Abril, quien asistió a este encuentro en representación de
Explicó que
Así mismo, relató algunos de los principios fundamentales y las razones, tanto históricas, cuanto sociales, para incluir con amplitud un conjunto de derechos a la alimentación, a la nutrición culturalmente apropiada, al fortalecimiento de la producción nacional y promover la redistribución de los factores de producción, e incluso, romper las prácticas industriales que desgastan el suelo, destruyen el ambiente y contaminan los alimentos con químicos.
Recalcó que
En este sentido, ponderó la aprobación de
En materia del desarrollo del contenido del derecho de alimentación por la política pública, subrayó que el Plan Nacional de Desarrollo contempla una política de alimentación saludable y la disminución drástica de las deficiencias nutricionales lograda a partir de estrategias que permiten concebir este derecho como uno que garantice a la población el ser informada y asesorada sobre la adopción de dietas que permitan mejorar y cuidar su salud.
El asambleísta Jaime Abril agregó que bajo la concepción de soberanía alimentaria, a la que las constituciones latinoamericanas le deben dar el carácter de responsabilidad del Estado,
Indicó que en Ecuador se optó por la soberanía alimentaria y no la seguridad alimentaria porque, mientras la primera supone el acceso físico social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa, la segunda entraña el factor de autodeterminación, que supone la posibilidad de que nuestro país defina sus estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, priorizando la producción local como factor fundamental del abastecimiento de alimentos, una distribución directa que rompa la intermediación y explotación y un consumo de alimentos correspondientes a la cultura e identidad nacional, es decir una concepción más amplia.
Bajo esta perspectiva, dijo, considero que el cambio de la seguridad a la soberanía alimentaria, en garantía del derecho a la alimentación, la redistribución de los factores de producción, el diálogo de saberes y el fomento de la producción nacional agrobiodiversa y culturalmente idónea, no es una opción política arbitraria, sino una solución para la erradicación del hambre y el fortalecimiento de la cultura e identidad nacional que debe adoptarse a nivel de Latinoamérica y los países en desarrollo, para evitar la dependencia alimentaria y con ello asegurar que nuestros pueblos no sufrirán de hambre cuando los caprichos económicos de otros países así lo determinen. Por ello les invito a que demos ese gran paso hacia la consecución de una soberanía alimentaria, concluyó.
EG/pv
Asambleístas de diferentes bancadas legislativas expresaron sus puntos de vista en torno al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), sometido a segundo debate en la sesión 31 del Pleno. Los temas de mayor debate fueron los relativos a la organización del territorio, el concepto de autonomía, el régimen de competencias y la distribución de los recursos del Presupuesto del Estado para los gobiernos autónomos descentralizados, GAD.
Nueve recomendaciones plantea la Comisión de Derechos Colectivos en el informe presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, sobre la muerte del profesor shuar, Bosco Wisuma. Concluyó del análisis e investigación de los elementos procesales se determina que falleció por herida contusa por arma de fuego (perdigón de 5 mm de diámetro), en la región hemifrontal derecha, zona supraciliar, a un centímetro de la línea media.
La Asamblea Nacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que tiene por objeto coordinar acciones para permitir que el desarrollo normativo de la Constitución refleje los requisitos de los derechos humanos de las Mujeres conforme a los compromisos nacionales, regionales e internacionales y especialmente para promover la igualdad de género entre hombres y mujeres en el Ecuador.
Seis objeciones a los artículos 3, 4, 7, 9, 10, y sobre el segundo inciso de la Disposición Transitoria Primera, presentó el Ejecutivo a la Ley reformatoria al Código Penal y de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo coadyuvar en una efectiva lucha contra la delincuencia y precautelar el pleno ejercicio de las garantías del debido proceso en el ámbito penal. La Asamblea deberá pronunciarse en torno a este tema en el plazo de 30 días.
Mañana llegará a Quito la marcha “Caminando hacia una nueva propuesta” protagonizada por el asambleísta César Montúfar, con el propósito de recoger las sugerencias de la ciudadanía en torno a las diversas leyes que se discuten en