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Para fiscalizar la presencia ilegal de madereros peruanos en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y al territorio del Parque Nacional Yasuní, la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, escuchó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien fue enfático al señalar que la infiltración de delincuencia transnacional tiene apoyo de la delincuencia nacional en la tala de bosques. Las medidas para prevenir estos actos delictivos los debe determinar la Asamblea Nacional, señaló.
Explicó las acciones que realiza Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía del país y aclaró que coopera permanentemente con otras instituciones para, por ejemplo, proteger la biodiversidad, el medio ambiente, etc. Ecuador no tiene guardia nacional, gendarmería, guardia civil, guardabosques, guardias rurales como tienen algunos países, indicó Jarrín, al destacar que FFAA cuentan con 27 destacamentos en frontera para dar protección a la integridad territorial.
Informó que desde el 2016 realizaron cuatro sobrevuelos en las rutas donde se ha detectado tala selectiva de árboles maderables. El el 2017 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para ejecutar seguimiento, monitoreo y reconocimiento, patrullaje para identificar los lugares donde se realizan actividades ilícitas; así, se desmanteló ocho campamentos madereros. En 2018 se realizó 802 controles efectivos; en el 2019, 120 operaciones de reconocimiento, control y protección. En el 2020 se realizó 2794 controles militares y se decomisó 154 metros cúbicos de madera.
En el debate, el asambleísta Alberto Zambrano recordó que la lata ilegal es un problema de años atrás. El parlamentario Juan Cárdenas señaló que el tema de las infiltraciones es una prioridad que debe atender el Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas; mientras que el legislador Edy Peñafiel preguntó cuáles son las acciones concretas que el Ministerio de Defensa está realizando para resolver la intromisión de madereros peruanos en los territorios de la zona intangible Tagaeri y Taromenane. Fredy Alarcón destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, cuestionó la labor en cuanto a la incursión de madereros en zonas intangibles.
Creación Unversidaes Amazónicas
Por otra parte, Agustín Albán, secretario de Educación Superior, reconoció que hay retrasos en el cumplimiento de la construcción de las cuatro universidades Amazónicas, pero que existe la predisposición para seguir adelante con los procesos de ejecución. Dijo que la Senescyt trabaja para dejar listos los expedientes completos, pero que no será en esta gestión que se aprueben los proyectos en la Asamblea Nacional, porque se deben cumplir los plazos de los procesos contractuales que deben ir acompañados de los respectivos recursos económicos, mismos que no pueden acelerarse.
Señaló que en el 2020 su accionar se enfocó en los ejes de infraestructura para la construcción de las universidades, como la identificación de terrenos en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; así como, de carreras por campo y provincia.
Dijo que es necesario la entrega de presupuesto para el 2021 por parte de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) para determinar el diagnóstico y estudio de pertinencia para los expedientes de creación de universidades en la región, por 795 604 dólares; mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores, ubicados en la región, por un millón de dólares; y para otorgar becas para la formación técnica y tecnlógica superior por 5 millones 577 mil dólares, es decir, un total de 7 millones 411 mil dólares.
Además, indicó que en junio de 2021 está prevista la reapertura del Instituto General Eloy Alfaro que se reubicará en la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, y que contará con carreras en desarrollo infantil integral, administración y mecánica industrial.
Entre tanto, Julia Landázuri, secretaria técnica de la CTEA expuso los detalles del proyecto para el fortalecimiento de la Educación Superior Universitaria, Técnica, Tecnológica en la Región Amazónica, cuya entidad ejecutora es la Senescyt, por un valor de 16 millones 726 mil dólares, con aprobación del Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de 20 de junio de 2019, y las transferencias que se han ido realizando.
Mientras, Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, expuso sobre la planificación integral y la institucionalidad en los plazos establecidos en la Ley Amazónica. Dijo que el convenio suscrito con la Senescyt es por cuatro años.
Los legisladores, Edy Peñafiel, Alberto Zambrano, Fredy Alarcón, Gabriela Cerda, Juan Pablo Velín, Henry Moreno, Irina Torres, Absalón Campoverde, manifestaron su malestar por el incumplimiento, en el tiempo planteado, de la creación de las universidades amazónicas, que establecía como plazo hasta el 2020. Señalaron que ha existido negligencia en su accionar y falta de compromiso. Esperan que por lo menos, hasta el fin de su periodo se cumpla con la entrega de expedientes completos de las cuatro universidades.
