirigentes de la Cooperativa de Minería Artesanal Cerro Rico de Zaruma, en la sesión 58 de la Comisión de Biodiversidad, pidieron que el Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), regularice la actividad de pequeños mineros y mineros artesanales en la zonas de Zaruma y Portovelo. Esto, en el marco de la definición del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Simón Castro y Mirelis Tituaña, presidente del gremio y asesor jurídico, respectivamente, destacaron la necesidad de que la reforma garantice la regularización de la labor de este grupo poblacional, el cual ha sido constantemente maltratado. Hemos realizado fuertes inversiones en equipos, instalación e infraestructura, lo que significa deudas con el sistema financiero, pero hoy estamos paralizados y sin una respuesta clara, señalaron.
Destacaron que el titular del Parlamento, César Litardo, en días pasados, verificó in situ la situación del sector y que la legisladora Rosa Orellana, de El Oro, acogió esta inquietud. Requerimos contratos dignos e incluso estamos dispuestos a contribuir con el Estado, con el pago directo del 3 % de regalías, respetando la naturaleza, los ríos y quebradas, sostuvieron.
Compromiso
Los mineros artesanales son los que descubrieron los yacimientos, hace muchos años. Sin embargo, de a poco, han sido desplazados de los sitios de trabajo, coincidieron en manifestar los parlamentarios Freddy Alarcón, Liliana Durán y Absalón Campoverde. Es fundamental que se reconozca y respete oficialmente su labor, en igualdad de oportunidades que las grandes compañías nacionales e internacionales, así como las concecionarias.
Freddy Alarcón, encargado de conducir la reunión como vicepresidente de la mesa, anunció que se pedirá una información sobre la acción de la Comisión Ocasional que debía tratar la problemática minera en El Oro, según lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 06 de febrero de 2020.
Resolución caso aletas de tiburón incautadas
En otro ámbito, el organismo conoció las comunicaciones enviadas por la Organización no Gubernamental “One Health”, que pide hacer seguimiento al caso de 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas por las autoridades de Hong Kong, meses atrás, cuyo petitorio es respaldado por más de 40 organizaciones internacionales y ciudadanas del país.
Al respecto, la mesa aprobó una resolución, con nueve votos afirmativos, por medio de la cual se dispone las comparecencias, en los proximos días, de las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado, Viceministerio de Acuacultura y del Ministerio del Ambiente. Los temas se refieren a la investigación de los delitos contra el ambiente; las correspondientes sanciones contra la flora y fauna silvestre; los reportes de pesca incidental y reportes de tiburones capturados (2013 – 2020), además, la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados, entre otros puntos.
El legislador Juan Cárdenas comentó que el caso de aletas de tiburón se ha convertido en un gran negocio, sin importar que son especies en peligro de extinción. Señaló que es urgente enfrentar una actividad depredadora, haciendo respetar el patrimonio marítimo del país y la soberanía de la zona exclusiva.
En el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, la Comisión de Biodiversidad sesionará el lunes 9 de noviembre, a las 09h00, para recibir de forma virtual las observaciones de parte de Simón Castro, presidente de la Cooperativa de Minería Artesanal Cerro Rico de Zaruma.
Entre otros aspectos, el proyecto busca apoyar y regular la minería artesanal y pequeña minería, con el otorgamiento de los respectivos permisos para ejecutar esta actividad; se prohíbe toda actividad minera, metálica y no metálica, en cualquiera de sus fases, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos y poblados y en zonas declaradas como áreas intangibles. Las restricciones a las actividades mineras en fuentes de agua serán las que se encuentran ya establecidas en la Constitución y la ley.
Los Comisionados, también, conocerán, analizarán y resolverán sobre las observaciones realizadas por Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, respecto de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, que no fue aprobado por la Comisión en sesión No. 50 realizada en modalidad virtual el 14 de septiembre de 2020.
