Las reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el servicio militar y policial fueron aprobadas con 67 votos, 4 blancos y 45 abstenciones, en la sesión 33 del Pleno, con lo cual la Asamblea Nacional consolida el principio de unidad jurisdiccional establecido en la Constitución, a fin de que los delitos comunes cometidos por los servidores/as de estas dos instituciones de seguridad sean juzgados por jueces penales ordinarios.
Con 69 votos afirmativos, seis blancos y 35 abstenciones, el Pleno se allanó a las observaciones propuestas por el Ejecutivo al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que tiene por objetivo regular este régimen y su acceso en entidades públicas o privadas que administren bases o registros de datos públicos; garantizar la seguridad jurídica; organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como su eficiente manejo, con base en los principios de publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías.
En la sesión 33, con 68 votos afirmativos, cuatro blancos y 33 abstenciones, los asambleístas se allanaron a la objeción parcial del Ejecutivo en los artículos 3, 4, 7 y 10 del proyecto de reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo coadyuvar en una efectiva lucha contra la delincuencia y precautelar el pleno ejercicio de las garantías del debido proceso en el ámbito penal. Se determina como delito el hurto o robo que superen el 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general (120 dólares).
El segundo Vicepresidente de
En ejercicio de la atribución contenida en el Art. 120, numeral 11, de
Con seis votos a favor,
La Comisión de Gobiernos Autónomos sistematizó las 840 observaciones (aproximadamente 700 páginas) de los asambleístas, respecto al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, con la presencia de representantes del ministerio de Defensa, del Consejo de la Judicatura y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), continuó el análisis del proyecto de Ley de Servicio Público.
En los últimos días hemos escuchado una postura de ataque a la estabilidad del sistema financiero y monetario por parte de determinados elementos de la banca privada. Esta situación en otros países, como Colombia y Guatemala, constituye una infracción penal, denunció el ministro de la Política Económica, Diego Borja, en su comparecencia a la Comisión de Régimen Económico y Tributario.
Con la presencia de funcionarios de
