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En la sesión 058, de este miércoles 22 de enero, a las 08:30, la Comisión de Justicia recibirá a Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia y delegados del Pleno del organismo; Mauricio Alarcón, director Ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo; y, Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha.
Dichas autoridades darán a conocer sus puntos de vista sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
Por la misma temática, también acudirán los parlamentarios Esteban Torres, Karina Arteaga y Tito Puanchir, quienes expondrán asuntos inherentes a los los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, así como la regularización de la relación de los abogados con sus clientes, respectivamente.
Esteban Torres sugiere que en cada Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, exista un Tribunal de Apelaciones, con el número de jueces que determine el Consejo de la Judicatura. Estos jueces conocerán, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad que se presenten en contra de autos interlocutorios y sentencias en procedimientos dictados por los Tribunales Distritales, además de dirimir la competencia que surja entre jueces.
Karina Arteaga plantea armonizar las disposiciones del Código de la Función Judicial con la Ley de Servicio Público, a fin de consolidar la igualdad de derechos a la lactancia materna a las madres que son parte del sector público.
Otras propuestas
Por último, la mesa avocará conocimiento de las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en torno a otras propuestas de reformas al Código de la Función Judicial, de iniciativa de los asambleístas Carlos Cambala y Byron Suquilanda, quienes argumentarán el contenido de las propuestas.
Fuente Asamblea Nacional (MG/cz)
La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad (11 votos afirmativos) el informe no vinculante del veto parcial al proyecto de reformas al Código de la Democracia. La mesa sugiere al Pleno de la Asamblea ratificarse en 10 textos originales y aceptar 8 objeciones.
El tema de licencia generó amplia discusión. Al final, los comisionados se pronunciaron para la insistencia del artículo aprobado por la Legislatura, que establece que una autoridad de elección popular deberá obligatoriamente pedir licencia sin sueldo para optar por la reelección a un mismo cargo desde el inicio de la campaña electoral, mas no desde la inscripción de la candidatura como había propuesto el Ejecutivo. Esto como mecanismo para garantizar una administración pública adecuada en todos los niveles de gobierno.
También, los comisionados desecharon la propuesta gubernamental al artículo 160, que modificaba el artículo 150, con lo que se reafirma la existencia de las circunscripciones electorales. Así mismo, no pasó el planteamiento que los vocales del Consejo Nacional Electoral puedan ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral.
En cambio, aceptaron la posibilidad de crear incentivos para las alianzas, cuyos candidatos tendrán opciones de un mayor porcentaje de promoción electoral.
La legisladora Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, se mostró confiada que existirán 91 votos para la fase de la ratificación de textos. En todo caso, enfatizó que intensificará los diálogos y contactos con las diversas bancadas, al precisar que este tema entrará a conocimiento y resolución del Pleno el martes 21 de enero.
Fuente: Asamblea Nacional (MG)
En la continuación de las sesiones 43 y 44, la Comisión de Justicia abordó dos temas: las reformas al Código Orgánico Administrativo y el proyecto de Ley de Registro de Violadores, para cuyo efecto recibió las opiniones y observaciones de expertos, docentes universitarios, así como de delegados de los ministerios de Inclusión Social y de la Secretaría del Deporte, respectivamente.
Jaime Villacreses, experto y profesor de Derecho Administrativo, habló de concretar el objetivo que las administraciones públicas funcionen de manera más eficiente y se respeten los derechos de los ciudadanos, además que haya uniformidad en las normas de aplicación.
Precisó que en la actual normativa no se usan bien los términos, especialmente los técnicos de Derecho Administrativo. Es más, existe confusión en cuanto a los plazos, días hábiles, meses o fines de semana para una respuesta a un recurso de revisión, lo que causa confusión, agregó.
Reforma integral
Mientras José Suing, presidente del Instituto de Derecho Administrativo, comentó que la idea primigenia era que el Código sustituya la infinidad de procedimientos especiales contemplados en diferentes cuerpos, pero eso no ha sucedido y las instituciones, cada una por su lado, han buscando la prevalencia de normas específicas. Entonces, este instrumento ha quedado como supletorio y no principal para regular el procedimiento, sostuvo.
