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Por unanimidad, la Comisión de Biodiversidad resolvió iniciar el tratamiento de cuatro proyecto de reformas al Código de Ambiente, calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), los que serán unificados a fin de elaborar los informes respectivos.
Así, la propuesta del asambleísta Tito Puanchir plantea reformas el Código Orgánico del Ambiente y al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para la protección de los ríos y fuentes de agua. La propuesta es que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales coordinen con su respectiva circunscripción provincial, planes, programas, proyectos y la ejecución de obras de conservación, prevención y/o remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y/o humedales.
En la Comisión de Biodiversidad, Bruno Leone, representante de la Cámara Nacional de Pesquería, rechazó la posible ampliación de 40 a 80 millas náuticas la Reserva Marina de Galápagos, en virtud de que se afectaría la estabilidad del sector pesquero del país que al año genera más de 1600 millones de dólares en exportaciones.
Solicitó que la propuesta se someta a un estudio científico y un análisis crítico de la capacidad técnica y económica que se requeriría para monitorear un espacio marítimo tan grande y con estos elementos la mesa legislativa resuelva, tomando en cuenta las consecuencias que esto podría generar a la industria pesquera en Ecuador.
Resoluciones
Por pedido del asambleísta Edy Peñafiel, la Comisión citará a Julia Landázuri y Alex Hurtado, Secretaria y Presidente del Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respectivamente; y, a Agustín Albán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que expliquen las políticas y gestiones implementadas para la creación de las cuatro universidades que establece la Ley Amazónica.
También, la mesa parlamentaria resolvió convocar al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, quien deberá informar los avances de obra y cumplimiento de contratos en la vía Papallacta, Baeza, El Chaco, Reventador y Putumayo. El pedido lo formuló el legislador Fredy Alarcón, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad.
Así mismo, invitarán, de manera virtual, a Rodrigo Mendieta, rector de la Universidad Nacional de Educación (Unae), para revisar las posibles soluciones frente a la problemática que enfrentan varios profesores por la suspensión del Plan Nacional de Profesionalización de docentes del Sistema Nacional de Educación en la Amazonía.
La Comisión de Biodiversidad hace seguimiento al decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón, realizado en China, supuestamente, provenientes de Ecuador. Para tener información de primera mano, recibió los criterios del ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; comandante General de la Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín; viceministro y subsecretario de Recursos Pesqueros, Andrés Arens y Bernardo Hidalgo, respectivamente.
El ministro de Ambiente, al señalar que están pidiendo información sobre el tema, subrayó que en estricto cumplimiento del debido proceso y una vez que se efectúen las investigaciones, el Ministerio de Ambiente iniciará los correspondientes procedimientos adminsitrativos sancionatorios establecidos en el Código del Ambiente.
Reformas a la Ley de Galápagos
En otro orden, la ministra de Turismo, Rosi Padro de Holguín, compareción ante la Comisión para refirirse a las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. Sostuvo que las circunstancias actuales pone al país frente a un nuevo panorama para el mundo, por lo que hay que trabajar en metodologías innovadores para el turismo.
La ministra dijo que con el propósito de mitigar el impacto económico están trabajando en agenda de reactivación, sobre todo para Galápagos, enfocadas a implementar un desempeño turístico distinto, orientado a las nuevas necesidades del mercado y cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
Juan Carlos Zevallos López, ministro de Salud Pública, de manera virtual, indicó que para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, en las seis provincias amazónicas se asignó cuatro millones 350 mil dólares, para la contratación de personal médico, equipo de bioseguridad, equipamiento adecuado en zonas de aislamiento, medicamentos e insumos de desinfección. Además dio a conocer los rubros asignados en el Presupuesto General del Estado y su ejecución en materia de salud.
Los parlamentarios mostraron su preocupación porque en los subcentros de salud de las provincias amazónicas no se cuenta con medicinas ni pruebas rápidas para Covid-19. Además, pacientes que tiene que hacerse diálisis tienen que trasladarse hacia otras provincias, lo cual afecta el derecho de la ciudadanía a la salud pública, afirmaron.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad, con 10 votos, acogió el pedido del legislador Juan Cárdenas, quien solicitó la comparecencia del Ministro de Ambiente y del Comandante de la Armada Nacional para que expliquen sobre la incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón.
Para informar sobre el plan de manejo de los recursos de salud, así como los criterios técnicos para la distribución de los recursos económicos para el combate de la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), los legisladores de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, con nueve votos a favor, resolvieron llamar a comparecer al ministro de Salud, Juan Zeballos, así como al presidente del Consejo y la secretaria técnica del CTEA , Alex Hurtado y Julia Landázuri, respectivamente.
