Este martes, 25 de enero, la asambleísta Jessica Castillo presentó el proyecto de Ley Reformatoria a varios cuerpos normativos – por la Seguridad Ciudadana. La legisladora propone incluir en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) una disposición para que la persona que porte armas blancas sin justificar su uso de acuerdo a su actividad laboral, comercial o económica sea sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
“Esta es una Asamblea diversa que cumple con la ley y que debate todos los proyectos e iniciativas con responsabilidad. Mi tarea es fortalecer en el Pleno un espacio verdaderamente democrático, en el que se expresen todas las visiones y opiniones; y donde la mayoría marque el camino por el que vamos transitando juntos en la Agenda Parlamentaria”, señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca al dar inicio a la sesión 758, para tramitar en segundo debate el proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en base al informe preparado por la Comisión de Justicia.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL), sesionará este viernes 28 de enero de 2021, para conocer y resolver respecto a varios proyectos de ley derogatorios, entre ellos el proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19.
El Pleno de la Asamblea Nacional, a partir de las 09h30 de hoy, inició el tratamiento en segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación.
En la sesión vespertina de la Comisión de Garantías Constitucionales, de este lunes 24 de enero, los comisionados recibieron a representantes de la Defensoría Pública de Napo, abogados y defensores de la naturaleza, quienes enfatizaron que el derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución como un mecanismo de lucha de pueblos organizados.
En atención a la resolución del Consejo de Administración Legislativa, (CAL), la Comisión del Derecho a la Salud recibió a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quienes informaron sobre la situación financiera del Fondo de Salud, la prestación de los servicios de salud en las diferentes dependencias de la institución, planificación presupuestaria para este año, así como, las acciones a emprender para solucionar la deuda pendiente que mantienen con los prestadores externos de primer y segundo nivel y prestadores especializados.
Los excontralores Marcelo Merlo, Valentina Zárate y Alfredo Corral Borrero, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, destacaron la necesidad de incorporar las reformas legales que permitan llenar vacíos legales que han generado problemas en la estructura y funcionamiento de la Contraloría General del Estado.
La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, Rocío Guanoluisa, inició este lunes, las mesas de trabajo, que tienen como finalidad recibir las propuestas y observaciones de gremios culturales, en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Cultura. Esta vez participaron los representantes de la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios del Ecuador.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres realizó el cuarto módulo del ciclo de talleres sobre Violencia Política de Género: estrategias y políticas para identificar, prevenir y erradicar la violencia de género desde el cargo público.
La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, que busca superar la grave situación que atraviesan los productores por la pandemia del Covid-19, el bajo consumo per cápita y la falta de un cuerpo normativo que regule la cadena productiva de este importante sector.
