Mónica Alemán es una mujer comprometida con las causas sociales y defensora del Estado de derechos. Ingeniera en Mercadotecnia por la ESPE, combina su formación técnica con una profunda vocación de servicio público. En la Asamblea Nacional, ha representado con firmeza la voz de las mujeres, los trabajadores y las familias ecuatorianas, impulsando políticas con sentido humano, equidad y transparencia.
Durante su periodo legislativo 2017–2021, presidió el Consejo Regional del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI), así como el Capítulo Ecuador del mismo organismo, promoviendo una agenda regional en defensa de los derechos humanos y la justicia social.
Su liderazgo se distingue por el trabajo en territorio, el diálogo con la ciudadanía y la defensa de la soberanía nacional. Mónica Alemán encarna una nueva generación de liderazgo político: coherente, sensible y profundamente comprometido con el Ecuador.
Reafirmamos nuestro compromiso de impulsar una agenda amplia, plural y construida junto a las organizaciones de mujeres del país, para fortalecer la garantía de sus derechos desde el trabajo legislativo y el territorio.
Participamos en la Sesión XLVII por la Fundación de la Comuna San Luis de Guachalá, un espacio de encuentro comunitario en el que compartimos junto a sus autoridades, directivos y habitantes la celebración de sus 47 años de vida organizativa.
En conmemoración de los 79 años de parroquialización de Tupigachi, participamos en la Sesión Solemne organizada por el GAD Parroquial Rural, donde entregamos un Acuerdo de Reconocimiento y un presente en homenaje a la historia, identidad y aporte de esta querida parroquia.
Voté en contra del informe de ejecución presupuestaria 2025 porque no voy a avalar maquillajes contables ni cifras acomodadas para ocultar una gestión deficiente. Mi compromiso es con la transparencia, con la fiscalización responsable y con decirle al país la verdad. Una ejecución presupuestaria que no responde a las necesidades de la gente también le falla al Ecuador.
En el marco del cumplimiento de la Resolución Nº. RL-2025-2029-065 del Pleno de la Asamblea Nacional de realizó una sesión de seguimiento para analizar el avance en los pagos a los socios afectados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda., así como las acciones adoptadas por las autoridades competentes desde agosto de 2025. Durante la jornada comparecieron representantes de las instituciones responsables del proceso de liquidación, con el objetivo de garantizar transparencia y respuestas claras a la ciudadanía y representantes de los afectados.
En la Comisión, el Ministerio de Salud reporta una ejecución del 95%, omitiendo un recorte de 2.000 millones de dólares al presupuesto. Mientras las cifras hablan de cumplimiento, la realidad en hospitales evidencia falta de especialistas, desabastecimiento de medicinas y pacientes en espera.
En la Comisión, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, no comparece mientras cerca del 40% del presupuesto permanece sin ejecutarse. En un contexto de escuelas con carencias y falta de docentes, la inacción también se convierte en una forma de abandono.
El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo Rendón no comparece ni siquiera de forma virtual y delega la rendición de cuentas. Se habla de una “excelente ejecución”, pero el presupuesto se concentra en sueldos y bonos, mientras Ecuador cierra el 2025 como el año más violento de su historia. Las cifras no reflejan la realidad que vive el país.
En la Comisión de Régimen Económico, la Directora del SRI no comparece y sus delegados no logran responder con claridad, dejando más dudas que certezas. La fiscalización al presupuesto 2025 evidencia posibles irregularidades: en Infraestructura se maquillan cifras para aparentar una ejecución “ejemplar”, mientras que en Ambiente desaparecen 124 millones de dólares sin explicación.
Este día inició el debate sobre la ejecución presupuestaria 2025 en la Asamblea Nacional, pero nuevamente el Ejecutivo decidió dar la espalda al proceso de fiscalización. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, no asistió a la sesión y en su lugar fueron enviados delegados que no pudieron responder a las preguntas planteadas por los legisladores. Mientras el país exige transparencia, aún no existe una explicación clara sobre los $560 millones en bonos electorales que nunca fueron transparentados, ni sobre los recortes de aproximadamente $2.000 millones al sector salud realizados durante el mismo año.
