Este miércoles 15 de julio, a partir de las 10:00, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por el asambleísta Richard Calderón, recibirá a los representantes de los Centros Comerciales Populares de Quito y a Víctor Ruiz, presidente del barrio Flor de Oriente, del cantón Francisco de Orellana, para recoger insumos que servirán de base para la elaboración de los proyectos de ley a cargo de la Comisión No. 8, garantizando la participación ciudadana.
El asambleísta Pepe Acacho, representante de la provincia de Morona Santiago, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través del cual busca extender la tarifa preferencial de transportación pública a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, tomando en cuenta que están consideradas dentro de la extrema pobreza en el país.
Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público que tiene por objetivo incorporar las disposiciones constitucionales que hacen referencia a aquellos casos en los que culmina el período presidencial como consecuencia de la ruptura del orden democrático, evitando de este modo, tergiversar el sentido mismo del reconocimiento que otorga el Estado a aquellos ilustres ciudadanos que cumplen y sirvieron a su patria, distinguiendo de aquellos mandatarios que incumplieron este deber.
La asambleísta Esthela Acero, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, informó que dentro de la entidad legislativa se está analizando la posibilidad de incluir una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales para que las haciendas arrendadas por más de cinco se puedan vender al Estado y los campesinos tengan opción de adquirirlas y cultivarlas.
La Comisión de Participación Ciudadana continúa el proceso de construcción del texto para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esta semana, el miércoles, 15 de julio, a las 10:00, recibirá a Ernesto Pazmiño, defensor Público General. El funcionario deberá exponer sus observaciones y comentarios sobre el cuerpo legal.
La Comisión de Soberanía Alimentaria consultó a representantes de organizaciones de pueblos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas de Pichincha sobre 18 artículos que contienen tres temas sustantivos relacionados con los derechos colectivos del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Los tres temas sustantivos de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales han generado más consensos que disensos en todo el país, explicó Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que construye el proyecto legal. La afirmación la realizó en el marco de la audiencia provincial de Pichincha.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, al anunciar que en 15 días presentará los resultados de la segunda fase de la consulta prelegislativa sobre los tres temas sustantivos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a fin de que convoque a la siguiente fase que es la mesa de diálogo nacional, informó que hasta el momento han participado más de seis mil personas con sus criterios respecto del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Al igual que las audiencias provinciales realizadas en 23 ciudades del país, la última suscitada en Quito se caracterizó por una gran afluencia de participantes y asambleístas. A la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, que se desarrolló en la Palacio Legislativo, concurrieron más de 200 personas, representantes de 30 organizaciones de campesinos.
La necesidad de incluir a todas las propuestas posibles, desde los diferentes sectores involucrados, impulsó al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, para motivar a que se amplié el diálogo a fin de construir y perfeccionar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip). El cuerpo legal constaba como segundo punto del orden del día de la sesión 338 del Pleno.