De inmediato, los parlamentarios conocerán las comunicaciones enviadas por la Organización no Gubernamental “One Health”, por la cual piden hacer seguimiento al caso de 26 toneladas de aletas de tiburón incautadas por las autoridades de Hong Kong meses atrás, petitorio que es respaldado por más de 40 organizaciones internacionales.
La Comisión de Biodiversidad recibió, de manera virtual, a varias autoridades, con el fin de tratar temas relacionados con la incursión de flotas extranjeras, la pesca ilegal y la contaminación de plástico en el mar. En este marco, Darwin Jarrín, comandante General de la Armada del Ecuador, señaló que esta institución realiza constantemente actividades de control de los espacios acuáticos jurisdiccionales, con operaciones de vigilancia, exploración, reconocimiento e identificación de contactos de interés, en defensa de la soberanía e integridad territorial.
El 95 % de embarcaciones son de bandera China, el 2 % de Panamá, aunque sus armadores son chinos; otros de Liberia y Taiwan 1 % y desconocidos 1 %. En el 2020 han sido detenidas por pesca ilegal 20 embarcaciones nacionales; 14 de Perú, a través de un plan de acción nacional e interinstitucional.
Pidió a la Asamblea Nacional aprobar el proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad de Protección Marítima, porque la Ley que les ampara al momento es el Código de Policía Marítima que data de 1950, es decir, está fuera de tiempo y es inaplicable.
En cambio, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, mencionó que en los meses de julio y agosto de 2020 se detectó nuevamente la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en áreas adyacentes a la Zona Exclusiva del Ecuador, por lo que el Gobierno reforzó el control y vigilancia de dichas naves para evitar su ingreso.
Como acción bilateral, se expresó al gobierno de China la importancia de la correcta aplicación de los sistemas de monitoreo satelital de los buques pesqueros, a fin de controlar por este medio las prácticas de reabastecimiento de combustible en el mar, el trasbordo de la pesca a otros buques, los posibles cambios de abanderamiento y otras actividades que sean de interés para la autoridad marítima. Ecuador propuso a China un protocolo de visitas e inspecciones para las embarcaciones, añadió.
Sobre la contaminación marina, precisó que Ecuador participa desde hace varios años en múltiples esfuerzos para encontrar una respuesta mundial conjunta y coordinada a la problemática que genera la contaminación de plástico en los océanos. Se ha podido vincular la presencia de plásticos en las costas de las islas Galápagos como un elemento asociado a la actividad pesquera de flotas internacionales, precisó el ministro de Relaciones Exteriores
Por su parte, Andrea Colombo, directora Nacional de Aduanas, explicó el proceso de exportación de pescado seco y aletas de tiburón. Dijo que durante el 2019 se realizaron 665 declaraciones de exportación de pescado seco, por un monto de 6.6 millones de dólares; mientras que en lo que va del 2020 han sido 415 por 5.5 millones de dólares. En cuanto a las aletas de tiburón se han exportado 6.44 millones de dólares desde el 2019 a la fecha, equivalente a 189 toneladas.
En cambio, Gabriela Montoya, exresponsable de la coordinación interinstitucional en la implementación de la Cites para las especies marinas y/o dulceacuícolas, dijo que para el caso de tiburones, a pesar de ser especies silvestres y varios de ellos amenazados, las actividades están reguladas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por tanto el Ministerio de Ambiente y Agua coordina acciones con esta instancia para emitir permisos de exportación e importación de especies listadas.
Respecto de la incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón, realizada por Hong Kong, posiblemente de origen ecuatoriano, informó que se realizaron acciones de levantamiento de información con la Senae, basado en el requerimiento realizado por la autoridad administrativa Cites de Ecuador, razón por la cual se comunicaron con el departamento de aduanas de impuestos especiales de Hong Kong, al igual que se requirió a la Cancillería consiga información sobre este decomiso.
