La asambleísta Dora Aguirre, representante de circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, felicitó la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, quienes reunidos en Asunción, Paraguay, con ocasión de la XXI Cumbre Iberoamericana, rechazaron la criminalización de la migración y cualquier asociación que se realice vinculando a la persona migrante, independientemente de su situación migratoria, con la delincuencia organizada transnacional y los temas transversales de seguridad.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió para aprobación de la Asamblea Nacional, dos nuevos instrumentos internacionales: Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y, el Acuerdo entre Ecuador y Uruguay sobre la cooperación en el ámbito de Defensa.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez, mantuvo una reunión con Rolando Chuang, representante del gobierno de Taiwan, quien le expresó su decisión de apoyar el trabajo de este organismo legislativo, mediante una asesoría, con el fin de viabilizar proyectos de ley que fortalezcan a la mediana y pequeña industria nacional.
En la población de la provincia del Napo y a nivel nacional se ha producido gran alarma y desconcierto social, frente a las decisiones del Ministerio de Relaciones Laborales, en aplicación a la Ley de Servicio Público (LOSEP) y el Decreto Ejecutivo 813, subrayó la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez.
Durante la reunión con los representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, destacó el respeto que existe en el país a las libertades fundamentales, especialmente la libertad de expresión.
Señaló que el 14 de noviembre entrará al Pleno el proyecto de Ley de Comunicación, ocasión que será propicia para, efectivamente, debatir ampliamente el tema, a fin de descartar cualquier comentario de que se trataría de una normativa mordaza, más aún para fortalecer los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión, opinión y de respeto absoluto al accionar de la prensa.
Por su parte, Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, dirigentes de la WAN-IFRA, coincidieron en expresar las preocupaciones sobre las demandas que ha impuesto el Jefe de Estado en contra de periodistas y medios, cuyas causas han tenido respuesta inmediata de jueces, con las correspondientes sanciones, mientras la situación de los hermanos Restrepo se demoró más de 18 años.
Igualmente, sostuvieron que inquieta a la comunidad internacional el hecho de que en el Código Integral Penal, de iniciativa del gobierno, se establezca prisión para quienes imputen injuriosas calumniosas a una determinada autoridad, lo que en la mayoría de legislaciones y democracias entra en el ámbito civil y no criminal.
Comentaron que las permanentes críticas del Presidente de la República a la prensa y ciudadanos que discrepan con su forma de pensar, además de las causas legales y la posible criminalización de la injuria, son aspectos que se convierten en síntomas de amenaza, amedrentamiento y, lo que es más, autocensura de los comunicadores.
El Presidente de la Asamblea manifestó que lamentablemente a la sociedad mundial se envían mensajes distorsionados que no se ajustan a una realidad, tras resaltar que en Ecuador hay libertad para hacer cualquier clase de crítica, más allá de que ciertos actores han incurrido en libertinaje.
Aclaró que el caso de El Universo responde al cometimiento del delito de calumnia grave, no de desacato, misma que deberá resolverse en las instancias judiciales, a la vez de expresar su voluntad para discutir profundamente el tema de la injuria, pero desde una visión de respeto irrestricto a la honra de las personas.
MG
El asambleísta Mauro Andino, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y de la Ocasional de Comunicación, recibió a Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRAN), con quienes dialogó sobre los alcances de la Ley de Comunicación y la propuesta de nuevo Código Integral Penal.
Al tiempo de defender la plena vigencia de la libertad de expresión en el país, Andino Reinoso comentó que los medios de comunicación y las frecuencias de radio y televisión están concentrados en ocho grupos familiares de empresarios que además son propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales y bancarios.
Argumentó que el monopolio mediático unido a las restricciones legales ha impedido que en Ecuador se desarrollen los medios de comunicación comunitarios y solo a partir de 2007 se inició la conformación de un sistema de medios públicos, tras enfatizar que los medios comunitarios ocupan el 0% de la frecuencia de televisión y el 0,2% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios públicos apenas el 17% de las frecuencias de televisión y el 10,8 de las frecuencia de radio, según una encuesta de la UNESCO.
