Comisión De Justicia y Estructura del Estado

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oct 30
2020
Expertos de Francia e Italia destacan importancia que Ecuador adopte modelo de Tribunal de Cuentas

El magistrado Remi Frentz, director de Relaciones Internacionales de la Auditoría Externa y de la Francofonía de la Corte de Cuentas de Francia; y, Mauro Orefice, presidente de las Cámaras Unidas de la Corte de Cuentas de Italia, destacaron la trascendencia del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, de iniciativa del titular de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Celi, actual Contralor.

En la sesión 124 de la Comisión de Justicia, los personeros internacionales reiteraron la importancia que Ecuador modifique la presencia de una autoridad unipersonal por un cuerpo colegiado, que trabaja con plena autonomía, independencia y transparencia, sin presión e injerencia de ningún tipo.

Si bien, la toma de decisiones puede demorar un poco más de tiempo, al que ejecuta una persona, pero se garantiza calidad de la gestión en cuanto a las auditorías. Incluso, la acción tiene que encaminarse a la evaluación constante de la política pública, argumentaron.

El magistrado Remi Frentz expresó que el principio de la colegialidad es una condición esencial para la independencia de los jueces y contralores; le ofrece a la persona juzgada o auditada una decisión, sanción o recomendación más razonable, menos influenciada por la parcialidad de un juez particular y más llena de autoridad.

Bajo la misma visión, Mauro Orefice mencionó el rol de un tribunal como garante del buen desempeño de la administración pública, papel garantizado por la neutralidad e imparcialidad que se deriva de su condición de poder judicial y de la autonomía frente al Gobierno y Parlamento.

Enmienda

Mientras, Jorge Benavides, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Derecho Constitucional, opinó que, con lógica jurídica, primero se debería dar paso a una enmienda constitucional y luego desarrollar la adopción de un proyecto respecto del Tribunal de Cuentas. Tiene sentido el objetivo de definir un órgano colegiado para llevar a cabo, de mejor manera, el control desde una perspectiva deliberativa, acotó.

Profundizar debate

El asambleísta Serrano, titular de la Comisión de Justicia, manifestó que es fundamental avanzar a un Tribunal de Cuentas, ya que este cuerpo colegiado generaría procesos más expeditos y transparentes en torno del uso de recursos estatales. Dijo que la mesa intensificará el análisis sobre la pertinencia y constitucionalidad del proyecto.

A su vez, los parlamentarios Héctor Muñoz, Franklin Samaniego, Rodrigo Collaguazo, Henry Cucalón y Carlos Ortega comentaron que la iniciativa es positiva para el interés nacional. Respaldaron la idea de  ampliar la discusión en el ámbito constitucional, recogiendo el dictamen de la Corte Constitucional de 2011 sobre el Consejo de la Judicatura, en función, precisamente, de la legalidad y legitimidad de la propuesta.

MG/cz

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oct 29
2020
Justicia trata reformas en materia penal para sancionar actos de corrupción en emergencia

En la sesión 123, la Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, recibió a los parlamentarios Homero Castanier y Rosa Verdezoto, quienes sustentaron sus proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar actos de corrupción en períodos de emergencia y estados de excepción que afectan a la administración pública y a la comunidad ecuatoriana.    

José Serrano expresó que las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), van en la línea de lucha contra la corrupcion, cuyos temas son relacionados a la contratación pública en momentos de emergencia que se puedan dar en el país, para limitar la discrecionalidad que abre puertas a los actos irregulares.

Antivalor

En primer término, Homero Castanier lamentó que la corrupción se haya convertido en un antivalor en el país y se lo vea como algo normal. Planteó que se incorpore un inciso final al artículo 278 del COIP, con el propósito que los delitos de peculado cometidos dentro del sistema de salud pública sean castigados con el máximo de la pena, esto es es 13 años de privación de libertad.

