El Consejo de Administración Legislativa, CAL, se instaló esta mañana para tratar próximo receso legislativo, el conocimiento del proyecto del Plan Estratégico Institucional de la Asamblea Nacional para el 2019 – 2021 y la creación de una comisión especializada que trate la reforma urgente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Con 11 votos la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto Anticorrupción, enviado por el Ejecutivo en septiembre de 2018.
El Pleno con 115 votos afirmativos aprobó el proyecto de Eficiencia Energética que contribuirá al ahorro de energía, la lucha contra el cambio climático y a vivir en un ambiente sano. La normativa promueve el uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias que ayudarán a no poner en riesgo la soberanía alimentaria.
Así lo dispone la convocatoria de la presidenta de Legislatura, Elizabeth Cabezas Guerrero, a la sesión 567 del Pleno de la Asamblea, prevista para el 10 de enero de 2019, a partir de las 10:15.
La Asamblea Nacional remitirá un comunicado a todas las instituciones públicas para pedirles que emitan los reglamentos y apliquen la Ley de Eficiencia de Trámites, que el Parlamento aprobó el 10 de agosto de 2018. El propósito de la norma es evitarle al ciudadano una innecesaria tramitología, ahorrarle tiempo y dinero, sostuvo la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas.
La Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos, declaró improcedente la solicitud remitida por el juez Iván Saquicela Rodas para que autorice el enjuiciamiento penal de María Alejandra Vicuña, en su calidad de exasambleísta. Por tanto, devolvió el respectivo pedido.
Las comisiones legislativas permanentes y ocasionales consolidan su trabajo para concretar la agenda priorizada que beneficiará a la sociedad en general. Las reformas a la Ley de Discapacidades; Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante; Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario y el Código de Comercio, son entre otras, los proyectos que continúan su trámite para los respectivos informes.
La Asamblea Nacional aprobó con 107 votos -el 14 de agosto de 2018- la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción. No obstante, el 12 de septiembre, la normativa recibió el veto total del Ejecutivo, que impide que la Ley sea tratada nuevamente por el pleno por un año.
La preocupación sigue latente. Los asambleístas orientan sus mayores esfuerzos en la definición de herramientas para luchar eficazmente contra la corrupción, impunidad y reafirmar los derechos de los menores. Esto se evidenció durante el análisis del informe del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal.
Alrededor de 70 personas de la Unidad Educativa Madre Laura, de Santo Domingo de los Tsáchilas (65 estudiantes, cuatro docentes y una guía – coordinadora) acudieron a la Asamblea Nacional, a fin de participar del programa de visitas guiadas.
