Con 20 intervenciones se cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público, mismo que se discutió en dos jornadas. Con 81 votos el Pleno acogió la moción de la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, para que se unifique como cuarto libro del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, con el fin de presentar un solo texto para segundo debate.
Al resaltar la importancia de aprobar el proyecto de Ley de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público que establece las atribuciones y competencias, estructura jerárquica, grados, carrera, así como el ingreso, formación, capacitación, ascenso de su personal y régimen disciplinario de estas entidades de la Función Ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados, los parlamentarios dieron sus aportes a la normativa legal.
Magno Vecilla, jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos; Ever Arroyo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito; Édgar Vera, inspector de Aduanas y Yolanda Moreno, del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, a propósito del primer debate del proyecto de Ley de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público, fueron recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, para escuchar sus puntos de vista sobre la normativa.
En el programa “Contigo de Ley” número 67, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se refirió al proceso de fiscalización que lleva adelante el Legislativo y la solicitud de juicio político al ministro de Educación, Augusto Espinosa. La principal del Legislativo se pronunció además en torno a las inversiones en paraísos fiscales y a la Ley de Cultura.
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de la solicitud de juicio político al ministro de Educación, Augusto Espinosa, presentada por el asambleísta Bayron Pacheco (Avanza) y verificó el cumplimiento de este procedimiento, tras el cual, por unanimidad, aprobó que el trámite pase a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, convocó a la sesión 255, para este miércoles 20 de julio de 2016, a las 9:30, a fin de continuar el trámite del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que pretende establecer sanciones para contravenciones de violencia de primera y segunda clase contra la mujer y los miembros del núcleo familiar.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 400 del Pleno para el martes 19 de julio de 2016, a las 9h30, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de las Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
En el marco de un conversatorio con medios de comunicación de Tungurahua, la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, expresó que la Asamblea Nacional tiene las puertas abiertas a las propuestas del sector productivo, y a las cámaras, dentro de las normativas para la reactivación económica del país.
La investigación de la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales por parte de cinco universidades privadas continuó hoy en la Comisión de Justicia. Acudió nuevamente el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, quien explicó sobre la relación de estos centros académicos con grupos económicos y de sus directivos con paraísos fiscales. Dijo que se hará una auditoría no solo a las universidades, sino también a las empresas vinculadas, cuyo estudio estaría a finales de año.
Dentro de la investigación sobre empresas offshore en paraísos fiscales, a la Comisión de Justicia acudió el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez, quien anunció que el organismo prepara un conjunto de reformas legales para frenar el lucro en las universidades ecuatorianas, especialmente de las particulares, en cumplimiento del mandato constitucional.