Comisión De Justicia y Estructura del Estado

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jun 26
2019
Comisión de Justicia continúa análisis de reformas penales en materia de tránsito

Dentro de la convocatoria de la Mesa de Justicia, se recibió en comisión general al asambleísta Fafo Gavilánez, quien abordó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y expuso las propuestas ciudadanas presentadas ante la Comisión de Tránsito respecto de las sanciones penales. Subrayó, además, que dichas sanciones se basan en tres principios: participación ciudadana, objetividad y trabajo centrado en el sector.

Indicó que los conductores manifiestan su malestar por las múltiples sanciones y multas que se imponen en este sector. Por ello, en la parte administrativa propuso que se instauren medidas como trabajo comunitario y capacitación permanente.

Los asambleístas, en el debate, analizaron las reformas al Código Penal a fin de mejorar este cuerpo normativo y tener una aplicación acorde con la realidad del país. En este sentido, sobre el artículo 383, en lo que respecta a la conducción de vehículo con llantas en mal estado, los legisladores acordaron analizar a profundidad este precepto legal, pues a su juicio no hay proporcionalidad entre la gravedad dela infracción y la pena.

También sugirieron que el tratamiento del artículo 385, sobre la conducción de vehículo en estado de embriaguez y el artículo 386, que establece las contravenciones de tránsito de primera clases, sean revisados nuevamente por el equipo técnico, a fin de recabar datos y estadísticas para argumentar los criterios.

En lo que tiene que ver al artículo 384 del COIP, sobre la conducción de vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados, la comisión decidió mantener el texto de este articulado. Según la mesa, guarda relación el tipo penal con la pena establecida, así como su dosimetría y proporcionalidad.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Ximena Peña sugirió que en las próximas sesiones de este organismo legislativo se cuente con la presencia de representantes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), a fin de tener una perspectiva técnica en la construcción de las reformas.

EA

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jun 24
2019
Comisión de Justicia lidera proceso de construcción de reforma penal para lucha contra la corrupción

Fiscalía, Contraloría, Secretaría Anticorrupción, Naciones Unidas y la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StaR) acudieron al llamado de la Comisión de Justicia, para analizar la definición de reformas penales que permitan enfrentar la corrupción y la impunidad y, lo que es más, recuperar el dinero robado.

La mayor coincidencia fue que el combate a este grave fenómeno debe ser integral y con la activa participación de todas las instituciones estatales y la sociedad, dado que pone en riesgo la estabilidad democrática de los pueblos y limita su desarrollo. Ese encuentro se dio en el marco de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia.

Ximena Peña, titular de la mesa, expresó que la Asamblea trabaja en reformas a cuerpos normativos, para, precisamente, consolidar la lucha anticorrupción y que, en esa línea, están los cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los insumos y aportes de la Fiscalía, de la Judicatura y Contraloría son importantes en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto, enfatizó.

Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Función Legislativa, destacó la firma del convenio entre la Asamblea y la Comisión Anticorrupción, que convoca a aunar esfuerzos para acabar con la corrupción y los corruptos. La acción de la Comisión de Justicia es clave para sacar leyes y marcos jurídicos orientados a terminar con este cáncer miserable que tanto daño ha hecho a nuestro país, enfatizó.

Propuestas

Para Iván Granda, secretario Anticorrupción, es indispensable desarrollar un sistema alrededor de la temática, en el que intervengan: sector privado, sociedad civil, ministerios, superintendencias, Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), la Asamblea, entre otras. Planteó establecer una política pública de coordinación en tema de prevención y crear jueces nacionales anticorrupción.

A criterio de Pablo Celi, contralor General del Estado, las instituciones deben actuar de forma integral y concurrente, abarcando cinco ejes: control preventivo, procesos de investigación, tipificación de infracciones, procesamiento judicial y la acción unitaria estatal frente al sistema judicial y resarcimiento de las lesiones irrogadas. Habló de revisar, con rigurosidad, las condiciones y motivación de los decretos de emergencia y el uso de gastos especiales, conformando comités para este tipo de casos.