Los comisionados también escucharon a Natacha Benítez y a Javier Silva Espín, representantes de la empresa Acuatilsa, quienes explicaron la problemática que afrontan sobre la pérdida de cinco mil alevines del pez paiche que sufrieron en el año 2019, como consecuencia de los trámites aduaneros en la ciudad de Quito.
Sobre este particular, Andrea Colombo indicó que la empresa Acuatilsa no presentó la documentación completa ya que debía tener el permiso de control previo para el desembarque de los alevines, al desconocer este trámite, inicia recién el procedimiento luego de la llegada del producto, que con la demora de tiempo causó la muerte de los mismos. Los representantes de Acuatilsa no estuvieron de acuerdo con la respuesta de la autoridad de la Senae. La Comisión hará un seguimiento de este tema.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, anunció que el miércoles 4 de noviembre, a las 09h00, están convocados de forma virtual, el Contralmirante Darwin Jarrín, Comandante General de la Armada del Ecuador, quien informará sobre las labores de control que realiza la Armada del Ecuador para evitar la pesca ilegal en el mar territorial de Galápagos, así como las proyecciones previstas para mejorar la eficiencia de esta tarea de control en el futuro.
Mientras, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, explicará las acciones tomadas por parte del Estado respecto de la contaminación de plásticos que ha provocado la flota pesquera china cerca de la zona económica exclusiva en el Ecuador, especialmente en las Islas Galápagos; la veracidad de una publicación difundida en Diario El Universo de fecha 15 de octubre de 2020, en la que se menciona que “no existe notificación de reclamo ecuatoriano por flota china en Galápagos”.
También, entregará un informe actualizado de las acciones en que haya emprendido el Estado ecuatoriano por la presencia de la flota pesquera China, respecto de las actividades de pesca realizadas cerca de la zona económica exclusiva del Ecuador.
La Comisión, igualmente escuchará al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, quien indicará el estado de la elaboración y publicación en el Registro Oficial del Reglamento de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca; los reportes de pesca incidental y de tiburones capturados entre el 2013 – 2020; así como, la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados; y, los resultados de los estudios de comercialización interna de tiburón.
Andrea Colombo Cordero, directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dará a conocer el volumen de exportaciones de aletas de tiburón y tiburón desde el 2013 hasta la fecha; de pescado seco desde el 2019 hasta la fecha, por parte de China-Hong Kong; las acciones adoptadas y el estado de la investigación de los permisos de exportación de aletas de tiburón y pescado seco que llegó a Hong Kong en enero de 2020, entre otros temas.
Acogiendo el pedido de la Comisión de Biodiversidad, Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, indicó que para los próximos días se programará una visita del equipo técnico de esta cartera de Estado, junto con una subcomisión de parlamentarios de Biodiversidad y el titular del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cañar, con el fin de constatar que el ingenio Azucarero Coazucar cumple con el plan y licencia ambiental otorgada, tomando en cuenta que pobladores de La Troncal y sectores aledaños denunciaron la constante contaminación ambiental y problemas de salud por polución de ceniza.
La Comisión invitó de manera virtual al ministro de Ambiente y Agua, por pedido del legislador Juan Cárdenas, quien en la comparecencia virtual del funcionario, denunció que desde hace 10 años Coazucar utiliza un sistema de humedecimiento de la ceniza lo cual provoca mayor contaminación al ambiente y como consecuencia de ello, enfermedades no solo a los habitantes, sino a todo ser viviente y la afectación a la producción agrícola.
Señaló que constantemente se realizan monitoreos, inspecciones, auditorías especiales de cumplimiento. Los resultados son entregados semestralmente a la autoridad ambiental competente, en este caso el GAD de Cañar. Precisó que los parámetros monitoreados al 31 de agosto de 2020, se verifica que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles.
El legislador Juan Cárdenas dijo que no le satisface las respuestas entregadas por parte del titular del Ministerio de Ambiente, solicitó que el Ministerio haga la respectiva constatación de cómo se realiza el proceso industrial, más aún cuando existe denuncias de la afectación de los pobladores.