Nuevas comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió convocar por segunda ocasión al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, para el próximo lunes 18 de enero, con el fin de que explique sobre el sistema vial en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
Así mismo, los comisionados determinaron convocar, de forma virtual, a los representantes de las nacionalidades Chachi y Épera, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas; así como, a los ministros de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Energía y Recrusos Naturales no Renovables, René Ortiz, con quienes abordarán la problemática que está ocasionando la actividad minera en el bosque del Chocó donde habitan comunidades.
Cinco puntos constan en la agenda de sesión del lunes 11 de enero de 2021 que realizará la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, a las 09h00. En primera instancia, está prevista la comparecencia de Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien contestará los requerimientos relacionados con la intromisión de madereros peruanos a la Zona Intangible Tagaeri Taromenane y al territorio del Parque Nacional Yasuní.
Luego, los comisionados escucharán a Agustín Albán Maldonado, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Alex Hurtado Borbúa y Julia Landázuri, presidente y secretaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, quienes entregarán información actualizada respecto de la creación de las Universidades en las provincias amazónicas, de conformidad con la Disposición Transitoria Decima Primera de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Otro tema a ser abordado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, es sobre el sistema vial de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
En otro orden, los parlamentarios tomarán una resolución respecto del pedido solicitado por los representantes de las nacionalidades indígenas Chachi y Épera, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, la Red Coordinadora de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, la Pastoral Social de Esmeraldas y Acción Ecológica, quienes denuncian que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, la actividad minera está asolando el bosque del Chocó en el que habitan.
La Comisión de Biodiversidad, en el 2021, continuará su trabajo en la aprobación de dos informes para segundo debate de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos y de las reformas a la Ley de Minería, para el efecto, recogió observaciones de parlamentarios y de la ciudadanía.
Además, una vez que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional los informes para primer debate de las reformas a Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como de las reformas al Código Orgánico de Ambiente, la mesa legislativa elaborará los informes para segundo debate.
Fiscalización
En la primera semana de enero de 2021, la Comisión insistirá en la comparecencia virtual, del general Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, quien deberá informar las acciones que ha realizado. También informará sobre la planificación para evitar la incursión a nuestros territorios madereros de nacionalidad peruana, dedicados a la explotación ilegal de madera, en las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y del Parque Nacional Yasuní.
Así mismo, será convocado Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt); Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretario del Consejo de Planificación y Desarrollo de la (CTEA), respectivamente; así como, José Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para que informe el avance de la construcción de carreteras.
Seguimiento de casos
Entre otros aspectos, la Comisión de Biodiversidad hará seguimiento a temas relacionados con la remediación de la contaminación provocada por el derrame hidrocarburífero registrado el pasado 7 de abril de 2020 en las aguas y riveras de los ríos Quijos, Coca y Napo. También brindará seguimiento al trabajo que realiza el Estado para controlar y evitar que continúe el proceso de erosión regresiva del río Coca, además de las acciones para evitar que en el futuro continúe la intromisión ilegal que realizan ciudadanos de nacionalidad peruana.
Así mismo, a la reubicación del relleno sanitario del cantón La Concordia en el áreas de influencia de las comunidades Santa Martha 2 y Agromache en la provincia de Santo Domingo de la Tsáchilas. La mesa hará seguimiento además de las labores de remediación de la contaminación producida en los esteros y ríos Itaya y Napo, afectando a los habitantes de la precooperativa 18 de Noviembre del cantón Shushufindi en la provincia de Sucumbíos.
Igualmente, a las actividades cumplidas y a cumplir los Ministros y demás funcionarios de Estado que integran el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo – Zaruma (provincia de El Oro), así como para remediar la contaminación de los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina, por la minería ilegal.
También al mantenimiento de los tramos comprendidos entre la “Y” de Baeza - Tena, Narupa - Huataraco, perteneciente a la Red Vial Estatal Napo; el tramo vial Reventador - Lago Agrio y Lago Agrio – Putumayo; la culminación de la ampliación de la terminal aérea Francisco de Orellana. Asi támbién, a las acciones cumplidas para implementar la creación y funcionamiento de las Universidades Públicas en las provincias amazónicas, priorizando las de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Finalmente, continuará indagando sobre los delitos contra la naturaleza, biodiversidad y la pesca ilegal de tiburones.
El ingreso de madereros, supuestamente de nacionalidad peruana, para realizar tala ilegal en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y en el Parque Nacional Yasuní, convocó la comparecencia de varias autoridades, de forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad.