Dijo que esta es la mejor oportunidad para trabajar en un reforma integral sobre la temática, que permita efectivizar la racionalidad en el trato de las entidades estatales con el ciudadano, al comprometer el esfuerzo del instituto en esta materia.
Registro de violadores
Posteriormente, la mesa receptó aportes del Mies y de la Secretaría del Deporte, en el marco de la construcción del informe para segundo debate de la Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, de iniciativa de la asambleísta Lourdes Cuesta.
Juan Montaña, del Mies, sugirió que el registro contenga información relevante que facilite la identificación, el control y la vigilancia a este tipo de personas, tomando en cuenta las experiencias de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, entre otros país. También planteó que el nombre del proyecto sea Ley de Registro de condenados por delitos sexuales a menores.
De su lado, Juan Carlos Illescas, de la Secretaría del Deporte, habló de establecer reglas claras para negar la vida jurídica y reconocimiento de las directivas de la organizaciones deportivas, en el caso que dirigentes, técnicos u otros miembros estén involucrados en casos de abuso sexual a menores.
FUENTE: MG - Asamblea Nacional
El Pleno de la Asamblea Nacional continuará el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Su presidente, César Litardo, convocó a los legisladores para tratar el tema este martes, 10 de septiembre, a partir de las 10:00.
En esta ocasión, continuarán el análisis de los artículos relacionados con la comercialización de medicamentos caducados, falsificados o adulterados; maltrato animal; comercialización ilegal de hidrocarburos; ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad; procedimientos directo y expedito; medidas de protección y reparación de víctimas, entre otros.
En cuanto a la importación, almacenamiento, comercialización, distribución de medicamentos o dispositivos caducados, las reformas divide el tipo penal en dos: una para los medicamentos o dispositivos, con prisión de seis meses a dos años y otra para productos de uso y consumo humano, con sanción de seis meses a un año. Cuando sean falsificados o adulterados se incrementa la pena de cinco a siete años.
Con las reformas también se aumenta la sanción por el maltrato animal que será de dos a seis meses de cárcel; el abuso sexual a animales de compañía de seis meses a un año; y la muerte de los mismos de seis meses a un año, pero si es el resultado de un acto de crueldad o tortura la pena será de uno a tres años. Plantea castigar con prisión de dos a seis meses las peleas de perros, así como con trabajo comunitario el abandono de mascotas.
El almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado o biocombustibles se sancionará con pena privativa de libertad de seis meses a un año, cuando la cantidad sea menor a 20 galones o 300 kilogramos de gas. Si la cantidad es mayor la pena será de uno a tres años.
En este proyecto se incorporan castigos para el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles. La persona que ingrese sustancias sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación recibirá privación de su libertad de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el caso de que estos objetos se encuentren en posesión de la persona privada de libertad.
A fin de que los delincuentes peligrosos no puedan acceder a los beneficios procesales, las reformas al Coip proponen algunas reglas para aplicar el procedimiento directo, que es el que concreta todas las etapas de proceso en una sola audiencia. Propone que procederá únicamente en los delitos flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años.
Excluye de este procedimiento a las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la integridad sexual o reproductiva, contra la inviolabilidad de la vida y libertad personal con resultado de muerte.
En los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, ordena que el otorgamiento de las medidas de protección a las víctimas será informal, sencillo, rápido y eficaz. En cambio, para la reparación integral, el fiscal fijará las medidas luego del anuncio de pruebas.
Fuente: LILA/Asamblea Nacional
Las reformas al Código Integral Penal y la Ley de Movilidad Humana, son parte de las herramientas que la Asamblea trabaja para entregar al país como estrategia de mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana y de propiciar acciones conjuntas para prevenir la criminalidad. En función de estos objetivos, en los próximos días se aprobarán las reformas penales.
En el Pleno, durante el segundo debate de estas reformas, efectuado esta semana, se enfatizó en el incremento de penas para delitos atroces como secuestro, violación, asesinato; aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el porte de armas blancas y pornografía infantil.
Con esta herramienta se sancionará de manera más eficiente a los criminales. Determina que en la reincidencia de un delincuente, en principio, la única medida cautelar que exista sea la prisión y se aplique dentro de este proceso como un agravante; y, que su sanción se aumente para que no salga a la calle.