Incremento de penas

Entre tanto, Rosa Verdezoto habló de consagrar el principio de responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos, además que los hechos de corrupción no queden en la impunidad. Aclaró que la propuesta va en la línea a aplicar el principio de responsabilidad de servidores públicos en el manejo de bienes del Estado, para que actos irregulares no queden en la impunidad.

Explicó que su iniciativa busca endurecer las penas para sancionar delitos como el tráfico de influencias, testaferrismo, usurpación y simulación de funciones públicas, abordando sanciones a servidores involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.

Así, propuso que las personas que actúen en las instituciones públicas en beneficio propio o de terceros y abusen, apropien o dispongan de bienes, muebles, inmuebles, dineros públicos y privados, título o documentos que estén en su poder en virtud de su razón o cargo serán sancionados con pena privativa de libertad de 13 a 17 años.

Además, que cuando sea un beneficio propio o de terceros y que esto signifique lucro o incremento patrimonial será sancionado con una pena privativa de libertad de nueve a 10 años; si existiere un aprovechamiento económico en beneficio de propios o terceros de estudios, proyectos, documentos, informes y demás documentos se aplicará igual pena, argumentó.

Inquietudes de comisionados

Héctor Muñoz y Franklin Samaniego coincidieron en la necesidad de especificar los fundamentos técnicos para una reforma que incrementaría las penas, evitando caer en un populismo penal. Samaniego consideró que se debe trabajar en la prevención del delito,  ya que el poder disuasivo de la pena y su endurecimiento no es suficiente.

A su vez, Henry Cucalón expresó que es pertinente definir normas más eficaces para evitar la impunidad y enfrentar la corrupción, pero que se requiere analizar la dosimetría penal. Recordó que la Asamblea aprobó en dos ocasiones el comiso anticipado, pero fue vetado por el Ejecutivo.

En la misma línea, Lourdes Cuesta mencionó que el Parlamento, dentro de las reformas al COIP, oportunamente, aprobó el comiso sin sentencia o anticipado, pero fue objetado por el Ejecutivo que incluyó la incautación de bienes.

El presidente Serrano ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción. Sostuvo que en el marco de análisis de la reforma al Código Penal es fundamental insistir en el tema del comiso anticipado, promoviendo al respecto un debate público.

Abigeato

Previamente, la mesa recibió al parlamentario Ramón Terán, representante de la provincia de Los Ríos, quien pidió calificar al delito de abigeato como autónomo distinto al de robo, que afecta en gran medida a los ganaderos del sector rural; hay que endurecer las penas y eliminar medidas sustitutivas para estos casos, agregó.

Resolución

Por último, la Comisión de Justicia, acogiendo la moción de la asambleísta Rosa Orellana, resolvió que el proyecto de reforma al COIP sobre anticorrupción sea tratado dentro del proyecto unificado que versa sobre la misma materia.

MG/cz

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oct 28
2020
Juristas analizan creación de Tribunal de Cuentas del Estado

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el legislador José Serrano, sesionó este miércoles 28 de octubre de 2020. La mesa recibió a los expertos y docentes universitarios en derecho Miguel Hernández y Juan Carlos Benalcázar, quienes se refirieron al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado.

El docente Miguel Hernández indicó que las instituciones del Estado tienen funciones específicas. En este marco, la Contraloría General del Estado tiene una función estelar de control. Agregó que el proyecto de ley es viable desde la perspectiva conceptual puesto que se busca establecer un cuerpo colegiado que pueda determinar responsabilidades mediante dos salas.

El experto añadió que el proyecto, como está redactado, presenta tropiezos constitucionales puesto que el Tribunal de Cuentas buscaría reemplazar a la Contraloría como ente de control de lo público. “Según la Constitución no se puede reemplazar una institución por otra”, señaló.