En su turno, cada funcionario indicó las acciones emprendidas, en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, la fiscal General, Diana Salazar, señaló que a penas el viernes, 11 de diciembre de 2020, le llegó la denuncia para iniciar procesos de investigación, por parte del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Derechos Humanos.
“No solo se debe informar a la Asamblea Nacional y justificar su accionar ante una problemática”, dijo Diana Salazar. Al tiempo, pidió que las instituciones se comprometan a cumplir con sus obligaciones para poner fin a la tala ilegal en las zonas mencionadas.
La titular de la Fiscalía indicó que ante la denuncia presentada por la Fundación Alejandro Labaka y por el Fondo Ecuatoriano Populorum, se han mantenido reuniones con varias autoriddes. Respecto a las denuncias de ingreso ilegal de madereros peruanos a las zonas de aislamiento voluntario, se han realizado actuaciones preprocesales para recabar información, toma de versiones, seguimiento de los hechos y se aplicará la sanción respectiva, añadió.
Dijo que no basta con la acción aislada de la Fiscalía, es necesaria una acción conjunta de todas la instituciones del Estado para exigir que se respete nuestra frontera, para lo cual es imperativa la colaboración de las Fuerzas Armadas para que el delito flagrante entre en proceso penal. Precisó que la Fiscalía luchará contra este delito para que no quede en la impunidad.
Previamente, Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), denunció que hay personas invasoras que establecen campamentos temporales en nuestro territorio, se dedican a la extracción ilegal de las maderas más finas: cedro, caoba, chuncho, y se los llevan a través de los ríos hacia el Perú. Esta acción afecta igualmente a la fauna local y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Dijo que es preocupante que las autoridades competentes, especialmente las encargadas de salvaguardar nuestras fronteras y el área protegida, no hayan puesto cartas en el asunto para impedir que se sigan produciendo estas incursiones ilegales. No se puede permitir la afectación a nuestra biodiversidad en zonas que deben gozar de la máxima protección ambiental y tienen el carácter de intangibles; además, preocupa que estos actores pongan en muy grave riesgo las vidas de personas y comunidades amazónicas, más concretamente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Hinojosa sugirió detener estas incursiones ilegales, que las autoridades de Gobierno destinen los recursos económicos, materiales y de talento humano para poner fin a esta situación de forma inmediata; la urgente intervención de la fuerza pública; que la Fiscalía realice las investigaciones del caso y oficie, inmediatamente, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los ministerios involucrados; y se informe a la ciudadanía sobre las acciones que actualmente se están realizando en este aspecto
Entre tanto, Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka, exhortó la intervención de las autoridades para que actúen y tomen acciones para ptoreger las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Yasuní.
De su lado, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que desde febrero de 2019 hasta la actualidad, en reuniones bilaterales, se ha puesto en conocimiento de las autoridades peruanas las incursiones ilegales de madereros de este país. Dado que continúa este problema, en el primer trimestre de 2021 se insistirá sobre este particular en una nueva reunión bilateral.
Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, señaló que realizan monitoreos permanentes a la tala ilegal por parte de madereros peruanos. Dijo que el 11 de diciembre se realizó la denuncia ante la Fiscalía de Orellana, por etnocidio, invasión de áreas protegidas, delitos contra flora y fauna silvestre, marina o acuática y se solicita se sanciones con la máxima pena, además de la reparación integral a pueblos en aislamiento voluntario.
El ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, dio a conocer las acciones emprendidas para la protección de pueblos, nacionalidades y áreas protegidas. Señaló que existen 12 puntos de control. En este año se realizaron 1083 patrullajes terrestres, 449 patrullajes fluviales y 185 operativos. Se presume que las personas que realizan este ilícito portan armas por lo que el operativo debe realizarse con mucha reserva, enfatizó. Dijo que se ha interpuesto ante la Fiscalía dos denuncias: una en contra del ataque a los guardaparques y otro por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.
Los comisionados, luego de escuchar a todas las autoridades, señalaron que concuerdan con el pronunciamiento de la fiscal General de Estado, en el sentido de que no solo se debe informar para salir de paso en la Comisión, sino que deben trabajar coordinadamente para enfrentar la problemática y hacer respetar los derechos de pueblos en aislamiento voluntario, así como de la naturaleza.