En estos esfuerzo, el Legislativo se adhirió al Convenio de Acción Conjunta en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad. Junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, firmó este Convenio por la seguridad de la urbe porteña. También, recibió de representantes del Ejecutivo el proyecto de Ley de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, con el que, se busca combatir la corrupción, mediante la incorporación de jueces y fiscales especializados en anticorrupción y la lucha contra el crimen organizado.
En tanto, las reformas a la Ley de Movilidad Humana, establecen que los migrantes se sujetarán a no tener un pasado delictivo o acciones legales en curso. Además, deberá aceptar expresamente ser sometido a las normativas vigentes en el país.
Otros temas que sobresalieron en la agenda parlamentaria, fueron los relacionados con la transparencia y acceso a la información, el emprendimiento y la innovación.
Una ley para impulsar el emprendimiento y la innovación
Esta semana también se concluyó con el primer debate del proyecto que fomenta el emprendimiento como fuente de generación de empleo, desarrollo, independencia económica y bienestar de los ciudadanos. Crea incentivos no tributarios, facilidades para el uso de infraestructura, promoción y difusión, guía de emprendimientos, reduce la tramitología, facilita el acceso preferente a créditos, capital semilla y capital de riesgo.
Nuevo acceso a información y transparencia
Una aplicación móvil que pone a la Asamblea en manos del ciudadano fue presentada en el Parlamento ecuatoriano como un nuevo canal de comunicación directo con la ciudadanía. Con esta aplicación, la gente accederá a la información del trabajo parlamentario, desarrollo de las sesiones del Pleno, aprobación de leyes, resoluciones y las votaciones. Los ciudadanos ahora tienen la oportunidad de involucrase de mejor manera en el trabajo del Legislativo.
Compromisos para cumplir con los objetivos de desarrollo
La ONU y la Asamblea asumen compromiso para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los representantes de estas dos instituciones firmaron un memorando de entendimiento, a través del cual se comprometen a la difusión, implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas e indicadores; la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en las leyes y el enfoque de género en el ejercicio de las funciones de los asambleístas, así como en los contenidos principales de la legislación nacional.
Apoyo y protección a los niños
World Vision Internacional recibió la condecoración Vicente Rocafuerte, por su acción social a favor de la niñez y adolescencia. El titular de la Asamblea Nacional, ratificó el compromiso de continuar trabajando por la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el fortalecimiento de sus capacidades.
Arroz Verde
En el combate a la corrupción, la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó, con nueve votos, el informe no vinculante del análisis de las publicaciones de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas. Las publicaciones guardan relación con presuntos pagos indebidos de empresas privadas para financiar campañas electorales de Alianza PAIS. El documento responde a la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, el 13 de junio de 2019.
Pagos jubilados
La Asamblea permanece vigilante al cumplimiento de los derechos de los jubilados. Para conocer cómo avanza el proceso de pago de las pensiones jubilares recibió a la ministra de Educación, Monserrat Creamer; y, al economista Andrés Isch, delegado del Ministerio de Finanzas.
Fuente: RSA/ea - Asamblea Nacional
La Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, profundizó el debate del proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. En tal sentido, recibió aportes y observaciones de los ministerios de Trabajo y Educación, así como de la Secretaría de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores.
Fernando Sánchez, subsecretario de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores, comentó la necesidad que los datos sobre el Registro de Violadores se actualice cada cierto tiempo, cruzando información entre la Cancillería, el Consejo de la Judicatura y el Registro Civil.
Adicionalmente, se pronunció por analizar profundamente la situación de ciudadanos que hacen voluntariado, campamentos vacacionales, academias de diversa índole (danza, deportes y otros), a fin de que demuestren la probidad moral y profesional de los instructores y del personal en general. Hay que exigir a todos los trabajadores que están en contacto con menores que firmen un compromiso ético, el cual se adjuntará a sus contratos de trabajo, enfatizó.
Certificado de antecedentes a extranjeros
Héctor Guanopatín, viceministro de Trabajo, opinó que el proyecto de Ley de Registro de Violadores debe complementarse con la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), para reafirmar la imprescriptibilidad de delitos contra niños y adolescentes. En el artículo 10 se dispuso el impedimento de ejercer un cargo público a todas las personas con sentencia ejecutoriada por violación y trata de personas. Sin embargo, no está tipificado el abuso sexual, por tanto, debería aprovechar la oportunidad para incluir esta figura en dicha normativa.
