Dignificar el trabajo de los servidores legislativos, asambleístas y equipos técnicos se concretó esta mañana con la realización del primer módulo del Programa “Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa”. En la inauguración de la primera jornada, en Puembo, la presidenta de la Legislatura Nacional, Elizabeth Cabezas Guerreo, enfatizó que desde que asumió sus funciones, en marzo de 2018, se preocupó por contar con un recurso humano fortalecido que aporte a la institucionalización de la Asamblea.
El Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con el señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y su familia por las publicaciones propagadas en redes sociales en los últimos días, a la vez que condenó toda violación a la intimidad e interceptación ilegal en contra de las autoridades del Estado y de todo ciudadano ecuatoriano. Los parlamentarios de todas las bancadas expresaron su solidaridad con el Primer Mandatario en un debate que resaltó el rechazo a las prácticas de acecho en el quehacer político.
La Asamblea Nacional, en el propósito de mejorar y especializar a los servidores legislativos, con el aval de la Universidad de La Rioja (UNIR) y la Fundación para la Integración y el Desarrollo a América Latina (FIDAL), en coordinación con la Escuela Legislativa, desarrolla el primer módulo del programa “Experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa”, que busca alcanzar una mejora cualitativa de los procesos legislativos y, en consecuencia, de los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional.
La Fiscal General de Estado (e), Ruth Palacios, deberá comparecer en los próximos ocho días ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de informar sobre el avance de las investigaciones y acciones en torno a los actos de corrupción de la Compañía Brasileña de Proyectos y Obras Odebrecht.
Después del rechazo a las prácticas ilegales (audios y escuchas) al interior de la Asamblea Nacional, expresado por los legisladores mediante resolución, esta mañana se reforzó el protocolo de seguridad previo a las sesiones plenarias en el salón Nela Martínez del palacio legislativo.
Tras un amplio debate y con 74 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que mediante cuatro puntos ratificó los mecanismos establecidos en la Ley. Fiscalizar tanto al interior como fuera del Parlamento y el trabajo realizado en cuanto al control político son las tareas reconocidas por los 19 legisladores que intervinieron en la sesión; ellos, a su vez, coincidieron en que es necesario respetar los procesos legales vigentes.
La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, convocó a la continuación de la sesión 577, para este miércoles 27 de marzo, a las 12:15. En ella se tratará el proyecto de resolución con el cual se pide la comparecencia de la fiscal General del Estado (e), Ruth Palacios, a fin de que informe los avances de la investigación en torno a los actos de corrupción de la compañía Odebrecht.
Richard Martínez, ministro de Economía, reveló que de los $ 652 millones que recibió Ecuador como parte del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) $ 359 millones se destinarán al sector social e infraestructura, mientras que el resto de recursos serán para proyectos de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Agua para Todos, riego, proyectos de inversión y otros.
La Comisión de Derechos Colectivos, con ocho votos, aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo, y por inconstitucionalidad, al proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El organismo sugiere allanarse a 26 observaciones del Mandatario, ratificarse en el artículo 66, sobre las atribuciones de la Autoridad Nacional de las Finanzas Públicas; y, acoger el dictamen de la Corte Constitucional en torno al artículo 14, respecto de las exoneraciones tributarias.
La Asamblea Nacional, respecto a la acción de protección en contra de los legisladores y otras autoridades del Estado, que ha sido difundida en algunos medios de comunicación, aclara que:
La acción de protección por políticas públicas procede cuando existe privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, lo que no se ha dado en el caso sobre el cual habría sido planteada, toda vez que la Asamblea Nacional ha actuado en cumplimiento estricto de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales.