Resolvieron convocar, por segunda ocasión, al Ministro de Defensa para que informe las acciones que se realizan y se ejecutarán para detener la tala ilegal por parte de madereros peruanos, tomando en cuenta que hasta que avancen los procesos de investigación el problema sigue latente. Además, cada institución deberá remitir a la mesa legislativa informes de las acciones realizadas para poner fin a esta situación. La Comisión hará un seguimiento permanente a esta problemática.
Contaminación petrolera
La Comisión, además, escuchó del ministro de Ambiente las acciones emprendidas para enfrentar la contaminación de los ríos Itaya y Napo, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, debido a la rotura de la tubería que transporta el crudo. Paulo Proaño señaló que se realizaron 14 inspecciones de control, supervisó los trabajos y monitorea procesos correctivos, de ser el caso. Una vez concluidos los procesos, Petroamazonas deberá presentar un informe que será verificado por el Ministerio de Ambiente.
El legislador Fredy Alarcón señaló que la subcomisión integrada por los asambleístas Alberto Zambrano y Edy Peñafiel constató que la contaminación es latente, por lo que solicitó al ministro Proaño, autorice la realización de nuevas pruebas de agua para verificar quesea apta para consumo humano. Paulo Proaño se comprometió a realizar un nuevo análisis, en esta semana, y poner en conocimiento de los resultados a la mesa legislativa.
La Comisión de Biodiversidad se reunirá el lunes 14 de diciembre, a las 09h00, con el fin fiscalizar temas relacionados con la explotación ilegal de madera en áreas protegidas de la Amazonía; la contaminación petrolera en Sucumbíos y Napo; la minería ilegal en Zaruma y Portovelo, con la presencia virtual de autoridades de Estado y sectores ciudadanos afectados.
Tala de árboles
En este marco, los parlamentarios escucharán a Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka (FAL), denunciantes del ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) y del Parque Nacional Yasuní (PNY), territorios destinados a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, con la finalidad de talar árboles de maderas finas que son extraídos a través de los esteros y ríos con destino al Perú.
Por este tema, la mesa legislativa invitó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores; Diana Salazar, fiscal General del Estado; Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, para que informen sobre las acciones realizadas y por ejecutar, para evitar la permanente violación a la soberanía territorial, induciendo al genocidio y/o etnocidio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuyos territorios están protegidos por la Constitución.
Contaminación petrolera
La Comisión avanzará con el proceso de fiscalización a la contaminación ambiental por derrame de petróleo. El ministro del Ambiente y Agua indicará las acciones y los planes de remediación y reparación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana, para contrarrestar la contaminación producida, el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia por la rotura de la tubería que transporta el crudo.
Minería ilegal
Por tercera ocasión, la mesa de Biodiversidad insistirá en la comparecencia de los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, así como de funcionaros que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma. Los comparecientes señalarán las acciones cumplidas y que se cumplirán para dar acatamiento a cada una de las disposiciones previstas en los decretos Ejecutivos 158 y 169, de 2017.
Limpieza y remediación
Los comisionados analizarán los Informes de fiscalización a los trabajos de limpieza y remediación realizados por las operadoras petroleras por la contaminación de los ríos Quijos, Coca y Napo, emitidos por las subcomisiones de la Comisión de la Biodiversidad, en inspecciones realizadas el 19 y 20 de noviembre de 2020, entre otros temas a ser tratados en la mesa parlamentaria.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, recordó que la actividad minera en Zaruma-Portovelo se realiza desde hace más de un siglo. La actividad dejó abierta múltiples galerías, chimeneas y cámaras, cambiando sustancialmente las propiedades físicomecánicas del sustrato rocoso. Posterior a ello se desarrolló un sinnúmero de galerías excavadas sin ningún ordenamiento minero de carácter técnico, agravándose con la intervención de mineros informales e ilegales.
Precisó que se requiere un control integral de toda la cadena de valor de oro, en cuanto a producción, transporte y comercio de minería legal, pero a su vez, promover un desarrollo productivo con miras a fomentar, por ejemplo, el turismo.
Pazmiño dijo que, en el ámbito de seguridad, en Zaruma se ejecutaron dos ejes. Por un lado, el preventivo, con 693 operaciones, dando como resultado 75 detenidos. De otro lado, el investigativo con un total de 10 detenidos. Dijo que desde el Gobierno se propone la ampliación de la zona de exclusión minera a 370 hectáreas (antes 215), a fin de disminuir riesgos a la estabilidad de la zona, debido a nuevas concesiones.
