Con 110 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe técnico de fiscalización y seguimiento al hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal, en el casco urbano del cantón Zaruma, provincia de El Oro. A través del documento se exige al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en un plazo no mayor a 30 días presente un informe de cumplimiento de las acciones dispuestas en los Decretos Ejecutivos 296 de 17 de diciembre 2021 y 341 de 14 de febrero 2022, respecto a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en dicha localidad.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, junto a la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa, recibió una propuesta legal que regula la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años.
El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los 121 asambleístas presentes, aprobó el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo, por el cual exige al Presidente de la República que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, de 6 de mayo del 2011, que crea la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, para fortalecer dicho cuerpo colegiado; así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento.
En la sesión 863 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para el jueves, 13 de abril 2023, a las 09h00, los legisladores conocerán el informe relacionado con el incremento de casos de femicidio en Ecuador, en el que advierte la urgencia que el Ejecutivo construya una estrategia nacional de política pública para evitar impunidad, considerando que el año 2022 fue el más violento desde que se tipificó este delito en el 2014, con 285 femicidios.
Viabilizar el pago de acreencias y deudas de las universidades extintas y destinar los excedentes al fortalecimiento del Sistema de Educación Superior público, es el objetivo de las reformas a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que en los próximos días se enviará a Registro Oficial para su respectiva publicación.
Para este martes, a las 10h00 está convocada la sesión No. 862 del Pleno de la Asamblea Nacional en la que tiene previsto resolver la objeción del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley que extinguió a las universidades que fueron cerradas y el primer debate del proyecto de Ley de Seguridad Digital. En la agenda también consta el análisis de la situación generada por la minería ilegal en el sector de Yutzupino, provincia de Napo y en Zaruma, provincia de El Oro.
Para la semana del 10 al 14 de abril, las comisiones especializadas permanentes y ocasionales tienen en agenda la continuación del trámite de varios proyectos de ley de gran trascendencia para el país, así como el desarrollo de acciones de control político, con el propósito de conocer sobre la correcta aplicación de las políticas públicas, en atención a las demandas de la ciudadanía.
En la semana que finaliza la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate de dos proyectos de ley, tendientes a proteger a los usuarios y clientes de la instituciones financieras de la economía popular y solidaria, y dotar a los gobiernos locales de recursos económicos para fortalecer el desarrollo de sus territorios. En fiscalización inició la sustanciación del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Con 119 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió reconocer la importancia de la Nueva Agenda Urbana, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, como una guía para el desarrollo de políticas y acciones urbanas sostenibles, cuya implementación contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en especial, del No. 11, que busca que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, por el cual se incluye en el Libro Primero del Código Monetario y Financiero la sección 4.1 del Defensor del Cliente del Sector Financiero Popular y Solidario, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos para ejecutar reclamos justos y una atención de calidad, en las cooperativas, mutualistas y cajas de ahorro, entidades que pertenecen a este segmento económico.
