El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 131 votos afirmativos, el proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría, que tiene como objetivos apoyar a la lucha contra la corrupción y asegurar el buen uso de los dineros del Estado y enfrentar los problemas que vive la institución, como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.
El Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 92 votos afirmativos, 28 negativos y 14 abstenciones, devolver el expediente del enjuiciamiento político contra el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que se cumplen los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 131 votos afirmativos, el proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría, una propuesta que tiene como objetivos apoyar a la lucha contra la corrupción y asegurar el buen uso de los dineros del Estado y enfrentar los problemas que vive la institución, como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó seis nuevos proyectos de ley, los cuales serán remitidos a las diferentes comisiones legislativas para su respectivo trámite; también autorizó procesos de fiscalización por incumplimiento en la entrega de información; y, resolvió aprobar la unificación de varios proyectos.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 107 votos, resolvió requerir al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de Agricultura y Ganadería y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que apliquen medidas inmediatas con políticas públicas nacionales de contingencia, programas para ejecutar obras referentes al manejo de riego y recursos hídricos, ampliación de canales de riego, desbordamiento de ríos y deslaves y alternativas para la mitigación de los problemas derivados de la sequía y/o exceso de lluvias consecuencia del cambio climático y que atraviesan los territorios golpeados por estos fenómenos naturales.
En la continuación de la sesión 766 del Pleno de la Asamblea Nacional, el legislador Mariano Curicama, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, ratificó el compromiso de trabajar con todos los sectores involucrados en la agricultura en un proyecto de ley que permita enfrentar los retos actuales y futuros del sector agropecuario, que constituya un avance fundamental en este sector olvidado, pero de gran importancia para el Ecuador, ya que provee de alimentos a los ecuatorianos, por ende, elaborará un proyecto de Ley que salga de manera consensuada.
La Asamblea Nacional intensifica su gestión en materia legislativa y de fiscalización. En la semana del 18 al 22 de abril proseguirá el proceso de fiscalización respecto del caso telefonía celular, cambios establecidos en la política petrolera. En materia legislativa avanzará en el tratamiento de los proyectos relacionados con la Ley de Personal y Disciplina Militar, reformas al Código Monetario, incentivos a la pesca artesanal, al Cootad, entre otros.
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar al ministro del Interior, Patricio Carrillo, para que informe las acciones emprendidas por esta Cartera de Estado y la Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en el cantón Durán y en todo el territorio nacional.
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar al ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, con la finalidad de que informe las acciones emprendidas por esta Cartera de Estado y la Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en el cantón Durán y en todo el territorio nacional.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos, un negativo y 23 abstenciones, decidió convocar a Julio José Prado, ministro de Producción y a Édgar Rodríguez, subsecretario de Calidad de esa Cartera de Estado, para que expliquen la derogatoria de los Reglamentos emitidos por el INEN, tomando en cuenta el perjuicio que podría ocasionar a los consumidores.