De inmediato, Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, dijo que hay actividades que se desarrollan por parte del Ministerio de Gobierno, pero sigue habiendo mineros ilegales y es difícil el control en algunas zonas de la parte periférica. En cuanto a la ampliación de la zona de exclusión minera, indicó que tiene que ser en base a un análisis técnico y socializado con la población y el sector.
Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo, insistió en la devolución de las regalías mineras, coincidió con el alcalde de Zaruma en que los operativos no son suficiente para controlar la minería ilegal.
El ministro Pazmiño dijo que la ampliación de la zona de exclusión minera está en trámite y se comprometió a realizar intervenciones de forma periódica, con el concurso de los gobiernos autónomos descentralizados de Zaruma y Portovelo, para combatir la minería ilegal que requiere de un control integral.
Contaminación petrolera
La Comisión de Biodiversidad también fiscalizó la contaminación por derrame de petróleo en las provincias de Sucumbíos y Napo, especialmente, la afectación a la comunidad 18 de noviembre. Su representante, Fernando Ajila, a través de un video demostró la afectación por la contaminación petrolera, ocasionada el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia. Aseguró que son 470 familias las afectadas.
El asambleísta Fredy Alarcón recordó que este miércoles, 9 de diciembre, junto con los legisladores Eddy Pañafiel y Alberto Zambrano realizarán una visita in situ para verificar el grado de afectación por la rotura de la tubería por donde se transporta el crudo hacia la estación de Petroamazonas.
Entre tanto, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, indicó que los hechos no generaron afectaciones a terceros. Los dos casos están relacionados a emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos.
Autoridades y personal técnico de Petroamazonas detallaron el seguimiento y control en casos de emergencias ambientales. Explicaron los procesos de compensación social, la infraestructura de reparación, cambios de tramos de tubería y demás acciones ejecutadas tras los eventos ocurridos en Shushufindi.
Los funcionarios concluyeron que las actividades de la industria hidrocarburífera pueden generar impactos que se encuentran identificados en los planes de manejo ambiental y mediante su ampliación se genera la acción inmediata. A la fecha, la limpieza de los eventos ocurridos en noviembre se encuentra 100 % concluida, además existe la presencia de técnicos del Ministerio de Ambiente para el muestreo final con un laboratorio acreditado, señalaron.
Según las explicaciones generadas, los dos eventos no generaron afectación a cuerpos hídricos. El uno ocurrió a 283 metros respecto del río Itaya; el segundo, a 17 kilómetros del río Napo.
Los parlamentarios dijeron que hay dos versiones que se han presentado en la mesa legislativa, de los representantes de la comunidad 18 de noviembre y las autoridades de Recursos Naturales no Renovables y Petroamazonas. La visita al territorio será fundamental para verificar quién tiene la razón, pero lo más importante es llegar a acuerdos para encontrar soluciones, coincidieron.
Ecu 911
Juan Zapata, director de Ecu 911, compareció en la Comisión de Biodiversidad para explicar los servicios integrados de seguridad en las provincias de la Amazonía, detalló el modelo nacional, estructura operativa, mecanismos de alerta y distribución de centros zonales. Informó que, de conformidad con los registros, el 51 % de alertas corresponden a la Costa; el 44 %, a la Sierra; y el 4.6 % a la Amazonía.
Dijo que el Ecu 911 es el responsable del protocolo para servicios de emergencia y seguridad, en coordinación y colaboración de los servicios del sistema en el que participan el Ministerio de Salud y el IESS. Dijo que está en proceso las acciones para que todos los Cuerpos de Bomberos se incorporen a la red. Mencionó que es necesaria la compra de más ambulancias y exhortó a las unidades locales para la suscripción de convenios.
Comparecencias
La mesa de Biodiversidad resolvió citar a los ministros de Ambiente y Agua, Relaciones Exteriores, Defensa, a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, para que informen sobre el ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Nacional Yasuní
La Comisión de Biodiversidad realizará la fiscalización a la contaminación producida el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya y Napo y sus áreas de influencia, esto por la rotura de tubería que transporta el crudo. Por este tema convocará a los ministros de Ambiente y Agua, Paulo Proaño; de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz; y al gerente general de Petroamazonas, Franklin Paredes, quienes informarán las acciones y los planes de remediación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
La mesa legislativa también realizará el control político del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, por tanto, invitará a Juan Zapata, director general de esta institución, para que explique sobre los mecanismos y formas de brindar los servicios en las provincias de la Amazonía, en virtud de las constantes quejas y denuncias acerca de la ineficacia del citado servicio.
