Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Alianza PAIS - Unidad Primero
Considerando la dispersión poblacional y el relieve geográfico de Manabí, la solución a los problemas de transporte rural que padecen los cantones de la provincia puede representar una inversión bastante alta para los presupuestos municipales, por lo que es vital empezar con un estudio que determine las prioridades de transporte en las jurisdicciones rurales de cada cantón de acuerdo a criterios como: número de habitantes, producción y potencialidades de crecimiento, entre otros, con la finalidad de priorizar la inversión en ciertas jurisdicciones.
Durante años, la construcción de vías estatales y de los accesos que se empatan con las poblaciones rurales ha sido considerada como la forma más adecuada de responder a los problemas del transporte rural. Más allá de que, un mejor acceso es crucial para mejorar el transporte rural, ahora se reconoce que se debe de adoptar una perspectiva más amplia.
El intenso comercio exterior y la condición de Manabí como provincia agro exportadora se reflejó en la existencia de cuatro puertos (Manta, Bahía, Machalilla y Cayo). El apogeo comercial de los puertos de Manabí se vivió desde fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX; en ese período, se comercializaron productos como el cacao, café, tagua, almidón, caucho, cuero, sombreros y perlas. Después de 1930 vino el declive del comercio de la provincia con el exterior, hasta cuando se construyó el Puerto de Manta en la década de los 60
Sorprendentemente, desde la época colonial hasta 1957, en todo el territorio nacional no se había construido un metro lineal de muelle para atraque, la carga y descarga en las naves de tráfico internacional se hacía a través de barcazas. Entre 1958 y 1970, se emitieron leyes para el desarrollo portuario y se crearon los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Machala.
Un territorio de contraste entre la fertilidad de su suelo y el aislamiento, cuyo contorno se asemeja a una manga colocada en sentido vertical, con una extensión que bordea los 600 kilómetros cuadrados (igual al cantón Azogues) y una población, según Censo INEC 2010, aproximada de 20.758 habitantes (similar al cantón Baños). Colinda al oeste con Manabí (El Carmen, Chone y Pichincha), al este con Los Ríos (Buena Fe), al norte con Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo) y al sur con Guayas (El Empalme).
El nombre de esta franja territorial se inicia en la década de los cincuentas del siglo pasado, con la llegada de un cura geógrafo, Luis María Pinto, párroco de Calceta (Manabí), quien trazó una manga (trocha) para llegar en menor tiempo a la provincia de Pichincha, por lo cual esta zona se llamó La Manga del Cura.
El 5 de noviembre, en la sesión 33 de la Comisión de Soberanía Alimentaria del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, el Asambleísta Ricardo Zambrano Arteaga, al tratarse el punto dos del orden del día, esto es el informe para segundo debate sobre el proyecto de Ley Derogatoria a la Ley Especial del Sector Cafetalero, argumentó con elementos de hecho, que en el contenido de la primera transitoria del proyecto que se debatió, se determinaba que las competencias que venía ejecutando el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) las asumiría el ministerio de la política agraria (MAGAP), entre las cuales estaría la contribución agrícola cafetalera del 2% sobre el valor FOB del café en grano y tostado molido que se exporte por cada unidad de 100 libras.
Ante ello, después de exponer la realidad del sector cafetalero, propuso la eliminación de esta contribución, toda vez, que los exportadores injustamente terminan trasladando el valor de dicha contribución al eslabón más débil de la cadena productiva, como son los productores de café; castigando el precio que pagan por cada saco de café.
Recordaba hace poco, aquellas sabías palabras dichas por Bolívar: “Nada es peor en política que dejar de cumplir lo que se ha mandado. Esta debilidad causa el desprecio y hace inútiles las medidas posteriores”. Nuestros compatriotas nos exigen un Ecuador, de bienestar.
Desde el año 2007, teníamos el desafío inmenso de poner en movimiento una sociedad hastiada de una clase política irresponsable, de reactivar una economía paralizada y de liberar un Estado secuestrado por intereses particulares de toda índole. Siete años más tardes podemos decir que se honró la voluntad popular, pues se ha transformado la pluralidad de demandas sociales en un proyecto significativamente histórico.
En nuestro país, las telecomunicaciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 313 de la Constitución de la República, son un sector estratégico. Como tal, están consideradas como un servicio público que debe ser prestado por el Estado, mediante las empresas públicas y las mixtas en las que la mayoría del capital sea estatal; y, por excepción, por empresas privadas o del sector de la economía popular y solidaria.
Sin embargo, la Ley principal que regula las telecomunicaciones que data de 1992, contiene normas adicionales que han sido reformadas varias veces, pero sin lograr que estén acordes con los principios establecidos en la Carta Magna, pero sobre todo consonantes con las necesidades actuales, por ello nace el apremio de actualizar la normativa dando paso a una nueva institucionalidad de regulación del espectro radioeléctrico.
El Plan Nacional del Buen Vivir, establece como estrategia, la transformación de la matriz productiva del país, mediante la optimización de los organismos técnicos del Estado, uno de ellos el lNlAP, bajo cuya responsabilidad se desarrolla tecnología e innovación para la producción agraria nacional.
La decisión de estructurar el directorio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, obedece a que la integración actual está en contradicción con lo que señala el artículo 232 de la Constitución, según el cual se prohíbe a los miembros de los organismos directivos tener interés en las áreas que vayan a controlar.
El 18 de octubre de 1977 en el Ingenio Azucarero Aztra ubicado en la Troncal, provincia del Cañar, la dictadura militar comete una las más infames y atroces represiones contra los trabajadores que pasaría a la historia como “la matanza de Aztra”.
Ante la presumible afirmación, que para acceder a un crédito en el Banco Nacional de Fomento, las personas naturales deben poseer un historial crediticio en esta entidad bancaria. El Asambleísta Ricardo Zambrano Arteaga, compareció ante el Gerente General del Banco Nacional del Fomento
Con fecha 23 de octubre el Asambleísta Ec. Ricardo Zambrano Arteaga entregó varias conclusiones y recomendaciones los GAD'S del cantón Chone y la parroquia San Antonio, con el objetivo de que dichas instituciones soliciten la incorporación del Humedal de La Segua (el quinto humedal más importante del país), dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