El doctor Mauro Andino también presentó una encuesta realizada por la Universidad de las Américas (UDLA) sobre el tema de cómo viven y piensan de la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, la cual determina que de los 120 comunicadores entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes y el 19% por el gobierno. Ello demuestra que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación.
Inquietudes
Christoph Riess, director General de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, expresó la preocupación del organismo sobre el contenido del artículo 119 del proyecto de Código Penal que establece la posibilidad de reprimir con prisión de uno a tres años a quienes imputen a la autoridad una injuria calumniosa, pues la criminalización de injurias calumniosas o no calumniosas va en contra de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2000.
A nivel de las legislaciones del mundo entero, las injurias calumniosas son objeto de sanciones civiles, por tanto, utilizar para estos casos un instrumento como la prisión, no le hace bien a la democracia, precisó.
Entre tanto, Rodrigo Bonilla Hastings, coordinador de misiones de la WAN-IFRA, dijo que la comunidad internacional está inquieta por los procesos legales que ha puesto en marcha el Presidente de la República en contra de periodistas y medios, lo que provocará una especie de autocensura de los comunicadores, por una conducta de intimidación y amenaza. También, llama la atención la actitud de la justicia en estos casos, puntualizó.
En respuesta, el legislador Mauro Andino sostuvo que la justicia, con absoluta independencia y autonomía, tendrá que pronunciarse sobre las demandas interpuestas por el Ejecutivo.
Personalmente consideró que el artículo 119 del Código Penal no debe pasar, más aún cuando el artículo 115 ya recoge y clarifica la materia de la injuria, subrayó.
Finalmente, anunció que la Ley de Comunicación podría entrar a debate a mediados de noviembre y que el informe para primer debate del nuevo Código Penal se espera presentarlo el 14 de diciembre.
MG/pv
El legislador Marco Murillo (AL) presentó un proyecto de reformas al Código Penal, con el propósito que se tipifiquen como delitos la mala práctica médica y la falta de atención médica.
Argumentó que la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, garantizan el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, respectivamente.
Lamentablemente, esos transcendentales derechos no han sido garantizados por las personas que, en este caso, de manera adecuada, puedan dar un servicio de prestación de salud, dijo, al enfatizar que la mala práctica médica en la legislación ecuatoriana casi no dice absolutamente nada al respecto.
También, continuó, la Ley de la Federación Médica determina que un tribunal de honor juzga la conducta profesional, mientras la Ley Orgánica de Salud solamente contempla sanciones pecuniarias y administrativas.
Explicó que dicha ley especifica multas y suspensión del profesional, en tanto la Ley de Derechos y Amparo del Paciente recoge sanciones de carácter de reclusión, tras expresar que el Código Penal dictamina prisión de tres meses a dos años ante la muerte de un ciudadano y una multa de 81 dólares, sin tomar en cuenta lo irreparable de la tragedia que significa la pérdida de un familiar.
Alcances de la proyecto
Murillo, representante de la provincia de Chimborazo, explicó que su propuesta determina que las acciones y omisiones en el ejercicio profesional que cause la muerte por negligencia serán castigadas con uno a seis años; por imprudencia de uno a cinco años; la impericia de uno a cuatro años; y, la inobservancia de uno a tres años de privación de la libertad.
En caso de incapacidad permanente del paciente, las penas serán de dos a cuatro años, dependiendo de la gravedad. Las sanciones administrativas serán la suspensión del ejercicio profesional de las personas que, justamente, sean encontradas responsables de estos actos. También se fijan sanciones pecuniarias destinadas a indemnizar a los afectados con una sanción no menor a 150 remuneraciones básicas unificadas (39.600 dólares), que iría subiendo paulatinamente, conforme la inflación.
La falta de atención médica (no prestar asistencia) se sancionará con dos a cuatro años. Por no recibir o impedir el ingreso hacia una atención de salud, provocará la privación de libertad de uno a tres años, dijo.