Wilson Toainga, fiscal subrogante, observó que para iniciar un proceso penal en delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito se necesita contar con el informe de la Contraloría respecto de indicios de responsabilidad penal, lo que va en contravía y es un obstáculo al principio establecido en el artículo 195 de la Constitución, más allá que se requiere su criterio técnico en cuanto a los elementos objetivos. Así mismo, sugirió analizar los términos y plazos en torno a la imprescriptibilidad de la acción y la pena en delitos de peculado, en armonía con la norma constitucional (artículo 233).

Mientras Arnaud Peral, coordinador Residente de Naciones Unidas en Ecuador, llamó a despolitizar la agenda anticorrupción, centrándose en aspectos técnicos, que estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Se hace indispensable un cambio de cultura, rompiendo la falta de transparencia, en particular en las compras públicas y darle prioridad a la materia de financiamiento de campañas electorales, subrayó.

Por último, Andrea Agudelo, representante de Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados (StaR), manifestó que no hay un modelo de lucha contra la corrupción, sino que cada país construye el suyo, acorde con su realidad. Mencionó que la entidad acompaña a los países para contribuir en el trabajo orientado a que los fondos provenientes de hechos de corrupción no encuentren refugio seguro en el exterior, así como en la asistencia para crear marcos legales efectivos en la persecución patrimonial.

MG/eg

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jun 19
2019
CONGOPE plantea un trabajo articulado de todos los niveles de gobierno para enfrentar la violencia

La Comisión de Justicia continuó el análisis de los casos de violencia y femicidios, conforme la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), del pasado 4 de abril de 2019.

Este miércoles, en horas de la tarde, recibió a Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), quien propuso que todos los niveles de gobierno (central, municipios, prefecturas, juntas parroquiales) articulen esfuerzos para enfrentar la violencia, especialmente contra grupos vulnerables.

El sistema jurídicamente funciona, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y otras están en plena aplicación, así también las instituciones están desarrolladas. Para que el proceso tenga éxito es fundamental que todos los actores trabajen conjuntamente, bajo una visión estrictamente territorial, agregó.

Precisó que los gobiernos locales tienen, por ejemplo, la potestad, de acuerdo al artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de invertir hasta el 10 % de los ingresos no tributarios en proyectos para los grupos vulnerables. Si todos suman voluntades, recursos y definen una estrategia territorial para la misma causa, la situación será altamente provechosa para el interés nacional.

Esto se denomina territorializar la política pública, dijo, al enfatizar que se puede implementar una mesa provincial, liderada por el gobernador, a la que se incorporen organizaciones no gubernamentales, la academia, sector privado y la sociedad civil, recogiendo y trasladando la acción que actualmente se cumple sobre el tema riesgos.

Protocolos

En tanto, Milton Luna, ministro de Educación, sostuvo que la entidad ha establecido el manual de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo y el manual que fija las directrices con las que los miembros de la comunidad educativa deben actuar ante este tipo de actos.

También está la aplicación de directrices para la prevención y abordaje, que garantizan atención oportuna, protección, investigación, restitución de derechos vulnerados, evitando la revictimización de menores, cuyos lineamientos se han socializado a más de un millón de alumnos, 96.863 docentes, 11.717 autoridades, 786.000 mil padres y representantes legales, en el período 2018 - 2019, lo que ha permitido fortalecer la cultura de la denuncia, restituir la voz de los chicos y crear niveles de confianza en el sistema.

MG/

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jun 04
2019
Casos de violencia y femicidio en el país se analizaron en Comisión de Justicia

En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea, de fecha 4 de abril, la Comisión de Justicia, con la presencia de la Fiscal General, Diana Salazar, analizó la situación de violencia y casos de femicidio detectados en el país, especialmente en la ciudad de Latacunga.

Diana Salazar Méndez destacó que el Código Penal estable directrices para la actuación de  investigaciones y garantías a los familiares de las víctimas, mientras la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contempla un protocolo de aplicación en temas de delitos flagrantes y que tengan que ver con estos hechos, que fuera emitido por el Consejo de la Judicatura.         

Datos

En el Ecuador, desde agosto de 2014, en que se incorporó la figura del femicidio, hasta el mayo de 2019 se han presentado 332 casos a nivel nacional, de los que 168 tienen una terminación de la causa, indicó.