Expresó que se debe rescatar lo positivo de esta propuesta de ley, por lo que sugirió que el Tribunal de Cuentas sea un órgano interno de la Contraloría y que esta quede establecida en la ley, dijo. Hay partes que no pueden eliminarse y son rescatables de este proyecto de ley, finalizó.

El experto Juan Carlos Benalcázar, de su lado, se refirió a que dentro de la propuesta de ley deben establecerse dos aspectos a replantearse para evitar problemas o vicios constitucionales. El primero es entender que la Contraloría General del Estado sea una instancia de lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones. El segundo, sobre las garantías que deben tener las partes en el debido proceso, a fin de llevar procesos más ágiles y eficientes, dijo.

Habló de los principios que debe tener la Contraloría, el Contralor y los funcionarios, así como los procesos de control. Agregó que los requisitos para los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser más severos para llevar a cabo los procesos de alta dirección y respeto al debido proceso.

Así mismo, estableció que la mesa debe trabajar en textos alternativos y enriquecer la propuesta con otros aportes para dejar por fuera vicios de constitucionalidad, específicamente en lo referente a la eliminación de la figura del Contralor.

Estuvo también como invitado el magistrado José Manuel Suárez, consejero del Tribunal de Cuentas de España, se refirió al órgano de deliberación de carácter colegiado y las acciones de control que se realizan en un debate por lo que, a su juicio es más difícil registrarse actos de arbitrariedad.

Habló, entre otras cosas, sobre la regulación de control interno, mismo que está separado del control externo. Dijo que los fines de la ley se sujetan a los requerimientos de la Constitución ya que se encarga del control de las cuentas y los recursos públicos.

Es necesaria la independencia para el cumplimiento de las acciones de control, señaló. La propuesta es moderna y democrática. Además, el tribunal permitirá una deliberación plural y no de manera personal, señaló.

De su lado el presidente de la mesa, José Serrano hizo hincapié en que el organismo parlamentario, con el tratamiento de esta iniciativa, busca la pertinencia constitucional para determinar si se altera o no la estructura del Estado, o si solo se necesita de la promulgación de la misma mediante una ley orgánica.

Fuente: Asamblea Nacional EA/cz

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oct 26
2020
Comisión de Justicia tramita solicitud de indulto humanitario a favor de Oswaldo García

En la sesión 121, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, inició el tratamiento de la solicitud de indulto humanitario presentada por Oswaldo Darío García Macías. Para tal efecto, escuchó los argumentos del abogado patrocinador y de uno de sus hermanos.

Discapacidad severa

Ricardo Acosta, abogado defensor, mencionó que Oswaldo García es una persona de 57 años de edad y sufre de poliomielitis desde los dos años de edad, lo que hoy le tiene con cuadraplejia, es decir postrado y en silla de ruedas, con una discapacidad muy grave del 76 %, a lo que se suma un cuadro de diabetes crónica, por tanto se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Explicó que por años se ha dedicado a la música, conocido como la Voz del Ruiseñor, tras indicar que el 24 de marzo de 2018 le ofrecieron una ayuda humanitaria y realizar terapia en República Dominicana, para cuyo efecto le dieron una silla eléctrica. Como no podía utilizarla llevó la suya y en calidad de equipaje adjuntó la eléctrica, en la que los agentes antinarcóticos habrían encontrado heroína, por lo que fue detenido en el aeropuerto y posteriomente sentenciado a 10 años de privación de libertad, por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Precisó que la Fiscalía se quedó en la simple materialidad y la responsabilidad del tipo penal, sin investigar quién le entregó esta sustancia y quién le trasladó desde la ciudad de Durán hasta Quito. La verdad en el presente caso, nunca se la conoció, subrayó. Dijo que en el centro de rehablitación de Guayaquil está abandonado a su suerte, sin atención médica especializada.

Insistió que Oswaldo Darío Garcia no tiene un trato digno y su calidad de vida cada día es peor, por lo que dicha condición le permite estar frente a un motivo humanitario, tal como lo define el Reglamento para tramitar el indulto. Actuamente, no se le reconoce, igualmente, disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno de los principios y buenas prácticas sobre protección de las personas privadas de la libertad.