Paulo Proaño aceptó generar la constatación en el lugar, pues no es posible que la empresa Coazucar cumpla con la normativa ambiental únicamente cuando se ejecuten los controles.
Nuevas comparecencias
Para el próximo miércoles, 4 de noviembre, la Comisión de Biodiversidad, en el marco del seguimiento del proceso de fiscalización para prevenir la pesca ilegal de aletas de tiburón en la zona económica exclusiva insular, convocará a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; al Viceministro de Acuacultura y Pesca, al responsable de la coordinación interinstitucional en la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para las especies marinas y/o dulceacuícolas.
Igualmente, los parlamentarios resolvieron citar a César Peñaherrera, experto sobre poblaciones de tiburones y pesca incidental, pesca ilegal, a fin de que recomiende acciones a tomarse. Así mismo, convocarán al representante de la Empresa Acuatilsa.
También invitarán al Canciller del Ecuador para que informe las acciones tomadas por parte del Estado sobre la contaminación de plásticos que ha provocado la flota de barcos pesqueros cerca de la zona económica exclusiva en el Ecuador, especialmente cerca de las islas Galápagos.
A su vez, citarán a la máxima autoridad de la Armada del Ecuador para que indique las acciones tomadas para el control de la pesca ilegal.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, anunció que el lunes 26 de octubre, a las 09h00, el ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño deberá explicar las acciones emprendidas para contrarrestar la contaminación con ceniza que emana del ingenio azucarero Coazucar, que afecta a la población del cantón La Troncal y sus sectores aledaños en la provincia del Cañar.
El asambleísta Juan Cárdenas, quien solicitó su comparecencia, indicó que el funcionario de Estado deberá indicar cifras de concentración de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno o estudios sobre la contaminación ambiental junto con las medidas tomadas para tratar de disminuir los niveles de gases de combustión en La Troncal, provocados por actividades de los ingenios azucareros.
El parlamentario dijo que es necesario conocer cuál es el control ambiental, la contaminación atmosférica, la normativa secundaria sobre prevención de contaminación, los niveles de concentración de gases de combustión permitidos por el sector industrial, especialmente el azucarero; las medidas de remediación que el Ministerio de Ambiente y Agua recomienda.
En otro orden, la Comisión conocerá el pedido de la asambleísta Rosa Orellana, quien solicita la comparecencia de los titulares del Ministerio de Ambiente y Agua y de la Agencia de Regulación y Control Minero, para que den a conocer las acciones que se llevan a cabo, a fin de mitigar la contaminación ambiental ocasionada por la minería en varias fuentes hídricas del cantón Santa Rosa, de la provincia de El Oro.
Luego, los comisionados analizarán el informe borrador y tomarán una resolución respecto al seguimiento de las actividades ilegales de pesca de tiburones que se siguen realizando en Ecuador.
A fin de verificar los posibles daños que podría ocasionar a la comunidad y medio ambiente la construcción del relleno sanitario en el cantón La Concordia, sector Santa Martha 2 y Agromache, la Comisión de Biodiversidad logró que una delegación del Ministerio del Ambiente, Municipalidad de La Concordia, moradores de los dos sectores, junto con una subcomisión de asambleístas, realicen una visita al sitio.
Los parlamentarios precisaron que hasta que se verifique la información técnica con que se cuenta y los reclamos efectuados por los moradores de los dos sectores en mención, se suspenda el proceso de contratación de la construcción del relleno sanitario por parte del Municipio de la Concordia.
En esta reunión virtual participaron el ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; en representación del GAD de La Concordia, Katalina Carrillo; así como, Ana María Andrade, Juan Rojas y Daniel León, representantes de los sectores de Santa Martha 2 y Agromache.
El ministro hizo un recuento de cómo se ha dado el proceso para la adjudicación del respectivo permiso ambiental para la construcción del relleno sanitario, con visitas técnicas y la participación de delegados del GAD de La Concordia, donde se verificó que se cumple con los lineamientos establecidos en la licencia ambiental. Recordó que es competencia del GAD realizar estos estudios. Adelantó que en la última inspección realizada el 16 de octubre de 2020, se pudo evidenciar que no hay movimiento de suelo, es decir, aún no se inicia la construcción del relleno sanitario.