Enfatizó que en el 2019 se han registrado 26 casos de femicidio a nivel nacional. Cotopaxi presenta cuatro femicidios, que representa el 15.4 % y Latacunga, lamentablemente tres femicidios (11.5% a escala país), no seis como se había anticipado, pues en el desarrollo de la investigación preprocesal y procesal penal se comprobó que tres provenían de hechos violentos que terminaron con la muerte de una persona, de una mujer, hasta por delitos de robo.

Relación de poder

En estos asuntos, es fundamental verificar la relación de poder entre la víctima y el presunto victimario y, lo que es más, clarificar la delincuencia común de los femicidios. La delincuencia es el resultado de la sociedad violenta en que vivimos, que se da en niños, niñas, adolescentes y hombres, agregó.

Puntualizó que la institución trabaja en la sensibilización de los funcionarios que actúan en las unidades, no solamente de violencia cuando se presenten delitos de flagrancia.

En la sesión participó el titular de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores.

MG/eg       

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jun 03
2019
"Fortalecer prevención de femicidios requiere acciones institucionales coordinadas": Ma. Maldonado

En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura indicó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción en casos de violencia contra las mujeres y el núcleo familiar. La propuesta está ligada a procesos de capacitación a jueces, fiscales y defensores públicos. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia, evitar la impunidad y la revictimización.

Además explicó que el Pleno del Consejo expidió la resolución del 10 de abril de 2019, en la cual se actualiza el Plan de Optimización y Fortalecimiento de Unidades Especializadas sobre Violencia Contra la Mujer. La actualización se orienta a ampliar y mejorar los sistemas de justicia especializados para personas que sufren violencia.

El Plan está diseñado para las 24 provincias del país. Entre 2019 y 2020, está prevista la creación y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La estructura contará con 20 jueces, 20 secretarios, 28 ayudantes judiciales, 43 médicos peritos y 39 psicólogos, quienes trabajarán en mecanismos de prevención. Acotó que el número de jueces, secretarios y ayudantes judiciales de primera acogida corresponde solo a las unidades especializadas de violencia.

De su lado, Patricia Esquetini, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo que desde junio se operativizarán los sistemas de seguimiento de casos de violencia y femicidio. De inmediato, dio a conocer los procesos judiciales iniciados por femicidio desde agosto de 2014 al 26 de mayo de 2019.

Mencionó que existen 332 noticias de delito, de los cuales 98 están en investigación previa. 234 casos ingresaron a la Judicatura, siendo 168 casos resueltos y 132 sentencias condenatorias ejecutoriadas. 66 casos están en trámite: 25 en unidades judiciales, 22 en Tribunales Penales, 15 en Salas Provinciales y 4 en la Corte Nacional. Existen 132 casos con sentencias condenatorias por delito de femicido, es decir, se ha resuelto el 78%.

Indicó que en Cotopaxi existen seis casos que son investigados por asesinato, homicidio y femicidio. Cinco de ellos están en investigación previa hasta agosto de 2019 y uno en instrucción fiscal hasta julio de este año. Esquetini anunció que el Consejo de la Judicatura, trabaja en la implementación de un sistema informático que permitirá otorgar medidas administrativas de protección a través de la coordinación con autoridades locales.

Los comisionados también escucharon a Marlo Brito Fuentes, Secretario de Derechos Humanos quien precisó que articularon un sistema de protección, con un plan de respuesta integral en territorio en casos de escalada de violencia contra mujeres y niñas.

Igualmente explicó sobre el sistema de alerta temprana en Durán y Quito (Quitumbe). El instructivo para gestión de medidas administrativas de protección inmediata en gobiernos municipales (Juntas Cantonales de Protección de Derechos) y, en los gobiernos parroquiales (Tenencias Políticas y Comisarías de Policía), a través de modelos de ordenanzas, instructivo para otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata y un Reglamento de Procedimiento para ordenar medidas administrativas.

En materia de prevención está en implementación una encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia contra las mujeres que podría estar lista en noviembre de 2019, además que establecieron un registro único de violencia. Está en construcción el observatorio de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; en marcha la estrategia nacional de embarazo y adolescente; y el programa nacional de Formación que articula modelos, programas y procesos de formación con miembros del Sistema para prevenir la violencia contra mueres, niñas, niños y adolescentes.

