En la continuación de la sesión 36, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por la asambleísta Ximena Ponce León, recibió a Oscar Valencia, coordinador del área institucional financiera del Ministerio de Educación, quien presentó una información detallada del proceso de jubilación de los docentes.
El funcionario indicó que de enero a diciembre 2013 se registró la desvinculación de 2.430 docentes y supervisores que sufren enfermedades consideradas catastróficas y por la obligación de edad (70-80 años), quienes recibieron dinero en efectivo, con una inversión total de 105 millones de dólares.
También precisó que en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013 salieron del Magisterio 449, 471, 1.184, 3.956 y 1.862, respectivamente, dando un total de 7.922 maestros que se acogieron a la jubilación previo el pago de la bonificación, lo que significó una inversión de más de 365 millones en bonos del Estado ecuatoriano.
Al tiempo de sostener que este tipo de acciones responden a las disposiciones de la Ley de Educación Intercultural (LOEI) y los respectivos decretos, manifestó que entre 2006 y 2013 han salido 23.429 profesores, lo que significó una inversión de casi 698 millones de dólares.
Por último, dijo que para el 2014 se ha diseñado un cronograma más ordenado de desvinculación. Así, se prevé que en marzo salgan los del régimen Costa, mientras para julio los de la Sierra, en un número aproximado de 14 mil funcionarios con una inversión de 700 millones de dólares entre efectivo y bonos.
MG/pv
En la Casa de Relaciones Internacionales, Lasso Conto, las asambleístas Ximena Ponce y Mirian González, presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Educación, respectivamente, se reunieron con los senadores Mariana Gómez del Campo, María del Rocío Pineda, Raúl Morón, el asambleísta Gabriel Gómez del Campo, el embajador de México en Ecuador, Jaime del Arenal Fenochio, el Jefe de Cancillería de México en Ecuador, Juan Manuel Nungaray, con quienes intercambiaron experiencias en materia educativa.
En este encuentro, Ximena Ponce les explicó el proceso de transformación educativa que se viene dando en Ecuador en todos sus niveles, orientados a alcanzar la educación de calidad establecida en la Constitución. Se refirió a la Ley de Educación Intercultural, de Educación Superior, la creación de las cuatro universidades emblemáticas: Yachay, Ikiam, Uniartes y Unae, lo que permite establecer nuevos retos para ampliar el horizonte en educación.
También, se refirió a la campaña en contra del bulling o acoso escolar que ha emprendido la Comisión en algunas provincias del país. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre este tema que debe ser erradicado de los planteles educativos. Igualmente, les informó sobre el proceso de fiscalización participativa donde los funcionarios de Estado acuden para dar a conocer los avances y aplicabilidad de las leyes, explicó.
En este marco, el embajador de México en Ecuador, Jaime del Arenal Fenochio, señaló que es claro ver el esfuerzo que desde la Asamblea Nacional se hace para llegar a la transformación revolucionaria y llegar a la calidad educativa, visión que también es compartida por el gobierno de México que busca procesos para mejorar la investigación y tecnología. Esta reunión también permite fortalecer la relación entre las dos naciones, dijo.
Por su parte la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado de México, al señalar que Ecuador es ejemplo en materia educativa para su nación, precisó que a lo largo del 2013 se estableció un cronograma de reformas estructurales orientadas a mejorar la educación en todos sus niveles y para alcanzar la equidad de género, en el ámbito laboral, energético, entre otras áreas.
Por último, el senador Raúl Morán Orozco puntualizó que en su país hace falta realizar un seguimiento a los alcances de las leyes, como lo hace Ecuador a través de la Comisión de Educación, por lo que propondrá este ejercicio de fiscalización participativa para que ministros y funcionarios den a conocer la aplicabilidad de las normas.
JLVN/pv
El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, anunció que conjuntamente con los miembros de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, trabajará en una serie de mesas de diálogo y conversatorios acerca del emprendimiento en el Ecuador, con la finalidad de conocer este tema más a profundidad desde una arista técnica, académica y social.
A través del correo electrónico, la Secretaría General de la Asamblea Nacional puso a consideración de las y los legisladores el proyecto de Ley de Fomento al Empleo Juvenil, de iniciativa del parlamentario Diego Salgado Ribadeniera, representante de la provincia de Pichincha.
La normativa promueve el trabajo decente de mujeres y hombres jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación técnica profesional en base a los derechos fundamentales, tomando en cuenta que la Constitución sostiene como derecho el primer empleo, al cual han accedido 12 mil jóvenes.
Para tal efecto, la propuesta crea herramientas tendientes a generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo en relación de dependencia, así como la realización de prácticas laborales en el marco de programas educativos y de formación y la promoción de emprendimientos juveniles.
Salgado menciona que con esta legislación se busca potenciar el concepto de trabajo decente que alude a un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el empleado y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afecten a sus vidas, además de la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres.
