La asambleísta por la provincia de Pichincha, María Alexandra Ocles, presentó el proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades, que tiene como objeto reconocer y garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia. De acuerdo con la normativa, el Estado garantizará la protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales.
El proyecto de Ley de Tierras tiene como objetivo estratégico la definición de políticas agrarias y alimentarias dentro de un marco de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. El Capítulo 2, Art. 13, de la actual Constitución, manifiesta el derecho de las personas y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
Legisladores de diversos bloques políticos destacaron que a través del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se busca normar el uso y la propiedad de la tierra rural, la cual cumple una función social como ambiental y que se fundamenta en tres ejes transversales: la redistribución equitativa de la tierra que debe ir acompañada de un sistema integral que comprende financiamiento –créditos- y asesoramiento técnico; garantía de la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable de la tierra.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene, entre otros propósitos, normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y, otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
La Comisión de Régimen Económico avocó conocimiento del proyecto de Código de Comercio de iniciativa del asambleísta Galo Borja, vicepresidente de este organismo legislativo, quien precisó que el documento tiene por objetivo regular las actividades mercantiles en el Ecuador, así como los títulos valores y otras instituciones afines. Para el efecto se modifican los códigos de Comercio, Civil, Monetario y Financiero, de la Función Judicial, Aeronáutico, General de Procesos y el COIP.
En la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales los parlamentarios resaltaron el contenido de la propuesta que recoge las aspiraciones de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que por décadas han sufrido injusticias al no poseer su fuente de empleo que es la madre tierra, además destacaron la importancia de garantizar la función social, ambiental para alcanzar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos, pero cumpliendo el mandato constitucional de cuidar el medio ambiente y su naturaleza.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, representada por su vicepresidenta, Ximena Ponce, se reunieron con un grupo de compositores y autores musicales del país que integran la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), con el fin de intercambiar criterios en torno al Código de los Conocimientos (Ingenios) que al momento se encuentra en consulta prelegislativa.
La Comisión de Desarrollo Económico citará a los Ministros de Comercio Exterior, Diego Aulestia; y de Industrias y Productividad, Eduardo Egas Peña, a fin de que expliquen el alcance del Acuerdo Comercial con la Unión Europea.
En el marco del análisis del proyecto de reforfmas a la Ley de Seguridad Social, presentado por el asambleísta Gozoso Andrade Varela, el procurador General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cristian Hidalgo, señaló que el Seguro Social Campesino al formar parte de la institucionalidad del IESS pertenece a la red integral pública de salud y por mandado constitucional tiene la obligación de prestar ese servicio en los diferentes niveles de salud, es decir, que las emergencias que no puedan ser atendidas por el Seguro Campesino debe ser atendido en cualquiera de las instituciones de la red integral pública de salud, integrada por el ISSFA, ISSPOL, IESS y Ministerio de Salud.
En la Comisión de Educación, Marcelo Aguilera, del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), al precisar que el proceso de evaluación de las universidades y escuelas politécnica nació por mandato constituyente número 14 que buscaba recuperar el rol director, coordinador y regulador que tenía el Estado sobre las instituciones de educación superior, respaldó la aprobación del proyecto que extingue a las universidades cerradas, ya que permitirá la consecución final de un proceso y un encargo constitucional.
