Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, entregó esta mañana al comandante General del Ejército, Luis Burbano Rivera, el Acuerdo Legislativo que exalta la preponderante labor que desarrolla la institución militar y la condecoración “Dr. Vicente Rocafuerte”, en reconocimiento a su patriótico compromiso y su rol histórico en la defensa de la integridad territorial y en el fortalecimiento de la soberanía.
El Consejo de Administración Legislativa, con el voto de 6 de sus miembros, decidió no calificar dos nuevas solicitudes de amnistía a favor de Carlos Rivero y Ángel Maliza; no obstante, se deja la posibilidad de hacer uso del derecho de presentarlas nuevamente conforme lo establece la Ley.
El proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador, que forma parte de la Agenda Parlamentaria 2021-2022, en el eje Minga por la economía, el desarrollo productivo, empleo, derechos laborales y seguridad social fue tramitado en primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Compañías para la Optimización, Impulso Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico.
Con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea censuró y destituyó a Ruth Arregui Solano, superintendenta de Bancos, al considerar que incurrió en incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley, al descuidar su obligación de controlar al sistema bancario y financiero, así como por la falta de respuesta a las quejas y reclamos de los clientes frente a supuestos abusos de las entidades bancarias del país.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis presentes, dispuso el retorno a la presencialidad al 100% de los legisladores, sus equipos de trabajo y servidores de la Asamblea Nacional, a partir del martes 22 de febrero de 2022. La resolución incluye el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y prevé un retorno progresivo del personal con vulnerabilidad.
En la semana del 21 al 25 de febrero las comisiones legislativas con la participación de sectores ciudadanos quienes expondrán sus observaciones y propuestas legales, avanzarán en el tratamiento de proyectos de ley respecto del personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, Seguridad Privada, reformas a la Ley de Cultura, a la Ley de Educación Intercultural, Ley de la Juventud, Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, Legalización de tierras y Ley de Régimen Jurídico del Derecho al Cuidado Humano. En la agenda también tienen procesos de control político.
Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto. Esta propuesta fue analizada en la Comisión de Justicia, sobre la base de criterios técnicos, científicos y de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trámite tres solicitudes de juicio político, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura.
Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto de ley en mención, esta propuesta normativa fue analizada en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sobre la base de criterios técnicos, científicos y de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