En tanto, Ismael García, hermano de Oswaldo, resaltó que es un profesional de la música y que ha representado a Ecuador en varias partes del mundo, a pesar de su discapacidad. Ha llevado siempre un vida honesta y limpia, pero lamentablemente se dejó engañar por una supuesta fundación que lo involucró en el narcotráfico.

Llamó a la sensibilidad de los comisionados, con el propósito de que la Asamblea le otorgue el indulto y pueda recibir la atención debida en el hogar de la familia.

Visita

La Comisión de Justicia, acogiendo la moción de José Serrano, resolvió que la primera autoridad de la mesa se traslade, a la brevedad posible, al centro de rehabilitación de Guayaquil, para verificar, in situ, la condición real de Oswaldo García, con el propósito de procesar este tema con más elementos de juicio.

Unificación de proyectos

Posteriormente, el organismo parlamentario decidió unificar seis proyectos en materia de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que se orientan a sancionar actos de corrupción, específicamente sobreprecios en procesos de contratación pública en estados de excepción y emergencia.

Fuente: Asamblea Nacional MG/cz

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oct 26
2020
Representante de Brasil comparte experiencia sobre gestión del Tribunal de Cuentas

Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil, brindó aportes y sugerencias sobre el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, en la sesión 120 de la Comisión de Justicia. En la reunión también participó Wilson Vallejo, docente de las universidades de las Américas y Andina Simón Bolívar.

El legislador José Serrano, presidente de la mesa, enfatizó que la propuesta, que se encamina a un cambio profundo de la institucionalidad y fortalecimiento de competencias para un eficiente control de los recursos públicos, en un marco de transparencia, se enriquecerá con la opinión de expertos y constitucionalistas.

Es fundamental analizar las debilidades, fortalezas y, lo que es más, la constitucionalidad del documento, dijo, al resaltar que el paso de una autoridad unipersonal a un órgano colegiado permitirá un manejo idóneo de los dineros del país, evitando discrecionalidades de una sola persona en cuanto a los procesos de auditoría y determinación de responsabilidades.

Experiencia de Brasil

Augusto Nardes explicó que Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil cuenta con nueve miembros, de los cuales seis provienen del Congreso (tres de la Cámara de Diputados y tres de la Cámara de Senadores), dos de la cartera técnica y uno de parte del Presidente de la República. Hay cerca de tres mil funcionarios públicos, de ellos 1700 son auditores, precisó, al mencionar que todo el equipo es técnico, sin ninguna vinculación política partidista.

Hay que tener una administración con transparencia y publicidad, a fin de inducir en el perfeccionamiento de la gestión, especialmente de riesgos y controles internos de la parte pública, que facilite la gobernanza y buenas prácticas. Por ello, es clave, el monitoreo, evaluación de desempeño, levantamiento de indicadores y el desarrollo de la prevención para evitar cualquier tipo de fraude, indicó.

Un tribunal, con fuerza constitucional, continuó, es más potente para la confrontación y fiscalización, pues trabaja con plena autonomía e independencia al momento de examinar las cuentas de la República.

Control de recursos

Mientras, el catedrático Wilson Vallejo, quien participó directamente en la elaboración del proyecto, destacó que busca afianzar el control de recursos y el debido proceso respecto de las atribuciones básicas de la Contraloría: realización de auditorías y determinación de responsabilidades.

Aseveró que la propuesta no cambia la estructura del Estado, ni altera las competencias actuales de la Contraloría, por lo que no se requiere de una  reforma o enmienda constitucional, al señalar que Chile fusiona la Contraloría y el respectivo tribunal.