Sostuvo que el ciudadano Manuel Cosíos, padre del estudiante Édison Cosíos, quien ha sido trasladado del Eugenio Espejo al Hospital de los Valles, le ha expresado el total respaldo a su propuesta, a lo que se han sumado grupos de afectados, como una posibilidad real de hacer justicia.
Denuncia
Jenny Guerrero denunció que hace más de dos años a su madre le practicaron una cirugía en el Hospital del Sur, que le provocó consecuencias desastrosas y hoy se encuentra en estado vegetativo y que en el Vozandes se descubrió que esa operación era de alto riesgo, por lo que han presentado una demanda, misma que no avanza pues por tres ocasiones se han dilatado las audiencias, “por supuestas presiones de un ministro de Estado”.
MG/pv
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional dialogará, en las próximas horas, con representantes del personal contratado del Magisterio, con el propósito de establecer los mecanismos y pasos para hacer realidad la estabilidad a este sector.
Así lo indicó la asambleísta Gioconda Saltos, vicepresidenta del organismo legislativo, quien precisó que en la reunión estará presente un representante del Ministerio de Educación y reiteró que se buscarán soluciones efectivas a la problemática de los profesores contratados que esperan, por algunos años, obtener una partida en calidad de nombramiento.
Comentó que la figura de la precariedad en el Magisterio Nacional se implementó en gobiernos anteriores y lamentablemente no se les garantizó la entrega de partidas y, como tal, los nombramientos fijos, a miles de maestros contratados, a pesar de que han cumplido una gestión positiva para los alumnos y el país.
Enfatizó que en los primeros días de noviembre se llamará a los pertinentes concursos para posibilitar las correspondientes partidas, en cuyo proceso los maestros contratados tendrán prioridad e incluso un puntaje adicional, tal cual lo determina la Ley de Educación Intercultural.
Es fundamental definir el Reglamento, con normas claras, para que el tema sea totalmente transparente, dijo, al manifestar que para el nuevo año escolar se espera encaminar la concreción de 20 mil partidas. Por tanto, esperamos consensuar en la reunión de trabajo los mecanismos que faciliten las cosas, subrayó.
Finalmente, Gioconda Saltos destacó que los maestros contratados al obtener una partida y de hecho el nombramiento dentro del Magisterio pasarán a ganar un salario digno y justo, que les permitirá mejorar sus condiciones de vida, al puntualizar que la disposición transitoria de la Ley de Educación Intercultural garantiza mayores oportunidades de estabilidad a las personas que han ejercido la docencia en calidad de contratados por más de cuatro años.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside el asambleísta Francisco Velasco, fue el centro de exposiciones de los representantes del sector empresarial y los voceros del gobierno, respecto al proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El Viceministro de Relaciones Laborales, Juan Fernando Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos, admitió que hasta el momento no se ha realizado el reglamento para la expedición de la escala de remuneraciones mensuales unificadas, conforme lo exige la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de la Ley de Servicio Público.
El Secretario de Estado dio a conocer el listado de la normativa que ha emitido esta institución y la que está en análisis en el Ministerio de Finanzas, respecto a la serie de ingresos complementarios que determina la Ley de Servicio Público y su Reglamento con las respectivas escalas remunerativas que se están trabajando con las distintas funciones estatales, pero que existen otras que aún no se concretan, como por ejemplo de los gobiernos autónomos descentralizados.
De su lado, el asambleísta Francisco Cisneros señaló que no está de acuerdo con la firma de este convenio, porque le corresponde a esta Secretaría de Estado recabar toda la información para procesar las tablas salariales que requieren los municipios.
A su criterio el Ministerio debería enviar un delegado imparcial a los municipios para que presente su respectivo informe pormenorizado, categorizando y evaluando al personal y luego de este proceso lleguen a una decisión final que no afecte los intereses ni de los gobiernos autónomos descentralizados, ni del presupuesto del municipio
En la reunión de trabajo el parlamentario solicitó al Viceministro de Relaciones Laborales realice una auditoría de personal en el Municipio de Pastaza, en razón de que existen distorsiones laborales según lo plantean los propios funcionarios del gobierno autónomo de Pastaza.
JLVN/pv
