Ante las graves afectaciones a las comunidades amazónicas y al medio ambiente, producto de la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), y el consecuente derrame de más de 6.300 barriles de petróleo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, en su condición de representante amazónica y asambleísta por la provincia de Orellana, demandó la presencia de los ministros de Energía; Ambiente; del Director General del Servicio de Gestión de Riesgos; y, del Secretario Técnico de la Amazonía; junto con los alcaldes de cuyas poblaciones que se ven seriamente afectadas por el flagelo.
Con el voto unánime de los seis vocales presentes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Guadalupe Llori Abarca, resolvió retomar las actividades presenciales, a partir del miércoles, 2 de febrero, con el aforo del 50% de la capacidad de las instalaciones del Pleno, las comisiones especializadas permanentes, ocasionales, los salones de uso múltiple y demás oficinas del Palacio Legislativo.
En la semana del 31 de enero al 4 de febrero las comisiones legislativas trabajarán en el tratamiento de proyectos de ley y procesos de fiscalización.
La Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con 4 votos afirmativos, 2 abstenciones y una ausencia aprobó la moción de la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní, de suspender el debate en torno a los proyectos de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto – Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19, presentados por los asambleístas Viviana Veloz; Bertha Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe, hasta que el CAL cuente con el pronunciamiento de la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la fiscalización de la problemática que enfrenta el cantón Zaruma por efecto de la minería ilegal, escuchó al presidente del COE Nacional, Juan Zapata; a Xavier Vera, viceministro de Minas; Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; José Antonio Dávalos subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente; y, a Jaime Cepeda, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quienes explicaron las acciones para enfrentar los graves problemas provocados por la extracción ilegal de minerales en ese sector.
El Pleno de la Asamblea Nacional fiscaliza las acciones que se ejecutan ante la erosión del río Coca, en la Amazonía y que ha ocasionado daños y perjuicios a las poblaciones aledañas. Para este efecto, pidió explicaciones a los ministros de Transporte y Obras Públicas; de Energía y Recursos Naturales no Renovables; al Gerente de Petroecuador; y, al Director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori Abarca junto a los jefes de bancada, Rafael Lucero (PK); Paola Cabezas (UNES); Esteban Torres (PSC); Juan Fernando Flores (BAN); y, Marlon Cadena (ID) realizó una evaluación de la gestión ejecutada en el periodo de esta Asamblea, respecto a los temas legislativos, de fiscalización y control político.
En la agenda de este jueves 27 de enero, a partir de las 09h00, el Pleno de la Asamblea tiene previsto abordar dos temas. El primero tiene que ver con la comparecencia de los Ministros de Obras Públicas, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Gerente de Petroecuador y el Director del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, los cuales deberán informar las acciones que están ejecutando respecto al daño y peligro tras la erosión del río Coca en materia de vialidad, infraestructura, transporte de petróleo y de la población civil de Sucumbíos y Napo.
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, asumió con responsabilidad el estudio de varios proyectos de ley para enfrentar el grave problema de inseguridad que preocupa a la ciudadanía, tema que requiere la acción articulada de todas las funciones del Estado.