Los jueces en materia administrativa podrían llegar al Tribunal de Cuentas en base a la selección, mediante concursos de méritos y oposición que efectúe el Consejo de Participación Ciudadana, considerando los nombres que presente la Asamblea, Ejecutivo y otras instancias, sin afectar la norma constitucional.

Norma constitucional

Los parlamentarios Franklin Samaniego, Héctor Muñoz, Carlos Ortega y Henry Cucalón insistieron en profundizar la discusión del tema de designación que estaría a cargo del Ejecutivo y Legislativo para conformar el Tribunal de Cuentas, ya que eso no consta en las facultades que les otorga la Carta Magna. Precisaron que es una alternativa la selección de parte del Consejo de Participación, acogiendo también el dictamen de la Corte Constitucional.

Anticontrabando

En otro ámbito de la sesión, el asambleísta José Serrano anunció que la próxima semana se implementará un taller de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, para lo que se invitará a los actores públicos, privados, organizaciones sociales y ciudadanía.

Fuente: Asamblea Nacional MG/cz

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oct 23
2020
Comisión de Justicia suma criterios sobre proyecto de Ley de Tribunal de Cuentas

Con el propósito de incorporar aportes al proyecto de Ley Orgánica de Tribunal de Cuentas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta José Serrano Slagado, durante la sesión 119, recibió a la presidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay, Susana Díaz; al experto en materia constitucional y administrativa, Patricio Jijón Larco; y, a Carlos Larrea, especialista en el ámbito contencioso administrativo.

Antes de recibir a los expertos, José Serrano señaló que la prevención es fundamental en nuestro país y gira en torno a cómo la entidad de control del uso de los recursos públicos ejerce sus funciones. El proyecto en análisis nace sobre la base de experiencias internacionales de países como España, Uruguay, Brasil, entre otros. Además, mencionó que uno de los objetivos de la norma es dejar la estructura unipersonal de la Contraloría, por una colegiada, para el desarrollo de sus atribuciones.

Susana Díaz, presidenta del Tribunal de Cuentas de Uruguay, compartió con los legisladores de la mesa la experiencia de la insitución que preside, subrayando que esta tiene el rango constitucional, así como una importancia fundamental en el sistema político institucional de su país. Los miembros del tribunal y su presidente son electos desde la Legislatura, por mayorías especiales, añadió.

La Contraloría debe ser colegiada, manifestó Díaz, y lo fundamentó en que toda ley tiene varias opciones de aplicación, nunca pueden ser perfectas y, en ocasiones, el Tribunal de Cuentas tiene la necesidad de interpretarlas para resolver determinados temas y cumplir con su función, lo cual es más fácil si existen miradas distintas e integrales. Una fortaleza de esta instancia es la representatividad de sus miembros, advirtió.

Respecto de la propuesta de Ley de Tribunal de Cuentas en el Ecuador, indicó que la norma se ajusta a las características que debe tener la institución de esta naturaleza, para iniciar el ejerccicio de sus funciones.

En un segundo momento, la Comisión recibió a Patricio Jijón Larco, con experiencia en materia constitucional y administrativa, quien argumentó que se debe modernizar el control y manejo de fondos públicos. Recordó cómo estaría conformado el nuevo organismo, con siete miembros denominados ministros auditores, dos designados por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente de la República, dos por la ciudadanía, escogidos mediante concurso público de méritos y oposición; y, dos funcionarios de carrera. Se conformará por un Pleno y dos salas especializadas: la de Auditoría y la de Determinación de Responsabilidades.

Además, insistió, que para la designación de los ministros auditores se debe tomar en cuenta lo que dispone la Constitución de la República y que está recogido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Actualmente, quien designa al Contralor, como máxima autoridad, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por esta razón, justificó que no existe transgresión de orden constitucional, pues el proyecto de Ley planteado no cambia la naturaleza de las funciones, sino que busca modernizar la unidireccionalidad que actualmente posee la Contraloría, para abrir un espacio de mayor equilibrio y objetividad, en el manejo técnico legal de los fondos públicos, con la creación de un sistema más estructurado.