Así mismo, proseguirán con la fiscalización a la problemática que enfrentan los cantones Zaruma y Portovelo por efecto de la minería ilegal, y la contaminación de ríos en Santa Rosa, provincia de El Oro.
En este marco, los parlamentarios citaron por segunda ocasión, a los ministros de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Salud, Juan Carlos Zevallos; de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, quienes, en el ámbito de sus competencias, informarán las acciones cumplidas y que se cumplirán para dar acatamiento a cada una de las disposiciones previstas en los Decretos Ejecutivo No. 158 y 169 de 2017.
Igualmente, la mesa legislativa, recibirá a Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, a Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo; y a Larry Vite, alcalde del cantón Santa Rosa, para que según corresponda, expresen sus inquietudes y demandas respecto de las acciones cumplidas por el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo- Zaruma. Así mismo, sobre la situación de contaminación en la que se encuentran los ríos Calagura, Santa Rosa y Estero Medina, por efectos de la minería ilegal.
En esta reunión virtual, también estarán presentes funcionarios que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma, a quienes se les convoca por segunda ocasión.
La Comisión de Biodiversidad retomó el control político a la problemática que enfrentan los cantones de Zaruma y Portovelo, en la provincia de El Oro, por efecto de la minería ilegal que afectó a la zona urbana, así como la contaminación de los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina. Varias autoridades vinculadas con el tema comparecieon y explicaron las acciones emprendidas. En esta reunión también estuvieron presentes alcaldes de los dos cantones quienes solicitaron del Estado la devolución de regalías mineras para obras del sector.
En la sesión virtual, Franco Fernández, vicepresidente de la Comunidad Zarumeña, solicitó a la Comisión realizar una visita in situ a la zona de Portovelo-Zaruma, con la presencia de todas las autoridades de Estado, a fin de verificar los daños que ha generado la minería ilegal en el caso urbano. El objetivo es llegar a soluciones y consensos en conjunto. Únanse a la causa común para luchar por Zaruma, dijo.
Por su parte, Jhansy López, alcalde de Zaruma, informó los proyectos que ejecutan en el marco de sus competencias, como el proyecto de agua potable y alcantarillado. Demandó acciones sobre la zona de exclusión minera y zonas de protección, además de atención en seguridad y salud.
Mientras que, Paulina López, vicealcaldesa de Portovelo, informó sobre los casos de minería ilegal que a la vez generan problemas de inseguridad. Aclaró que los recursos de la remediación del área minera fueron manejados por el Comité de Remediación y Fomento Productivo. Exigió la devolución de regalía mineras.
Entre tanto, la legisladora Rosa Orellana detalló las actividades gestionadas por la contaminación que afecta a los ríos del cantón Santa Rosa, a consecuencia de la actividad minera. Recordó las atribuciones del gobierno autónomo municipal. En cambio, Miguel Torres, presidente de las Fuerzas Aliadas, solicitó continuar las acciones establecidas en la hoja de ruta con la participación de varias autoridades, a fin de que se logre la descontaminación de los ríos.
Fredy Orellana, activista social, fue enfático al señalar que la gente está tomando arsénico en Santa Rosa debido a la minería ilegal que afecta a los ríos de este cantón. Dijo que es necesario declarar área de protección a la cuenca alta del río. La asambleísta Liliana Durán, recordó el contenido de los decretos ejecutivos referentes al área minera de Portovelo – Zaruma e indicó que lamentablemente la subcomisión que se conformó en el Pleno para dar seguimiento de la situación no realizó su función de acompañamiento para dar solución a esta problemática. Hoy la Comisión de Biodiversidad retorma el control político y de fiscalización de este tema, precisó.
Sandra Argoty, titular de Planifica Ecuador, explicó los tres ejes de acción para la remediación, recuperación y fomento productivo de la mencionada área minera, además que se creó dos subcomités con un plan estratégico emergente con enfoque en gestión de riesgos y fomento productivo de los GAD de Portovelo y Zaruma. A futuro se debe revisar planes de desarrollo de ordenamiento territorial alineados al Plan Nacional de Desarrollo Sostenible.
El ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, recordó que el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera ilegal de Portovelo-Zaruma lo preside el Ministerio de Gobierno que es el que se encarga de combatir este delito. Mencionó que muchos proyectos asignados a esta Cartera de Estado no se concretaron por que los recursos se reasignaron para otras obras, debido a la pandemia Covid 19. Dentro de la competencia exclusiva de esta Cartera de Estado, con el fin de proteger a la ciudad, se propuso una nueva zona de exclusión minera, con 373 hectáreas, que incluye la planta de potabilización de agua.
