La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, continúa en la evacuación de pruebas testimoniales en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, por un supuesto incumplimiento de funciones.
En la Asamblea Nacional, representantes de 16 organizaciones de familiares de personas migrantes, 10 organizaciones de retornados, refugiados y asilados, participaron en el II Encuentro de Organizaciones de Familiares de Migrantes y Personas Retornadas”.
En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino, la doctora Margarita Estrella Silva, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial de Quito, formuló varias observaciones y aportes al proyecto de Código Integral Penal.
Explicó que en el país existen 154 centros de mediación, de los cuales, lamentablemente, 60 están solamente con el nombre y los restantes funcionan a medias en las ciudades consideradas grandes como Quito y Guayaquil, donde se ha receptado un promedio de 800 a 1000 casos anuales, que constituye una descarga interesante para la justicia ordinaria.
Aportes
Sostuvo que la reforma – en su artículo 768 en el tema de procedencia- determina, de manera taxativa, que la aplicación de la mediación penal será para la infracción leve, dejando de lado las levísimas, excluyendo también otras áreas relacionadas.
Me da la impresión que se está viendo la aplicabilidad de la mediación penal desde la sanción y no desde el delito; si es o no un aspecto transigible y disponible, comentó Margarita Estrella.
Precisó que se debe conceptualizar la definición de patrimonio en cuanto a que la comisión de la infracción aceptare bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial particular, que suena simplemente a temas materiales y no se puede circunscribir a ello, toda vez que entra en planos subjetivos y morales.
Recordó que la Ley de Arbitraje y Mediación abre posibilidades para que la mediación se pueda implementar antes, durante y después de un proceso, mientras que el proyecto gubernamental fija ya términos exactos, al tiempo de decir que incluso el centro de mediación judicial ha llegado a poner en marcha esa figura una vez dictada una sentencia, lo que no pretende modificar la misma, que sería un absurdo jurídico, sino a efectos de aplicar y ejecutar de forma adecuada la sentencia.
MG/pv
El asambleísta Andrés Páez Benalcázar denunció que el martes último recibió en su despacho, en el edificio Alameda, una comunicación anónima, en la que se amenaza contra su vida y la de sus colegas Paco Moncayo, Paco Fierro, Gilmar Gutiérrez, Lourdes Tibán, Fausto Cobo, Cesar Montúfar, Betty Amores, del ex asambleísta constituyente Luis Hernández y del ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez.
Decenas de mujeres de varias organizaciones llegaron a la Asamblea Nacional para expresar sus preocupaciones y observaciones sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que discute la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, inició este miércoles la recepción de pruebas testimoniales solicitadas por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, en la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, por incumplimiento de funciones.
La Comisión de Derechos Colectivos inició el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Organización y Régimen de las Comunas que tiene por objetivo actualizar las disposiciones que no están acordes con la estructura y organización de las comunidades para que puedan ejercer a cabalidad los derechos constitucionales y por ende convertirse en instrumentos determinantes en el desarrollo y progreso del Ecuador y alcanzar el buen vivir conforme lo determina la Constitución.
Parlamentarios de distintas bancadas legislativa analizaron a profundidad las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, centrando su debate en el método de adjudicación de escaños; el acoso político; la necesidad de verificar los procesos electorales; establecer sanciones para las encuestadoras que engañan con datos falsos; y, direccionar la intención de la votación de los ciudadanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, posesionó a los consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo que determina la normativa constitucional y legal del país.
Esta mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y el Director General del Consejo de la Judicatura, José Mauricio Jaramillo, suscribieron la escritura de compraventa, por medio de la cual el Palacio de Justicia pasa a propiedad de la Función Legislativa.