Enfatiza que la promoción del trabajo decente juvenil deberá considerar la situación de las personas jóvenes provenientes de los hogares en pobreza o extrema pobreza, velando especialmente por quienes tengan cargas familiares, especialmente jóvenes embarazadas en condición de empleo que se encuentren desvinculadas del sistema educativo, así como de los jóvenes desempleados con discapacidades físicas y/o mentales, de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo.
MG/pv
El presidente de la Asociación de Residentes Argentinos en Ecuador, Roque Damone, resaltó la trascendencia del "Convenio de reconocimiento de títulos y certificados de estudio de educación primaria, educación general básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes entre las Repúblicas de Ecuador y Argentina", aprobado por la Asamblea Nacional.
En diálogo con La Radio de la Asamblea Nacional, desde la ciudad de Buenos Aires, el directivo mencionó la apertura y socialización desarrollada en esta temática al interior de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y, luego durante su trámite y aprobación en el Pleno.
La generación de ese tipo de instrumentos significa, sin lugar a dudas, achicar distancias y, lo que es más, hablar de la Patria Grande, por tanto, es avanzar en la consolidación del sueño de nuestros libertadores: Bolívar, San Martín, Sucre, precisó.
Esto beneficiará, continuó, a muchos de los niños y jóvenes de ambas naciones hermanas, más aún cuando el Convenio facilita la convalidación de los títulos alcanzados por los ecuatorianos que residen en Argentina y viceversa, así como a los que están cursando estudios, al destacar la preocupación de los presidentes Rafael Correa y Cristina Fernández y de los Parlamentos de las dos naciones para concretar este objetivo.
De esta manera, se profundiza la política sin barreras y sin fronteras en América Latina, además el anhelo que la Patria Grande sea de todos y para todos, concluyó Damone.
MG/eg
La asambleísta María José Carrión (AP) manifestó que el artículo inicial relativo a la sanción para la mala práctica profesional, constante en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue objeto de varias modificaciones importantes durante dos años de debate y socialización de la normativa, recogiendo, para el efecto, aportes, sugerencias y observaciones de los sectores inmersos en la temática.
Enfatizó que en la construcción del proyecto tomaron en consideración los puntos de vista conceptuales y técnicos de los sectores de la salud, de los familiares de las personas que han fallecido por la mala práctica profesional, al reconocer que la búsqueda de ese punto medio, de equilibrio, tan deseado, ha sido realmente un proceso largo y difícil, más aún cuando se presentaron dos posturas diferentes.
En el texto final del artículo 146 del COIP se determinó la concurrencia de ciertos aspectos que deberían ocurrir, de manera simultánea, para que se configure el delito de la muerte culposa por mala práctica profesional, lo que permite que se analice el profesionalismo del personal que brinda oportunamente atención de salud y las circunstancias en las que se presentó el hecho, para verificar que la muerte de un paciente es o no directamente responsabilidad del médico, agregó.
Precisó que los administradores de justicia deben estudiar todas las circunstancias que ocurren cotidianamente en las casas de salud, es decir, complicaciones normales de una enfermedad, problemas generados por la aplicación de la anestesia durante intervenciones quirúrgicas, la recuperación y por el suministro de medicamentos, etc.
Argumentó la trascendencia de la disposición que establece que frente a una denuncia, el fiscal, en la fase de indagación, solicitará un perito especialista en cada área, quien analizará el caso, la historia clínica, el tratamiento previo, el tipo de enfermedad, las complicaciones, entre otros aspectos, que serán insumos fundamentales para los administradores de justicia.
Explicó que se incorporó también una figura que delimita dos tipos de sanción: de uno a tres años en caso de culpa menor y de tres a cinco años cuando se comprueben acciones peligrosas, riesgosas e ilegítimas.
Tras invocar a la clase médica a profundizar el conocimiento y alcances del artículo 146 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, señaló que la propuesta de eliminar los términos riesgoso e innecesario en cuanto al delito por homicidio culposo por mala práctica profesional la puede decidir el Ejecutivo, a través de un veto.
MG/pv
Con 90 votos afirmativos, los parlamentarios aceptaron el veto parcial respecto de la reforma al artículo 62 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que los gobiernos autónomos descentralizados asuman las competencias de los patronatos.
El asambleísta Antonio Posso Salgado, ponente e integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, expresó que el Convenio de reconocimiento de títulos y certificados de estudio de educación primaria, educación general básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes entre Ecuador y Argentina, es un instrumento internacional de gran trascendencia para el país, en materia de estudios, en el proceso migratorio y de movilidad humana.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los presentes, 119 asambleístas, el convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudio de Educación Primaria, Educación General Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre Ecuador y Argentina, que facilitará la inserción en el ámbito educativo de personas migrantes de los dos países a través del reconocimiento y la validación de los estudios realizados.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Juan Carlos Cassinelli, atendiendo una invitación formulada por Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados de México, Distrito Federal, viajó a México con la finalidad de reforzar los lazos de amistad entre los parlamentos mexicano y ecuatoriano.