Propuso que se exija a los ciudadanos extranjeros que ingresan al servicio público ecuatoriano un certificado de sus países de origen, de que no han tenido sentencia condenatoria por delitos de abuso sexual contra menores de edad.
Proteger a la niñez
Mientras, la asambleísta Lourdes Cuesta, autora del proyecto, expresó que la normativa debe abarcar a todos los que quieran trabajar con niños, niñas y adolescentes, en los sectores público y privado, no solo en el área de educación inicial, sino en academias, actividades extracurriculares. Esto permitirá mantener un control rígido y efectivo en torno a los certificados para desempeñar una actividad laboral con menores. Precisó que en el caso de adolescentes infractores no podrán ser parte del registro, precisamente por la confidencialidad de sus procesos, expedientes y derechos.
Fuente: Asamblea Nacional MG/eg
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, mencionó que para estructurar el informe para segundo debate de las reformas al Código Integral Penal (COIP) se tomó en cuenta temas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar, lucha contra la corrupción, que aborda la figura del comiso sin sentencia; la imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores; aborto no punible en caso de violación, inseminación no consentida y malformación del feto; despenalización de uso del cannabis para tratamiento terapéutico; el maltrato animal, etc.
La parlamentaria sugirió al Pleno debatir las reformas al Código Integral Penal por Libros a efectos de analizar ampliamente y de manera planificada el articulado para construir una normativa que permita establecer herramientas claras para los operadores de justicia.
Al exponer el contenido de las reformas al COIP mencionó que se tomó en cuenta 69 proyectos, se reformaron 60 artículos a través de 60 comisiones generales, se incorporaron 17 artículos nuevos, 4 transitorias y una disposición final. En el Libro I se reformó 26 tipos penales, se estableció 7 nuevos tipos penales relacionados con la desaparición involuntaria, incesto, lesiones, abuso y muerte a animales de compañía y falsificación de certificados médicos.
Indicó que se estableció cuatro cambios procesales en el Libro II; y dos nuevos procesos en cuanto a la justicia restaurativa y procedimiento expedito para delitos de violencia contra la mujer o núcleo familiar.
Ximena Pena, destacó como elementos sustantivos del proyecto la actualización conceptual respecto del dolo y se precisa su definición, destacando elementos de conocimiento y voluntad. Se elimina la categoría de preterintencionalidad.
En la lucha contra la corrupción se establece reformas al comiso penal. Se incorpora el comiso de bienes, fondos o activos en propiedad de terceros: conocimiento de la procedencia o para imposibilitar el comiso del sentenciado. Así también el comiso ampliado en delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo.
Sobre los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas, niños y adolescentes se tomó como base el principio superior de este grupo de personas y se planteó el juzgamiento en ausencia. Otro de los ejes centrales de las reformas al COIP fue el aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida. Ximena Peña aclaró que no se criminaliza el aborto. Se da la facultad para que la mujer decida si sigue o no su embarazo cuando es ultrajada.
En lo que respecta a la comercialización de medicamentos caducados y falsificados, se tipifica como conductas distintas a la falsificación y adulteración de medicamentos, insumos médicos y productos de consumo humano, con la comercialización de productos caducados. Luego expuso temas atinentes al procedimiento expedito, entre otros aspectos.
Comisión general
En la sesión 611 del Pleno, los parlamentarios escucharon al académico Nicolás Salas quien precisó que la cuestión criminal y el fenómeno delictivo es un problema complejo a escala mundial. Recordó que el COIP, en el 2007, partió con falencias sistemáticas y dogmáticas e indicó que en el país existen más de 40 mil personas privadas de libertad, de ellos el 33% están sin sentencia en condiciones de hacinamiento.
Luego, escucharon a abogado Richard King quien explicó que el comiso y la incautación son figuras relacionadas pero diferentes y tienen fines específicos, por tanto, no pueden ser desarrollados en un solo artículo.
Fuente: Asamblea Nacional JLVN/ea
Más fotografías:
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos la moción propuesta por la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, la cual contempla que el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante sea incorporado en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) que se encuentra listo para segundo debate.