Al referirse a los casos de femicidio en Latacunga mencionó que desde el 2014 al 2019 se reportaron 11 casos, los cuales fueron atendidos. Se realizó un acercamiento con cada uno de los familiares para ofrecer servicio de asesoría legal, trabajo social y promoción social.

JLVN

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may 31
2019
Comisión de Justicia seguirá con estudio de casos de violencia y femicidio

Para el lunes 3 de junio, a las 16h00, están previstas las comparecencias de Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura y Marlo Brito Fuentes, secretario de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Los funcionarios deberán informar las acciones ejecutadas y en proceso de aplicación, en el marco de sus competencias, respecto de los hechos violentos contra la mujer y femicidios en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Esto como parte de la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 4 de abril de 2019, que dispuso, precisamente, que la mesa convoque a los representantes o delegados del Ministerio del Interior, Secretaría de Justicia, Presidenta del Consejo de la Judicatura y Fiscal General del Estado.

Mientras, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral tiene la responsabilidad de invitar a los representantes de la Comandancia General de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas.

En esa ocasión, el Parlamento se solidarizó con los familiares de todas las víctimas de femicidio, en especial de Bertha Chicaiza, Angélica Yano Lezcaro, María Vargas, Mayra P., Estefanía Reinoso y Jenny Yugsi Alomoto, así corno, con todas las mujeres violentadas a diario en nuestro país.

La primera comparecencia se produjo el miércoles 29 de mayo. Se trató de Diana Salazar, fiscal General del Estado, quien mencionó que en el período agosto 2014 a mayo 2019 se han presentado 332 casos de femicidio, a nivel nacional. Aclaró que de los seis casos reportados en Latacunga, solo tres se identificaban como delitos de femicidio y el resto obedece a hechos violentos y robo, que lastimosamente terminaron con la muerte de una personas, en este caso, de una mujer.

MG/eg

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may 29
2019
Justicia revisa propuestas de reforma penal en materia de tránsito y entregaría informe en junio

La Comisión de Justicia inició la revisión integral de todas las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en materia de tránsito. La idea es presentar un primer informe a finales de junio, para lo cual coordinará y articulará el trabajo con la mesa ocasional de Tránsito.

La legisladora Ximena Peña Pacheco, presidenta del organismo, informó que existen 21 proyectos, de los que se han analizado 18 y han llegado tres adicionales, de iniciativa de los parlamentarios Pedro Curichumbi, Freddy Alarcón y Edy Peñafiel. En total, tenemos 99 propuestas que reformarán 23 artículos del Código Penal, dijo.

Recordó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con fecha 23 de abril, dispuso que todo lo que tiene que ver con el asunto de tránsito se aborde, por separado, del conjunto de reformas penales.

Habló de enfocarse en la temática todos los miércoles, a través de la revisión de cada artículo y recibir comisiones generales. Anunció que se invitará, precisamente, a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), a organizaciones de la clase del volante, gremios, Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), entre otras, para incorporar las diversas visiones de la sociedad civil.

Comentó que se pedirá a la Agencia Nacional de Tránsito que delegue, de manera permanente, a un asesor de la entidad, a fin de que pueda absolver las inquietudes técnicas que se presenten por parte de los comisionados, en el proceso de socialización y debate de la normativa.

MG/eg

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may 29
2019
Se aprobó Plan de Trabajo de la Comisión de Justicia para el segundo semestre 2019

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado realizó su primera sesión oficial, bajo la conducción de Ximena Peña Pacheco. En primera instancia, aprobó, por unanimidad -nueve votos afirmativos- el plan de trabajo para los próximos seis meses, en el que se prioriza el tratamiento de la reforma penal en materia de tránsito, con el objetivo de contribuir a reducir la siniestralidad en en país.

Otro tema de importancia será la reforma al Código de la Democracia, tomando en cuenta que existen siete propuestas al respecto. En ese contexto, se invitará a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, a fin de conocer sus opiniones y argumentos sobre el contenido y alcances de sus iniciativas.

