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En el primero y segundo debates, esta Asamblea Nacional ha abundado en la necesidad de reemplazar la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico, vigente desde 1996, por un marco legal que se adapte a las realidades presentes así como las disposiciones de la Constitución, donde se ratifica la prohibición de la privatización de este sector estratégico de la economía.
Además, que garantice el servicio de energía eléctrica a través del aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, y que fomente las energías renovables no convencionales, como un aporte a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que inciden en el cambio climático y, por ende, al calentamiento global.
"Tras una profunda reflexión personal y política, he decidido oficializar mi candidatura a la Dirección de Alianza PAIS en Guayas”, anunció la Asambleísta Nacional por la Lista 35 y Segunda Vicepresidenta del Parlamento, Marcela Aguiñaga, quien explicó que su postulación responde al respaldo recibido desde una importante corriente de militantes, especialmente jóvenes, que consideran necesario imponer una mirada distinta y participativa a la conducción del movimiento en la provincia.
La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, anunció que no ha definido su eventual candidatura a la Dirección Provincial de Alianza PAIS en Guayas, como parte del proceso de elección de dignidades parroquiales, cantonales y provinciales que el movimiento político inició.
“Estoy evaluando mi posible candidatura a la dirección provincial en Guayas. Sin embargo, he recibido el respaldo de miembros de la organización, así como de colectivos afines que ven en mi eventual postulación una oportunidad para cristalizar la renovación de nuestros liderazgos internos, por lo que me siento honrada, y lo estoy analizando.”, declaró Aguiñaga.
La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, negó que la propuesta de enmienda constitucional respecto de las atribuciones de la Contraloría General del Estado vaya a limitar o mutilar sus funciones de auditar las cuentas del sector público.
La legisladora explicó que, por su naturaleza, el Contralor es el juez de cuentas del Estado, quien, bajo esa lógica, tiene la potestad de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, disponer auditorías y exámenes especiales, emitir glosas, intervenir como parte de juicios civiles, administrativos o penales relacionados con el manejo de los dineros públicos, elaborar informes previo a la celebración de todo contrato en las instituciones del Estado, entre otras. “Esas atribuciones no se alteran con la enmienda constitucional que estamos impulsado”, aseguró Aguiñaga.
Constituye para mí, en calidad de Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, un honor compartir con ustedes este momento de enorme trascendencia para esta tierra que hace 112 años nació como parroquia rural del cantón Guayaquil, justamente un 16 de octubre de 1902, que fue elevada a cantón en 1986, y cuya actividad comercial, social y económica se ha convertido en un motor de progreso para la región y el país.
De hecho, Guayaquil y Durán han sido ciudades históricamente hermanadas y complementarias por su cercanía, apenas separadas por los ríos Guayas y Babahoyo, pero además por su idiosincrasia, y por ser urbes que a lo largo de los años han acogido la migración interna que buscaba mejores días, producto del abandono de los gobiernos de turno.
Con enorme gusto acepté la invitación de la Municipalidad de Portoviejo, su alcalde Agustín Casanova, y los integrantes del Concejo Cantonal, para participar en esta celebración.
Son 194 años de independencia de la capital de la provincia de Manabí, en momentos en que sin duda vivimos una etapa distinta, donde hemos recuperado la Patria y estamos encaminados a una segunda independencia
Sí. Una nueva independencia de aquellos poderes fácticos que dominaban nuestro país. De aquellos sectores nacionales y extranjeros que se creían dueños de nuestra propia soberanía. Por el contrario, hoy contamos con una nueva visión política y social del Ecuador, con nuestra gente, nuestras ciudadanas y ciudadanos empoderados de este proceso de profundas transformaciones.
MARCELA AGUIÑAGA: Un mandato constitucional se acata! GADs municipales no tienen atribuciones para rechazar competencias exclusivas
La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, advirtió que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales carecen de atribuciones para rechazar las competencias exclusivas que les asigna la Constitución Política de la República.
Aguiñaga recordó que la Carta Magna define el Régimen de Competencias, y el artículo 264 establece las competencias exclusivas que tendrán los gobiernos municipales, divididas en 14 numerales. El numeral 6, por ejemplo, dispone a los cabildos la competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal, explicó.
En ese sentido, la legisladora insistió que en ninguna parte de la Constitución existe la atribución para que un alcalde o una municipalidad puedan aceptar o rechazar una competencia que es exclusiva, y por ende, obligatoria por tratarse de un mandato constitucional.
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional participa de actos por aniversario de provincialización de Los Ríos
La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, participó este lunes de los actos oficiales por los 154 años de provincialización de Los Ríos.
La autoridad legislativa atestiguó el desfile estudiantil en Babahoyo, junto al Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el Prefecto de Los Ríos, Marco Troya, el alcalde Jhonny Terán, y los asambleístas de la provincia.
Posteriormente, Marcela Aguiñaga asistió a la sesión solemne, en la que, a nombre de la Asamblea Nacional, entregó un Acuerdo Legislativo felicitando a Los Ríos por su aniversario de provincialización y destacando su importancia dentro del desarrollo del país.
La Constitución vigente desde octubre de 2008... nuestra Constitución del Buen Vivir, nos dispuso de forma mandatoria la adopción de medidas que permitan la adaptación de la legislación vigente a la nueva realidad de nuestro país. Una Constitución que, como hemos señalado reiteradamente, nos ha permitido dejar el pasado atrás, sepultando paulatinamente la desigualdad y la discriminación que, como bien sabemos, han desencadenado en injusticia y violencia, por ejemplo, en la familia.
Es indiscutible la relevancia histórica de nuestro Código Civil, que data de 1861, el cual ha venido regulando de manera satisfactoria, sin ser infalible, los fundamentos y relaciones de derecho civil, de carácter común en Ecuador. La última codificación se introdujo en el año 2005, y como toda norma jurídica, está llamada a regular eventos y relaciones de carácter actual y vigente, por lo cual las reformas resultan herramientas imprescindibles para dinamizar nuestro ordenamiento jurídico.
Es necesario insistir en la disposición constitucional vigente que garantiza la prevalencia del sistema universal de seguridad social. El segundo inciso del artículo 372 de la Constitución señala que “los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del IESS”.
Públicos!!! El informe de la Comisión de Derechos de los Trabajadores confirma que esta reforma NO altera la naturaleza de los fondos constituidos con recursos privados, y en donde se defiende los principios de libertad de asociación y voluntariedad que consagra la propia Constitución.
También ha quedado claro en qué casos la administración de los fondos pasará a manos del BIESS, e incluso, como muestra de apertura de esta Asamblea, el informe reconoce cuatro condiciones para que, si así lo deciden sus partícipes, dichos fondos se mantengan bajo manejo privado y dejen de ser públicos.
