Se trata de un instrumento bilateral estudiado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, suscrito el 27 de enero de 2016, en Minsk.
La iniciativa, que nace del Ejecutivo, se presentó en la Comisión de Desarrollo Económico. La misma busca el fomento del sector, eliminar la dispersión de normas y la igualdad de derechos.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció este lunes la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Dispuso que los peticionarios completen la solicitud, en el plazo de tres días.
El Pleno enjuició políticamente al excontralor del Estado, aprobó ley contra los paraísos fiscales y tomó medidas para garantizar la presencia de los legisladores en territorio. En las comisiones el trabajo fue intenso.
Ecuador fortalece la lucha contra la corrupción al aprobar la normativa contra los paraísos fiscales, lo que le convierte en un referente a nivel internacional.
La resolución que aprobó el Pleno, con el respaldo de 116 parlamentarios, se oficializará con un Reglamento que exigirá a los legisladores el diálogo y la presencia en territorio para la construcción de leyes y el control político.
En conferencia de prensa, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, explicó lo que se logra con la aprobación de la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero de 2017. Dijo que Ecuador se convierte en el primer país del mundo en establecer una normativa de este tipo.
Es la Ley para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017. Existen consensos de que se trata de una herramienta viable para hacerle frente a la corrupción.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 116 votos afirmativos, resolvió fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana para garantizar el derecho de las personas y de los actores sociales, políticos, académicos, productivos y económicos, a participar en los asuntos de interés público en materia legislativa. Con ello se pretende consolidar grandes acuerdos nacionales y la agenda de justicia social.
Este convenio contó con la aprobación, por unanimidad, de la Comisión de Relaciones Internacionales. Lo mismo sucedió en el Pleno.