César Vásquez, funcionario de este Ministerio, subrayó que en este mes estaría concluida la propuesta de la nueva zona de exclusión, cuya normativa será expedida mediante acuerdo. Señaló que, actualmente, un equipo técnico se encuentra realizando el inventario de pasivos ambientales mineros en el sector. Al referirse a los operativos de control, seguimiento e intervención a la minería ilegal, precisó que desde el 2017 se realizan inspecciones; en el 2020, se efectuaron 30 operaciones, hay 18 personas detenidas y se decomisaron 150 bultos.
En su momento, Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, informó que desde el 2017 hasta la presente fecha se han realizado 349 inspecciones, operativos, notificaciones, solicitud de planes y expedición de acciones administrativas y legales para combatir la minería ilegal en Zaruma-Portovelo. Indicó que de las inspecciones técnicas a los ríos Caluguro, Santa Rosa y Estero Medina, se determinó el incumplimiento de 49 concesiones mineras. Dijo que es necesario generar acciones conjuntas en la lucha por la minería ilegal.
El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, informó que, tras la expedición de los decretos 158 y 169 sobre el área minera en Portovelo-Zaruma, se trabajó en la Agenda Habitat y Saneamiento, así como el emprendimiento de acciones en el marco del Plan de Recuperación y Fomento Productivo. En Zaruma se constituyó 71 viviendas en terreno propio; en Porovelo se ejecutó 19 viviendas y dentro del programa Casa para Todos está prevista la construcción de 100 viviendas. Indicó que esta cartera de Estado elaborará una norma específica para resolver la afectación puntual a los dos cantones.
Vicente Taiano González, ministro de Inclusión Económica y Social, mencionó que a noviembre de 2020, en Zaruma y Portovelo, se encuentran habilitados 3148 usuarios en transferencias monetarias no contributivas del Sistema de Protección Social Integral; se cuenta con una inversión acumulada de 3 264 261 dólares, desde octubre de 2017 a octubre de 2020. Señaló que el bono emergente es una de las acciones de su gestión, a raíz del decreto 169 respecto al área minera. También explicó sobre los bonos de desarrollo humano, protección familiar por el Covid-19 y el apoyo nutricional.
De su lado, Romel Salazar, director General de Gestión de Riesgos, recordó que con el Decreto Ejecutivo 158 se estableció el estado de excepción, el 15 de septiembre de 2017, a partir del cual se toma acciones por parte de las instituciones públicas y privadas. Dijo que desde el 2018 hasta la presente fecha se realiza el Plan para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área, por parte del Comité creado para ese objetivo. Informó que se ejecutó el proyecto de generación de información geoespacial en el área minera para reducir los riegos naturales y antrópicos y se preparó un plan de rehabilitación en la zona.
Insistencia de comparecencias
La Comisión de Biodiversidad resolvió citar por segunda ocasión al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Salud, Juan Carlos Zevallos; y ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, para que, en el ámbito de sus competencias, expliquen las acciones generadas para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones previstas en los decretos ejecutivos 158 y 169. Luego de estas comparecencias, los comisionados establecerán acciones inmediatas a seguir.
En otro orden, debido al pedido de los alcaldes de los cantones de Zaruma y Portovelo, los comisionados resolvieron exigir al Ministerio de Finanzas la entrega puntual de recursos por regalías que produce la actividad minera para obras en estos sectores.
Con ocho votos a favor, la Comisión de Biodiversidad resolvió retomar el proceso de fiscalización a la problemática que enfrenta el cantón Zaruma, debido al hundimiento del subsuelo provocado por la minería clandestina, así como la contaminación ambiental ocasionada en varias fuentes hídricas del cantón Santa Rosa, de la provincia de El Oro. Para conocer las acciones emprendidas para dar soluciones integrales serán citados, la próxima semana, el Ministro de Ambiente y Agua y el titular de la Agencia Nacional de Control Minero (Arcom).
Previo a tomar esta resolución, los comisionados expresaron su rechazo por la inacción de la comisión ocasional que se conformó en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 6 de febrero de 2020, encargada de dar seguimiento a lo dispuesto en los decretos ejecutivos con los que se ordena la creación del Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera, así como de los acuerdos ministeriales que dispusieron la intervención y remediación de las zonas de exclusión de Zaruma.