Por su parte, Katalina Carrillo mencionó que la Alcaldía realizó el estudio, diagnóstico y factibilidad de construcción del relleno sanitario, respetando las distancias que debe haber, cuidando los esteros y derechos de los habitantes; con ello, entregó al Ministerio de Ambiente todos los documentos para su aprobación. Igualmente realizó constantes procesos de socialización del proyecto con los pobladores.
De su lado, Ana María Andrade, Juan Rojas y Daniel León, cada uno en su turno, con documentos, demostraron que no se estaba cumpliendo con la normativa ambiental, porque no se respetaba las distancias entre lo que sería la construcción del relleno sanitario con las zonas pobladas, que son eminentemente agrícolas y donde hay una gran cantidad de esteros que serían contaminados con el proyecto, razón por la cual solicitaron la intervención de los parlamentarios para que se verifique su denuncia y luego de ser el caso, se busque otro lugar. Dijeron que los datos expuestos por la representante de la Alcaldía, no se ajustan a la realidad del sector, porque en el 2016 expropiaron un lugar y ahora lo único que hacen es acomodar el informe para realizar este relleno que solo será un botadero de basura.
Los comisionados se solidarizaron con las familias que podrían ser afectadas con la construcción del relleno e indicaron que harán respetar los derechos de las personas, lo que establece la Constitución, el Código de Ambiente y de Recursos Hídricos. Paulo Proaño, indicó que, actualmente, se capacita a cada municipio para que realice en la fuente la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos, a efectos de evitar la contaminación ambiental.
Ingenio Azucarero Coazucar
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad resolvió, por unanimidad, convocar para la próxima semana, al ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, a efectos de iniciar un proceso de fiscalización sobre el control ambiental por la contaminación atmosférica que genera el ingenio azucarero Coazucar, del cantón La Troncal, en la provincia del Cañar.
El asambleísta Juan Cárdenas denunció que esta empresa genera contaminación al ambiente, no solo por la emisión de ceniza sino por la quema de la caña, afectando la salud de los pobladores. El ministro deberá indicar las cifras de concentración de dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, o estudios sobre la contaminación ambiental con las medidas tomadas para tratar de disminuir los niveles de gases de combustión, provocados por las actividades de los ingenios azucareros.
Contaminación derrame petrolero
Finalmente, los parlamentarios rechazaron la actitud del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, de suspender a última hora el recorrido que debía realizarse para verificar los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación ambiental provocada por el derrame petrolero en los ríos Quijos, Coca y Napo, este 15 y 16 de octubre.
Los parlamentarios mencionaron que el Ministro no puede suspender una visita programada por la Comisión, y su obligación era asistir a la misma. La mesa legislativa reprogramará la nueva visita a los sectores donde no se ha realizado la debida limpieza, remediación, compensación y luego tendrán una reunión ampliada con las autoridades de los ministerios de Ambiente y Agua, Recursos Naturales no Renovables, dirigentes de las organizaciones amazónicas Fecunaie, presidentes de las juntas parroquiales, pobladores afectados, a fin de tomar resoluciones.
Dos temas serán abordados en la Comisión de Biodiversidad. Por un lado, la posible construcción del relleno sanitario en el sector de Santa Martha 2 y Agromache, en La Concordia. Posteriormente, resolverán sobre la visita programada para la verificación de los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación de los ríos Quijos, Coca y Napo, a raíz del derrame petrolero del 7 de abril de 2020.
En este marco, el lunes 19 de octubre, a las 09h00, el presidente de la Comisión Alberto Zambrano, invitó a Paulo Arturo Proaño Andrade, ministro de Ambiente y Agua, quien explicará respecto de las interrogantes planteadas sobre el proceso de estudios de factibilidad, socialización, licencia ambiental del relleno sanitario que pretende desarrollar el Municipio de La Concordia en el mencionado sector.
