En la sesión 54, el Pleno tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que tiene como objetivo recuperar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar estas prácticas, que generalmente están estrechamente vinculadas con el crimen organizado.
Preocupados por la posible explotación petrolera que se podría dar en el cantón Loreto, provincia de Orellana, el alcalde del gobierno municipal de esta jurisdicción, René Grefa pidió ser recibido en la Comisión de Biodiversidad para explicar las consecuencias que generaría de esta actividad.
En la sesión 54 del Pleno, los asambleístas debaten en primera instancia el proyecto de reformas a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, que se constituye uno de los mayores flagelos contra la sociedad y el Estado, provocando graves problemas de carácter socio-económico.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Competencias y Organización del Territorio inició el conocimiento del veto parcial impuesto por el Presidente de la República, Rafael Correa, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El tema será materia de profundo análisis, a la brevedad posible, con el Ministro del Interior y Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Tras expresar que es insostenible la situación de la inseguridad vial en el país, el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, anunció que en las próximas horas se convocará a Ricardo Antón, director de la Comisión Nacional de Tránsito, al organismo legislativo para que presente una información sobre el tema y las medidas que se implementarán para corregir las verdaderas catástrofes que se han producido en las carreteras, en los últimos tiempos.
Estos hechos han creado una justificada alarma pública, por lo que es necesario investigar qué está pasando, enfatizó, al precisar que se invitará, también, al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para analizar las reformas legales que se requieren para enfrentar esta problemática.
Consideró necesario abrir un amplio debate nacional en torno a este fenómeno y una especie de control político. Sin embargo, a su criterio, nada se gana con tener las mejores leyes del mundo si el proceso de aplicación es laxo o inexistente.
Agregó que en el accidente de Yambo hay serios indicios de que se acumularon algunas violaciones legales, por omisión de la autoridad o imprecisiones en el sistema de control, tanto de las unidades de transporte, cuanto de los choferes. Vamos a ver qué parte del problema tiene referencia con las leyes y con las posibles omisiones, reiteró.
Recordó que solo en el 2009 se registraron 21 528 accidentes por imprudencia e impericia; 2 008 muertos y 14 068 heridos, muchos de los cuales quedan con inhabilidad o discapacidad permanentes. Es decir, tenemos una tasa de casi seis personas muertas todos los días, lo que no se puede tolerar. Se debe mejorar en función de proteger la vida misma de la población, a fin de que nuestras carreteras sean seguras y no escenario de sucesivas tragedias, agregó.
Hay que poner freno a choferes que no deberían estar manejando; vehículos que no deben estar circulando; y, señalizaciones con falencias, que contribuyen a que miles de familias sufran dramas frecuentes por aspectos que son prevenibles, enfatizó.
MG/eg
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas -AME-, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres -GPDM- de la Asamblea Nacional, la Red de Viceprefectas, la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador -AMUME- y la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador -AMJUPRE- crearán la Organización de Mujeres Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador -GAD-
La Comisión de Biodiversidad mantuvo una reunión de trabajo con los asambleístas Pedro de la Cruz, Marco Murillo, Gerónimo Yantalema, así como con los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, con quienes analizó los puntos críticos del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.
El asambleísta Fernando Flores, al denunciar los hechos violatorios de los derechos humanos contra Jesús Tarquino Vélez, “quien fuera detenido ilegalmente en su paso por Panamá”, subrayó la necesidad de crear el Ministerio del Migrante y establecer políticas de Estado que defiendan los derechos de los compatriotas en el exterior.
En el marco de las 107 observaciones, aproximadamente, formuladas por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, el mandatario insiste que la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ejerza la rectoría de la política pública.
Propone que dicha Secretaría sea el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional, designado por el Mandatario.
Además, tendrá la facultad de garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación superior; identificar carreras y programas considerados de interés público y priorizarlos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo; diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión; diseñar y administrar la política de becas del gobierno para la educación superior, para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, entre otras.
Consejo de Evaluación
El Jefe de Estado es partidario que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior esté conformado por seis académicos, pero que tres de ellos sean seleccionados por concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo Nacional Electoral, y los restantes designados directamente por el Ejecutivo. Serán estos últimos quienes nombren al presidente de la entidad.
El Consejo será un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa. Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como privados, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación al Consejo de Evaluación. Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación superior, aún a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Conea.
De conformidad con el Mandato Constituyente número 14, las instituciones que se ubicaron en la categoría E por el informe del Conea, deberán ser evaluados dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de este cuerpo legal.
Mientras se cumple este plazo, tales entidades no podrán ofertar nuevos programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado. Las universidades y escuelas politécnicas que no cumplieren los parámetros de calidad exigidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en esta evaluación, quedarán definitivamente suspendidas.
MG/eg
La imputabilidad a un adolescente en la comisión de delitos penales y el endurecimiento de sanciones afectaría los compromisos asumidos en instrumentos internacionales de Derechos Humanos sobre la niñez y adolescencia y a los principios constitucionales sobre el tratamiento y rehabilitación a jóvenes infractores, es el criterio en el que coincidieron la asambleísta María Soledad Vela y los representantes de los Consejos Nacional y Consultivo de la Niñez y Adolescencia, Sara Oviedo y Jofre Vélez, respectivamente.