La mesa de Justicia tramitó la propuesta del primer Mandatario, Lenín Moreno, que contempla reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), el Código Orgánico Integral Penal (Coip) y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La normativa tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.
Establece que cuando una denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas producto de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, el denunciante podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos que el Estado logre recuperar.
Debate
Durante el debate los asambleístas destacaron que cuando un servidor público denuncia un acto de corrupción se convierte en informante o testigo, por tanto, puede solicitar traslado y licencia en caso de denuncia por corrupción. Aseguraron, además, que la Ley Anticorrupción es de vital importancia dentro del sistema penal, pues dota de herramientas específicas a los órganos de control, a la Fiscalía y a la Función Judicial.
En otras intervenciones se indicó que el principal beneficio de la iniciativa es recuperar los recursos mal habidos e impulsar a la denuncia responsable.
Fuente: Asamblea Nacional SV/ea
El Pleno del Consejo de la Judicatura acudió ante la Comisión de Justicia, con el propósito de informar sobre el desarrollo de la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado, presidenta del organismo, aseguró que el proceso es técnico, metodológico, transparente y objetivo.
Maldonado expresó que la evaluación está amparada en la Constitución, expresamente en los artículos 178, 181, 187 y 227; en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 21, 37, 41, 88, 89, 254 y 264; y, la correspondiente resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Para tal efecto, se cuenta con un comité evaluador, veeduría ciudadana y control social, recogiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El proceso de evaluación no afecta la independencia judicial, sino, más bien, va en la línea del fortalecimiento institucional, además no pretende cambiar, ni modificar los fallos de la Corte, tratando de garantizar seguridad jurídica, enfatizó.
Los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo señalaron que este mecanismo es histórico para la verdadera transformación de la justicia en el Ecuador. El eje central es la evaluación cualitativa oral de competencias y análisis de la calidad de fallos, determinando un puntaje mínimo de 80 puntos, de lo contrario el juez sería removido del cargo.
Inquietudes
Los comisionados mencionaron que el artículo 6 del Reglamento de Evaluación fija que en caso que los servidores evaluados no alcancen el 80 % de la puntuación serán removidos, mientras el articulo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que aquellos que no logren los mínimos requeridos serán evaluados nuevamente en un plazo de tres meses, lo que muestra una evidente contradicción.
También recordaron que la Contraloría detectó, a través de un examen especial, irregularidades en el concurso de jueces de 2011 y mayo 2018, donde algunos de ellos mostraron falta de legitimidad y transparencia. Además, pidieron analizar profundamente el tema de estabilidad de funcionarios y la carrera judicial, a fin de evitar que se presenten demandas en contra del Estado y la aplicación del de la figura del derecho de repetición.
Fuente: Asamblea Nacional MG/ea
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó a Gabriel Galán, miembro del Directorio del Instituto de Derecho Tributario, en torno a tres proyectos de reformas al Código Orgánico Administrativo. Allí expuso sus propuestas sobre los cambios que se deben implementar en los artículos 230 y 232 del cuerpo normativo, referentes a los recursos de revisión, de rectificación y al silencio administrativo positivo.
Tras señalar que el Código Administrativo requiere varios ajustes y en consecuencia está de acuerdo con la decisión de la Comisión de Justicia de impulsar las reformas, dijo que la figura del silencio administrativo positivo es una forma de garantizar los derechos del usuario.
Reiteró que es importante fijar un esquema para que no se abuse del ciudadano. Explicó que el silencio administrativo positivo significa que si el Estado no atiende una petición en el plazo de 30 días se entiende que ha sido aprobada, en razón de que la sanción a la ineficiencia y sus consecuencias no se puede trasladar al usuario, aclaró.
Recurso de revisión
Informó que el Código Administrativo faculta al usuario a presentar un recurso extraordinario de revisión ante un presunto perjuicio cometido a través de un acto administrativo. No obstante, aclaró que para viabilizar este recurso se debe verificar alguna de estas circunstancias: cuando hay un evidente error de hecho, error de derecho; documentos que aparezcan con posterioridad al procedimiento administrativo, documentos nulos o falsos aportados al expediente y cuando un juez declara la existencia de un delito.
Señaló que el Código fija plazos solo en tres causales y se olvida de dos, error que se pretende superar a través de la reforma.
Fuente: Asamblea Nacional PV