Los comisionados también escucharán a Luis David Álava Alcívar, alcalde del cantón La Concordia, Ana María Andrade, Juan Pablo Rojas y Daniel León, representantes de los sectores Santa Martha 2 y Agromache, quienes explicarán las razones por las cuales no es conveniente la construcción del relleno sanitario en estos lugares.
Luego de abordar este tema, la Comisión analizará y tomará una resolución ante el pedido planteado por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, por el cual solicita se cancele la visita programada para los días 15 y 16 de octubre de 2020, la verificación de los trabajos de limpieza y remediación de la contaminación provocada por el derrame petrolero en ríos Quijos, Coca y Napo.
Con 11 votos, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, por el cual se determina que los recursos hídricos, entendidos como el agua en todas sus formas, son parte del patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
En el informe se determina que el Estado asignará de manera equitativa y solidaria el presupuesto para la ejecución de políticas y prestación de servicios públicos, que permitan mejorar la calidad del agua, su conservación, protección y distribución de conformidad con la Ley. Se priorizará la atención a zonas que no cuentan con el servicio de agua de consumo humano y a zonas dedicadas a la soberanía alimentaria.
Prevé que los GAD municipales, en el marco de sus competencias, realizarán estudios y ejecutarán programas y proyectos de infraestructura de saneamiento en sus territorios, para la adecuada conducción y tratamiento de aguas residuales y depuración de aguas negras, para lo cual contarán con las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Establece que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como los habitantes tradicionales de los páramos, serán reconocidos como gestores de los ecosistemas de páramos, con la correspondiente autorización de la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y los GAD, de conformidad a sus competencias.
Estos desarrollarán actividades de ejecución, gestión, monitoreo y seguimiento, y tendrán derecho a los beneficios que permitan estimular la preservación, conservación y reparación de daños ambientales en los páramos y fuentes de agua, para garantizar la protección de los recursos hídricos, en coordinación con la Autoridad Única del Agua y Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de la normativa vigente.
Se determina que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno: nacional, provincial, municipal, parroquial, y las circunscripciones territoriales indígenas, ejecutarán programas y proyectos para la protección de fuentes de agua y recursos hídricos y crearán incentivos para los gestores de los ecosistemas de páramos, que contribuyan con este propósito.
Los parlamentarios acogieron que la Autoridad Única del Agua y el ente rector de Ambiente, procederán a otorgar las licencias y permisos correspondientes para realizar actividades de minería metálica, cuando la persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto, demuestre que la actividad que se pretende ejecutar no va a generar impactos a perpetuidad que afecten la calidad del agua.
En materia de reforestación, prevé que la Autoridad Única del Agua y los GAD, en coordinación con las juntas parroquiales y los presidentes de las comunidades, en lugares con presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, realizarán programas y proyectos de reforestación, con especies nativas, en las cuencas altas.
Los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables del manejo sustentable de las zonas reforestadas, así como de la protección y conservación de las fuentes de agua. Los GAD municipales, para fines de conservación y protección, podrán declarar de utilidad pública las áreas circundantes de las fuentes de agua.
Se propone que la gestión comunitaria del agua será cumplida por las juntas administradores de agua potable y saneamiento, juntas generales de usuarios de sistemas de riego públicos, juntas o directorios de riego y en coordinación y cooperación con comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a través de sus representantes.
Entre otros aspectos, se establece nuevas competencias de la Agencia de Regulación y Control del Agua, directrices de la gestión integral del agua, deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable y organizaciones comunitarias de agua que prestan este servicio; aspectos en torno el derecho consuetudinario; sobre las áreas de protección hídrica; el aprovechamiento del agua en la acuicultura; causales para la reversión suspensión o modificación de oficio de una autorización; además que se constituye el Fondo Nacional del Agua.
