Diez encuentros a nivel del Distrito Norte de Quito se realizarán este miércoles 15. La intención es hablar sobre la construcción de un país con justicia social, equidad y en el cual exista una repartición equitativa de la riqueza. Las sesiones serán sistematizadas y las conclusiones de cada uno de los diálogos serán canalizadas a través de los órganos competentes.
Con la presencia de los representantes de Cancillería, Yachay Tech, Acnur, IAEN, de varios institutos mexicanos, los asambleístas que integran el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, coordinado por la asambleísta Linda Machuca, mantuvieron una sesión informativa previo al Diálogo Interparlamentario México-Ecuador: “los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI que se llevará a efecto en México del 21 al 23 de julio.
Alrededor de 10 organizaciones sociales pertenecientes al sector de la producción, artísticas, de las universidades, de telecomunicaciones, estudiantiles, etc. acudirán este miércoles, 15 de julio, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para dar a conocer sus puntos de vista e inquietudes sobre el proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (INGENIOS).
El reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, es el primer tema que la Comisión de Soberanía Alimentaria consultó a diversas organizaciones en 23 provincias del país, la misma se la realizó en el marco de la consulta prelegislativa sobre los temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
La Comisión de Régimen Económico, que la preside el asambleísta Virgilio Hernández, convocó al ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, a fin de que haga un balance de la aplicación de las salvaguardias hasta la fecha, así como las modificaciones que se presentarán a dicha medida luego del análisis respectivo realizado en días pasados por el sector. La sesión se llevará a efecto este miércoles a partir de las 10:30.
La democratización del conocimiento, de la riqueza, del patrimonio y de los activos productivos, son los ejes de análisis para el diálogo nacional, a fin de avanzar en la construcción colectiva del país que queremos: más justo, solidario y participativo, dijo la asambleísta Ximena Ponce, al reiterar que el llamado al encuentro ciudadano es amplio y a todos los sectores.
Este miércoles 15 de julio, a partir de las 10:00, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por el asambleísta Richard Calderón, recibirá a los representantes de los Centros Comerciales Populares de Quito y a Víctor Ruiz, presidente del barrio Flor de Oriente, del cantón Francisco de Orellana, para recoger insumos que servirán de base para la elaboración de los proyectos de ley a cargo de la Comisión No. 8, garantizando la participación ciudadana.
El asambleísta Pepe Acacho, representante de la provincia de Morona Santiago, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través del cual busca extender la tarifa preferencial de transportación pública a las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, tomando en cuenta que están consideradas dentro de la extrema pobreza en el país.
Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público que tiene por objetivo incorporar las disposiciones constitucionales que hacen referencia a aquellos casos en los que culmina el período presidencial como consecuencia de la ruptura del orden democrático, evitando de este modo, tergiversar el sentido mismo del reconocimiento que otorga el Estado a aquellos ilustres ciudadanos que cumplen y sirvieron a su patria, distinguiendo de aquellos mandatarios que incumplieron este deber.
La asambleísta Esthela Acero, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, informó que dentro de la entidad legislativa se está analizando la posibilidad de incluir una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales para que las haciendas arrendadas por más de cinco se puedan vender al Estado y los campesinos tengan opción de adquirirlas y cultivarlas.