Adicionalmente, aseguró que el criterio que se debe establecer está en la armonización de las normas técnicas legales y no en normas técnicas de carácter constitucional.

De su lado, Carlos Larrea respaldó lo expuesto por Patricio Jijón, respecto de la constitucionalidad del proyecto planteado y aclaró que lo más importante es que la gobernanza de la Contraloría del Estado estará a cargo de un Tribunal de Cuentas.

Se refirió a que el fondo del proyecto de ley no genera observaciones, aunque sí produce inquietudes el nombre de la misma. En ese sentido, propuso cambiarla por Ley Orgánica de la Contraloría y Creación del Tribunal de Cuentas del Estado Ecuatoriano, para salvar cualquier controversia de orden constitucional.

Observaciones e inquietudes

En el marco de la designación de los ministros auditores se centró el debate de los asambleístas. Héctor Muñoz señaló estar preocupado por los temas de carácter constitucional, pues en la Carta Magna no se establecen como funciones o atribuciones de la Asamblea Nacional o el Pesidente de la República, nombrar a funcionarios de esa índole.

El asambleísta Henry Cucalón manifestó estar acuerdo en que haya un Tribunal de Cuentas, ya que tiene sus bases en el derecho comparado, con la legislación de otros países, pero el análisis debe ir más allá de las leyes y depende de la conducta de las personas.

José Serrano, sobre las presunciones de indicios responsabilidad penal, consultó cómo se valorarían las decisiones de esta índole, tras la transformación de una instancia unipersonal a una colegiada.

Los expertos respondieron las inquietudes de los legisladores sobre la base de lo argumentado en sus exposiciones. Una vez subasanadas tales dudas, el presidente declaró clausurada la sesión.

Fuente: Asamblea Nacional CZ/eg

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oct 15
2020
JOSÉ SERRANO SALGADO ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 117, en modalidad virtual, con nueve votos afirmativos, eligió como su nuevo presidente al asambleísta nacional José Serrano Salgado, en reemplazo de Ximena Peña Pacheco, acogiendo la moción de la parlamentaria Rosa Orellana.

Además, la mesa principalizó a Carlos Ortega Álvarez, representante de los migrantes ecuatorianos de la circunscripción por Estados Unidos de Norte América y Canadá.

Mejorar la calidad de vida de la gente

José Serrano, tras agradecer a los comisionados, anunció que el trabajo, en lo que queda del período, se orientará a procesar todos los temas de legislación y fiscalización, con el propósito de contribuir a mejorar la condiciones de vida de los ciudadanos.

Llamó a unificar esfuerzos para superar el estado de crisis en materia de salud, social, económica y polltica que afecta al país, al igual que la corrupción. Incluso, se refirió a la persecución política que se registra en varias instancias.

Gestión productiva

Entre tanto, Carlos Ortega, reconoció que la Comisión de Justicia es una de las más productivas de la Asamblea, por lo que se comprometió a consolidar la tarea, a través del tratamiento de proyectos en beneficio del pueblo, a fin de responder a los mandantes.

La mesa está integrada por José Serrano, presidente; Kharla Chávez, vicepresidenta; Henry Cucalón, Esteban Torres, Lourdes Cuesta, Elio Peña, Rodrigo Collaguazo, Rosa Orellana, Héctor Muñoz, Franklin Samaniego, Karla Cadena y Carlos Ortega.

MG/cz

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jul 29
2020
Comisión de Justicia sigue en la revisión del borrador de reformas al Código de la Función Judicial

Previo a la definición del informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial, la Comisión de Justicia prosiguió con la revisión del borrador del articulado, tomando en cuenta las observaciones formuladas por legisladores, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, entre otros. La implementación de unidades especiales para sancionar delitos de corrupción fue el tema de intensa discusión.