En la sesión desarrollada, la mañana de este lunes 27 de abril, los miembros de la mesa de Biodiversidad aprobaron el texto que, en siete artículos, solicita a los referidos funcionarios que informen sobre las acciones frente a la emergencia sanitaria. En materia de salud, los legisladores exigen al Ministerio de Salud Pública (MSP) que se entregue inmediatamente los recursos asignados a las provincias amazónicas, así como a los Comité de Operaciones Emergentes (COE) provinciales y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Con la presencia de los ministros de Energía y Ambiente, así como las autoridades de Petroecuador, Petroamazonas y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), la Comisión de Biodiversidad analizó las medidas y acciones de mitigación y remediación que se implementó ante el derrame de petróleo y combustible en la Amazonía.
Este problema se produjo el 07 de abril por el hundimiento de tierra en la zona del río Coca, que colapsó las bases y las tuberías del SOTE y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), causando un derrame de aproximadamente 15 mil barriles de crudo, lo que generó contaminación y limitación en la dotación de agua potable en las poblaciones y comunidades de Orellana, Sucumbíos y Napo.
Con una visión de posibles escenarios pospandemia del Covid19, la Comisión de Biodiversidad alertó sobre la preocupación de que ante la urgencia de poner en movimiento el aparato productivo, una vez que concluya la emergencia sanitaria, se pueda entrar en una explotación irracional de recursos naturales, afectando los derechos del ambiente.
En este contexto, en la sesión virtual 25, la mesa resolvió solicitar a la Función Ejecutiva que, en defensa y respeto de la Constitución y el interés público, en representación de las generaciones presentes y futuras, una vez que se reestablezcan las actividades económicas, se fortalezca la aplicación eficiente de la conservación de la naturaleza y de los postulados ambientales que establece el ordenamiento jurídico, en concordancia, con los objetivos 2030 para el desarrollo sostenible, emitidos por Naciones Unidas.
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, enfatizó que se mantiene la operatividad de los servicios eléctricos, mineros e hidrocarburíferos con las precauciones sanitarias respectivas y las restricciones laborales por efecto del Covid-19, por lo que no se suspenderá el servicio eléctrico de los ciudadanos pese al no pago de planillas.
Estas declaraciones las efectúo en la sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, al destacar que para controlar la propagación de la enfermedad de Coronavirus entre el personal se realizó la compra de 22.000 pruebas rápidas.
La Comisión invitó a Manuel Narváez, de la mesa política petrolera, quien participó como asambleísta por un día y pidió a las autoridades preservar la vida de quienes laboran en los sectores estratégicos, eliminar las amenazas de contagio por parte de empresas contratistas, así como también garantizar sus contratos de trabajo. Al respecto, el ministro Ortiz enfatizó que existe un compromiso laboral, a fin de que nadie pierda su empleo.
Bajo la modalidad virtual, a las 09h00 de este viernes 3 de abril, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional invitó a René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables y a Juan Carlos Bermeo, gerente General de Petroamazonas, para que, en el marco de sus competencias, informen las acciones realizadas durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria del personal que labora en la extracción de recursos hidrocarburíferos y mineros en las provincias amazónicas.
Los funcionarios explicarán la adopción de medidas administrativas y operacionales, empezado con la reorganización de turnos de relevo del personal que labora en laextraccióndelosrecursosnaturales,demaneratalque estos se realicen con el talento humano capacitado y perteneciente a las empresasquelaboranenelsector, evitando que los relevos impliquen traslado de personas de otras provincias.
La Comisión de Biodiversidad, en la sesión virtual 022, conducida por Fredy Alarcón, se pronunció, a través de una resolución, por solicitar al Gobierno que acoja los planteamientos orientados a renegociar los contratos petroleros, así como la condonación y suspensión temporal del pago de la deuda externa, priorizando la vida y salud de los ecuatorianos, en concordancia con la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional.
La mesa, acogiendo la propuesta de Eddy Peñafiel, consideró que en la renegociación petrolera, que tiene como objeto prestación y provisión de servicios específicos, se debe entrar en una variación significativa de los porcentajes de la riqueza que proviene de la exploración y explotación del crudo, esto es: 80 % para el Estado y el 20 % para las compañías.
También, se exigió al Ministerio de Finanzas que transfiera inmediatamente los recursos presupuestarios a cada uno de los niveles de gobierno, a fin de que coordinadamente se pueda combatir la propagación del Coronavirus. Y, que en la misma línea se proceda con los dineros del fondo común a favor de la Amazonía, para atender las apremiantes necesidades de la población.
