El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para Reforzar el Derecho a la Lactancia Materna del Recién Nacido, presentado ante la Coordinación de Gestión Documental de la Asamblea Nacional por la legisladora Katherine Pacheco Machuca, plantea que la licencia remunerada de lactancia sea de dieciocho (18) meses, contados desde el regreso de la persona con capacidad de gestación a sus actividades laborales, luego de culminar su permiso o licencia remunerada de maternidad.
El Pleno de la Asamblea, con 81 votos afirmativos, expresó su reconocimiento y respaldo institucional al trabajo coordinado entre el Bloque de Seguridad del Ecuador y las autoridades del Reino de España que permitió la captura de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias “Pipo”, uno de los criminales más buscados y peligrosos, vinculados al crimen organizado transnacional.
La asambleísta nacional Diana Jácome presentó en Gestión Documental el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud Mental, una propuesta orientada a fortalecer la normativa vigente y consolidar un enfoque integral, preventivo y prioritario en la atención de la salud mental en el país.
En la continuación de la Sesión No. 053, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos afirmativos, una resolución que dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.
Con la finalidad de garantizar una administración pública más ágil, digital, transparente y evaluable, mediante la incorporación de obligaciones concretas de digitalización e interoperabilidad; la implementación de mecanismos de control y rendición de cuentas; así como la introducción de sanciones e incentivos, la legisladora por la provincia de Cotopaxi, Ana Herrera, presentó la reforma a la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.
La Comisión de Régimen Tributario recibió las observaciones de los expertos tributarios Paola Gachet y Tiberio Torres respecto a la reforma al Código Tributario. Los temas abordados fueron: pago de obligaciones, mecanismos de obras por impuestos, reformas tributarias municipales, entre otros.
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, recibió el testimonio del director de la Fundación Henry Davis, Miguel Moreira Montenegro.
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, con siete votos afirmativos, aprobó el Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución, que establece las condiciones, procedimientos, límites, controles y responsabilidades para el cumplimiento de esta misión complementaria.
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, en la sesión 076, inició el tratamiento de un nuevo Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos y las Voluntades Anticipadas, calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 22 de abril de 2025.
El asambleísta Alejandro Lara, representante de la provincia de Tungurahua por Alianza Democrática Nacional (ADN), presentó dos proyectos de ley, el primero relacionado con reformas a varias normas para la Implementación de Programas de Cumplimiento Penal y Normativo para Prevenir los Delitos en el Sector Privado; y, el segundo, de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para Fortalecer el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a fin de combatir los actos de corrupción desde el sector privado.