Dicha Comisión Ocasional, de acuerdo a la voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional, tenía el plazo de 45 días para el cumplimiento de este fin específico y estaba conformada por siete asambleístas, quienes inobservaron dicho proceso de control político. Este particular, motivó a la legisladora Rosa Orellana solicitar a la Comisión de Biodiversidad retome este caso, hasta encontrar soluciones reales.
Pesca pequeña escala
En otro orden, por unanimidad, la Comisión de Biodiversidad citará, de forma virtual, a Melisa Verpile, asesora de Parlamentarios por la Acción Global – PGA; y, a los técnicos Teddy Escarabay y Enrique Alonso para que den sus aportes sobre la capacidad para crear conciencia sobre el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala durante el Covid-19.
Además, los especialistas informarán la problemática que este sector enfrenta por la presencia de la pesca comercial, cuyos cambios tecnológicos y sociales perjudican la manera tradicional de pesca, afectando la sostenibilidad del medio marino y amenazado los ecosistemas tradicionalmente utilizados por la pesca en pequeña escala.
El pedido lo formuló la asambleísta Liliana Durán, quien señaló que los Parlamentarios por la Acción Global es una red internacional sin fines de lucro y no partidista que informa y moviliza a los parlamentarios en todas las regiones del mundo para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad humana, discriminación e igualdad de género. En esta ocasión, solicitan a través de la Comisión de Biodiversidad crear conciencia sobre el desarrollo y crecimiento de la pesca artesanal.
Derechos Humanos
La Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, debía comparecer ante la Comisión de Biodiversidad, para indicar las razones por las cuáles no acata las resoluciones establecidas por la mesa legislativa que constan en el informe semestral No. 13 de la Declaratoria de Interés Nacional sobre la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. La funcionaria envió una excusa a la mesa legislativa indicando que por compromisos adquiridos con anterioridad no puede asistir a este llamado. Los parlamentarios resolvieron no volver a citar a la funcionaria.
Los legisladores recordaron que todas las instituciones inmersas en la Declaratoria de Interés Nacional, entre ellos: Derechos Humanos, tienen que informar a la Asamblea Nacional sobre las posibles afectaciones en el área intangible, razón por la cual esta institución deberá complementar la información solicitada por los parlamentarios y solo allí, la Comisión podrá volver a tratar el informe semestral No. 13.
Zambrano recordó que, el 14 de septiembre de 2020, la Comisión de Biodiversidad negó el informe enviado por las instituciones del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional y solicitó que los ministerios respectivos remitan información completa; sin embargo, la Secretaria de Derechos Humanos, en comunicación dirigida al presidente de la mesa legislativa, pide que se apruebe o rechace el informe No. 13.
La Comisión de Biodiversidad, que preside el asambleísta Alberto Zambrano, convocará de forma virtual, a la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, para que indique las razones por las cuáles no acata las resoluciones establecidas por la mesa legislativa que constan en el informe semestral No. 13 de la Declaratoria de Interés Nacional sobre la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 en el Parque Nacional Yasuní. La sesión se realizará el lunes 23 de noviembre, a las 14h00.
Zambrano recordó que el 14 de septiembre de 2020, la Comisión de Biodiversidad negó el informe enviado por las instituciones del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional y solicitó que los ministerios respectivos remitan información completa; sin embargo, la Secretaria de Derechos Humanos, en comunicación dirigida al presidente de la mesa legislativa, pide que se apruebe o rechace el informe No. 13.
En este marco, para que explique los argumento previstos en el oficio SDH-20-1028-OF, de fecha 21 de octubre de 2020, la Comisión resolvió citar a la funcionaria.
Otro de los temas a ser tratado en la Comisión es el pedido de resolución planteada por la asambleísta Liliana Durán, para que comparezcan Melisa Verpile, asesora de Parlamentarios por la Acción Global (PGA); así como, los técnicos Teddy Escarabay y Enrique Alonso, representantes de la Asociación de Pesca Sostenible, para que den sus aportes sobre la capacidad para crear conciencia sobre el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala, durante el COVID-19.
También, darán a conocer la problemática que este sector enfrenta por la presencia de la pesca comercial, cuyos cambios tecnológicos y sociales perjudican la manera tradicional de pesca, afectando la sostenibilidad del medio marino y amenazando los ecosistemas utilizados por la pesca en pequeña escala.