Justamente, los asambleístas Lourdes Cuesta, Kharla Chávez, Héctor Muñoz y Karla Cadena señalaron la necesidad de profundizar la discusión de crear juzgados anticorrupción, tomando en cuenta el impacto económico que eso generaría, más aún cuando el país atraviesa una severa crisis. Se pronunciaron, más bien, porque los jueces penales actuales entren en un proceso de especialización en delitos específicos, garantizando transparencia en las actuaciones.

No se puede legislar sobre temas coyunturales, precisaron. En esa línea, Elio Peña opinó que cambiar de membrete a una sala no es la solución, pues  necesitamos jueces y fiscales con una actitud de verdadera decisión de combate a la corrupción, enfatizó.

Propuesta de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura, a través de Santiago Peñaherrera, expuso que la carga procesal que tendrían unas unidades especializadas en corrupción sería mínima, por lo que no se justificaría dicha creación para un solo ámbito. Sugirió que la unidad aborde la corrupción y crimen organizado, dado que son temas correlacionados y que van de la mano, además que la competencia en razón del territorio debe ser distrital y que se pueda activar un solo distrito con competencia nacional.

Al respecto, la asambleísta Rosa Orellana manifestó que la idea es innovadora, interesante y oportuna, de acuerdo a las circunstancias. Estas salas tratarían de forma especializada, adecuada y expedita este tipo de delitos, siempre que existan posibilidades de financiamiento, dijo.

El planteamiento de la Judicatura no tuvo eco en los comisionados.

Estadísticas

Ximena Peña, presidenta de la mesa, recordó que en primer debate se estableció, en base de la iniciativa del Ejecutivo, la creación de jueces especializados en delitos anticorrupción, tras solicitar al Consejo de la Judicatura remita la documentación de estadísticas sobre las cargas procesales en delitos de corrupción y violencia organizada, a fin de, con mayores elementos, tomar la decisión pertinente, en función del interés nacional.

Integración de la Corte de Justicia

El texto respecto a la Corte Nacional de Justicia no tuvo observaciones, el cual dispone que el organismo estará integrado por veintiún jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados previo concurso de oposición y méritos, con impugnación y control social dirigido por la Judicatura para un periodo de nueve años, garantizando paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

Defensoría Pública

De igual manera, pasó lo relativo a que la Defensoría Pública es responsable del servicio de asistencia legal gratuita y patrocinio para las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, recogiendo el espíritu de la Constitución.

El servicio lo prestará a través de defensores públicos asignados a una determinada circunscripción territorial, garantizando a las personas el pleno e igual acceso a la justicia y la promoción de la cultura de paz. Los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública.

Renuncia

Desde la Judicatura se planteó que en el término de 15 días se pueda resolver una renuncia irrevocable de un servidor judicial, homologando con el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Alternativa

En cuanto a los de tribunales fijos o móviles, la mesa, en coordinación con la Judicatura, trabajará en una alternativa, que permitiría que los jueces sean fijos pero no permanentes.

La revisión de texto de reformas al Código de la Función Judicial continuará este viernes 31 de julio.

MG/cz

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jul 06
2020
Luego de la socialización, CEPJEE procesa observaciones a Ley de Prevención Contrabando

El Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, compuesto por la unificación de los Proyectos presentados por los Asambleístas Hector Muñoz y Juan Lloret, continua su tratamiento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Luego de concluir la primera etapa de socialización, la Comisión de Justicia se encuentra procesando las observaciones presentadas previo a la eleboración del Informe para Primer debate.

Conoce la información completa del Proyecto en esta publicación.

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abr 28
2020
Observaciones para Proyecto de Ley de Prevención y Combate al Contrabando

El Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, compuesto por la unificación de los Proyectos presentados por los Asambleístas Hector Muñoz y Juan Lloret.

Conoce los aportes y obseraciones para su tratamiento, presentadas en las sesiones de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

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