Respondiendo a la invitación de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, Fabricio Correa declaró que no tiene contratos con el Estado, tras advertir que la decisión del Gobierno de dar por terminado unilateralmente ciertos contratos le costará al país varios millones de dólares, en razón del pago de indemnizaciones que le tocará afrontar.
La Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, destacó que los asambleístas trabajan en la implementación de una legislación penal moderna, que garantice el cumplimiento cabal de las funciones de policías y militares y, lo que es más, proteja a la ciudadanía frente a posibles excesos.
Representantes de 12 organizaciones campesinas, mantuvieron una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Especializada de Derechos Colectivos con quienes analizaron el proyecto de Recursos Hídricos en aspectos relacionados con la Autoridad Única del Agua, la no privatización, estado pluricultural e intercultural, Fondo Nacional de Riego, órdenes de prelación, entre otros aspectos que consideraron deben ser parte del cuerpo legal que aprobará la Asamblea Nacional.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta, Silvia Salgado, analizó, conjuntamente, con el representante de la Contraloría General del Estado, José Ignacio Valdivieso, el informe de ese organismo de control sobre los contratos suscritos por Fabricio Correa.
El doctor Marco Tulio Cordero, en representación del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, afirmó que el proyecto de Ley de Servicio Público no es aplicable para la Función Judicial, que debe regirse por el Código Orgánico de la Función Judicial.
En el marco del análisis y socialización de la Ley de Culturas, representantes de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” y los 23 núcleos provinciales pidieron a la Comisión Ocasional que se mantenga la autonomía administrativa, financiera, operativa y técnica de la institución, con el fin de continuar trabajando en beneficio de la ciudadanía desde la diversidad de la nación.
Dirigentes de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) solicitaron a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, que en la Ley de Servicio Público se incorporen normas que den seguridad a los empleados en el desempeño de sus funciones.
El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, informó que el ministro de Educación, Raúl Vallejo, se excusó de asistir al organismo legislativo, a donde fue invitado para que explique los aspectos más trascendentales del proyecto de Ley de Educación remitido por el Ejecutivo.
El presidente de