El asambleísta Eduardo Zambrano, del Movimiento Alianza País, analizó y socializó con los compatriotas ecuatorianos que residen en Venezuela el contenido del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que se tramita en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
En el encuentro también participó Juan Pablo Valdiviezo, cónsul General del Ecuador en Caracas.
Con esta oportunidad, Zambrano Cabanilla, representante de Latinoamérica, el Caribe y África, comentó que gracias a la Constitución vigente, se reconoce el derecho de las personas a migrar, además de no considerar a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, el derecho a la nacionalidad ecuatoriana como el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, el cual no se pierde por estar viviendo fuera del país.
Enfatizó que la Ley de Registro Civil actual tuvo su última reforma en el año 1983, por tanto, no responde a la realidad que viven las y los ecuatorianos en el exterior, ni tampoco está en armonía con los preceptos constitucionales.
Insistió que la realidad cotidiana de la comunidad migrante presenta varios inconvenientes al momento de la obtención de los documentos personales y de identidad. A través de la propuesta se busca establecer mecanismos de solución eficientes en beneficio de ciudadanos que viven en el exterior, entre otros temas.
La normativa fija un mecanismo para que ellos puedan obtener la cédula de ciudadanía nacional en las oficinas consulares del Ecuador de forma permanente, sin tener que estar a la espera de una brigada de cedulación temporal; al igual que facilita la inscripción, en los consulados, de los hijos, con los nombres que han sido inscritos en el país donde residen, argumentó.
Por último, el vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, dijo que el proyecto fortalece el artículo 7, numeral 2, de la Constitución, el cual determina: "Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad..”
MG/pv
El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Capítulo Ecuador “Tránsito Amaguaña”, representado por la asambleísta Gina Godoy, conjuntamente con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, invitan a un conversatorio en el cual se analizará el rol de los y las comunicadores sobre el enfoque de derechos, el tema de la salud sexual y salud reproductiva en los medios de comunicación social.
Con 6 votos, de los asambleístas Francisco Velasco, Christian Viteri, María Lorena Bravo (Juan Carlos Cassinelli), Eduardo Encalada, Ramón Vicente Cedeño y Henry Calispa (Zobeida Gudiño), la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que recomienda que la normativa tenga el carácter de orgánica.
La Comisión de Derechos Colectivos aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Juventud, luego del proceso de socialización nacional y el análisis de propuestas realizadas por organizaciones y colectivos juveniles de todo el Ecuador.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, manifestó que si bien el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, no es suficiente, pues se requiere también la acción de otros actores como la Policía Nacional, la fiscalía, los jueces de garantías penales; el Consejo de la Judicatura que haga un seguimiento a los funcionarios judiciales; los abogados que no estén del lado de la delincuencia; la ciudadanía que cree una cultura de la prevención; el Ejecutivo que continúe dictando políticas públicas en esta materia; los gobiernos autónomos descentralizados y la Asamblea Nacional creando las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato.
La propuesta, de autoría de la asambleísta Nivea Vélez Palacio, representante de la provincia de Loja, se tramitó en primer debate el pasado 19 de abril, en el que se expusieron observaciones de carácter general, no modificaciones o cambios de fondo.
Objetivos
La normativa busca proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, pretende cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial; y, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, haciendo por supuesto efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia consideró que los fines propuestos en el proyecto justifican suficientemente una reforma a la Ley de Inquilinato, más aún cuando no solo en materia de relaciones de inquilinato los conflictos que en ella se producen por lo general terminan en procesos eternos que crean como en todo el sistema de administración de justicia la inconformidad de los usuarios.
Adicionalmente, se puntualizó que el inquilinato y las relaciones vecinales no están fuera de este problema irresoluto, por ello, esta reforma intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato, pues la verdadera solución a todos los conflictos judiciales está en el cambio integral del sistema de administración de justicia, comenzando por dejar en el pasado el proceso escrito y abrir las puertas a la oralidad de manera urgente.
MG/pv
En el marco del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, el director (e) del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando y Manolo Rodas, director nacional jurídico, del Servicio de Rentas Internas, confirmaron que las empresas Profiseries (antes Invermun) y Viña Carolina, deben al SRI 81.8 millones de dólares.
El ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano Lascano, en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presentó aportes y observaciones sobre los proyectos que buscan combatir la violencia en los escenarios deportivos, de autoría de los legisladores Rocío Valarezo y Celso Maldonado.
El funcionario reconoció la importancia de las propuestas, pero consideró la necesidad que la normativa sea tratada con la mayor amplitud de criterio y responsabilidad.
Nos une al Ejecutivo, Legislativo y la comunidad, en general, el rechazo a la violencia en la sociedad, como mecanismo para la solución de los conflictos; hay un denominador común, una base insoslayable que todos quisiéramos que ésta se pueda extinguir, lo cual es quizá utópico, sin embargo, lo puntual es tratar de controlar, atenuar y sancionar ese tipo de manifestaciones, expresó.
Explicó que es un fenómeno que viene multiplicándose producto de la sociedad actual, con violencias inimaginables en Europa, en estados y naciones aparentemente mucho mejor dotadas de los órganos de seguridad.
Tenemos que ver cómo implementar acciones preventivas y que el tema en su conjunto tenga la sostenibilidad del caso, manifestó el secretario de Estado, al enfatizar que actualmente se genera violencia en los estadios deportivos, pero “para mañana podemos ver violencia e inseguridad en un escenario improvisado, en un pueblo donde de manera artesanal se construyen graderíos para una corrida de toros, que de pronto se vienen al piso y causa grave conmoción”.
También, comentó que en el país se realizan constantes eventos masivos o concentraciones de tipo cultural o artístico – musicales, al reiterar que la normativa debería incorporar a todos los actos de alta concurrencia de gente, pues las propuestas se circunscriben fundamentalmente a la violencia en el fútbol.
Subrayó que en uno de los proyectos no se ha delimitado las funciones taxativas de la Dirección Nacional de Prevención y Control de la Violencia en Escenarios Deportivos.
MG/pv
Mary Verduga, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas participa en el primer Encuentro Parlamentario “Las Alternativas de los Movimientos de Izquierda Frente a la Crisis del Capitalismo Mundial”, organizado por el Parlamento de Venezuela, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo.
En diálogo con los medios de comunicación, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dijo estar de acuerdo con la jubilación especial de las mujeres, pues ellas necesitan acciones afirmativas y no demagógicas que permitan alcanzar esta aspiración; y, el representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González, ha propuesto una salida a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para reducir de 60 a 55 la edad para la jubilación.