Fiscalización y control político

En el ámbito de fiscalización y control político, la mesa desarrollará un seguimiento constante a la aplicación de las normativas aprobadas en el organismo. También, prevé analizar la situación de la rehabilitación social y la actuación de los operadores de justicia en casos de niñez y violencia intrafamiliar, entre otros.

Ciudadanizar la tarea

La legisladora Ximena Peña, presidenta de la Comisión, habló de ciudadanizar mucho más la tarea de la mesa, en territorio, a través de foros y talleres con expertos nacionales e internacionales, estudiantes de Derecho, academia, organizaciones sociales y la población en general, lo cual fortalecerá la participación ciudadana y el diálogo en el marco del proceso de socialización de los proyectos.

Expresó que hay una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional en el sentido de dar seguimiento a la situación de los familiares de las víctimas de femicidio, que implica la comparecencia de varios funcionarios, lo que merecerá una respuesta urgente. Dijo que se enfocarán en el tratamiento de posibles cambios a las leyes de la Función Legislativa, Función Judicial y de la Contraloría; los proyectos de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, de Extinción de Dominio, Anticorrupción y las múltiples enmiendas al Código Penal.

Propuesta

La Comisión de Justicia recibió a la legisladora Andrea Yaguana, quien hizo pública una propuesta de reforma al Código de la Democracia, mediante la cual solicita mayor control y sanción respecto del uso de bienes públicos en campaña electoral por parte de las autoridades de elección popular que optan por la reelección, lo que atenta contra la equidad e igualdad de oportunidades para aquellos que por primera vez incursionan en política.

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mar 15
2018
Propuestas de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del debate de los proyectos de leyes reformatorios al Código orgánico de la Función Judicial, se recibió en comisión general a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura y a Ernesto Pazmiño, Defensor Público General.

Error inexcusable

Gustavo Jalkh, defendió la aplicación de la figura disciplinaria del error inexcusable previsto en el Código de la Función Judicial, que ha tenido un impacto positivo en la administración de justicia para beneficio de la ciudadanía.

Destacó que la misma, ha permitido reducir significativamente el número de audiencias fallidas, recordó que por ausencia del Fiscal en el 2013 se registraba, 5.642, y en 2017 bajó a 1.048; por ausencia del juez era 2.537 y en la actualidad está en 340; por ausencia del Defensor Público antes 1.237 y ahora 180.

Propuso que cualquier persona que reciba sentencia condenatoria por infracción de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tenga inhabilidad definitiva en la institución a la que pertenecía y de al menos dos años para todo el servicio público.

Mientras que, Ernesto Pazmiño, Defensor Público, argumentó que los jueces, fiscales y defensores, son los garantes del derecho de la ciudadanía a tener un juicio justo, pero para que exista, el juez tiene que ser independiente, imparcial y tener libertad para emitir sus resoluciones, sin temor a represalias de ningún tipo de poder, “lo que no sucede cuando le ponemos el error inexcusable como causa de destitución por ser una falta disciplinaria”, argumentó.

“No estamos de acuerdo que una decisión jurisdiccional de un juez sea causa de una falta administrativa. Hay que pasar de una herramienta de control a una garantía ciudadanía, quitarle al órgano administrativo la facultad de controlar a los jueces por error inexcusable y convertirlo en una verdadera garantía de los ciudadanos, para que la justicia sea eficiente, rápida, técnica, eficaz”, dijo.

Dato:

La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, anunció que pedirá al Consejo de la Judicatura, información sobre las denuncias presentadas en contra de la fiscal subrogante, Thania Moreno, durante las comparecencias del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, y del extitular de la Legislatura, José Serrano, en el Pleno el viernes anterior.

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feb 28
2018
7 informes aprobados y 21 leyes en tratamiento son parte de la gestión de la Comisión de Justicia

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado efecutó su evento de rendición de cuentas de la gestión correspondiente al periodo mayo 2017 - febrero 2018 (Video completo). En total esta mesa legislativa realizó 60 sesiones ordinarias, aprobó 7 informes legislativos que pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional y actualmente tramita 21 leyes, que abarcan alrededor de 80 proyectos reformatorios en diversas materias, de los cuales 54 corresponden al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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